La participación en las vistas públicas legislativas sobre el proyecto de ley de permisos fue numerosa y diversa. La mayoría de las ponencias presentadas criticaron y cuestionaron los fundamentos mismos del proyecto de ley y los remedios propuestos. Prestigiosas organizaciones e instituciones como la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Colegio de Arquitectos y la Escuela de Asuntos Ambientales de la Universidad Metropolitana, entre otras, dieron testimonio sólido, con datos irrefutables, de las inconsistencias, errores y riesgos de la pieza legislativa.

Los legisladores oyeron las ponencias pero no las escucharon. Por ejemplo, fue casi unánime e insistente el planteamiento de los deponentes solicitando la preparación del Plan de Uso de Terrenos como primer paso, lógico y necesario para reformar el sistema de permisos. Igualmente, se advirtió sobre el riesgo grave que representa la interpretación perversa que hace el proyecto de ley relacionado al mandato constitucional a la “más eficaz conservación y protección de los recursos naturales”. De nada valió ésas y otras sugerencias. La ley aprobada y firmada por el Gobernador no contiene ni una sola de las principales recomendaciones expresadas en las vistas de ambas comisiones legislativas.

Uno de los aspectos más nocivos de la Ley de Permisos es su carácter antidemocrático. En varios de sus artículos se evidencia claramente el interés por limitar y eliminar la participación ciudadana en los procesos de evaluación y otorgamiento de permisos. Los ciudadanos quedamos ahora a merced de un complicado laberinto de procesos restringidos, donde incluso se limita el acceso a la Rama Judicial. Peor aún, la ley tiene la intención de castigar y penalizar la participación ciudadana mediante la imposición de fianzas y en suma, el interés público ha quedado huérfano de protección.

Entonces, ¿ahora qué? De entrada, podríamos afirmar que la propia realidad se encargará de desmentir a los autores y promotores de la ley. Sólo baste mencionar las recientes inundaciones en la cuenca del río Piedras. Sin embargo, los ciudadanos responsables y comprometidos con el País no podemos esperar a que los eventos naturales y las tragedias que estos provoquen desenmascaren las decisiones irresponsables y erráticas de los que dirigen la administración del Gobierno.

Cruzarnos de brazos tampoco es una opción, máxime cuando la amenaza a nuestros recursos naturales y a la planificación de nuestro desarrollo es variada y constante. A la Ley de Permisos, hay que sumar el intento por destruir el Corredor Ecológico del Noreste mediante la urbanización del mismo y la pretensión de desproteger la valiosa e imprescindible zona cársica, para dar rienda suelta a la extracción de agregados y a la siembra de cemento y asfalto. Los bienes de dominio público, como la zona marítimo terrestre, son objeto de interpretaciones absurdas –que se pensaban superadas– para privatizarlas en una usurpación clara del capital natural que nos pertenece a todos los puertorriqueños pero que, además, constituyen una protección natural para el presente y futuro de nuestra sociedad.

Habría que preguntarse ¿a qué década o siglo pasado, la presente administración de gobierno nos quiere lanzar? ¿Cuánto más vamos a tolerar?

Cuando los espacios de participación se cierran, cuando los gobernantes no escuchan ni dialogan, cuando el interés legítimo, comprometido y patriótico de decenas de miles de ciudadanos sólo encuentra la indiferencia de los que regentan el Gobierno, tenemos la obligación de manifestarnos con contundencia y demostrar que la democracia es el gobierno del pueblo, todos los días, más allá del evento electoral de cada cuatro años. La huelga del pueblo es la opción que procede porque la inacción es irresponsabilidad y desidia.