Tal vez esa sea la clave para un comienzo, para darle curso a una reflexión que tiene que ser como el movimiento que pretende entender: colectiva. Comienzo por ahí, con una admisión clara y rotunda: mi intervención, aunque se presente por mi voz, no es mía, pertenece a un colectivo de discusión con vocación de rigor y amplitud, que tiene como objetivo entender. Esa es nuestra principal vocación en este momento. Añado, para caracterizarla, que está obligada a la humildad, a una verdadera humildad, que no niega su fuerza, pero reconoce y acentúa su dimensión: es colectiva en su dinámica, como es colectivo y heterogéneo el proceso que la motiva a entender reconociendo un proceso radicalmente abierto.

Por consiguiente, nada de lo que afirmo o niego aquí pretende estar fijo. Está en movimiento como se encuentra hoy nuestra humanidad isleña, abierta y crítica a la sorpresa del futuro. No obstante, la sorpresa del futuro se inscribe en las posibilidades sociales de nuestra acción. Por esta urgencia, abrir el proceso de reflexión, abrir el intercambio de ideas, el debate en el nuevo contexto de la enorme movilización que ya ha ocurrido, es urgente para incorporar a la actividad del entendimiento la organización en ese mundo abierto de posibilidades dadas sus condiciones materiales concretas.

Dos aspectos importantes caracterizan la profundidad histórica de lo ocurrido.

Dos aspectos hay que señalar sobre lo ocurrido durante el mes de julio y principios de agosto. Primero, el carácter continuo de las protestas, cada vez más extensas y heterogéneas. Segundo, la sorprendente cantidad de personas movilizadas, logrando dos cúspides sorprendentes: el miércoles 17 y el lunes 22 de julio. Ya el miércoles 17 el pueblo emitió su juicio decisivo sobre la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación. Si el gobernador pensó que podía apelar al pueblo movilizado renunciando a la re-elección y a la presidencia del partido, se equivocó. La marcha del 22 de julio reafirmó el dictamen popular del miércoles anterior. La enseñanza de estos dos momentos cruciales fue decisiva: los dos cuerpos legislativos tuvieron que manifestarse no ya sobre la posibilidad de residenciar al gobernador, sino de la necesidad de hacerlo. Por tanto, la acción de la legislatura no nació en la legislatura. Fue el resultado inequívoco de lo que sucedía en la calle. Allí, en el amplio escenario público se desplegaba una voluntad que adquiría cada día más fuerza en la inagotable creatividad de su reclamo. Hablaba con unanimidad una diversidad nunca antes lograda como reclamo masivo de pueblo: comunidad LGBTTIQ, estudiantes, mujeres, trabajadoras, trabajadores, pensionadas, pensionados, organizaciones sindicales, comunitarias, políticas, grupos de artistas, entre otros. Además, hubo un factor que no debe subestimarse. Las protestas fueron súbitas a partir de dos acontecimientos con un efecto detonador: los arrestos de Ángela Ávila Marrero, directora de ASES, Julia Keleher, exsecretaria de Educación, Alberto Velázquez Piñol y varios más, seguidos por la publicación de un fragmento del chat del gobernador, para días más tarde conocerse las 889 páginas del infame documento. El resultado ante el carácter ofensivo del chat, incluida la prensa en los insultos, fue una disposición de los medios masivos de comunicación – periódicos, canales de televisión, radio – a informar sobre la protesta sin los viejos sesgos ideológicos, con cierta simpatía y con una cubierta muy amplia y diversa. Al fin y al cabo, gran parte de la corrupción descubierta se debió al trabajo investigativo de representantes de la prensa, destacándose el Centro de Periodismo Investigativo, que sacó a la luz pública las 889 páginas del chat el sábado 13 de julio. Todo sucedió tan rápido en el contexto de las ofensas generalizadas del chat que hasta las organizaciones empresariales, las instituciones representativas de los grandes intereses del capital, quedaron momentáneamente paralizadas por la ola de protesta en ascenso.

