Las casas acreditadoras Standard & Poor's y Moodys volvieron a ocupar los titulares noticiosos luego de anunciar su evaluación negativa del crédito de Estados Unidos y Puerto Rico respectivamente.

Estas compañías de asesoría financiera están desacreditadas luego de la "pasadas" crisis hipotecaria y financiera, cuando evaluaron positivamente entidades privadas e instrumentos financieros que resultaron tóxicos y que fueron el origen de la gran debacle económica de 2008.

Luego, se evidenció que tenían dos varas para emitir sus juicios: a las entidades privadas, (sus clientes) muy benévolamente, y a las públicas, rigurosa e inflexiblemente.

El criterio de estas empresas es estrictamente contable, por lo que los gobiernos no deberían formular sus políticas (económicas, financieras y sociales) a base de las famosas "notas", pues arriesgan la calidad de vida y la estabilidad social, generando también un clima de incertidumbre que eventualmente erosiona el desarrollo económico.

Por eso, cuando el gobernador Fortuño menciona que salvó el crédito de Puerto Rico, reconfirma que a quien benefició fue a los bonistas y no a la gente que sufre y padece las consecuencias de sus decisiones.

La degradación y el desmerecimiento del servicio público, que por décadas sirvió para implantar políticas y proyectos de equidad social, constituye un daño irreparable al país.