Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos: encuentros y desencuentros

11 de febrero de 2026    

Hace aproximadamente 11 años se publicó el libro titulado Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana, de los escritores estadounidenses William LeoGrande y Peter Kornbluh. El libro documenta y aborda múltiples comunicaciones, gran parte de ellas encubiertas, así como diálogos sostenidos a puertas cerradas, entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El Libro coincide en tiempo con otro libro, esta vez publicado por los escritores cubanos Elier Ramírez Cañedo y Esteban Morales Domínguez, bajo el título La política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos textos presentan, desde aproximaciones diferentes, las perspectivas de sus autores sobre las relaciones entre ambos países por más de medio siglo.

Indican los autores estadounidenses que al comienzo de su investigación, que les ha tomado más de 20 años, no sabían que “cada presidente norteamericano, desde 1959 hasta hoy, había tenido contactos con Cuba”. En estas comunicaciones incluía al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien según éstos, a través del entonces Canciller español, Miguel Ángel Moratinos, propuso  establecer una “comunicación secreta entre La Habana y Washington”, la que eventualmente llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Entre los documentos que figuran en su libro se encuentran dos cartas, una de ellas fechada el 7 de febrero de 1978, la cual fue suscrita por el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dirigida al presidente cubano Fidel Castro Ruz. En la misiva, ya entonces, Carter le expresa que ha solicitado del Sr. Paul Austin, un empresario norteamericano, que hable con el presidente cubano en torno a ciertos asuntos de gran importancia para las relaciones entre ambos países. En la carta, el presidente estadounidense manifestaba su interés en procurar una total normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y su deseo de ver pasos dirigidos en tal dirección. 
En respuesta a la carta del presidente estadounidense, el día 26 de febrero de 1978, Fidel Castro, en su condición de Presidente del Consejo de Estado y Ministros de Cuba, le comunica su agradecimiento por tal gesto. A tales efectos le indicó: “…valoro altamente la forma en que usted decide a diferencia de anteriores líderes de su país hacer este tipo de comunicación constructiva con nosotros.” En la carta, Fidel  también le indicaba al presidente Carter, que en efecto, ha tenido la oportunidad de discutir con el Sr. Austin “con profundidad, seriedad y honestidad sobre los temas abordados por él.”

La presentación de los libros tuvo lugar en aquel momento en forma anticipada a las elecciones de medio término en Estados Unidos. En ellas como sabemos, el Senado pasó al control del Partido Republicano. En la Cámara de Representantes, que ya estaba controlada por el Partido Republicano, se produjo un incremento significativo del número de congresistas electos por dicho partido, quedando por delante un período de dos años antes de las próximas elecciones generales en Estados Unidos. Obama, que ya no sería candidato a un puesto electivo, tenía en esos momentos en sus manos la posibilidad de hacer avances significativos, si es que le venía en gana, en lo relacionado con el mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Cuando decimos “si le venía en gana”, no es por menoscabar su rol como presidente de un país, sino a manera de señalar el hecho de que, ciertamente, Obama habría podido hacer mucho más en su rol como presidente sobre asuntos que atañen las relaciones entre ambos países, incluyendo la liberación de los  entonces prisioneros políticos cubanos en cárceles estadounidenses, evento que ocurriría más adelante.

Las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba, incluyendo el Bloqueo criminal, se inician y desarrollan a partir de decisiones que en su momento fueron tomadas por la Rama Ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, es decir, por la presidencia. Cierto es el hecho de que con el paso de los años, leyes congresionales también incursionaron en la fijación de nuevas sanciones a Cuba, usurpando así el Congreso el poder para eliminar las sanciones en su origen impuestas por la Rama Ejecutiva. Tales son los casos de la Ley para la Democracia en Cuba (Ley Torricelli), aprobada en octubre de 1992; y más adelante, en marzo de 1996, la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática (Ley Helms-Burton). Mediante la primera se definieron prohibiciones a las empresas de Estados Unidos para poder hacer negocios en Cuba y se establecieron sanciones y prohibiciones a barcos que realizaran negocios con Cuba la posibilidad de poder entrar a puertos estadounidenses por un término de 180 días luego de viajar a Cuba. Mediante la segunda, la Ley Helms-Burton, se elevó a nivel congresional las directivas, hasta entonces emitidas por el Presidente de Estados Unidos, estableciendo 19 criterios legislativos que deberían cumplirse como condición para levantar el bloqueo a Cuba.

