Escrito por Rafael Anglada López y Olga I. Sanabria Dávila
El gobierno de Estados Unidos de América en Puerto Rico, a través del gobierno colonial anexionista en San Juan, ha impuesto la celebración de un plebiscito el próximo 6 de noviembre.
La formulación del mismo, legislado por la mayoría legislativa anexionista del gobierno colonial actual de Puerto Rico, favorece la integración de Puerto Rico, a EU como su estado 51.
A pesar de sus continuos planteamientos de que respetará la opción de status que escoja mayoritariamente el pueblo puertorriqueño, Washington nunca ha respetado las consultas “plebiscitarias” anteriores, desde la primera en 1967 donde fue favorecido un arreglo de mayores poderes para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, desde 1972 – el primer año se pronunció sobre el tema – nunca ha validado ninguna consulta “plebiscitaria” previa.
Al contrario, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas ha reiterado en repetidas ocasiones el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia de conformidad con la Resolución 1514(XV) de la Asamblea General la cual exige “la transferencia de poderes al pueblo del territorio”. Es decir, que los procesos relacionados a decisiones del pueblo de Puerto Rico sobre el futuro status deben realizarse acorde con el Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes, en particular, la resolución 1514(XV). Este no es el caso de la consulta que se realizará el próximo 6 de noviembre, legislado por el gobierno colonial actual de Puerto Rico, y el cual extrañamente se celebrará el mismo día de las elecciones generales en Puerto Rico. Este supuesto plebiscito tampoco da respuesta real a “el debate que existe en Puerto Rico sobre la búsqueda de un procedimiento que permita iniciar el proceso de descolonización de Puerto Rico,” cita de las resoluciones del Comité Especial el cual toma nota de ese debate en Puerto Rico sobre el tema.
Por otro lado, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, una entidad pluralista y respetada, la organización cívica más antigua de Puerto Rico, siempre ha exigido la constitución de una Asamblea Constitucional de Status que delibere sobre la futura relación de Puerto Rico con Estados Unidos y luego negocie los resultados con Washington.
El próximo seudo-plebiscito ha sido impuesto por el gobierno colonial más anexionista y más corrupto de toda la historia de Puerto Rico, con la ausencia absoluta de consulta con la mayoría electoral y la mayoría de las instituciones políticas y de la sociedad civil de Puerto Rico sobre el mecanismo de descolonización que debe implementarse para solucionar el status colonial de Puerto Rico ya ampliamente rechazado por el país, y la comunidad internacional.
Por todo lo anterior, el plebiscito del 6 de noviembre próximo, a celebrarse conjuntamente con las elecciones generales de Puerto Rico debe ser rechazado. Es de notar el planteamiento de la Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su intervención en el recién celebrado debate general de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas de que la “cuestión de Puerto Rico ha sido considerada por más de 35 años en el Comité Especial de Descolonización, como resultado de lo cual se han aprobado 31 resoluciones y decisiones, siendo adoptadas por consenso durante los últimos 13 años.”
En el mismo debate, en voz de Chile, su Presidencia Pro Tempore, la CELAC recordó además que “Estas resoluciones, entre otros aspectos, reafirman el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación e independencia, de conformidad con la resolución 1514(XV) de la Asamblea General.” La CELAC concluyó diciendo que, “De igual manera, [estas resoluciones] reiteran que Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional, y solicitan a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos sus aspectos la Cuestión de Puerto Rico.”
Anglada y Sanabria son dirigentes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y del Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas (COPRONU).
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