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Monitoreo de prensa, domingo, 4 de julio de 2010

 

Policía de San Juan multa a grupo de mujeres que pintaban

mural contra la violencia de género

Soraida Asad Sánchez / Primera Hora

Integrantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) que pintaban un mural contra la violencia de género en los bajos del Colegio San José, en Río Piedras, fueron multadas por la policía municipal de San Juan.

En momentos en que las mujeres pintaban el mural el comisionado de la Policía capitalina, Hilton Cordero, pasaba por el lugar e intervino con ellas.

Josefina Pantoja, del MAMPR, indicó que se le explicó a Cordero el objetivo del mural y el mensaje que pretendían llevar, sin embargo, éste les indicó que no podían continuar ya que estaban violando una ordenanza municipal. Las integrantes del MAMPR se negaron a finalizar el trabajo, por lo que el Comisionado ordenó que las multaran.

Por su parte, Cordero indicó a Primera Hora que se detuvo como lo hubiera hecho en cualquier otro caso “donde encuentre a alguien grafitiando en San Juan”.

Cordero destacó que simpatiza con la causa pero que la acción del MAMPR era una violación a la ordenanza municipal número siete. Además, destacó que la Policía de San Juan es la única policía municipal que cuenta con una unidad de violencia doméstica con trabajadores sociales e investigadores.

Antes de que Cordero interviniera con ellas, una patrulla de la Policía estatal había pasado por el lugar y les indicó que eso era expresión pública, alegó Pantoja.

La activista mencionó que se escogió ese lugar “porque por ahí pasa mucha gente y además porque simboliza que la violencia atraviesa los niveles sociales”, en referencia a que cerca del lugar hay barriadas y urbanizaciones.

El mural multicolor leía: Tod@s contra la violencia machista, y tenía un dibujo de la mano de un hombre con la figura de una mujer dentro del puño.

La intervención se dio cuando sólo faltaba una palabra del mural y el dibujo de la figura de la mujer, destacó Pantoja.

Un total de 10 agentes llegaron al lugar e incautaron los materiales; brochas, pinturas y escaleras, expidieron boletos de $1,000 a cuatro de ellas y las citaron para el 2 de agosto en el Tribunal de San Juan.

La multa administrativa que se le impuso a Sara Benítez, Josefina Pantoja, Leila Negrón y Nitza Meléndez, tiene como base legal la ordenanza Número 44 del Código de Orden Público del municipio de San Juan, que establece que para colocar mensajes en lugares públicos tiene que mediar un permiso del Departamento de Urbanismo del Municipio, informó el MAMPR en un comunicado de prensa.

Pantoja alegó que los agentes las fotografiaron a ellas y al mural.

Sin embargo, Cordero indicó que la Unidad de Servicios Técnicos fueron los que fotografiaron la evidencia para presentarla en el tribunal y añadió que las manifestantes lo fotografiaron a él con sus celulares.

El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico advirtió que la próxima semana continuarán llevando su mensaje contra la violencia de género.


Por Inter News Service Domingo 04 de Julio de 2010 11:55

San Juan - Cuatro militantes del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) fueron multadas hoy en 4.000 dólares por agentes de la Guardia Municipal de San Juan, dirigidos por el comisionado, Hilton Cordero, cuando se proponían pintar un mural en Río Piedras.

Las activistas Sara Benítez, Josefina Pantoja, Leila Negrón y Nitza Meléndez, trataban de colocar un mensaje que leía "Tod@s contra la violencia machista", cuando fueron intervenidas por los guardias municipales bajo la dirección de Cordero, a quien gritaron "Hilton Cordero, machista".

"Es una vergüenza que el señor Cordero haya enviado a ocho guardias en cinco patrullas a perseguir a mujeres que lo único que hacemos es utilizar nuestro derecho a la libertad de expresión para llevar el mensaje contra la violencia machista que ya ha cobrado la vida de 15 mujeres en Puerto Rico", dijo Benítez, una de las portavoces del MAM-PR que fue multada con 1.000 por ejercer su derecho a expresarse sin pedirle permiso al municipio de San Juan.