A las miradas acostumbradas a la superficie, y no podemos olvidar que la superficie ha adquirido una dimensión importante en el mundo académico, la movilización puede parecer inexplicable o casi milagrosa. Al fin y al cabo hizo algo nunca antes visto: desde la calle desencadenó una fuerza que obligó a un gobernador electo a renunciar. Nunca en Puerto Rico se había visto una acción de democracia directa de esta naturaleza. Ahora bien, la historia nos permite establecer relaciones reveladoras. Este acontecimiento único, sacar de su silla a un gobernador mediante una acción democrática directa, debe relacionarse con otro acontecimiento único: la expulsión de la Marina de Guerra estadounidense de Vieques en la transición del siglo XX al XXI. La comparación que se hizo de la monumental marcha del 22 de julio fue con la enorme manifestación, al comenzar el año 2000, exigiendo la salida de la Marina de Vieques. Ahora bien, a nadie se le ocurriría pensar que la expulsión de la Marina fue causada solamente por la muerte de David Sanes. Sería imposible no reconocer una profunda y extensa lucha histórica en búsqueda de este objetivo. La muerte accidental de Sanes fue la gota que colmó la copa. Desató fuerzas acumuladas que no es nuestro propósito ahora analizar. Basta mencionar que previo a las movilizaciones para derrotar a la Marina, se había dado la movilización más grande en la historia de Puerto Rico, en la lucha contra la venta de la Telefónica. Sobre todo durante los dos días de luchas por toda la isla conocidos como la huelga del pueblo, en julio de 1998.

Aquel julio de 1998 y este julio de 2019 están amarrados en la vida interna de nuestra colectividad con hilos de pueblo muy semejantes. Ningún acontecimiento, sea la muerte de David Sanes o la divulgación pública del chat, puede poner en movimiento la energía de un pueblo si esta energía no se encuentra acumulada, comprimida o reprimida, disponible para que algo sirva de gatillo y la desate. Los arrestos y el chat fueron importantes para encender la pradera, pero hace falta toda una larga historia para explicar su efectividad. Esa historia, la necesidad de ponerla al descubierto, de entenderla, nos podría colocar en el camino de la comprensión de un proceso tan complejo y de fortalecer su organización para darle curso a sus dos consecuencias posibles: 1) la construcción de un proceso democrático nuevo y duradero, con capacidad de acción directa, dándole contenido real a una democracia formal, vacía, reducida cada cuatro años a un simulacro electoral; 2) activar un proceso de descolonización que no pueda ser desviado por los adoradores locales de la dependencia y de la conformidad. Ambos procesos deben estar interconectados, fuera del bipartidismo que ha creado la crisis económica y política actual, con la mayor distancia posible de los grandes intereses económicos que garantizan la relación colonial. Para adelantar en esa dirección debemos comenzar un esfuerzo tenaz por entender la dinámica interna de las profundas y extensas contradicciones que acumularon el coraje y la energía que los arrestos y el chat desataron.

Los efectos de tres décadas de política neoliberal: privatizaciones, reformas laborales y festivales de contratos.

No pretendemos hacer una historia detallada, pero hace falta la profundidad que nos da la experiencia histórica. Aunque sea bosquejada, hace falta. Recordemos que el grito de las grandes movilizaciones, lo que estaba bajo esa consigna aglutinadora Ricky vete y llévate la Junta, fue un clamor contra la corrupción. Desde fines de la década del 80 del siglo pasado el movimiento obrero llevó a cabo una intensa lucha contra las privatizaciones y las desreglamentaciones insistiendo que eran el caldo de cultivo de la corrupción. La corrupción, por consiguiente, es un tema de lucha que ya tiene varias décadas de vida. No es nuevo, pero se tornó fresco y vibrante en las movilizaciones de julio por la forma en que quedó destapado en el chat. Bien o mal, la pasada lucha contra la venta de la Telefónica se tornó para muchas personas en la defensa de un patrimonio nacional. El concepto de patrimonio nacional se enfrentó a la política neoliberal que se propuso venderlo todo y ampliar el alcance del mercado en la vida social puertorriqueña. Ante esta política, la oposición sindical y comunitaria desarrolló la consigna Puerto Rico no se vende. Pero más importante que esa consigna se expuso ampliamente la urgencia de no permitir que los servicios básicos de nuestra sociedad, - muchas veces se habló de servicios esenciales - estuviesen fuera de los dictámenes del mercado. Los reclamos fueron claros: las salud no es una mercancía, la educación no es una mercancía, el agua no es una mercancía, la luz no es una mercancía. Durante décadas estas consignas han estado presentes en la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Los dos partidos y los representantes de los grandes intereses económicos en Puerto Rico activaron una lucha intensa con todos los medios posibles para derrotar las posiciones sindicales y comunitarias como representativas del pueblo.

