El pasado 22 de julio de 2010 el Embajador de Colombia en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, en una proyección internacional responsabilizó a la República Bolivariana de Venezuela de mantener dentro de territorio venezolano más de 1,500 efectivos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con el embajador colombiano, las fotos mostradas, junto con mapas y videos, reflejaban la presencia de estos guerrilleros en al menos entre 20 a 30 campamentos de cerca de 87 que alega existen en los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Al presentar su llamada “denuncia” internacional, solicitó de la OEA la designación de una comisión internacional que se responsabilice, dentro de un plazo de 30 días, por la verificación dentro del territorio venezolano de tales campamentos.

La respuesta dada por el gobierno venezolano ante esta nueva acusación, la cual dicho sea de paso, proviene del gobierno saliente del presidente Álvaro Uribe en momentos en que su sucesor plantea un acercamiento para relajar las tensiones entre ambos países, llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La respuesta inmediata del gobierno de Estados Unidos, quien ha sido el eje de apoyo del gobierno de Uribe en la pasada década a través del Plan Colombia, quien a su vez es el beneficiario de las concesiones hechas por Uribe para el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, ha sido demandar del gobierno venezolano que abra su país a la inspección solicitada por Colombia. Eco de la demanda estadounidense-colombiana ha sido también la reacción de los medios de prensa hostiles al gobierno democrático y constitucional encabezado por el Presidente Hugo Chávez Frías. Tal es, por ejemplo, el Editorial publicado por el periódico El Nuevo Día del pasado 24 de julio de 2010 donde a la vez que se une a las voces estadounidense-colombianas, acusa al Presidente Chávez de “beligerante” y de buscar un momento “oportuno para precipitar un enfrentamiento serio con Colombia”.

Existe una diversidad de reacciones ante la ruptura de relaciones entre ambos países. Por ejemplo, Ernesto Samper, quien fuera presidente colombiano entre 1994 y 1998 y quien a diferencia de Álvaro Uribe, sostiene  una postura más conciliatoria hacia el gobierno venezolano, consideró “lamentable”la decisión tomada por Venezuela señalando que hace muchos años los canales diplomáticos de comunicación entre los dos países están rotos y que hubiera sido oportuno esperar al cambio de gobierno de modo que pudiera allanarse el camino a un nuevo tipo de entendimiento entre ambos países una vez se instale el gobierno del presidente electo. Sin embargo, a juicio del Canciller venezolano Nicolás Maduro, en declaraciones hechas el pasado jueves, existe un “plan para atacar a Venezuela antes del próximo 7 de agosto”, día en que se llevará a cabo la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Si esto es así, ciertamente la decisión del gobierno venezolano al declarar rotas las relaciones diplomáticas con Colombia ha sido un paso correcto en la medida que su acción ha tenido el potencial de colocar la mirada del mundo sobre la situación entre los dos países latinoamericanos en momentos en que la campaña mediática de Estados Unidos se centra sobre Afganistán y Corea del Norte, mientras sigilosamente coloca sobre las costas del Mar Caribe, específicamente en aguas territoriales costarricenses más de cuarenta buques de guerra y una fuerza adicional de la Infantería de Marina mayor a los 7 mil efectivos. La presencia en Costa Rica de esta fuerza  militar no se da gratis. Se trata del posicionamiento naval de una gran flota y contingente de combate que le proporcionaría a Estados Unidos, ante un eventual conflicto armado entre Venezuela y Colombia, acceso inmediato a la zona del conflicto, a la par que la interceptación inmediata de cualquier tipo de ayuda proveniente de la vecina Nicaragua y un acceso también inmediato a la Zona del Canal de Panamá.