La multa administrativa que se le impuso también a la abogada Pantoja, a Negrón y a Meléndez, tiene como base legal la ordenanza Número 44 del Código de Orden Público del municipio de San Juan, que establece que para colocar mensajes en lugares públicos tiene que mediar un permiso del Departamento de Urbanismo del Municipio.

"Es un contrasentido que esa misma ordenanza plantee que "se hace claro que nada de lo dispuesto en este apartado podrá, de forma alguna, afectar el derecho a la libre expresión y/o cualquier otro derecho protegido por la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos de América. Cordero no tiene idea de lo que habla cuando dijo hoy que estábamos violando el Código Penal de Puerto Rico", sostuvo Benítez. Cordero ordenó que se confiscaran las pinturas, escaleras y brochas de las manifestantes y que se citaran para una vista ante al Tribunal el próximo 2 de agosto.

"Vamos a impugnar los boletos y estaremos ejercitando el derecho que nos asiste de recurrir a cualquier foro a hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, sin que medie intervención del Estado. Estaremos diciéndole al Tribunal que el alcalde de San Juan, Jorge Santini, y a Hilton Cordero, persiguen a quienes tratamos de llevar el mensaje educativo de que el machismo mata", expresó Benítez.


Un país al límite

La frustración y el coraje que vive el país podrían desembocar en situaciones mucho más violentas que la del motín en el Capitolio, dicen los expertos

Las agresiones del miércoles no tienen precedentes, en términos de la vejación de derechos civiles y constitucionales, según los expertos.

Por Alba Y. Muñiz Gracia / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Los enfrentamientos entre las autoridades y ciudadanos que intentan expresar su descontento con las políticas de la administración de Luis Fortuño son una olla de presión que podría estallar en situaciones mucho más violentas que las que tuvieron lugar la semana pasada en el Capitolio.

Y es que, de acuerdo a cuatro expertos consultados por El Nuevo Día, a pesar de que la historia de Puerto Rico está salpicada de sangrientos choques con las autoridades, las agresiones del pasado miércoles componen un nuevo capítulo enmarcado en la vejación de los derechos civiles y los constitucionales.

“Antes era más por cuestión política e ideológica, ahora la gran preocupación es, además de la persecución política e ideológica, la violación a los derechos civiles y constitucionales y ahí sí que es bien preocupante, porque el país donde no se respeten sus derechos constitucionales es un país bajo una dictadura. Esto es peor, no solamente (el Gobierno) está reprimiendo a la oposición, sino también a gente que son parte del pueblo que no están identificados de un lado ni del otro”, expresó el historiador José Paraliticci.

Aunque los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se han convertido en los rostros más recientes de esta lucha, la olla de presión comenzó a subir de temperatura con la aprobación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal y la eventual implantación de su plan de despidos, que dejó en la calle a más de 20,000 empleados públicos.

“Estamos en uno de los momentos peores en nuestra historia moderna. Si continúan las actitudes como están, van a haber situaciones más difíciles porque, si todos los dos grupos están intolerantes, van a salir chispas”, expresó la presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Gloria Rivera Centeno.

Eso, sumado a la crisis económica global, a la escasez de ofertas de empleo y a los nuevos impuestos aprobados por la Legislatura, ha creado un ambiente de tensión con el potencial de degenerar en enfrentamientos como el del pasado miércoles, cuando agentes de la División de Operaciones Tácticas (DOT), conocida como la Fuerza de Choque, arremetieron a son de golpes y gas pimienta contra cientos de estudiantes que protestaban por la política de la administración actual.

A días de haber culminado una huelga de más de 60 días, en la que los estudiantes también fueron agredidos, se aprobaron dos proyectos de ley: uno para aumentar la composición de la Junta de Síndicos de la UPR y otro para que cualquier decisión que los estudiantes tomen en asamblea incluya la votación electrónica.

De acuerdo a tres expertos de la conducta humana, si el Gobierno no abre sus canales de comunicación, si no se buscan alternativas para mejorar la apretada situación económica de la mayoría de los puertorriqueños y si el Gobierno no cambia su estrategia para enfrentar las críticas y la oposición, la situación podría degenerar mucho más.

