(San Juan, 17 de marzo de 2020) Para el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) resulta de mayor importancia la adopción de medidas que limiten la expansión del contagio de puertorriqueños(as) con COVID-19. Sin embargo, las decisiones y protocolos a seguir por el gobierno no pueden ser a costa de socavar nuestros derechos ciudadanos frente al gobierno. Como organización, rechazamos se pretenda imponer en Puerto Rico una ley marcial, como rechazamos la adopción de cualquier medida que lleve a la imposición de un estado de derecho donde sucumban las garantías ciudadanas dispuestas en la Carta de Derechos de la Constitución vigente.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no puede actuar al margen de la normativa constitucional. Si bien vivimos en una colonia, lo cierto es que el régimen colonial en Puerto Rico está sujeto a una Constitución, vigente desde 1952. Como tal, el documento establece un gobierno de tipo republicano con la división de tres poderes políticos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el documento cada poder tiene delimitadas sus facultades y prerrogativas.

Bajo el Artículo IV, que refiere al Poder Ejecutivo, ninguna parte faculta a la gobernadora a emitir un Toque de Queda, mucho menos a crear delitos bajo el mismo con consecuencias penales. Bajo este Artículo, la facultad delegada a la gobernadora es la de “convocar a la Asamblea Legislativa o al Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran.” En lo que respecta a proclamar la ley marcial, se condiciona a situaciones “cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas”. Ninguna de estas justificaciones está presente en estos momentos en Puerto Rico.

Ciertamente durante unas semanas en extremo valiosas para atender en tiempo la emergencia del COVID-19, el gobierno actuó arrastrando los pies, rayando las expresiones de algunos de sus funcionarios en el ridículo, en otras demostrando total ignorancia, aunque, en la mayor parte, denotando claras manifestaciones de incompetencia. Sin embargo, la alternativa que asumamos ante tales acciones tampoco puede ser la de imponer unilateralmente desde la Rama Ejecutiva, sin apego alguno a la Constitución, medidas tales como toques de queda o amenazar con imponer la ley marcial. Toda medida de excepción en Puerto Rico ante el brote mundial de COVID-19, su impacto en nuestro país y las medidas cautelares a ser implantadas, debió ser adoptada por la Rama Ejecutiva en consulta con la Rama Legislativa.

Constituye un acto mayor de irresponsabilidad de parte del gobierno que al día de hoy, luego de varias semanas, todavía el país no esté preparado en materia de salud pública para atender esta emergencia. Es evidente la ausencia de equipos de pruebas, de medidas sanitarias adecuadas y falta de espacios hospitalarios para atender la población. La situación se agrava cuando escuchamos a algunos de los principales funcionarios del gobierno que aún no tienen clara conciencia de las consecuencias de sus acciones, como ocurrió con la Directora de Turismo ante la llegada de un barco de pasajeros con una persona con diagnóstico positivo a COVID-19; o con la aparente ocultación de información del número de personas expuestas al virus en Puerto Rico.

Mientras múltiples países en el Caribe y Europa abren sus puertas a médicos y personal salubrista con experiencia en el manejo de la lucha contra distintos tipos de virus, como es el caso de Cuba; la condición colonial de Puerto Rico no le permite recurrir a este tipo de ayuda. Mientras medicamentos probados en el marco del tratamiento del COVID-19 en países como China, Italia y otros países son bienvenidos para el manejo de las personas contagiadas con el virus, aquí en Puerto Rico, por la única razón de que son productos elaborados por científicos cubanos, en empresas cubanas, no tienen entrada. Una vez más, la condición colonial y la falta de soberanía, nos ata las manos y nos vuelve la espalda a la solución de problemas. El MINH entiende la importancia de la solidaridad ciudadana que consiste en actuar responsablemente minimizando riesgos propios y al resto de la población, asistiendo a nuestros ciudadanos envejecientes, enfermos y marginados. En la medida que como pueblo seamos solidarios responsablemente, le quitaremos excusas al gobierno para adoptar medidas innecesariamente restrictivas en reacción a la falta de prudencia ciudadana.