Escrito por Alejandro Torres Rivera | MINH
Durante cinco días, pero en particular los pasados 19 y 20 de diciembre, bajo el lema Lucha, Preservancia y Sacrificio por la Ìntegra Soberanía del Estado Saharaui, se llevó a cabo el XV Congreso del Frente Polisario en Tifariti, capital provisional de la República Árabe Saharaui Democrática. “Polisario” es un acrónimo de “Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro”. Tifariti se encuentra localizada a pocos kilómetros del lugar donde se encuentra el muro que ha construido por Marruecos en suelo saharaui, dividiendo de norte a sur el territorio, tras su ocupación de gran parte de lo que se llamó el Sáhara Español o Sáhara Occidental. Este muro cuenta con una extensión 2,720 kilómetros. En su entorno, Marruecos ha colocado millones de minas antipersonales y 150 mil efectivos militares, a la vez que mantiene una constante vigilancia electrónica.
En esta zona ubica la “Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental”, también conocida como MINURSO. Parte de la responsabilidad de esta Comisión es velar por el alto al fuego en el territorio y crear las condiciones para llevar a cabo un referéndum de libre determinación bajo la supervisión de la ONU, que si bien fue pautado para enero de 1992, que nunca se ha llevado a cabo.
Este ex dominio español fue conquistado originalmente por este país europeo a Marruecos en 1860. Donde hoy enclava la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pasó en 1920 a ser un protectorado en 1920, quedando más adelante integrado como una provincia de España en 1957. La RASD cuenta hoy con un territorio que abarca 266 mil kilómetros cuadrados, casi 30 veces el tamaño de Puerto Rico y una población estimada en poco más de medio millón de habitantes.
Este XV Congreso, es el primero que se efectúa luego de que Brahim Ghali asumiera la dirección del Frente Polisario tras la muerte del líder histórico, Mohamed Abdelaziz, fallecido hace cuatro años. Antiguo dirigente militar, a Ghali se considera parte de la “rama dura” del Frente.
El “Congreso Popular Central”, representado en esta ocasión por cerca de 2 mil delegados(as) provenientes de todas las instituciones saharauis, es el organismo supremo del Frente Polisario. Como tal, toma decisiones en los planos político, militar, social y diplomático. De acuerdo con la publicación electrónica ECS Saharaui del viernes 20 de diciembre, el mismo debía adoptar “posibles enmiendas a la Constitución” y elegir una nueva dirección. Se indica también por parte de esta publicación que el Congreso también abordaría “un eventual plan para desengancharse de ese diálogo—en referencia a la ONU-- y adoptar una posición más hostil ente la ausencia de soluciones”, ello en clara referencia al punto muerto en que ha llegado la búsqueda de alternativas con dicho organismo internacional y el ejercicio del derecho a la libre determinación por vías pacíficas mediante una consulta a la población saharaui.
La RASD ha sido reconocida como representante de la población saharaui por veintenas de países en el mundo, así como desde el 16 de octubre de 1975, por la Organización por la Unidad Africana. Existe un dictamen de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, indicando que no ha encontrado “vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General”, aprobada en 1960, “a la descolonización de Sáhara Occidental y, en particular, al principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio.”
En 1967 la Organización de las Naciones Unidas le planteó al Estado español la independencia del territorio, entonces disputado por el Reino de Marruecos, Mauritania y Argelia. A partir de 1973, con la fundación del Frente Polisario, se produce una innovadora guerra de liberación, adaptando los principios de la guerra de guerrillas a condiciones en el desierto.
En 1975 se firmaron los llamados “Acuerdos de Madrid”. En virtud de éstos España, sin contar para nada con la voluntad de la población saharaui, cedió el territorio y sus habitantes a Marruecos y Mauritania, algo similar a lo que hizo con sus territorios de ultramar en 1898 luego de los acuerdos del Tratado de París. Ambos países enfrentaron el Frente Polisario que, con el apoyo de Argelia, proclamó la independencia del territorio el 26 de febrero de 1976, fundando la República Árabe Saharaui Democrática y promulgando una Constitución.
La guerra desarrollada por el Frente Polisario contra Mauritania llevó eventualmente a que dicho país renunciara a sus pretensiones sobre el territorio saharaui que ocupaba. En el caso del Reino de Marruecos, con el apoyo de Estados Unidos, decidió anexarse ilegalmente el territorio y llevar a cabo el traslado de población marroquí hacia el territorio saharaui. Su propósito era evidente. Ante una eventual consulta por parte de las Naciones Unidas, tal como lo determina la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que la población marroquí en el territorio, al participar de la consulta, decidiera la opción de integrarse a Marruecos en lugar del reclamo de libre determinación de la población saharaui que reclama constituirse en un Estado independiente y soberano.