Para entonces, la publicación Cubadebate indicaba, en el marco de una entrevista efectuada al estadounidense LeoGrande, que de acuerdo con el autor, si bien la Ley Helms-Burton “codificó el embargo…también incluye la potestad presidencial para autorizar transacciones comerciales con Cuba a través de licencias”. Por lo anterior, concluía LeoGrande, “el Presidente sí tiene autoridad para otorgar licencias en el  nombre de razones humanitarias, en nombre de la seguridad  nacional, para ´promover la democracia en Cuba´, etc.” Indicaba el autor que “el Presidente puede autorizar con licencia casi para cualquier cosa, pero no puede quitar el bloqueo en su totalidad”.

A juicio de los autores estadounidenses, aquel era el momento de plantearse mayores cambios en las relaciones entre ambos países. La política de hacer cambios poco a poco, o hacer cambios pequeños, indicaban, no funciona. En apoyo a la tesis de que ha llegado el momento de cambios cualitativos, mencionaban el amplio consenso alcanzado en esa dirección dentro del propio Estados Unidos. Para ello, hacían referencia a Editorial reciente del periódico The New York Times, (de hecho, para esa fecha ya sumaban siete los editoriales sobre este tema), abogando por el final de la política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. 

En el caso del Partido Demócrata al cual pertenecía Obama, la eventual candidata a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2016, Hillary Clinton, también era favorecedora de un cambio de timón en las relaciones hacia Cuba, lo que supondría  de ser electa a la presidencia de Estados Unidos una posible reanudación de las relaciones entre ambos países y el fin del bloqueo.
A finales del mes de octubre, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue aprobada una nueva Resolución condenando el Bloqueo a Cuba. Aquella Resolución fue adoptada  con el apoyo de 188 países de los 193 países admitidos a la ONU. Sólo hubo dos países en contra de la Resolución presentada, Estados Unidos e Israel. Tres países se abstuvieron de votar, a saber, aquellos países que mantienen acuerdos de libre asociación con Estados Unidos en el Océano Pacífico, como son las Islas Marshall, Palau y la Federación de Micronesia.

En su turno de argumentación ante la Asamblea General, el Canciller cubano Bruno Rodríguez, sin dejar de denunciar con vehemencia los efectos del bloqueo impuesto a su país, se refirió a Estados Unidos proponiendo los siguientes términos: “Invitamos al Gobierno de Estados Unidos a mantener una relación amistosa, con bases recíprocas, igualdad soberana, respeto a la Carta de las Naciones Unidas y especialmente al diálogo respetuoso y vivir de forma civilizada dentro de nuestras diferencias.”

Para entonces, los daños infligidos al pueblo cubano resultantes del Bloqueo impuesto hacía ya más de medio siglo ascendían a 116,800 millones de dólares; mientras que las multas impuestas por parte de Estados Unidos a entidades que mantenían relaciones con Cuba ascendían 11,500 millones de dólares. A la fecha de la Resolución, desde el año 2010, se habían registrado  contra Cuba 120 acciones de carácter extra territorial que incluían 81 acciones de carácter financiero.

Al consenso internacional contra el Bloqueo estadounidense contra la República de Cuba incluía entonces se sumaban las  expresiones de bloques internacionales como el Movimiento de Países No Alineados, el Mercosur, la CELAC y la Unión Europea. Igualmente, existía un consenso regional a nivel de América Latina que activamente demandaba el cese del Bloqueo a Cuba. 

Si bien Estados Unidos mantenía su criminal Bloqueo contra Cuba, su prolongación se había convertido entonces  en su contrario. A pesar el daño económico que el mismo representaba, desde el punto de vista político, había fracasado. Con su proceder, Estados Unidos no había podido aislar a Cuba de la comunidad internacional. Cada día era el propio Estados Unidos quien se aislaba más, incluso ante sus propios aliados políticos y económicos, que rechazaban su política de aislamiento contra la Revolución Cubana. 