Necesario un diálogo nacional

“Es necesario que se convoquen personas expertas en esto para que haya un diálogo nacional. Hay buenos recursos que podrían trabajar mano a mano con el Estado para salir de la situación. El Estado tiene que convocar y tiene que ceder, no puede seguir pensando que son los únicos que saben, porque hay una gran desconfianza porque el pueblo siente que están protegiendo a un grupito”, expresó Rivera Centeno.

Según la líder de los trabajadores sociales, ese diálogo podría ayudar a restablecer la credibilidad que han perdido las instituciones gubernamentales y ser un aliciente para que disminuyan la tensión, la incertidumbre y la frustración que propician las reacciones violentas.

“Cuando hay frustración, cuando hay desesperanza y falta de credibilidad en las agencias, la gente no ve salida y hace que haya más indignación, más coraje, y hace que la gente reaccione de esta manera. En muy pocas veces veías que la gente se tornara agresiva con los policías, que les hicieran frente, y es que la gente tiene coraje y ese coraje tiene que salir”, dijo Rivera Centeno.

Indicó, además, que esos sentimientos de impotencia, frustración y coraje, la mayoría enmarcados en la difícil situación económica, también han incidido en el aumento de los casos de maltrato, los asesinatos y los suicidios. De acuerdo con la Policía, hasta el viernes de este año se habían reportado 467 asesinatos, 14 de ellos por violencia doméstica, y 141 suicidios.

Las actitudes violentas también han tenido su espacio en la Cámara de Representantes y el Senado, donde los legisladores protagonizan discusiones en casi todas las sesiones parlamentarias. El incidente más reciente tuvo lugar la semana pasada, cuando el senador popular Eduardo Bhatia y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tuvieron una fuerte discusión en el hemiciclo por las restricciones impuestas para la entrada de periodistas y fotoperiodistas.

“Creo que habría que levantar una bandera de cómo se están manejando políticas públicas sobre la violencia, cuál es el modelaje que se está dando de nuestros líderes, con la violencia verbal, la intolerancia, el casi irse a las manos en el mismo parlamento”, explicó el sociólogo César Rey.

“Lo que pasó esta semana, donde casi se demoniza a los estudiantes con planteamientos generalizados, cuando vienen de figuras públicas crean prejuicios y alimentan la confrontación. Cuando se está en una posición de autoridad, lo sabio es buscar cómo armonizar las diferencias”, agregó el presidente de la junta de directores de la Fundación Ricky Martin.

De acuerdo al antropólogo Jesús Manuel Centeno, la mayoría de las políticas de la administración de Fortuño son “anticiudadanas y excluyentes”. “La violencia viene del aparato oficial a reprimir la oposición, que es la que la está cuestionando. La violencia, en este caso institucional, lo que busca es reprimir la voz de los excluidos y de los afectados”, expresó el profesor universitario.

“El problema es que ellos no quieren entender que hay una cosa que se llama oposición, que es parte de la política. Un estudiante en el portón de la UPR no está solamente tratando de gritar que le cerraron la UPR, un estudiante o cualquier persona que va a entrar al Capitolio no es para gritar que no lo dejan entrar a las gradas, todos los ciudadanos lo que gritan es que estamos en una debacle”, puntualizó.


Infantil

Mayra Montero / El Nuevo Día

Menos de 24 horas después de haber prohibido que los fotógrafos y camarógrafos de los medios entrasen a realizar su trabajo en el Capitolio, el Presidente del Senado se había dado cuenta de su garrafal torpeza. A continuación, trató de arreglarlo con otra torpeza todavía peor: enviar refrigerios a las mismas personas a las que había agraviado. Eso es dar por sentado que la gente no tiene dignidad ninguna. Les cierran los portones en las narices; los humillan y maltratan a través de esos horribles cancerberos de los que hablaré más tarde, y luego les tiran un mendrugo. Es medieval esto. Cualquiera con dos dedos de frente, y con integridad suficiente para serle sincero, le hubiera dicho al Presidente del Senado que iba directo hacia el despeñadero. Pero al parecer, los subalternos de ese hombre han cedido a ese terrible espasmo que antecede a las grandes ruinas políticas: le susurran sólo lo que él quiere escuchar.

