Alejandro Torres Rivera

16 de septiembre de 2026

El parlamento de Nicaragua aprobó el 1ro. de septiembre en una primera votación y en forma unánime mediante el mecanismo de levantar la mano, enmiendas a la Constitución de este país centroamericano. El evento tuvo lugar en una sesión celebrada en la ciudad de León, localizada a 90 kilómetros de la capital, Managua. Las enmiendas limitarían a cientos de opositores al gobierno sandinista de participar de las siguientes elecciones en el país programadas originalmente para llevarse a cabo el mes de noviembre de 2026. 

La medida establece que no podrán ser candidatos a ocupar cargos de elección popular, ni ocupar cargos públicos, los “golpistas” y los “traidores a la Patria”. De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución nicaragüense, los traidores a la patria son quienes atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad, la paz, y quienes promuevan la injerencia extranjera en asuntos internos o en el menoscabo de los derechos que da la Constitución. Incluye también a quienes pidan la intervención militar; se organicen con financiamiento proveniente del extranjero; propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros; y  promuevan sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos.

Las enmiendas ampliarían, además, el mandato presidencial y el de otros cargos públicos, de seis a siete años. La ampliación del término también se extendería a los jefes de las fuerzas armadas y la policía nacional.

La prohibición de aspirar a puestos electivos aplica al presente al menos a  452 opositores o críticos  desnacionalizados, es decir, privados de su ciudadanía y de los derechos que la misma conlleva. Entre los sancionados se encuentran los escritores y ex militantes sandinistas Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Ramírez ocupó la Vicepresidencia del país en el primer gobierno sandinista. Belli, por su parte, ocupó un cargo diplomático en dicho gobierno.

Tampoco podrán participar "quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado". Ciertamente, se trata de actos que, de ser probados, serían punibles penalmente, claro está, previa radicación de cargos, celebración de juicio y condena por parte de un tribunal.
La medida tiene lugar luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara en el mes de agosto, a requerimiento del gobierno de Estados Unidos, la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres para actuar con firmeza ante declaraciones previas de Daniel Ortega el 19 de julio en ocasión de la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista, de suspender las elecciones en Nicaragua.  Allí expresó que la decisión correspondía a evitar que la oposición política “vuelva a tomar el gobierno.”
La política injerencista de Estados Unidos contra Nicaragua no  es nueva. Se remonta en el pasado siglo a la ocupación militar del país durante los años 1912 a 1933. Como secuela de esta intervención se fundó en Nicaragua la Guardia Nacional. Es desde ella que el entonces coronel Anastasio Somoza García, planificó y dirigió la operación militar en la cual fue asesinado Augusto César Sandino. 
Desde 1937, cuando se instaura un gobierno afín a los intereses de Estados Unidos, Somoza García convirtió el país en su feudo personal para beneficio suyo, de sus familiares y colaboradores más cercanos.
El 21 de septiembre de 1956 Somoza García fue ajusticiado por el patriota Rigoberto López Pérez, sucediéndole en el poder en primera instancia su hijo mayor, Luis Somoza Debayle y más adelante su hijo menor, Anastasio Somoza Debayle. Luego de varios esfuerzos revolucionarios armados por echar abajo la Dictadura somocista, el 23 de julio de 1961 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Durante varios años se desarrollaron en Nicaragua  a través del FSLN diversas experiencias de lucha armada donde no siempre prevaleció la unidad al interior del Frente Sandinista. Entre 1975 y 1977 se acentuaron diferencias aflorando tres tendencias: una primera fue denominada “tendencia proletaria”; una segunda fue llamada “tendencia guerra popular prolongada”; y una tercera, denominada “tercerista”, propulsaba una síntesis entre las dos antes mencionadas, planteando con carácter más inmediato la vía insurreccional. La reunificación del sandinismo bajo un mando común a partir de 1978 impulsando la vía insurreccional, desembocó el 19 de julio de 1979 en el triunfo de la Revolución Sandinista. 
A raíz del triunfo de la Revolución se estableció entre 1979 y 1985 una Junta de Gobierno que luego, tras  la celebración de elecciones, se estableció de 1985 a 1990 un gobierno propiamente dirigido por el Frente Sandinista.
Desde los primeros años de su gobierno, el sandinismo, a pesar de sus avances en áreas como la educación, la salud, la tenencia de la tierra y vivienda, comenzó a tener dificultades con la abierta política contrarrevolucionaria impulsada por Estados Unidos, la vieja oligarquía y la oficialidad de la Iglesia Católica. A estas se sumaron sectores de la burguesía y pequeña burguesía que durante la Dictadura habían adoptado acuerdos con el Frente Sandinista en la lucha contra Somoza. 
Por su parte, Estados Unidos, desde países vecinos, principalmente Honduras, creó una fuerza militar conocida como los “Contras”, en gran medida integrada por ex militares de la Guardia Nacional. Esta fuerza armada e integrada por miles de contrarrevolucionarios, fue entrenada, armada y movilizada contra el gobierno sandinista. Como parte del operativo para el aislamiento y derrocamiento del gobierno sandinista, Estados Unidos sembró de minas varios puertos en la costa atlántica del país con el propósito expreso de afectar el acceso de buques mercantes con mercancías destinadas a Nicaragua.
A pesar de las circunstancias de una guerra impuesta a Nicaragua por parte de Estados Unidos, el sandinismo dotó al país de nuevas experiencias en el ejercicio de la democracia, un nuevo marco constitucional del cual partir para el desarrollo de un nuevo modelo económico, y sobre todo, del respeto a un nuevo orden institucional. Así lo demostró cuando, luego de perder las elecciones de 1990, enfrentó su resultado entregando el gobierno a quienes le derrotaron en el proceso electoral. 
Lamentablemente, sectores dentro del sandinismo aprovecharon la coyuntura para lucrarse con los fondos públicos y la distribución entre sí de propiedades y bienes que habían sido expropiados a sectores comprometidos con la Dictadura somocista.
En las elecciones de 2006, luego de años de control del Estado por parte de la derecha nicaragüense, obteniendo el 38% de los votos, el Frente Sandinista logra ganar nuevamente la presidencia del país. Sin embargo en aquel momento, no era ya el mismo Frente Sandinista que había derrocado la Dictadura somocista. Entonces el FSLN había venido derivando hacia una estructura más apegada a viejos estilos en la política que el movimiento aquel que había derrocado la Dictadura y se encaminaba a una profunda transformación social. 
Cientos de viejos militantes habían roto filas con el Frente. Algunos de ellos terminaron cooptados por sectores de la burguesía y la vieja oligarquía, mientras otros quedaron como sectores marginales en el proceso político nicaragüense. No faltaron también algunos que estuvieron dispuestos a llegar a acuerdos con fuerzas políticas contrarrevolucionarias con las cuales, en el pasado, habían sido enemigos o desafectos. 
Como puertorriqueños, sin embargo, a pesar de los cambios habidos dentro del gobierno sandinista, tenemos que reconocer la solidaridad consecuente del FSLN y su dirección con el reclamo de la independencia y la descolonización de Puerto Rico, por lo que estaremos siempre agradecidos. Quizá por esto nos duele tanto la situación por la cual atraviesa hoy Nicaragua. Sin embargo, aun reconociendo el derecho soberano del pueblo nicaragüense a tomar sus propias decisiones, desde la solidaridad con dicho pueblo, se impone la necesidad de señalar lo que entendamos, desde una posición crítica, son errores en la conducción del país.

