De acuerdo al Censo Agrícola Federal, en el transcurso de los últimos 30 años Puerto Rico ha perdido 429,875 cuerdas de terrenos que estaban destinados a usos agrícolas.

Esto representa una reducción del 43.5% de nuestros terrenos agrícolas, mayormente sustituidos por autopistas, centros comerciales, complejos turísticos y urbanizaciones.

En el año 2002 se habían identificado 690,687 cuerdas para uso agrícola. Para el 2007 quedaban 557,528 cuerdas. Es decir, en cinco años el cemento se había tragado el 20% de nuestras tierras cultivables. La situación es realmente alarmante ya que de continuar esta tendencia la próxima generación de puertorriqueños no tendrá posibilidad alguna de desarrollar proyectos agrícolas que garanticen mínimamente nuestra seguridad alimentaria.

El 80% de las hortalizas que se producen en Puerto Rico se cultivan en los terrenos comprendidos en los municipios de Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guánica, Yauco y Sabana Grande, región que puede ser considerada como el Granero de Puerto Rico y conocida por la Ley 242 del 9 de agosto de 2008 como Corredor Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico. Se estima que Santa Isabel solamente, aportó el año pasado $59 millones al Ingreso Bruto Agrícola. Estas tierras se encuentran actualmente amenazadas por el llamado Proyecto Industrial Finca de Vientos de Santa Isabel, que impactaría 3,700 cuerdas de la tierra más fértil y productiva de Puerto Rico.

Detrás de este proyecto de energía eólica se encuentra el empresario cubano Víctor González, el mismo que tiene su vista puesta en el Bosque Seco Punta Verraca en Guánica para otra siembra de molinos de viento. Este individuo además, ha tenido numerosos encontronazos con los residentes de Culebra por su pertinaz insistencia en cerrar el acceso a la playa conocida como El Muellecito en el extremo este de Flamenco, alegando el intruso que el camino real que históricamente le ha dado acceso a esa área a pescadores y residentes culebrenses le pertenece, por dicho camino colindar con su finca en la isla municipio. El empecinado empresario, entre otras cosas, posee una barcaza permanentemente atracada en el muelle de San Juan aledaña al aeropuerto de Isla Grande, que es utilizada para triturar escombros de cemento, en el proceso lanzando al aire partículas que constituyen verdaderas nubes de cemento particulado, en violación a las más elementales leyes ambientales y nadie hace nada para detenerlo.

Pero volvamos al granero. Por décadas los gobiernos coloniales han seguido una política negligente en la protección de las tierras agrícolas. Pero además, Puerto Rico está subordinado a las políticas de desarrollo agrícola que determina el Congreso federal unilateralmente por lo que el País está impedido de ejercer su soberanía para comprar o vender en el mercado internacional.

Echemos un vistazo a la industria de la ganadería. Puerto Rico es el país donde más ganado vacuno per cápita hay en el mundo. La producción de leche es el único renglón alimentario en que somos autosuficientes. De hecho, producimos más leche de la que necesitamos, por lo que con los excedentes podemos elaborar quesos y otros derivados de la leche. Curiosamente, hemos sido testigos de una desusual intervención del gobierno federal en esta industria que ha hecho tambalear su estabilidad. Objetivamente, los federales han creado las condiciones objetivas para facilitar la entrada y mercadeo en el país de la “leche de cajita”, a precios muy competitivos para desplazar la leche fresca como favorita de la mesa puertorriqueña. De la misma manera favorecieron con sus leyes imperiales la importación de pollo congelado “amarillo y pellejú” para desplazar el pollo fresco del país.

Parece haber un plan preconcebido, deliberado y maquiavélico para condenar a la presente y futuras generaciones a la eterna dependencia en materia alimentaria, a perpetuar el mercado cautivo que tiene Estados Unidos en Puerto Rico.

Por eso, una de las prioridades de todo proyecto de salvación nacional tiene que ser detener de inmediato la pérdida de tierras agrícolas y salvaguardar su utilización para el cultivo de alimentos, así como incentivar y subsidiar al agricultor y a la ganadería, como hacen todos los países del mundo.

Esta generación tiene la responsabilidad de asegurar las condiciones objetivas que viabilicen el bienestar de las próximas generaciones. De forma urgente Puerto Rico tiene que proponerse un plan estratégico para establecer una política de soberanía y seguridad alimentaria. Todo ello en el entendido de que la soberanía alimentaria exige la soberanía política de la nación puertorriqueña.