El 31 de enero de 1962 –hace justo medio siglo– Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Resolución número VI aprobada en la Octava Cumbre de esa organización continental controlada por Estados Unidos, celebrada en Punta del Este, Uruguay, expresaba que:

-la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano…

-el actual gobierno de Cuba que oficialmente se identifica como un gobierno marxista leninista, es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano…

-esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano…

-que el Consejo de la OEA y los otros órganos y organismos del Sistema Interamericano adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución.

Aquella reunión fue solicitada formalmente por el gobierno de Colombia, que junto al de Venezuela y Puerto Rico –el Puerto Rico de Luis Muñoz Marín y el PPD– eran considerados entonces como ‘bastiones del anticomunismo’ por el gobierno estadounidense que presidía John F. Kennedy.

La resolución obtuvo catorce votos a favor y los votos en contra de México y de la propia Cuba. Se abstuvieron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.

La decisión no tomó por sorpresa a nadie. Varios meses antes, en agosto de 1961, se reunió en esa misma ciudad la Quinta Sesión Plenaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA. La convocatoria iba dirigida a imponer el plan económico-político diseñado por la administración Kennedy, denominado Alianza para el Progreso. El objetivo principal del mismo era impedir que se propagara el ejemplo de la Revolución Cubana por América Latina y el Caribe.

El representante de Cuba en esa reunión, el comandante Ernesto Che Guevara, ofreció un extenso y abarcador discurso el 8 de agosto, en el que denunció las intenciones de Estados Unidos, señalando que,

“Hemos denunciado la ‘Alianza para el Progreso’ como un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América Latina, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana, y, después, a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo.”

En abril de ese mismo año –menos de cuatro meses antes de esa primera reunión de Punta del Este– había ocurrido el ataque mercenario contra Cuba por Playa Girón. Esa agresión armada había sido organizada, financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos, en abierta violación a la soberanía nacional cubana y al derecho internacional vigente.

De manera que todas las cartas estaban sobre la mesa. Sólo faltaba darle visos de legitimidad a la intolerancia hegemónica de la gran potencia que no podía concebir que su antigua neocolonia caribeña se le escapara del redil. A ello se prestaron dócilmente la OEA y un grupo de gobiernos cómplices de aquel atropello.

Complicidad de Muñoz y compañía

Muñoz Marín y su gobierno colonial desempeñaron un rol infame en este complot contra Cuba. En diciembre de 1961 –pocas semanas antes de la expulsión de Cuba de la OEA– el presidente Kennedy visitó Puerto Rico. No se trataba de una simple visita de cortesía; formaba parte de un operativo mayor. La siguiente escala era Caracas. Allí, el embajador estadounidense era nada menos que Teodoro Moscoso, pretendido ‘arquitecto’ del ELA y exdirector de Fomento Industrial. Fue precisamente a Moscoso a quien Kennedy designó posteriormente como director ejecutivo de la Alianza para el Progreso. Mientras tanto, Arturo Morales Carrión fungía como Secretario adjunto de Estado para América Latina.

Según un extenso y tendencioso reportaje publicado por la revista Life el 6 de marzo de 1961, el modelo por el que se guiaría el coordinador general de la Alianza para el Progreso, Adolf A. Berle, en la implementación del plan anticubano, sería “…el notable desarrollo social, político y económico que ha experimentado Puerto Rico bajo el gobierno de Luis Muñoz Marín… ¿No podría hacerse extensivo este tipo de progreso a grandes zonas de la América Latina?”

Es decir, el gran objetivo de la Alianza para el Progreso consistía en puertorriqueñizar las economías y sociedades latinoamericanas y caribeñas; en recolonizar esos pueblos perpetuando la relación subordinación que se había iniciado en el siglo XIX.

Gran fracaso imperial

Los planes de Kennedy y de otras administraciones estadounidenses colapsaron. En 1975, la propia OEA aprobó una resolución en la que dejaba en libertad a los Estados miembros para que sostuvieran las relaciones bilaterales con Cuba que estimaran convenientes. Por cierto, entre los diez países que radicaron esa resolución estaba Colombia, que en 1962 había tenido la voz cantante para la funesta expulsión.

En julio de 2009, cuarenta y siete años después de la expulsión de Cuba, la OEA se reunió en Honduras y dejó sin efecto la resolución número VI del 31 de enero de 1962. Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua dieron la cara por Cuba en esa ocasión reivindicativa.

Pero a Cuba revolucionaria no le interesa reintegrarse a una organización tan desprestigiada e impertinente como la OEA. En todo caso, la decisión de 2009 representa una gran victoria de la perseverancia y la verticalidad de la Revolución, frente a los incontables y a la vez infructuosos intentos por destruirla.

Cincuenta años después, vivimos otros tiempos en América Latina y el Caribe. En el horizonte se abren otras avenidas, como lo es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Quienes quisieron acallar la voz de Cuba –incluyendo a los colonialistas puertorriqueños– han sufrido una contundente derrota. Cincuenta años después, ahí está la Revolución, acompañada de numerosos procesos esperanzadores en Nuestra América; y ahí están las ideas del socialismo, contra viento y marea.


* El autor es profesor universitario y Copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.