Indicaba LeoGrande que “el obstáculo tradicional de EE UU --poder político de la comunidad cubana de los cubanos americanos—ha cambiado.” Señalaba que la mayoría de ellos favorecía el levantamiento del Bloqueo. Si esto es así, ¿qué podría justificar mantener  esta criminal política por un segundo más?

El 17 de diciembre de 2014 en forma sorpresiva, los presidentes de Estados Unidos y de la República de Cuba anunciaron al mundo un histórico acuerdo alcanzado tras 53 años de ruptura de relaciones diplomáticas. De acuerdo con expresiones formuladas por el Presidente Barack Obama, “Estados Unidos está tomando medidas históricas para trazar un nuevo rumbo en nuestras relaciones con Cuba”; mientras desde Cuba, el Presidente del Consejo de Estado y Ministros, Raúl Castro Ruz, informaba a su pueblo como parte de los acuerdos alcanzados, el regreso a la patria de los tres restantes prisioneros anti terroristas cubanos encarcelados en prisiones federales por parte de Estados Unidos. El intercambio de prisioneros incluyó, además, la excarcelación del agente de inteligencia estadounidense Alan Gross, así como a otros cubanos arrestados y encarcelados por su actividad contrarrevolucionaria en Cuba. 

Las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas en enero de 1961, constituyó un elemento central en los acuerdos alcanzados entre las partes. Entre los elementos anunciados en esa ocasión se encontraba el reinicio de diálogos bilaterales dirigidos a la normalización de relaciones entre ambos pueblos; la autorización a personas que residen en Estados Unidos a los fines de permitirles que importen a Cuba bienes adicionales a los permitidos hasta ese momento; facilitar las transacciones financieras mediante tarjetas de crédito y débito de viajeros a Cuba; el incremento en el acceso a internet por parte de los ciudadanos cubanos; las negociaciones sobre asuntos relacionados con las fronteras y espacios marítimos, que incluye también el espacio marítimo compartido fronterizo de Estados Unidos y Cuba con México; la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, pendiente a realizarse en aquel momento en Panamá; y la revisión por parte de Estados Unidos de la colocación de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Finalmente, fue anunciado el intercambio de embajadas a partir del 20 de julio de 2015, hecho que se materializó en Cuba el 14 de agosto del mismo año. Desde entonces, se fueron desarrollando distintas instancias de acercamiento y aproximación hacia lo que sería un largo proceso que condujera a la normalización de unas relaciones entre ambos pueblos, que a juicio de la parte cubana, nunca habían sido como tal normales.

A raíz de la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump en su primer mandato, el progreso en las relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el de la República de Cuba fue involucionando. 

Indicaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado que el 27 de septiembre de 2017, que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, había dado a conocer la decisión de su país de reducir “significativamente el personal diplomático de su Embajada en La Habana y retirar a todos los familiares”. El argumento de  fue que los funcionarios estadounidenses en Cuba habían sido objeto de “ataques” que habían tenido como consecuencia daños a la salud. Alegó que en los síntomas reportados se encontraban la pérdida de audición, náuseas, problemas de memoria y leves lesiones cerebrales.

El 16 de junio de 2017, fue emitido un “Memorando de Seguridad Nacional” donde Casa Blanca delineó la nueva política de la Administración Trump hacia Cuba. La misma se recogía cuatro puntos principales: (a) Mejorar el cumplimiento de la legislación estadounidense, particularmente lo relacionado con las disposiciones en torno al Bloqueo contra Cuba; (b) Hacer responsable al gobierno de Cuba, contrario a lo que se alega fue la postura de Barack Obama, de  los alegados abusos y opresión en materia de derechos humanos; (c) El fomento de la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos y los del pueblo de Cuba; (d) El establecimiento de mecanismos para dotar al pueblo cubano de mayor libertad económica y política. 
Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inició un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración Obama. Durante los cuatro años de su mandato, entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una  prohibición a ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluir a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.” Esta medida permite la aplicación adicional de sanciones económicas y políticas a Cuba.