Por eso ha sido también correcta la posición sostenida por Venezuela a raíz de la ruptura de relaciones con Colombia, enviando a su Canciller Nicolás Maduro a reunirse e informar a los gobiernos suramericanos la posición oficial de su país ante la situación surgida, y las gestiones hechas a partir de la reunión de cancilleres suramericanos convocada esta semana en Quito, Ecuador por parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). También ha sido correcta la posición del gobierno venezolano de  excluir el poder injerencista de la OEA en esta crisis allanando el camino a la participación de las propias naciones suramericanas, a través de la UNASUR, en la búsqueda de soluciones permanentes al conflicto. La propuestas venezolana presentada en la reunión de cancilleres de la UNASUR la pasada semana a los efectos de que se trabajara un documento de consenso que permita ejecutar un plan que ponga fin a la raíz del conflicto, que no es otro que las condiciones que han permitido por más de  60 años la existencia de una guerra civil en Colombia y que como tal, desestabiliza toda la región, es la ruta correcta en el manejo de la situación. Sin embargo, esta no es la carta a la cual apuesta Estados Unidos. Estados Unidos se aprovecha de las crisis entre los países suramericanos para avanzar así sus propios intereses estratégicos en la región. A nadie como a Estados Unidos le conviene las divisiones entre los pueblos suramericanos, más aún si en esas divisiones, el respeto y la defensa de sus soberanías nacionales se pierden o se debilitan como es en el caso colombiano, con la presencia de instalaciones militares extranjeras en su territorio.

Si bien en lo inmediato no hubo un resultado positivo en la pasada reunión de cancilleres de la UNASUR en términos de acordar un documento de consenso, ciertamente ha sido positiva la iniciativa propuesta de una reunión bilateral, bajo los auspicios de la UNASUR entre los dos presidentes  de Venezuela y Colombia, donde directamente estos busquen soluciones a sus problemas, particularmente entre países que comparten una frontera de  2,219 kilómetros de extensión.

Desde los pueblos hermanos latinoamericanos se han levantado también voces solidarias dispuestas a intervenir en favor de una solución a los problemas. Tal ha sido el caso del gobierno del Presidente Lula en Brasil o del Presidente José Mújica de la República Oriental del Uruguay. Después de todo, el 7 de agosto, fecha en que se dará la jura de Juan Manuel Santos, si es que no se desata el conflicto anticipado por Venezuela, los presidentes suramericanos se darán cita en Bogotá para el traspaso de mando en la presidencia colombiana. Será a partir de esa fecha que podrá determinarse si en efecto, Santos hace buena su palabra de que hará todo lo posible por restablecer las relaciones diplomáticas de su país con Venezuela.

Mientras se espera ese momento, los efectos económicos de la ruptura de relaciones se están sintiendo en los pueblos fronterizos de Colombia con Venezuela. Allí sectores económicos y comerciales han comenzado a sentir los efectos del cierre del comercio de empresarios y productores colombianos con Venezuela donde gran parte de sus negocios dependen de la exportación de sus productos hacia Venezuela a la vez que dependen en gran medida de la importación de combustibles desde su vecina Venezuela.

Una guerra entre los dos países ciertamente tendría consecuencias negativas. Durante años, Colombia ha ido fortificando su estructura militar mediante el Plan Colombia en un contexto en el cual el armamento y asesores militares dado por Estados Unidos a este país ha desbordado por completo el balance de capacidades militares que anteriormente, cuando Estados Unidos tenía ambos países dentro de u órbita de influencia, mantenía. Hoy, podríamos decir, Colombia mantiene una capacidad técnica militar superior a Venezuela. Sin embargo, aún con esa capacidad, Colombia ha sido incapaz de derrotar la guerrilla encabezada por las FARC y el ELN. Por su parte Venezuela, a pesar el embargo de armamento impuesto por Estados Unidos sobre este país, ha salido al mercado internacional y ha procurado sustituir en alguna medida las consecuencias que el embargo estadounidense le ha impuesto. Sin embargo, más allá de las tecnologías o armamentos, Venezuela ha montado su estrategia militar en la defensa de su territorio, en la defensa de su soberanía multiplicando sus limitaciones con la organización popular, con el perfeccionamiento de las tácticas militares de sus Fuerzas Armadas y con la construcción de unas milicias populares dispuestas a defender, palmo a palmo, cada pulgada de su territorio.

Las próximas semanas serán cruciales para ambos países y para la región. La guerra entre hermanos latinoamericanos no debe ser la solución que nos impongan las políticas imperiales. La unidad y la solidaridad entre los pueblos se imponen como necesidad histórica.