11 de junio de 2026

Bolivia es un país rico en recursos naturales, entre otros, la minería, el petróleo, el gas natural, la madera y la ganadería donde su gobierno ha asumido el control de los hidrocarburos y la electricidad. Bolivia cuenta, además, por su ubicación geográfica, con una topografía especial en el contexto de sus puntos de cercanía fronteriza con el resto de América del Sur. No en balde este país fue seleccionado en la brillante mente y estrategia militar del Ché Guevara, como lugar desde donde podría desarrollarse, de asentarse definitivamente un movimiento guerrillero con apoyo popular, un poderoso movimiento libertador y revolucionario en el contexto de las luchas de liberación nacional para América Latina.

En el plano político Bolivia es, además, un referente de importancia para otros pueblos en la manera en que ha asumido, mediante su actual Constitución, cambios radicales que han permitido, luego de cinco siglos de intervención extranjera, el reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias elevando a rango constitucional los mismos. Así, por ejemplo, por mencionar algunos de los derechos elevados a la categoría de “Derechos Humanos” bajo la Constitución de Bolivia, su pueblo marcha al frente en el reconocimiento del derecho de la ciudadanía al agua; a la alimentación y seguridad alimentaria; a la salud; al hábitat y la vivienda adecuada; a los servicios de agua potable y alcantarillado; a la prohibición de la privatización de tales derechos, considerados derechos humanos esenciales; a la seguridad social; a los derechos de los niños, adolescentes y la juventud; a la protección de las personas adultas y discapacitados;.

La Constitución reivindica también los derechos de la poblaciones originarias a existir libremente, a la protección de sus identidades culturales, a la libre determinación y territorialidad; a la protección de sus lugares sagrados; al respeto a la medicina tradicional, idioma, rituales y símbolos y vestimentas; a un medio ambiente sano; y el respeto a los pueblos que viven en aislamiento y opten por no ser contactados y continuar viviendo en tal condición.

En materia electoral los bolivianos concurren a las urnas para la elección del presidente y del vicepresidente, como también de 130 diputados y 36 senadores. De no resultar electos con el número de votos requeridos para ambas posiciones ejecutivas, conforme lo estipula la Constitución, se efectuaría una segunda vuelta. Las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia del país, a diferencia de otras candidaturas, compiten a nivel nacional para dichos puestos.

Bajo la Constitución vigente, en el Estado Plurinacional de Bolivia existen varios criterios para validar la elección de un candidato a las posiciones de presidente y vicepresidente: (a) que obtenga el 50% más uno de los votos válidos emitidos en las elecciones; o (b) que el candidato a ser electo obtenga el 40% de los votos, separando una diferencia de un 10% frente al candidato que llegue en segunda posición. Si no se dieran ninguna de estas dos circunstancias, entonces se tendría que ir a una segunda vuelta entre los dos candidaturas con mayor número de votos. Esta segunda elección deberá realizarse dentro de los siguientes noventa (90) días a la fecha de la primera elección.

Conforme al artículo 166 de la Constitución, se vota mediante sufragio universal, obligatorio, directo, libre y secreto. De acuerdo con el artículo 171, los electores también tienen a su alcance el mecanismo de consulta revocatoria para los casos de la presidencia y vicepresidencia, la cual debe efectuarse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se formalice y se cumpla con los requisitos de ley, su petición.

Al interior del país, aún está latente el conflicto desarrollado en el año 2008 con algunos departamentos. Entonces, se manifestaron grandes diferencias entre la región andina del país, poblada mayormente por comunidades originarias; y su región oriental, con varios departamentos, conocidos como los “Departamentos de la Media Luna”, (Beni, Pando y Santa Cruz, fronterizas con la amazonia boliviana, limítrofes con Brasil y Paraguay; y Tarija, fronterizo con Argentina), los cuales, tras reclamos “autonómicos”, realmente pretendieron forzar intentos secesionistas que pusieron en el tablero la posibilidad de fracturar el Estado boliviano. Además de las diferencias étnicas existentes entre estas dos regiones, la andina y la de los departamentos orientales; están también las diferencias clasistas, económicas y sociales e ideológicas de amplios sectores de la población.

Al presente Bolivia vive momentos delicados. Desde el mes de mayo vienen desarrollándose protestas sociales en las cuales miles de ciudadanos mantienen bloqueadas las principales carreteras del país exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobierno denuncia intentos de desestabilización, mientras la oposición cuestiona la gestión del gobierno. Mientras estaba vigente desde 2020 una ley que limitaba el uso de las Fuerzas Armadas en situaciones de conflictos internos, el Gobierno impulsó un proyecto de ley que permite ampliar las atribuciones de las fuerzas de seguridad contra manifestantes permitiendo decretar un “estado de excepción”, que no es otra cosa que lanzar a la calle a los militares contra la protesta social. Pare justificar las medidas, el gobierno de Paz ha recurrido a señalar que, detrás de las protestas, se encuentran organizaciones narcoterroristas.

Gobiernos que integran el denominado Escudo de las Américas, entre ellos Chile y Argentina, iniciativa de Estados Unidos, se han expresado en apoyo al presidente Paz y denuncian las movilizaciones como intento de derrocar su gobierno. Así también se ha expresado el secretario de Estado de Estados Unidos mientras otros miembros de dicho gobierno han expresado que no permitirán un golpe de Estado en Bolivia.

Lo cierto es que tras las protestas se encuentra una combinación de factores económicos, políticos y sociales que se levantan frente a un presidente de centro derecha que presenta un programa contrario a aquel que impulsó el Movimiento al Socialismo durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce. El nuevo presidente Rodrigo Paz, entiende que los sistemas de subsidios a la población en los precios de algunos productos, particularmente el combustible, disminuyó las reservas del Estado. Mediante un paquete de medidas neoliberales busca privatizar los hidrocarburos, la minería, las telecomunicaciones y los servicios básicos, así como introducir modificaciones a la Constitución en materia de derechos ciudadanos, particularmente aplicables a las poblaciones originarias.

La eliminación del subsidio a la gasolina, por ejemplo, trajo aumentos en el costo del transporte y numerosos productos básicos como la carne y verduras, lo que ha encarecido el costo de la vida. Se señala también ha impactado los abastecimientos médicos.

Las protestas populares son dirigidas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana, organizaciones vecinales de El Alto y sectores que apoyan al Movimiento al Socialismo (MAS). Lo que fue en su origen una protesta de alcance económico y social, hoy reviste un objetivo político con la demanda de renuncia del presidente Paz.

La Cámara Nacional de Industrias señala que las pérdidas económicas causadas por las manifestaciones ascienden a $2,100 millones mientras el Ministerio de Turismo cifra las suyas en $1,230 millones.

Por su parte el gobierno de Estados Unidos ha expresado que no permitirán un cambio de gobierno en Bolivia, lo que deja entrever su visión injerencista en los asuntos internos de este país latinoamericano. A Estados Unidos le interesa colocar a Bolivia y sus recursos naturales bajo su control absoluto, lo que apunta a un deterioro de la situación política en este país. Un triunfo de Keiko Fujimori en Perú, de Abelardo de la Espriella en Colombia sumaría dos países adicionales a Chile y Argentina en un enorme bloque timoneado directamente por Estados Unidos en América del Sur.