A pesar de la postura de Trump hacia Cuba, el 17 de enero de 2017 se firmó entre ambos países un “Memorando de Entendimiento” para incrementar la cooperación en áreas asociadas con la seguridad nacional de los dos países. Esto incluía la prevención del terrorismo; el tráfico ilícito de estupefacientes; delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones; ciberseguridad; trata de personas; tráfico ilícito de migrantes; tráfico ilícito de flora y fauna; lavado de dinero; falsificación de documentos de identidad y de viaje; el contrabando de armas, municiones, explosivos, dinero en efectivo e instrumentos monetarios; y otros.

Con la llegada de Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos, se comentaba que se iniciaría un nuevo giro de timón por parte de su administración en torno al tema cubano. Los medios de comunicación recogían declaraciones escuetas y sin mayores detalles de parte de su Secretaria de Prensa, Jen Psaki, a los efectos de que la administración entrante formularía la necesidad de “una nueva política hacia Cuba.” Tal política, señalaban, estaría orientada por dos principios: primero, “el apoyo a la democracia y los derechos humanos”, que ha sido el discurso oficial de los Estados Unidos, sobre todo a partir de la Administración de Jimmy Carter; y segundo, el argumento de que los cubanos residentes en los Estados Unidos, “son los mejores embajadores de la libertad en Cuba.” 

Algunos medios noticiosos se aventuraron a señalar posibles cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, entre ellos: (a) permitir el envío de remesas; (b) eliminar la prohibición de vuelos directos y la llegada de cruceros hacia Cuba; (c) la reapertura de consulados; (d) reestablecer la política de intercambio “people to people”; y  (e) restablecer los llamados “Viajes de enriquecimiento cultural”, que facilitaban los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

Analistas sobre las relaciones cubano-estadounidenses como Jesús Arboleya Cervera y Rafael González Morales expresaron en la edición de 31 de enero de 2021 de la página electrónica Progreso Semanal,  en el caso de Arboleya Cervera, indicando que sería difícil para Biden “revisar las más de 200 sanciones impuestas por el gobierno de Trump”; aunque también consideraba que no sería necesario hacerlo una a una, sino “establecer un marco general que las elimine de facto”, ello a partir de las directrices generales elaboradas bajo la Administración Obama y los “22 acuerdos de mutuo interés aún vigentes.” 

El pasado 29 de enero de 2026 Donald Trump, ya en su segundo mandato como presidente, aprobó una Orden Ejecutiva titulada “Abordaje de las Amenazas del Gobierno de Cuba a los Estados Unidos”. En ella indica que, como presidente, tiene “el deber  imperativo de proteger la seguridad nacional y la política exterior” de su país. 

Sin entrar a especificar mayores detalles, señala que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria, que proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de este país.” Señala que Cuba se ha alineado o brinda apoyo a “numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos”, incluyendo el Gobierno de la Federación de Rusia, la República Popular China, el Gobierno de la República Islámica de Irán, y las organizaciones islámicas Hamás y Hezbolá. A manera de ejemplos de las acciones de tales países y organizaciones con relación a Cuba, menciona el establecimiento de “sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos”; y albergar la “mayor instalación de inteligencia y señales de Rusia en el extranjero, que intenta robar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos.”

El gobierno cubano ha negado la existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio, como también que haya llevado a cabo un acto hostil contra Estados Unidos, señalando que no permitirá que su territorio se utilice contra otra nación.

De acuerdo con un parte de prensa de Casa Blanca, la Orden Ejecutiva declara una emergencia nacional, estableciendo un proceso para imponer sanciones económicas a países que directa o indirectamente vendan o suministren a Cuba petróleo y/o productos derivados del petróleo. La Orden deja abierto el camino a mayores modificaciones si los países afectados por la Orden “emprenden pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.”

La Orden Ejecutiva llama a que se le requiera a Cuba “rendir cuentas por su apoyo a actores hostiles, terrorismo e inestabilidad.” Se trata de la elaboración de un falso discurso dirigido a sentar las bases para una futura o próxima agresión a Cuba, posiblemente en una dimensión mayor que la llevada a cabo contra Venezuela en el mes de enero de 2026.