No podemos darle la espalda a la función que ha tenido el bipartidismo en el proceso de adelantar la política neoliberal. El aspecto principal de la efectividad bipartidista ha sido utilizar el status para bloquear la entrada al escenario electoral de organizaciones alternas a la política neoliberal. Siempre que el pueblo ha ido a votar solamente ha considerado dos opciones y ambas son expresión de la misma política cada vez más inclinada a la corrupción. El bipartidismo ha sido monolítico en esa dirección, ha tenido en su estructura profunda una sola vértebra y podría hablarse de una situación de unipartidismo. Esta limitación en el ámbito electoral solamente puede ser enfrentada con éxito si la lucha en la calle mantiene un acento indiscutible de unidad. Esto no ocurrió siempre en el pasado y en el caso del movimiento sindical, lo que ha prevalecido ante la ofensiva político-empresarial ha sido la división y hasta crasos individualismos frente a retos colectivos.

El resultado ha sido beneficioso para los exponentes de la política neoliberal del bipartidismo. De esta forma la política que promueve el fundamentalismo de mercado ha dado pasos de enorme significación. Bajo el concepto que el mercado decida, el Partido Nuevo Progresista militó en el Congreso estadounidense a favor de la eliminación de la Sección 936 en 1995-96. No fue una casualidad el hecho de que al culminar los diez años concedidos a la sección, antes de desaparecer definitivamente en diciembre de 2005, meses después comenzara una recesión que no era tal, abriéndose paso la terrible depresión que vive Puerto Rico en la actualidad. Tampoco fue casualidad que el primero de mayo de 2006 ocurriera el cierre del gobierno bajo la sombra de un gobierno de los dos partidos en el poder.

Entre la eliminación de la Sección 936 (1996-2005) y la Ley 7 aprobada por el gobierno de Luis Fortuño en marzo de 2009 tenemos una trayectoria que permite comprender la intensa profundización de la crisis actual. Con la ley 7 de 2009, de un plumazo, Luis Fortuño dejó sin efecto los convenios colectivos y echó a la calle entre 20,000-30,000 empleados públicos. Algo nunca antes vistos en Puerto Rico. Más todavía cuando el despido masivo se hizo bajo la estrategia de reducir el tamaño del gobierno proponiendo un traslado de fuerza laboral al sector privado. El gobierno de Luis Fortuño sabía que esa estrategia iba contra la tendencia de la economía. Para que tengan una idea, en 1996 había 159,700 personas empleadas en la manufactura, mientras que al finalizar el 2008 este número se había reducido a 104,000.

Es decir, entre 1996 y 2008 la manufactura perdió 55,700 empleos: 34.87% del total existente en 1996. La pérdida se acentuó durante el gobierno de Fortuño hasta llegar a 83,500 en 2012. Casi la mitad del empleo manufacturero desapareció entre 1996 y 2012 y frente a este colapso del empleo industrial, Fortuño proponía una transferencia de empleos del sector público al sector privado. No se trata de un error o de una incomprensión del problema. La retórica sobre el llamado gigantismo gubernamental escondía una estrategia bien delineada: eliminar miles de empleos en el sector público con el fin de liberar miles de millones de dólares para crear nuevas condiciones para la contratación privada en el gobierno. Con esta estrategia floreció la presencia de cabilderos controlada por los políticos de turno y la consolidación de una claque de empresarios políticos y de políticos empresarios adscritos al bipartidismo. Con el gobierno de Luis Fortuño la corrupción alzó un novedoso vuelo y extendió sus enormes alas de buitre.

Para entender este proceso en toda su dimensión perversa y monstruosa debemos rápidamente observar cómo se ha polarizado la riqueza social que circula al interior de nuestra economía. Vamos a utilizar cifras pertenecientes a los Informes económicos al gobernador atendiendo dos magnitudes: la compensación a empleados y los ingresos procedentes de la propiedad, en miles de millones de dólares. Es decir, los ingresos de los asalariados y los ingresos del capital. En estas cifras no se incluyen las ganancias exportadas anualmente por parte de las grandes empresas industriales y comerciales establecidas en la isla. Veamos lo que sucede entre 1990 y 2015, antes de la llegada de la Junta de Control Fiscal.

