En la foto: La exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la exdirectora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila; el presidente de BDO, Fernando Sherrer Caillet; las contratistas Glenda y Mayra Ponce; y el contratista Alberto Velázquez Piñol.

(San Juan, 10 de julio de 2019) La corrupción es una manifestación de una estructura de gobierno que ha perdido el objetivo de su creación, que renunció a su deber de ofrecer servicios a la ciudadanía y que se ha rendido a los inversionistas políticos. Los funcionarios de gobiernos electos por el pueblo tienen como responsabilidad principalísima la sana administración y el cuidado del patrimonio del pueblo, a nombre de éste y para beneficio de éste. Cuando se incumple con ese deber de fiducia se rompe el contrato social que se estableció entre la ciudadanía y sus representantes electos.

El gobernador de Puerto Rico no solo ha incumplido con su deber de fiducia con el pueblo sino que ha escogido personas que le han quitado al pueblo oportunidades que literalmente impactan su posibilidad de vivir. Los desafueros con los contratos de ASES, han privado a miles de pacientes del Plan Vital de acceso a servicios médicos que son de vida o muerte en algunos casos. La salud de los médicos indigentes ha sido amenazada ante la dilación en hacer posible servicios de salud al pueblo.

El Departamento de Educación es una agencia de primera línea en asegurar el futuro del pueblo de Puerto Rico. La educación es el motor de desarrollo económico de un pueblo en la medida que prepara hombres y mujeres para que sean personas productivas al servicio del País y en el desarrollo de proyectos empresariales que garantizan empleos y mejor calidad de vida. El desvío de fondos, que debieran ser dedicados a dar una educación de calidad, para beneficiar intereses mercantiles privados es uno de los daños más severos que se le puede causar al presente y futuro de un pueblo. Cada Escuela que se ha cerrado, cada servicio que se le ha negado a los niños de educación especial, es a consecuencia de la irresponsabilidad de los administradores de turno en seleccionar a las personas para el DE a pesar de conocer el precedente nefasto de un Víctor Fajardo que tanto daño le hizo al sistema de educación pública.

El hecho de que hayan sido las agencias federales las que han actuado para hacer responsables a los que hayan cometido actos de corrupción con los fondos destinados a proveer servicios de educación y salud al pueblo de Puerto Rico, demuestra que el desapego, la avaricia y la insensibilidad de los funcionarios de la colonia no permiten construir un país para nuestro beneficio. No existe el Departamento de Justicia de Puerto Rico y las leyes anticorrupción quedan como un ejercicio legislativo fútil ante la inacción de las distintas agencias, FEI, Oficina del Contralor y Ética Gubernamental.

La legislatura celebra vista investigativas que nunca culminan ni emiten informes. Los representantes electos para ejercer su responsabilidad de fiscalización de la rama ejecutiva, están igualmente en entredicho ante las investigaciones de empleados fantasmas y otras acciones corruptas. La legislatura y sus contratos a políticos derrotados es parte del problema. No sirve su función.

En conclusión, se ha roto el contrato social entre los ciudadanos y el gobierno. Es momento para apoderarnos de nuestros derechos, exigir cuentas, manifestar nuestra indignación y movilizarnos para no permitir que el bipartidismo corrupto continúe apoderándose de la administración de los bienes y el patrimonio público.