Hay unos bienes materiales que son esenciales para la vida digna de un ser humano en las sociedades que hemos organizados: el aire que brinda el oxígeno que respiramos, el agua que hidrata nuestro cuerpo, la energía que alimenta los enseres necesarios para la preparación y mantenimiento de los alimentos que consumimos.

Sería muy difícil para los seres humanos que habitamos este planeta prescindir de esos tres bienes aunque el acceso a los mismos no sea realidad diaria para algunas comunidades en el caso del agua y la energía.

Por ser bienes que impactan la calidad de vida de una manera tan precisa y fundamental, los mismos se han considerado como bienes públicos bajo el control del Estado para asegurar el acceso a los mismos a todos los ciudadanos.

Hasta ahora el único de los tres que no ha sido objeto de privatización es el aire. No me extrañaría que una siniestra corporación esté considerando la forma de patentizarlo y vendérnoslo. La experiencia de lo que ha sucedido con el agua y la energía hacen real de que algo así suceda. Hemos visto como el agua se ha privatizado a unos niveles que ya resulta casi imposible tomar agua sin pagarle a alguien por ello. ¿Acaso no han permitido las instituciones que emiten patentes patentizar el agua bajo marcas privadas cuyos dueños son la Coca Cola y multinacionales semejantes? ¿Acaso no han permitido a Monsanto patentizar las semillas que nos da la naturaleza para obligar a los agricultores pagar por ellas? ¿Acaso la Nestlé no ha patentizado una fórmula basada en leche materna?

La avaricia de los desenfrenados privatizadores ha llegado al extremo, como pasó en Cochabamaba en Bolivia, de pretender exigir el pago por la lluvia también. Si las comunidades originarias no se hubieran rebelado, estarían muriendo de sed y hambre al no poder cosechar los alimentos por falta de agua.

El resultado de toda esta fiebre privatizadora está debidamente documentada en los estudios realizados y las experiencias vividas por las comunidades pobres del mundo que han visto el alza en los precios de los alimentos más básicos como el maíz  y la soja en México y Colombia. La privatización del agua solo ha ocasionado el alza en su costo en los países que han optado por la privatización.

En EEUU las tablas comparativas del costo por kilovatio de electricidad en los estados desregulados en aras de la libre competencia comparados con los estados donde hay regulación son ilustrativas. Según tablas estadísticas preparadas por la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, en quince años, del 1997 al 2012, mientras el promedio nacional de costo de kilovatio subió de 7¢ a 10¢, en los estados desregulados el alza fue de un poco menos de 9¢ a casi 12¢  mientras en los regulados fue de menos 6¢ a un poco más de 8¢. Los números hablan por sí mismo.

Más allá del criterio meramente económico existe un criterio más importante aún: la calidad de vida de nuestro pueblo que depende de su acceso a bienes que impactan en su nivel de vida diario. Cuando un bien tiene un impacto tan preciso y fundamental en un ser humano, su acceso al mismo no debe depender de las llamadas fuerzas del mercado que implican la privatización de dichos bienes.

En un país donde cada día es mayor la brecha entre ricos y pobres, el acceso a estos bienes tangibles tiene un impacto a corto y largo plazo que puede ser perjudicial o puede ser un elemento en la salida de la pobreza y el desarrollo físico y mental de ese ciudadano. Asimismo sucede con el acceso a los intangibles como la educación y la cultura.

¿Cuál debe ser la mirada que le debe dar el gobierno a estos bienes? ¿Es el económico el único y principal criterio? O, ¿es el ser humano ciudadano que va a recibir ese servicio y su necesidad de acceso al mismo? Es el bien público, ¿o no?