21 de marzo de 2025

El distinguido escritor Carmelo Rosario Natal, en su ensayo titulado Luis Muñoz Marín, Arthur Garfield Hay y la Masacre de Ponce: una revelación documental inédita, nos presenta una mirada histórica de los sucesos acaecidos en Ponce en las inmediaciones del local de la Junta Nacionalista en esta ciudad el Domingo de Ramos de 21 de marzo de 1937. Indica que allí resultaron asesinadas 21 personas, de las cuales 19 eran civiles. Resultaron heridas, según señala, entre 150 a 200 personas.

Ramón Medina Ramírez, en su libro El Movimiento Libertador en la Historia de Puerto Rico, cifra sin embargo, en 22 los muertos y los heridos en más de 250 personas. Indica que los muertos y heridos “quedaron tendidos en el pavimento, después de diez minutos de tiroteo inmisericorde”, incluyendo “entre ellos niños, mujeres y ancianos”.

Indica otro Carmelo, esa vez el distinguido profesor universitario e intelectual Carmelo Delgado Cintrón, en su escrito titulado El contundente  Informe de la ACLU sobre la Masacre de Ponce, que en aquella mañana “un contingente formado por 200 policías armados con revólveres, rifles, carabinas, subametralladoras Thomson, bombas lacrimógenas y macanas atacaron a quienes iniciaban un desfile en las inmediaciones de la Junta Nacionalista de Ponce”. El líder principal del Partido Nacionalista, don Pedro Albizu Campos, junto con otros dirigentes, habían sido encauzados criminalmente por las autoridades federales en Puerto Rico el día 14 de julio de 1936. Fueron acusados de “conspiración sediciosa” para el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos.

La Orden de masacrar a los nacionalistas provino del Gobernador Blanton Winship, veterano de la guerra de los Estados Unidos en Filipinas. Winship, fungía como gobernador de Puerto Rico desde el 5 de febrero de 1934. Bajo su gobierno había ocurrido el 24 de octubre de 1934 la “Masacre de Río Piedras”. En aquella ocasión fallecieron cuatro nacionalistas y otro quedó gravemente herido. Posteriormente, esta afrenta culminaría con el ajusticiamiento en el Viejo San Juan del  Coronel de la Policía Elisha Francis Riggs por parte de los patriotas Hiram Rosado y Elías Beauchamp.

Carmelo Rosario Natal dedica gran parte de su ensayo a explicar lo que a su juicio fueron los antecedentes que llevan al proceso investigativo de aquellos sucesos por parte de la American Civil Liberties Union (ACLU) y la llamada “Comisión Hays”, establecida bajo la dirección del estadounidense Arthur Garfield Hays.

Indica Rosario Natal que apenas cuatro horas luego de los sucesos, “a las 7:10 p.m. del domingo 21 de marzo de 1937, un distinguido residente de Ponce le cursa un cable a su apartamento en Washington al ex senador Luis Muñoz Marín, a la razón inmerso en gestiones políticas en la capital federal.” El gestor de aquel cable fue el ponceño Luis Sánchez Frasqueri, padre de Roberto Sánchez Vilella. Sánchez Frasqueri, indica en el cable que se encontraba en el balcón del segundo piso del Casino de Ponce que da la Calle Marina cuando se desatan los sucesos. El cable enviado a Muñoz Marín leía textualmente:

“ Acabo de presenciar frente a mi propia casa los crímenes más bochornosos y despreciables cometido[s] por la policía contra jóvenes nacionalistas indefensos y desarmados con asistencia del propio jefe Orbeta como ciudadano americano protesto semejante vilesa [sic]”.

Como parte de una operación de encubrimiento de los hechos, el Director de la División de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento de Interior de los Estados Unidos, Ernest Gruering, daba al día siguiente la versión oficial del gobierno de Puerto Rico dirigido por el general Blanton Winship. Según indica Rosario Natal, la versión ofrecida por Gruering fue que “los nacionalistas iniciaron la marcha pese a las advertencias que se les hizo de que la situación podría degenerar en violencia y que fueron ellos los que comenzaron el tiroteo.”

A raíz del cable recibido por Luis Muñoz Marín, que en aquel momento afirmaba ser independentista, éste se comunica con su amigo, Robert Baldwin, entonces director de la American Civil Liberties Union (ACLU) en la ciudad de Nueva York.  Le indica que un testigo presencial de los hechos le había señalado que “hubo irresponsabilidad y brutalidad policiaca”. Le exhorta a que, “por el bien de los Estados Unidos al igual que de Puerto Rico”, hiciera algo respecto a la situación.

En Puerto Rico se ya se había organizado un grupo de ciudadanos con el nombre de “Comité de Ciudadanos de Ponce para la Defensa de los Derechos Civiles”. Éste, según indica Rosario Natal, le comunica a Baldwin a través de su portavoz Ernesto Ramos Antonini, “el resultado de sus deliberaciones.” Es a partir de éstas gestiones que, en consideración a las recomendaciones de Muñoz Marín, según indica, que surge la “Comisión Hays”.

En las vistas públicas efectuadas por la Comisión en San Juan, el primer deponente fue, en efecto, Luis Muñoz Marín. La conclusiones de la Comisión Hays se dieron a conocer el 22 de mayo de 1937. Describen los sucesos ocurridos en Ponce como una “masacre”.

Por órdenes de la administración colonial, sin embargo, varios nacionalistas fueron los acusados por los actos ocurridos en Ponce. Todos ellos, no obstante, fueron exonerados de sus cargos el 17 de febrero de 1938.

Carmelo Delgado Cintrón, por otra parte, en su escrito titulado El contundente informe de la ACLU sobre la Masacre de Ponce, publicado en El Nuevo Día el 20 de marzo de 2023, indica con relación al origen de la “Comisión Hays”, que ésta fue creada “por la American Civil Liberties Union, ACLU, a petición del jurista Miguel Guerra Mondragón.”

Más allá de las discrepancias sobre de quién provino la iniciativa de convocar la “Comisión Hays”, lo cierto es que no hay discrepancias de que en su conclusión, dicha Comisión concurre en que la responsabilidad por los sucesos recayó en la Policía de Puerto Rico y no en los nacionalistas.

Hoy, al conmemorar el 88 Aniversario de la Masacre de Ponce, Recordamos a los luchadores nacionalistas asesinados y heridos en aquel Domingo de Ramos un 21 de marzo de 1937 a manos de la policía de Puerto Rico bajo las órdenes impartidas por el gobernador estadounidense Blanton Winship, reafirmando nuestro compromiso en continuar la lucha por la independencia de Puerto Rico, sostenida en la justicia social para nuestro pueblo.