A pesar de que una parte de la población saharaui la constituyen tribus que aún al presente son nómadas y viven en tiendas en zona desérticas, otra gran parte de la población vive hoy en campamentos para refugiados localizados en el territorio ocupado por Marruecos y en Tinduf, Argelia en casas construidas en adobe. Actualmente el Reino de Marruecos se refiere al territorio ocupado como sus “Provincias Meridionales”.
En el año 1991 una porción del territorio saharaui pasó a quedar bajo administración de las Naciones Unidas en lo que hoy se denomina como “Sáhara Liberado”.
En 1997, Kofi Annan, siendo Secretario General de las Naciones Unidas, nombró a James Baker III, ex Secretario de Estado de Estados Unidos, como mediador en el conflicto. Mediante los “Acuerdos de Houston” promovidos por Baker, se alcanzó un compromiso fijando una hoja de ruta con un calendario de eventos que culminaría en una consulta el 8 de diciembre de 1998 para que la población del territorio ejerciera bajo supervisión internacional, su derecho a la libre determinación. Desde esta fecha al presente, Marruecos ha descarrilado todos los esfuerzos para que la consulta se lleve a cabo.
En el año 2000, Marruecos propuso la sustitución de la propuesta del Plan Baker por la creación de un estado autonómico bajo la soberanía marroquí. En el nuevo plan de Marruecos, los saharauis renunciarían a la consulta bajo la supervisión internacional de la ONU. De esta propuesta surgió, como una modalidad del Plan Baker original, una nueva iniciativa titulada “Acuerdo Marco del Estatuto del Sahara” donde se propuso la creación de un Consejo Ejecutivo, con una amplia definición en torno a sus competencia y un Consejo Legislativo, el cual sería designado por los habitantes de los territorios residentes en el mismo hasta el año 2000; es decir con la participación de los “no nacionales” del territorio. Bajo esta propuesta, al cabo de cuatro años, este cuerpo político discutiría con Marruecos un estatus político final que excluiría la independencia como opción política. La propuesta, como era de suponer, fue rechazada por el Frente Polisario.
En el año 2002, Argelia propuso a las Naciones Unidas la administración directa del territorio. No obstante, Kofi Annan, en su condición de Secretario General de la ONU, propuso cuatro opciones: (a) continuar con el “Plan de Arreglo”, incluyendo el referéndum de libre determinación; (b) continuar con el llamado “Acuerdo Marco”, aunque con ligeras modificaciones; (c) comenzar negociaciones para la partición del territorio; y (d) la entrega a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental.
En el año 2003 surgió otra variante de Plan Baker en el cual se propuso un estatuto de autonomía por espacio de cuatro años; luego del cual, entre 2007 y 2008, se llevaría a cabo una consulta en la cual los saharauis decidieran su futuro político. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asumió como suya la propuesta, procediendo a prorrogar el mandato de la Misión de la ONU. Desde entonces, no ha habido cambios fundamentales en la situación. Mientras tanto, Marruecos continúa llevando a cabo acciones para asegurar su control futuro del territorio, como la ocurrida el 8 de noviembre de 2010, donde en un campamento saharaui en las afueras de la ciudad de Aaiún, capital de la República Árabe Saharaui Democrática actualmente ocupada por Marruecos, durante protestas contra la ocupación marroquí y en demanda por la libre determinación, los manifestantes fueron atacados por fuerzas del ejército de Marruecos.
El territorio saharaui, si bien en su superficie es un terreno totalmente desértico, posee en su subsuelo yacimientos petroleros que al día de hoy están siendo explotados por Marruecos en su beneficio. Su mayor riqueza, sin embargo, son las abundantes minas de fosfato.
Luego de 28 años en espera de la realización de la consulta sin que se haya efectuado mandatada por la Corte Internacional de Justicia, la tolerancia de la población saharaui se agota. En su discurso en el XV Congreso, Ghali fue enfático al señalar: “El Frente Polisario no puede continuar tratando de la misma manera con los esfuerzos de las Naciones Unidas, a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas asuma su responsabilidad y compromiso de implementar todas las disposiciones descritas en el Plan de Arreglo ratificado por las dos partes en 1991.”
La lucha del pueblo saharaui no podemos verla desvinculada de la lucha del pueblo palestino y de otros pueblos en Europa que, como en Puerto Rico, reclamamos el fin de la sujeción colonial y proclamamos la intervención de la comunidad internacional en el reclamo por el respeto a la libre determinación e independencia.
Más claro no puede cantar un gallo. Urge de las Naciones Unidas actuar a tiempo para evitar otro conflicto que, en definitiva, regará una vez más, las arenas del desierto como resultado de nuevos enfrentamientos bélicos que a la larga deberá asumir el pueblo saharaui en la defensa de ese derecho irrenunciable a la libre determinación e independencia.
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