Entonces, frustrada la estrategia de lanzarles viandas a los proscritos, pues creo que nadie aceptó el jugo envenenado, llegó la madre de todas las torpezas. ¿A quién se le puede ocurrir que los dueños y directores de los medios van a acudir como corderitos a una reunión donde un político que ya trató de controlarlos, les va a imponer las nuevas reglas y a restregárselas en las narices?

Hay personas que pueden pasarse media vida imponiendo su voluntad, haciéndose temer, presumiendo de su lado bravucón y petulante, y de pronto, un día, en el momento menos oportuno, saltan una línea casi imperceptible. Y es esa extraña línea que parece humo la que marca un antes y un después. Aquí, a partir de ese momento, hay un después. Un después incluso demoledor entre la opinión pública.

Todo esto sin contar con que hoy día es casi imposible luchar contra la propagación de las imágenes. ¿Qué pretendían hacer, registrarles las entretelas a los senadores de la oposición, o prohibirles que llevaran teléfono a los escasos periodistas que iban logrando acceso? Lo poco que se llegó a grabar en el clandestinaje fue el puntillazo que hizo la prohibición añicos. Para entonces, para cuando se produjo el rifirrafe del cuá cuá, la batalla estaba perdida y enterrada.

Algunos de los guardias encargados de impedir el paso de los periodistas se comportaron como auténticos matones. Se crecían en el funesto ejemplo de sus jefes. Con tantos asesores que hay en el Capitolio, ¿nadie puede asesorar a los funcionarios de alto rango y jefes de seguridad sobre el peligro de tener lidiando con una situación tan crítica a patanes que se expresan en el tono en que todos vimos que lo hacían? Uno de ellos se acercó a un fotógrafo que se subió a una silla para captar escenas de lo que ocurría en ese espacio público. Era su obligación subirse en esa silla, y, en caso de que la silla no hubiese estado a mano, era su obligación trepar sobre los hombros de los compañeros o aferrarse a la pared con las uñas, con los dientes, cualquier cosa para documentar lo que los políticos no querían que se documentara. Esa es la esencia de este oficio, no es más ninguna. Por otra parte, el guardia que se le acercó, barbotó estas palabras: “Yo no voy a Telemundo a subirme a una escalera”. Por supuesto que no, no tiene que ir a nada a Telemundo, que es una empresa privada cuya vida y milagro no tiene por qué importarle a los ciudadanos.

Nadie nunca le ha dicho a ese guardia -que al día siguiente se enfrentó a otro periodista, en el mismo tono y con los mismos andares de portero de lupanar portuario-, que hay una diferencia absoluta entre Telemundo y la Asamblea Legislativa, aunque él no la haya notado. Que en definitiva, como están cosas, se comprende que no la haya notado.

Al final, uno se preguntaba como era posible que el Gobernador, comandante en jefe de la Policía y de todos los políticos de su partido, esgrimiendo las razones de la democracia y la ética parlamentaria; la integridad de la Constitución o lo que le viniera en gana, no mandaba romper los candados, autorizar el paso de los periodistas y terminar con una situación que desde sus inicios era arriesgada y necia. Lo único que puede justificar la palidez de su comportamiento, es que esté dejando que el otro se consuma solo, en su atrabiliaria salsa.

Y todo esto, cuando aún flotaba en el aire el recuerdo del autobús doliente; la fila india de senadores bajando de la guagua para abrazarse al otro senador que fue acusado y que podrá ser inocente o no, pero que por lo pronto no concita solidaridad ninguna. Más bien al contrario, la gente lo encuentra resbaloslo y turbio, y los senadores que participaron del cortejo fúnebre lo saben; saben de la mirada taladrante y fría con que los ciudadanos, desde hace ya bastante tiempo, observan al senador Martínez. Pero para consolarlo, le pusieron la corona, lo cubrieron con la capa de armiño y lo sentaron en el trono de la presidencia. Como un muñeco triste que dirige la sesión de oprobio. Como una lámina grotesca y zafia para un cuento infantil.