Estos números revelan cómo se ha estado distribuyendo la riqueza en Puerto Rico a favor del capital. Mientras la mayoría se empobrece, en medio de la intensa crisis económica, una minoría de empresarios ha vivido un verdadero festín de ganancias abultadas. Una parte considerable de estas ganancias se ha creado mediante un ataque al sector laboral público y un verdadero asalto al erario en formas escandalosas y corruptas. Otra parte sustancial se ha nutrido de la deuda pública. En ambos casos, la guillotina cae sobre el mismo cuello: el pueblo empobrecido. Nada de lo ocurrido las pasadas semanas puede olvidar este proceso de intenso desplazamiento de riqueza que ha diezmado a grandes sectores del pueblo trabajador y de las comunidades. Sin olvidar que entre 2008-2017, durante esa dura década de crisis social, las compañías multinacionales exportaron alrededor de $334,239 millones en ganancias. Una cantidad más de cuatro veces y media la deuda pública de Puerto Rico. Por consiguiente, la crisis abarcadora que vive Puerto Rico, ciertamente se manifiesta como crisis fiscal, pero tiene una estructura profunda, menos visible, con formas draconianas de expropiación, de desplazamiento masivo de riqueza de los empobrecidos bolsillos laborales y comunitarios hacia los bolsillos de un grupo empresarial insaciable y depredador. Las actuales protestas masivas no pueden entenderse sin este masivo proceso de transferencia de riqueza. Esta crisis, además, fue coronada con la llegada de la Junta de Control Fiscal en 2016.

La cumbre de la ilusión y el abismo de la decepción: la Junta de Control Fiscal.

Se puede entender que la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF) en 2016 creara una gran expectativa, una posibilidad de cambio. El bipartidismo había ya desolado al país. La frustración y la desmoralización alimentada por el proceso descrito - ante el cual solamente los estudiantes de la UPR tuvieron la capacidad de desplegar una lucha consistente durante las huelgas de 2010, 2010-2011 y 2017 - , alimentaron la esperanza en la JCF. Pero esa esperanza pronto se disipó: la JCF está compuesta por financieros y entre ellos vinieron algunos de los responsables de la enorme deuda pública y de la depresión que sufre el país. El más destacado de ellos es Carlos García, quien fuera director del Banco Gubernamental de Fomento al comenzar el gobierno de Luis Fortuño. El pueblo no tardó en entender que el interés de la JCF era proteger los intereses de los bonistas. Tres aspectos claves alertaron al país: la tenacidad de la JCF en no definir, como dispone la Ley PROMESA, los servicios esenciales; su voluntad de bloquear toda posibilidad de llevar a cabo una auditoría forense de la deuda; y la imposición de planes fiscales amenazando los servicios básicos de la población, además de las pensiones.

El gobierno y la JCF se combinaron para golpear a la Universidad de Puerto Rico de forma insensible, con recortes que van dirigidos a desmantelarla y transformarla, al mismo tiempo que han propiciado el cierre escandaloso de escuelas después del huracán María, en las peores condiciones para múltiples comunidades de toda la isla. El llanto de niños y la angustia de padres y madres, empobrecidos por el huracán, pero activados en piquetes militantes, llenaron las imágenes televisadas. Sin duda, estas imágenes se internaron en la conciencia colectiva. Además, las miles de muertes causadas por el huracán revelaron la actitud del gobierno ante la tragedia de pueblo. Tanto el gobierno como la JCF pusieron su interés en los contratos de la recuperación eléctrica, en la privatización de la AEE y en adelantar su agenda ideológica. El huracán, sin embargo, ante el abandono gubernamental, puso de manifiesto algo importante que subyace las movilizaciones recientes: la población tuvo que tomar acción, tirarse a los campos, abrir los caminos, recoger alimentos, salir en defensa de los desvalidos e improvisar puentes donde habían sido destruidos. Tuvo que contar con sus propios esfuerzos.