Trump acusa al gobierno cubano de ser un régimen comunista que apoya el terrorismo y promueve la desestabilización de la región; señala que tortura los oponentes políticos; no permite la libertad de palabra, asociación y prensa; es corrupto y viola los derechos humanos de la población. Le acusa, además,  en clara inconsistencia, de promover sus ideas comunistas en el Hemisferio Occidental, amenazando así la política exterior de Estados Unidos. 

Indica el documento que las políticas, prácticas y acciones  del Gobierno de Cuba tienen como fin hacer daño a Estados Unidos, apoyar a países hostiles a Estados Unidos y estimular actores que pretenden ocasionar daños a Estados Unidos. En consideración a lo antes indicado, indica que Cuba constituye una inusual y extraordinaria amenaza para su país, por lo que es necesario declarar una emergencia nacional.

La Orden Ejecutiva, efectiva a las 12:01 a.m. del 30 de enero de 2026, impone sanciones tarifarias a las importaciones provenientes de países que directa o indirectamente vendan petróleo o sus derivados a Cuba; delega en los secretarios de Comercio y Estado la elaboración de aquellas normas, reglas y reglamentos que permitan la implantación de la Orden Ejecutiva, reservándose el presidente la facultad para ampliar su contenido y alcance; así como el monitoreo e implantación de la política establecida mediante dicha Orden Ejecutiva a las instancias antes mencionadas.

Los sucesos acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela el 3 de enero de 2026, precedidos por las incautaciones ilegales de Estados Unidos de buques tanque que transportaban petróleo hacia Venezuela; como también las amenazas con nuevas sanciones a países que provean petróleo a Cuba, unido a lo que han sido los efectos acumulativos del Bloqueo y las necesidades del país luego del impacto del más reciente huracán, se ha dejado sentir en su economía. Cuba necesita diariamente alrededor de 110 mil barriles de petróleo y produce sólo 40 mil barriles diarios. México y Venezuela, que en la región eran los países que suplican petróleo a Cuba, ya no lo están haciendo. 

La Federación de Rusia, que reafirma su derecho a enviar petróleo a Cuba, en efecto, lo hace pero la distancia dificulta la entrega regular en la cantidad necesaria. La República Popular China por su parte informa que donó a Cuba $80 millones y 60 mil toneladas de arroz. Si bien México ha frenado el envío de petróleo a Cuba ante las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles, ha enviado buques transportando alimentos y ayuda material al país. 

En el caso de la República Islámica de Irán, que también ha manifestado su solidaridad con Cuba, se encuentra pasando por sus propias dificultades frente a Estados Unidos mientras procura llegar a un acuerdo que permita evitar una escalada del conflicto militar a escala regional con dicho país y sus aliados.

Donald Trump ha indicado que se han iniciado contactos con las autoridades cubanas. El gobierno de Cuba, por su parte, siempre ha indicado la disposición de discutir con Estados Unidos lo relacionado con las relaciones entre ambos países. Tal disposición, sin embargo, ha sido siempre  a partir de la premisa que tales relaciones deben tener como punto de partida el respeto a la soberanía e independencia cubana. 

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández Cossio, indicó recientemente lo siguiente: 

“Todavía no estamos hablando específicamente de negociación… Si podemos dialogar, tal vez eso pueda conducir a una negociación”. 

No debe haber sorpresa en que estos acercamientos iniciales puedan llevar a contactos más concreto, incluso a cierto tipo de acuerdos o negociaciones entre las partes dado la que ha sido la experiencia histórica entre ambos gobiernos a lo que se sumaría la posición en el tablero internacional de países como la República Popular China, la Federación de Rusia e incluso, países de América Latina y de la Unión Europea. Después de todo, lo que pudiera ocurrir con Cuba, si la situación de asfixie de su economía pretende llevarse al mayor extremo, lo mismo podría reproducirse con otros países y gobiernos, lo que en definitiva, alteraría aún más y constituiría un claro retroceso en las relaciones internacionales.

En el interín, Cuba se prepara para enfrentar la profundización de la crisis económica, a la vez que se prepara para enfrentar cualquier tipo de amenaza militar. Su presidente, Miguel Díaz Canel, ha fijado la posición de Cuba: 

“Nuestra premisa seguirá siendo prepararnos para avanzar incluso cuando se agudicen las agresiones y las restricciones. Nunca la rendición será la opción”.