Ayer el gobernador Ricardo Rosselló presentó el presupuesto del país ante la legislatura. En un intento por esconder el impacto de los recortes propulsado por la Junta de Control Fiscal, Rosselló utilizó el espacio para mostrarse al país con control de la situación. Su actuación política responde a la creación de un imaginario que movilice a sus seguidores a votar el 11 de junio.

La presentación del presupuesto no incluyó el desglose de inversión de las distintas dependencia que proveen servicios al país, siendo el gran acertijo, ¿dónde habrá reducciones sustanciales que afectarán el cotidiano de los/as puertorriqueños?  En un juego de palabras, Rosselló presentó un presupuesto de $9, 562 millones, $575 millones más que el presupuesto de la administración García Padilla. La pregunta que habría que hacerse es ¿Cómo si hay tantos recortes, hay más dinero presupuestado? Lo que nos esconde Rosselló, es que el recorte se ve en el presupuesto consolidado y no el presupuesto del Fondo General. Es en el presupuesto consolidado donde se materializan los recortes millonarios los cuales suman a más de $109 millones menos.

Volviendo al presupuesto del fondo general, es interesante ver que Rosselló señaló destinar $2,038 millones de dólares al pago de pensiones. A pocas luces, parecería bien dicha inversión, más no se señala que está reduce sustancialmente la inversión que el Gobierno pueda hacer en otras áreas.  Ejemplo de esto es la reducción de un 13% en nóminas, lo que supone dejar fuera del gobierno a centenares de trabajadores sin plaza. La reducción  de más de un 26% en la contratación de servicios profesionales. Este recorte se viste de cientos de profesionales que se quedarán en la calle, los cuales brindan servicios importantes en el país. Bajo ninguna circunstancia, se verán afectados los contratos de los amigos del alma y ya lo hemos visto con el contrato a decenas de personas vinculadas al PNP.

Otro de los renglones que bajaron sustancialmente han sido los gastos en materiales  y suministros. Esto tendrá el efecto que la ciudadanía reciba servicios peores de los que ya recibe de parte del gobierno.  La reducción  de más de un 21% en aportaciones a entidades no gubernamentales, las cuales muchas brindan servicios que el gobierno ha abandonado y las de las cuales la mayoría están vinculadas a los servicios sociales. Reducción  de más de un 50% a entidades gubernamentales, las cuales incluyen municipios. Con esta reducción se verán afectados la operación de los municipios, dejando atrás la limpieza de los mismos, esto teniendo consigo un efecto directo en la salud. En el área laboral, serán cientos los que quedarán sin empleo, particularmente en los municipios pequeños. Estos serán los empleados de menores recursos y menos estudios como son aquellos de mantenimiento.

Este camino se hace más árido cuando vemos de donde saldrán los ingresos según el Plan Fiscal. Se habla de $1,760 millones los cuales llegan a través de las contribuciones de individuos a eso a hay que sumarle $1,655 millones por concepto de recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Al sumar estas cantidades vemos que los individuos contribuirán más de $3,415 millones, esto sin contar las contribuciones en las bebidas alcohólicas y cigarrillo las cuales sumarían $369 millones más. Cuando comparamos esta cantidad con las aportaciones de las grandes corporaciones y compañías, vemos que la balanza es desigual. Estas, a pesar de su solidez, solo aportan $3,029 millones.

La matemática es básica, los contribuyentes tendremos menos servicios por mayor pago de contribuciones, las empresas tendrán mayores beneficios por menores pagos y todo esto con el agravante, que los recortes se vestirán de menos trabajo, tirando a muchos a la pobreza total.