Puerto Rico enfrenta una crisis económica profunda que se puede atribuir a varias circunstancias. La primera de ellas la identificamos como el modelo de desarrollo capitalista impuesto por Estados Unidos de América (EUA), que responde en primer lugar a sus (los) intereses de sus empresas y sectores económicos.

En este renglón hemos visto cómo Puerto Rico fue desechado luego de habernos impuesto en nuestra agricultura el monocultivo de la caña de azúcar hasta que les resultó innecesaria cuando los agricultores del sur de EUA respondieron a la necesidad con azúcar de remolacha.

Cómo nos utilizaron en la manufactura liviana hasta que consiguieron mano de obra más barata en Asia. En la industria pesada basada en productos de petróleo hasta que la subida del precio del barril de petróleo la hizo económicamente improductiva; igual pasó con las farmacéuticas y otras industrias bajo la Sección del Código de Rentas Internas 936, altamente subsidiadas y exentas, hasta que la eliminación de la Sección 936 les quitó el atractivo de hacer negocios en Puerto Rico.

Nuestro desarrollo económico ha apostado esencialmente a la inversión externa. La inversión externa no es mala en sí, el problema lo plantea la falta de compromiso de esos inversionistas con el país, la fuga de capitales hacia el exterior, la falta de reinversión en Puerto Rico y los altos subsidios y exenciones que benefician a estas empresas mientras que al empresario local se le niegan, creando una ventaja competitiva para las extranjeras.

Nuestras empresas del país sufren el embate despiadado de las multinacionales de EUA. Las farmacias de la comunidad y las empresas de comida no pueden competir contra el ataque depredador de Wal-Mart, Walgreens y CVS.

El Tribunal del EUA en Puerto Rico protege los intereses de las multinacionales y empresas extranjeras frente al actividad económica local. Tal ha sido el caso de la industria avícola, ganadera y las farmacias de la comunidad.

La segunda es nada menos que el desastre administrativo y fiscal del Gobierno de Puerto Rico donde descollan para mal de males, la dependencia del gobierno de Puerto Rico en tomar prestado para su funcionamiento; la falta de disciplina fiscal de las sucesivas administraciones de los partidos que han gobernado a Puerto Rico; el despilfarro del dinero que los contribuyentes aportan; la malversación y apropiación ilegal de los fondos; el compadrazgo, nepotismo y partidismo rampante que han establecidos ambos partidos de gobierno; y la inversión en obra que no resulta rentable para el país y que deja grandes deudas en el presupuesto del gobierno. Ejemplos de ello, el Tren Urbano, el Coliseo y el Centro de Convenciones con los cuales se enriquecen empresas privadas y Puerto Rico se queda con la deuda.

En la tercera destacamos la falta de poderes políticos para la toma de decisiones para atender la crisis.

Esto conlleva a la falta de acceso a instituciones financieras internacionales como el Banco de Desarrollo del BRICS o el Banco del Sur de MERCOSUR; a la falta de soberanía para entrar en tratados y acuerdos comerciales con otros países que podrían beneficiar al país tales como PetroCaribe para la compra de combustible a precios preferenciales y bajo términos favorables; a la falta de control de nuestras aduanas; a la falta de control de nuestro espacio aéreo para permitir las líneas aéreas que más nos convengan; a la falta de control de nuestras comunicaciones para poder conectarnos a otros satélites y líneas de fibra óptica no controladas por empresas de EUA; a la falta de poder para proteger nuestra industria y comercio local; y por último, a estar condenados a los altos costos de transporte de  los bienes que consumimos por la imposición de la Ley de Cabotaje a Puerto Rico.

Ante esta crítica situación, es necesario que el Pueblo de Puerto Rico tome en sus manos su destino. Al fijarnos esta meta, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano propone una auditoría ciudadana de la deuda: No sabemos qué es lo que se nos está obligando a pagar, en que se usó, quien asumió la obligación en nuestro nombre y si verdaderamente benefició al Pueblo de Puerto Rico.

Exigimos una auditoría ciudadana con auditores escogidos por el pueblo a los cuales el gobierno tiene que proveerle toda la información solicitada; que se repudie la deuda que no se pueda demostrar que ha sido contraída en beneficio del Pueblo de Puerto Rico; que se renegocien los términos de la deuda legítimamente contraída y se imponga responsabilidad económica y legal a los responsables del desastre administrativo fiscal.

Asimismo, proponemos que se le dé prioridad a proteger las empresas locales contra la competencia injusta de las multinacionales y empresas extranjeras; que se cambie el modelo de dependencia de inversión extranjera por un modelo de incremento de la producción del país; se le dé alta prioridad al desarrollo agrícola y al desarrollo de empresas cooperativas.

Además, es urgente exigir el fin de las leyes de Cabotaje y de ser necesario demandar a EUA en los foros internacionales por esta práctica injusta de comercio.

Trabajaremos junto al pueblo de Puerto Rico en el proceso de descolonización e independencia que tanto necesita el País, mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status.

Por último, proponemos exigir reparaciones a EUA por los 117 años de colonialismo por los daños económicos a nuestra agricultura y comercio, por el uso y abuso de nuestras tierras y recursos de agua y electricidad sin pago alguno para sus bases militares, por los daños ambientales causados por el uso de nuestras playas y tierras para maniobras militares, ensayos con tóxicos tales como el agente naranja y el uranio reducido, por la incidencia de cáncer en las comunidades afectadas por la presencia de estos tóxicos y los dejados por las industrias petroleras, las farmacéuticas y otras. Reparaciones por las vidas de hombres y mujeres utilizados en sus guerras imperialistas como carne de cañón. Reparaciones por los daños infligidos a nuestra cultura en su intento asimilista. Reparaciones por la persecución, tortura, asesinato y encarcelamiento de los luchadores por la independencia.