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La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos es sin duda un importante documento histórico. Recoge ideas del siglo de la ilustración. Curiosamente habían sido los británicos quienes en el siglo anterior habían cuestionado la monarquía absolutista, adelantando en sus dos revoluciones, la idea de que la soberanía radica en “el pueblo”, no en el monarca que gobierna. En el siglo siguiente pensadores franceses postulaban que la libertad individual era un valor que había que proteger de los abusos de quienes gobernaban. Eso inspiró la revolución que comenzó en 1789 contra lo que llamaron l'ancien régime. Al otro lado del Atlántico, en 1776 los descendientes de los colonos que habían llegado a Norteamérica, siglo y medio atrás, desde Inglaterra y otros países europeos recogieron esas ideas para justificar que, desde el año anterior, mediante lucha armada, se habían rebelado contra la corona británica, con el fin de adelantar sus intereses.

Con un lenguaje atrevido —subversivo— el documento perseguía justificar la decisión de apartarse con violencia del régimen imperante. Invocaron el “derecho natural” superior a un derecho positivo que permitía la opresión de la que decían ser víctimas. Esa conjunción del republicanismo inglés y el liberalismo francés les facilitó invocar colectivamente un derecho a repudiar y derrocar un régimen que consideraban opresivo, con el fin de instaurar sus propios gobiernos. Así pretendían alcanzar la libertad política y económica, y el bienestar general de la población de las colonias.

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Alejandro Torres Rivera

16 de septiembre de 2026

El parlamento de Nicaragua aprobó el 1ro. de septiembre en una primera votación y en forma unánime mediante el mecanismo de levantar la mano, enmiendas a la Constitución de este país centroamericano. El evento tuvo lugar en una sesión celebrada en la ciudad de León, localizada a 90 kilómetros de la capital, Managua. Las enmiendas limitarían a cientos de opositores al gobierno sandinista de participar de las siguientes elecciones en el país programadas originalmente para llevarse a cabo el mes de noviembre de 2026. 

La medida establece que no podrán ser candidatos a ocupar cargos de elección popular, ni ocupar cargos públicos, los “golpistas” y los “traidores a la Patria”. De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución nicaragüense, los traidores a la patria son quienes atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad, la paz, y quienes promuevan la injerencia extranjera en asuntos internos o en el menoscabo de los derechos que da la Constitución. Incluye también a quienes pidan la intervención militar; se organicen con financiamiento proveniente del extranjero; propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros; y  promuevan sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos.

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