La prensa comercial en Puerto Rico comunicó el pasado miércoles 10 de noviembre que los comunistas cubanos se proponían reunirse el próximo mes de abril de 2011 en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba con el propósito de discutir y acordar los nuevos cambios económicos requeridos para el país.

La noticia, tal como fue redactada, sugiere al lector que los comunistas cubanos se proponen reunirse a puertas cerradas y entre ellos, con exclusión del resto de la población, tomar las decisiones económicas que decidirán los cambios en la vida de los cubanos a partir del referido Congreso. Nada más lejos de la realidad.

Durante esta misma semana en que circula la noticia, en Cuba, en todas sus provincias, se ha comenzado a distribuir cientos de miles de ejemplares del folleto titulado “Lineamientos de la Política Económica y Social”, como también, ha sido colocado por medio electrónicos a la disposición del público a escala global el contenido de la propuesta.

El documento está dividido en una “Introducción”, seguida por doce capítulos bajo los siguientes títulos: I. Modelo de Gestión Económica; II. Políticas Macroeconómicas; III. Política Económica Externa; IV. Política Inversionista; V. Política de Ciencia, Tecnología e Innovación; VI. Política Social; VII. Política Agro industrial; VIII. Política Industrial y Energética; IX. Política para el Turismo; X. Política para el Transporte; XI. Política para las Construcciones, Viviendas y Recursos Hidráulicos; y finalmente, XII. Política para el Comercio.

En la Introducción, se consigna la guía general del documento: el VI Congreso de Partido Comunista de Cuba se realizará dentro del marco de una crisis estructural sistémica internacional, que incluye las crisis financiera, energética, alimentaria y ambiental. Cuba, indica el documento, con una “economía abierta y dependiente de sus relaciones económicas externas”, ha sufrido entre 1998 a 2008 16 huracanes cuyas pérdidas en la economía del país representan $20,564 millones; $1,350 millones adicionales en pérdidas ocasionadas en el mismo periodo como consecuencias de sequías; a las que se suman los cientos de miles de millones de dólares que provoca el Bloqueo impuesto por Estados Unidos. En el orden interno, también destaca el documento, la baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento de la población, contribuyen a la situación económica del país.

El documento, sin embargo, en la parte relacionada con los “Lineamientos de la Política Social y Económica”, señala que la nueva política a implantarse por el VI Congreso se corresponderá “con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución y que en la actualización del modelo económico, primará la planificación y no el mercado.” En la identificación de cuáles son esas “conquistas”, el documento destaca, en la parte relacionada con la “Política Social”, las siguientes: el acceso a la atención médica, la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la seguridad social y la protección mediante la asistencia social a las personas que lo necesiten. De acuerdo con el documento, sin embargo, en la definición de socialismo que propone, indica claramente que “es la igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo”. El trabajo, continua indicando el documento,  “es a la vez un derecho y un deber, motivo de realización personal para cada ciudadano, y deberá ser remunerado conforme a su cantidad y calidad.”

La nueva estructura económica propuesta como modelo de gestión propone reconocer, además de las empresas socialistas como forma principal de la economía nacional, las empresas de capital mixto, las cooperativas, los usufructuarios de tierras, los arrendadores de establecimientos, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que contribuyan a la eficiencia del trabajo social. En la propuesta para el desarrollo empresarial, expresa el documento, que si bien éstas podrán crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores, también deberán pagar tributos territoriales a los Consejos de Administración Municipal. Las empresas cooperativas, que es otro tipo de propiedad que se proponen desarrollar en el nuevo periodo, no podrán ser vendidas, alquiladas o arrendadas a otras cooperativas o forma no estatales de producción, aunque se provee el espacio, tal como ocurre a nivel mundial dentro del marco del cooperativismo, para la integración en organismos de segundo nivel cooperativo.

La propuesta asume la autosuficiencia y el auto abastecimiento en el plano municipal y nacional como importantes objetivos. Postula la inversión en la sustitución de importaciones, tanto en la prestación de servicios como en la producción de productos para  el consumo interno. Uno de los objetivos principales de la producción nacional estará dirigida a la generación de divisas. La propuesta también impulsa avanzar en la unificación monetaria, objetivo que se irá definiendo sobre la marcha. Propone el desarrollo de una estructura tributaria progresiva y amplia para los ciudadanos, limitación de las políticas de subsidios por parte del Estado y el desarrollo de la esfera social, enmarcado en las posibilidades reales del país.