En fin, nuestro pueblo dio muestra de dos cosas claves que se han reiterado en las últimas semanas: la inquebrantable solidaridad humana que lo caracteriza y la enorme creatividad que pone en movimiento cuando surge un fuerte motivo colectivo. Ahora bien, en esa recuperación post huracán María, ¿no se incorporaron múltiples artistas, cantantes de fama internacional, con generosidad y amor a su país? ¿A quién sorprende que al salir el chat cargado de homofobia, comentarios contra la mujer y desprecio general al prójimo, algunas de esas mismas figuras del espectáculo se pusieran en primera fila y convocaran a la protesta contra la corrupción? Así como se movilizaron durante el huracán formando parte del enorme esfuerzo colectivo de salvación social y recuperación, ante un gobierno insensible, entretenido en sus placeres, esos mismos artistas – René, Bad Bunny, Ricky Martin, Tommy Torres, Ile, Carla Monroig, Ednita Nazario, y otros. – se incorporaron como protagonistas de la protesta. Fueron parte de algo nunca visto: un exceso incontenible de creatividad en las formas de manifestación y de lucha, una participación militante de modalidades inesperadas que dieron la imagen de un pueblo diverso, rico culturalmente y alegre en sus expresiones. Salieron a protestar en motoras, caballos, kayaks, bicicletas, en camiones, en grúas, en conjuntos musicales, en manifestaciones teatrales, en todas las formas posibles, por mar y tierra. Algo sin duda se fortaleció con este proceso: la conciencia nacional democrática del país.

La riqueza de expresiones y consignas: la importancia de los medios sociales.

La vibrante conciencia nacional se manifestó en una inagotable imaginación expresada en cartulinas, consignas, canciones, cruzacalles y pancartas. Sorprendía la novedad, pero también se activaba la memoria al oír veteranas consignas de las luchas universitarias y del movimiento obrero. Lo nuevo se acompañaba con lo ya existente, a veces combinándose en ritmos y cadencias. Cuando nuevas consignas se anudan en una lucha social con consignas de luchas anteriores, hay que detenerse a reflexionar. Sin menoscabar la fuerza de la espontaneidad ni su enorme importancia, la combinación de lo nuevo y lo viejo lo que apunta es la importancia de la memoria, de la sabiduría acumulada, del depósito fundamental de la experiencia organizativa histórica. Se usó mucho el término silvestre en la prensa para caracterizar las manifestaciones, su surgimiento en lugares imprevistos, su amplia y persistente presencia, su propagación por pueblos, ciudades y su sorprendente proyección internacional. Pero no se debe olvidar que lo silvestre, lo espontáneo, no crece en el aire, se alimenta de la tierra y esa tierra ha sido abonada con muchas luchas sacrificadas que han dejado, en sus mejores aspectos, ricos nutrientes y fertilidad. Los nuevos reclamos nos llegan con viejas resonancias. Las nuevas maneras de manifestación de la militancia y el coraje vienen cruzadas, de arriba a abajo, por la experiencia organizada del pasado y su sabiduría. ¿Quién que tenga años en esta lucha puede olvidar la defensa de los servicios básicos hecha por el movimiento obrero y no reconocer su resonancia en la actual exigencia al gobierno y la JCF para que definan las necesidades básicas de nuestra población antes de negociar la deuda? Lejos de perder importancia el viejo reclamo laboral ha encontrado hoy nuevos sujetos.

Hay una consigna que me parece definir esta nueva generación que se ha llamado a sí misma “yo no me dejo”. Dice algo así: nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Una larga historia habla hoy a través de la corta vida todavía de estos jóvenes. No tienen nada que perder porque sienten que se les ha expropiado el futuro. Esos jóvenes, no podremos olvidarlo nunca, fueron los verdaderos protagonistas del proceso. Múltiples, anónimos, versátiles en los medios sociales, experimentados muchos de ellos en las luchas estudiantiles, cargados de coraje y de un sentido de experiencia colectiva, de destino común, algunos dedicados al magisterio u otras profesiones, otros desempleados, se tiraron a la calle y no la abandonaron hasta conseguir la renuncia del gobernador. No podemos olvidar que esos jóvenes fueron los que enfrentaron a la policía, los gases lacrimógenos, las balas de goma, los arrestos, burlando creativamente los intentos de declarar ilegales las manifestaciones. Salieron de los medios sociales sin abandonarlos y abrieron un inmenso escenario público, con sus memes imaginativos, sus debates y sus propuestas en los medios sociales. Hoy tenemos que re-evaluar esos medios que muchos de nosotros consideramos propios de un individualismo intensificado y absorbido por las categorías mercantiles, sin apreciar las nuevas formas de socialización inherentes a estas nuevas tecnologías.