Indignación y repudio

Pablo A. Jiménez, El Nuevo Día

El Concilio de Iglesias de Puerto Rico y sus denominaciones afiliadas manifiestan su profunda indignación y repudio ante los actos de violencia desmedida y abuso de poder ejercidas por oficiales de orden público en contra de decenas de manifestantes pacíficos en los predios del Capitolio de Puerto Rico. En el referido choque, la Policía de Puerto Rico agredió impunemente al Rvdo. Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez, Ministro Ordenado de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico y colaborador del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, quien se encontraba documentando la manifestación pacífica de jóvenes en el interior del Capitolio. El Reverendo Gutiérrez recibió macanazos en su espalda, hombro y brazo derecho, patadas en su cuerpo así como el rocío de gas pimienta en pleno rostro. A raíz de la golpiza sufrida, el reverendo Gutiérrez tuvo que ser atendido en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Capital.

Hace más de un año venimos denunciando las tendencias opresivas de este gobierno de turno, tanto en la administración de la justicia como en la aprobación de las leyes y, más recientemente, con el uso de la fuerza policial en contra de la ciudadanía. Cada vez se multiplican más las víctimas y nosotros decimos ¿hasta cuándo? ¿Qué derecho le asiste al gobierno para desencadenar toda una feroz violencia hacia diferentes sectores de la sociedad civil? La violencia, se ha dicho, es siempre una manifestación de poder, y se desencadena por el deseo egoísta de “ser y tener más poder” que el otro o la otra. La violencia rompe el equilibrio de las relaciones justas y normales de la sociedad, desde la familia hasta el propio Estado. Su perversidad no tiene límites y genera injusticia por un lado, y respuesta violenta por el otro. Por ello los profetas bíblicos son tan sensibles a la corrupción del poder que engendra injusticia y pobreza (Amós 3:9ss; 5:7, 10-12; 8:4-6). Aquí, los procesos gubernamentales se han tornado violentos en sí mismos, trastocando instituciones, dejando a los trabajadores sin sustento, mancillando el ambiente, procurando el control absoluto de procesos y marginando al pueblo del derecho siquiera a ser testigos presenciales de la propia gestión legislativa. ¿Qué ejemplo de tolerancia, de aprecio por los demás está demostrando el gobierno cuando ataca a mansalva a ciudadanos y ciudadanas que ejercen sus derechos constitucionales y civiles? ¿Dónde está la fuerza moral del Estado para pretender erradicar la violencia doméstica cuando el propio gobierno se ha constituido en agresor de los suyos?

Hay que saber que no hay autoridad en este mundo si no es puesta por el propio Dios (Juan 19:11ª) y que la misma tiene la función de hacer el bien (Romanos 13:4). Como iglesias de tradición católico-reformada, protestantes y evangélicas reclamamos del Estado que deponga su actividad violenta y abra los procesos ejecutivos y legislativos a la participación ciudadana. Requerimos que se cite a un diálogo social que propenda al desarrollo integral de nuestro país, con la participación de amplios sectores de la ciudadanía. Exigimos un desagravio público de parte del Gobernador de Puerto Rico y la Legislatura a todo puertorriqueño que ha sido impunemente agredido por la Policía de Puerto Rico así como un replanteo de la política de orden público que no implique el uso a mansalva de la División de Operaciones Tácticas.

De igual manera, hacemos un llamado a toda la sociedad civil a que continúe organizándose y haciendo valer sus derechos democráticos mediante la participación amplia y la profundización de la discusión social, económica y política. Es momento de firmeza y de conciencia. Oramos para que el Dios de la Vida transforme los corazones de aquellos que, de una u otra manera ostentan poder, para que usen el mismo en beneficio de los pobres y marginados y no en contra de ellos.

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores.

El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com

 


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