En política externa, el documento enfatiza en la necesidad de aumentar la credibilidad crediticia de Cuba en sus relaciones económicas internacionales mediante el cumplimiento de sus compromisos y el reordenamiento de su deuda externa; diversificar las estructura de exportación en bienes y servicios, con preferencia en las de mayor valor agregado y contenido tecnológico, priorizando en la industria médico farmacéutica, tecnologías educativas, servicios científicos y tecnológicos de alto valor agregado, la bioinformática y la nanotecnología. También impulsa propiciar la participación de capital extranjero como complemento al desarrollo del esfuerzo inversionista nacional.

El documento propone, también, regresar a los esfuerzos que en  pasado fueron priorizados en Cuba, particularmente previo al llamado “Periodo Especial”, particularmente en la industria pesquera, la caña de azúcar, la producción y comercialización de cítricos y el desarrollo de industria minera, como también la ampliación del programa de desarrollo de tierras improductivas y el fomento del autoabastecimiento alimentario municipal.

Algo que ha sido señalado, particularmente en Puerto Rico a la luz de las experiencias de los pasados dos años dentro del marco de la implantación de los despidos de empleados públicos bajo a Ley Núm. 7, es lo relacionado con la eliminación de plantillas de trabajadores infladas. Se ha planteado que el Estado en Cuba tiene alrededor de 1 millón de trabajadores de más y ante tal realidad se ha propuesto la reducción de empleados por parte del Estado de medio millón a corto plazo y medio millón adicionales dentro del marco del nuevo Plan Quinquenal. Ciertamente, existen claras diferencias entre un país donde el grueso de la fuerza de trabajo la emplea el Estado dada la naturaleza de su modelo económico y la realidad de un país como Puerto Rico donde los despidos en el gobierno surgen como resultado de la implantación de políticas neoliberales dirigidas a entregar al sector privado de la economía, desde una perspectiva de lucro, los servicios públicos esenciales. Esta no es la realidad de las medidas propuestas en Cuba. Ciertamente, las propuestas serán objeto de un intenso debate en el país con una amplia participación de los trabajadores cubanos, lo que tampoco ocurrió en Puerto Rico previo a la implantación de la llamada “medicina amarga” de la presente Administración.

El documento propone dedicar esfuerzos sustanciales en el desarrollo de producción artesanal para la fabricación de bienes de consumo. Presta, además, gran importancia a la política energética, el turismo y el transporte, tanto por tierra, como por vía marítima y aérea. También propone atender con sentido de urgencia el tema de las viviendas a nivel municipal y en el campo partir del desarrollo de nuevas iniciativas de esfuerzo propio y otras vías no estatales en su construcción, así como también en lo relacionado con la rehabilitación de redes, acueductos y alcantarillados; y el uso racional del agua, incluyendo la revisión de las tarifas del servicio.

En la nueva propuesta, se incluye la revisión de políticas que han estado vigentes en Cuba desde el mismo inicio de la Revolución, por ejemplo el sistema de la llamada “Libreta” donde se propone su “eliminación ordenada”. Al hacerlo, se reconoce que existirán quienes tengan la necesidad de que el Estado le subsidie estos beneficios, a la par que reconoce que existen otros ciudadanos para los cuales no existe justificación alguna en su concesión.

En lo relacionado con la seguridad social, que como indicamos antes, se considera una de las conquistas de la Revolución, el documento propone disminuir la participación relativa del Presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social.

En la propuesta relativa al trabajo, se plantea priorizar la aplicación de los incrementos salariales a los puestos de trabajo que generan ingresos o divisas o produzcan ahorro de las mismas; la producción de alimentos y otros  bienes de consumo indispensables y el desarrollo del proceso inversionista. Partiendo de la necesidad de eliminar actitudes paternalistas, gratuidades indebidas o subsidios personales excesivos, formar una fuerza de trabajo calificada bajo el principio de la idoneidad demostrada, afirma la norma de que cada cual reciba según su trabajo.

De las 291 medidas incluidas en el documento y de la discusión que a partir de ahora se genere en los centros de trabajo, en los Comités de Defensa de la Revolución, en las organizaciones de masas, en las organizaciones de mujeres y de la juventud, así como en las diferentes instancias del Partido, saldrán los acuerdos que dirijan el futuro económico de la Revolución.

14 de noviembre de 2010