El arresto de un grupo de prominentes ciudadanos acusados de corrupción por agencias del gobierno de Estados Unidos (federales) en Puerto Rico, trae una vez más a nuestra atención dos asuntos de enorme importancia.

Primero, cómo los procesos electorales han sufrido un enorme deterioro moral que los aleja de ser procesos verdaderamente democráticos, al reducirse al mercadeo de candidatos y candidatas como si fueran artículos de uso o consumo. Por eso es que los candidatos y los partidos políticos requieren inmensas cantidades de dinero, para pagarles a las agencias de publicidad, que diseñan las campañas de venta y promoción de los candidatos, como si se tratara de cerveza o papel toalla. Por eso tenemos tantos funcionarios electos altamente incompetentes y mediocres. Ello explica el auge de la corrupción en los partidos políticos que se han repartido la administración del ELA por décadas.

Segundo, se hace evidente una vez más que el poder real en Puerto Rico no está en La Fortaleza sino en  el edificio de la calle Chardón, donde ubican las oficinas del gobierno de Estados Unidos. Son el FBI y el tribunal federal, y no el gobernador o el secretario de Justicia, los que está timoneando el proceso hacia las elecciones de 2016 y virtualmente dirigiendo el País.

En todo caso, es una situación vergonzosa, que pinta de cuerpo entero la precariedad social en que estamos viviendo y delata la urgencia de cambios profundos en nuestra sociedad.