Resultó evidente la pertinencia, la importancia y el valor político de la ocasión.

Me refiero a la resolución aprobada el pasado 20 de junio por el Comité de Descolonización de la ONU, en la que una vez más se reconoció el derecho inalienable del Pueblo puertorriqueño a su autodeterminación e independencia nacional.

Han sido treinta y cinco las resoluciones aprobadas por ese organismo internacional, desde 1972. Esta vez, sin embargo, la precaria  situación económica del País y las expresiones hechas recientemente por las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, le imprimieron energía nueva al debate.

El gobierno de Estados Unidos ha admitido desenfadadamente el carácter fraudulento del Estado Libre Asociado, criatura política impuesta a nuestro Pueblo en 1952 y presentada al año siguiente --en 1953-- a la ONU, como fórmula descolonizadora.  Ha dicho y reiterado que para ellos Puerto Rico es meramente un territorio del cual puede disponer a su antojo; como lo ha hecho desde que fuimos tomados como botín de guerra en 1898.

Esto coincide con una profunda crisis fiscal y una deuda impagable de más de 70 mil millones de dólares que enfrenta el gobierno colonial.

La abarcadora resolución presentada este año fue radicada por Cuba, con el concurso de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Siria y la Federación Rusa. Igualmente fue respaldada por el Movimiento de países No Alineados y la CELAC.

Depusieron en la vista celebrada en la sede de la ONU en Nueva York más de cincuenta personas, representando un amplio arcoiris político e ideológico de la sociedad puertorriqueña.

No obstante la amplitud y diversidad de las ponencias, prevalecieron varios denominadores comunes:

-rechazo a la condición colonial, ahora confesa, a la que Estados Unidos ha sometido a Puerto Rico desde hace 118 años;

-rechazo a la Junta de Control Fiscal que se propone imponer el gobierno de Estados Unidos contra Puerto Rico, con el sólo propósito de asegurar el cobro de la deuda, para satisfacción de Wall Street y los fondos buitres.

-condición de Puerto Rico como nación caribeña y latinoamericana;

-demanda de la inmediata liberación del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera;

-reclamo de que la Asamblea General de la ONU atienda el caso colonial de Puerto Rico a la mayor brevedad.

La solidaridad en una lucha tan desigual como la que libra el Pueblo puertorriqueño por su libertad es de enorme valor. Esa es la trascendencia que ha tenido ONU 2016 para nuestra causa.