Ante la coyuntura actual en la cual desde diversos sectores se critican los cambios constitucionales a ser implantados en Nicaragua, rechazamos las declaraciones del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haciendo un llamado a los países latinoamericanos a romper relaciones económicas con Nicaragua. El Secretario de Estado de Estados Unidos señala que las dictaduras que niegan derechos inalienables a sus ciudadanos no deberían disfrutar de los mismos beneficios económicos ni políticos que el resto de los países.

Esto lo indica con la mayor desfachatez el mismo representante de un presidente que el 6 de enero de 2021 fraguó y promovió un Golpe de Estado en Washington; el mismo que hoy pretende, bajo su Doctrina de Seguridad Nacional, revivir la Doctrina Monroe; que secuestra tras una operación militar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela; que amenaza con retomar el control del Canal de Panamá; que se ufana en señalar su intención de anexar a Groenlandia y Canadá;  que incrementa las medidas de bloqueo económico contra Cuba y amenaza con invadir a dicho país.

Hace apenas dos años otra reforma constitucional en Nicaragua había ampliado de cinco a seis años el término de la presidencia del país. La reforma elevó a la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, a la categoría de copresidencia del país.

Nicaragua debía llevar a cabo elecciones en noviembre de 2026. Sin embargo, la posposición de las elecciones de ser finalmente aprobadas las enmiendas en una segunda votación del parlamento, quedarían pautadas para noviembre de 2027.

La normativa legal nicaragüense establece que las modificaciones constitucionales deberán ser aprobadas por dos legislaturas distintas, por lo que se ha pautado el 18 de enero de 2027 como fecha en que se sometería el cambio a una segunda votación. Ya para entonces, sin embargo, habría expirado la fecha de elecciones en el 2026, por lo que en la práctica, la posposición de las elecciones de noviembre de 2026 se habría materializado antes de la consulta de 18 de enero de 2027.

Ante los anteriores eventos, no podemos permanecer silentes al observar el manejo de las contradicciones en Nicaragua y las posiciones asumidas por su Gobierno, frente a aquellos y aquellas que se expresan contrarios a lo que consideran son políticas represivas dirigidas a suprimir su libertad de expresión. Se impone la necesidad de no perder de perspectiva que existe una clara diferencia entre lo que constituye la protesta social y lo que es la subversión, venga de donde venga.

Todo Estado tiene derecho a protegerse de acciones dirigidas a su derrocamiento y Nicaragua no es la excepción. Sin embargo, el derecho del Estado a defenderse contra las acciones subversivas de parte de sus opositores, debe estar sostenido en el reconocimiento de la legalidad vigente, la cual a su vez, debe sostenerse en el respeto a los derechos constitucionales y humanos de sus ciudadanos. Eso es lo que se esperaría del gobierno sandinista en la presente coyuntura.

Rechazamos, repetimos, venga de donde venga, cualquier medida o propuesta que pretenda violentar la soberanía de este hermano país, y más aún, rechazamos la injerencia en sus asuntos internos por parte de terceros países u organismos internacionales timoneados por el imperialismo estadounidense como es la OEA. 

El gobierno de Nicaragua por su parte debe comprender que enemigo de los pueblos nunca será el pueblo mismo. El enemigo está en aquellos que pretenden someter a los pueblos con políticas violatorias de su soberanía nacional, con la injerencia, la intervención, la subversión y la desestabilización política. 

Quienes afirman el principio de la no injerencia en asuntos internos; quienes reclaman el derecho a la libre determinación de los pueblos; quienes afirman el derecho a establecer en su país un modelo de desarrollo donde se garantice efectivamente la soberanía de la nación y donde se aspire a preservar y profundizar las conquistas sociales, no deben darle justificaciones al imperialismo para atacar y debilitar un proceso que es o pudo haber sido transformador y revolucionario.