Aunque las movilizaciones tuvieron grandes logros, la consigna de sus objetivos ha dejado todavía una parte pendiente: Ricky renuncia y llévate la Junta. No olvidarán esa Junta que desmantela la UPR, impone el cierre escuelas a espaldas de la comunidad y de los maestros, amenaza las pensiones, los empleos, erosiona las condiciones de vida con recortes en salud, bono de navidad e intensificación del trabajo. En los recortes a la salud y a la educación, en la amenaza a las pensiones y en la precarización de las condiciones de trabajo, todo un pueblo siente que tiene un destino común y hoy más que nunca, después de María, sabe que para sobrevivir tiene que contar con sus propias fuerzas.

Conclusión precaria sobre un proceso que no concluye.

El chat privado en el mismo centro de emanación de la política pública puso al descubierto la falta de transparencia del gobierno. Hizo visible lo oculto. Le dio energía a la denuncia del ex-secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, al referirse a una mafia institucional. No puede subestimarse tal denuncia, viniendo del jefe de Hacienda, porque expresa un hecho implacable: el vínculo inherente de la corrupción gubernamental con la clase empresarial que ha dirigido históricamente el país. No se trata de algo accidental, reducible a conductas individuales, sino de un maridaje histórico celebrado en el templo del fundamentalismo de mercado. Llevaron el mercado al interior del gobierno, internalizaron los intereses privados en el corazón de lo público y los intereses empresariales se arroparon de corrupción. Hoy el pueblo sabe que la austeridad es una cara de la moneda. La otra cara es la corrupción.

Ahora esa clase empresarial intentará disociarse de lo mismo que ha promovido, se organizarán para salir de la sorpresa que les produjo la súbita movilización del pueblo, empobrecido por ellos, para reclamar limpieza y estabilidad, con el fin de continuar con la misma política neoliberal. Piensan que una vez cede la vibrante ola de protesta, podrán organizar su política de división, de fragmentación de la oposición, con el fin de consolidar sus intereses. Devolver la normalidad para continuar con la misma política pública será un intento de expropiarle a las mayorías la victoria obtenida. Sin embargo, tal expropiación será un incentivo para movilizaciones venideras. Un mirada histórica nos permite vislumbrar el futuro: desde el 28 de marzo de 1990, hubo un paro nacional contra la venta de la Telefónica, pasando por 1 de octubre de 1997 con un segundo paro nacional, hasta llegar a la huelga del pueblo también en oposición a la venta de la Telefónica, en julio de 1998, enlazándose con la gran marcha contra la Marina de Guerra estadounidense al comenzar el 2000, seguida de la movilización masiva el 15 de octubre de 2009 contra la Ley 7, sin olvidar las enormes movilizaciones del 1 de mayo de 2017 y de 2018, alentadas por la lucha estudiantil. Hemos llegado hasta hoy luchando contra la misma política neoliberal. Si bien no debemos caer en el ilusionismo de una movilización continua, tampoco debemos caer en la desmoralización ante la discontinuidad de las protestas. Se ha logrado algo grande, pero no se ha derrotado decisivamente la política de la corrupción, la política neoliberal.

Todas las grandes movilizaciones mencionadas, emparentadas con la más reciente, la mayor de la historia, han representado un poder democrático alterno frente a los intereses mezquinos y estrechos del bipartidismo. Lo han excedido y desbordado, pero han sido incapaces de organizar de forma permanente el poder que han puesto momentáneamente en marcha. Es hora de pensar en la organización colectiva, amplia, duradera, de ese poder de pueblo. Nuestra reflexión debe ir en esa dirección: darle durabilidad a la fuerza colectiva y heterogénea del país en organismos duraderos. Pensar con amplitud, con detenimiento, claro está, para actuar con eficacia frente al estado de podredumbre que nos gobierna.