Durante las últimas semanas hemos observado un escenario confuso sobre el tema de la reforma laboral. Por un lado el sector empresarial empujando con fuerza el carrito de la reforma y por otro el gobierno haciéndose el ingenuo y negando que haya un proyecto de ley a los efectos.

Ese es el modus-operandi de estos dos sectores en situaciones controversiales como ésta:  los empresarios preparan sus proyectos, los ponen en las manos de los legisladores y comienzan a circular una serie de mentiras y medias verdades dirigidas a crear una opinión pública favorable mucho antes que se presente la legislación en cuestión. Así lo hicieron con la ley siete, la ley de las alianzas públicas-privadas, la ley de incentivos industriales, la ley de permisos y otras.

Para abonar a la confusión pública, el gobernador ha expresado que lejos de someter legislación lo que se pretende es equiparar los derechos de nuestros trabajadores con los de los Estados Unidos. Ese planteamiento, intencionalmente confuso, significa reducir y/o eliminar nuestros derechos, ya que los mismos son superiores a nuestros congéneres norteamericanos.

El Estado de Florida (EU) es uno de los ejemplos que los empresarios quieren igualar. En dicho Estado no existen leyes que autoricen el pago de vacaciones o de días por enfermedad; o leyes que requieran garantizar un período para tomar alimentos; no existe licencia por maternidad con paga, ni el pago de bono de Navidad y mucho menos pago por compensación por despido injustificado. 

De esa manera, envalentonados con sus últimas batallas y argumentando la falacia que la eliminación de derechos aumentaría la competitividad en el mercado global, bajaría el desempleo y haría menos oneroso el mercado laboral, los empresarios –en unión al gobierno-- abren otro flanco de ataque contra los trabajadores y por ende contra nuestro pueblo.

La bola está, nuevamente, en nuestra cancha.