Monitoreo de prensa

miércoles 27 de enero de 2010

Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves

Noticias nacionales ________________

Salud

Apoyan prohibir a planes de salud intervenir en las hospitalizaciones

Antonio R. Gómez / Primera Hora

Legislación que prohibiría a los planes de salud intervenir con la determinación médica de hospitalizar a un paciente fue apoyada hoy, martes, por la Asociación de Hospitales, el Colegio de Médicos y Cirujanos y la Administración de Servicios de Salud (ASES).

“Es tiempo ya de que se acabe con este abuso”, expresó hoy en las audiencias públicas que encabezó, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Ángel “Chayanne” Martínez.

El organismo evalúa el Proyecto del Senado 943, de la autoría del propio Martínez Santiago y del senador popular Alejandro García Padilla, que prohibiría a todo asegurador, organización de servicios de salud u otro proveedor de planes de salud autorizado en Puerto Rico, negar la debida autorización para los procesos de hospitalización de un paciente cuando medie una recomendación médica en los casos en que estos servicios sean parte de la cubierta del plan médico del asegurado.

“Este mal de las aseguradoras de estar decidiendo por lo que un médico tiene o deja de hacer, creo que en este cuatrienio debe ser, voy a utilizar la palabra, exterminado…”, agregó Martínez.

El portavoz de ASES, Ángel Reyes, coincidió con el objetivo de la medida y afirmó que “la decisión de hospitalizar a un paciente debe ser fundamentada estrictamente en las mejores prácticas de la medicina”.

Recalcó que “nos oponemos a que las aseguradoras puedan ir por encima del criterio médico de si se debe hospitalizar o no a un paciente”.

Por su parte, Richard Machado Ortiz, quien representó a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico en la audiencia, se quejó de que “los hospitales se encuentran en una situación embarazosa cuando un médico está recomendando determinado tratamiento en el hospital y un revisor de la aseguradora, que muchas veces no es un médico, indica que la estadía en el hospital es injustificada y que por eso no se le va a pagar al hospital”.

Apoyó también la legislación e indicó que de convertirse en ley pondría fin a una controversia que por años han protagonizado los hospitales y las aseguradoras por la intervención indebida de estas en el tratamiento médico de un paciente.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Eduardo Ibarra, expresó, por su parte, que “las pautas y restricciones de uso clínico utilizadas por esas otras entidades intentan, de alguna manera, limitar el trabajo profesional del médico y la opción de la elección por el paciente, lo que equivale a una toma de decisiones fuera del contexto de la relación médico-paciente”.

Educación

Jorge Sánchez retira su candidatura a presidir la UPR

Con esta movida, ahora quedan sólo dos candidatos

Por Cynthia López Cabán / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El catedrático del Recinto de Ciencias Médicas Jorge Sánchez retiró esta mañana su candidatura a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En un escueto comunicado de prensa, el dermatólogo explicó que se retiró del proceso por la intervención “intereses” ajenos a la actividad universitaria.

“En la mañana de hoy, he notificado a la presidenta de la Junta de Síndicos mi determinación de dar por concluida mi participación en el proceso de búsqueda y consulta del noveno presidente de la Universidad de Puerto Rico. Honestamente entiendo que la intervención confirmada de intereses no necesariamente universitarios ha afectado el proceso y no le hacen justicia al buen nombre de la Universidad de Puerto Rico”, afirmó Sánchez, quien era uno de los tres aspirantes considerados a presidir el primer centro docente del País.

“Aclaro, sin embargo, que mi preocupación se limita a lo expresado al párrafo anterior y que de ninguna manera mi determinación debe interpretarse como un señalamiento dirigido a ninguno de los distinguidos colegas universitarios que han estados dispuestos a participar del proceso”.

Con esta movida, ahora quedan sólo dos candidatos que pudieran ser escogidos esta noche para presidir el primer centro docente del País, el doctor en filosofía José Ramón de la Torre y la decana de Educación del Recinto de Río Piedras, Ángeles Molina Iturrondo.

Surgen señalamientos de última hora contra José Ramón de la Torre

De otra parte, un miembro del grupo de trabajo del doctor José Ramón de la Torre, aspirante a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR), tildó de “falsas” las denuncias del senador popular Eder Ortíz en torno a un alegado fraude de éste durante su examen de reválida de Derecho.

“El doctor de la Torre nunca ha estudiado Derecho. Tiene un doctorado en el área de Filosofía y Letras”, apuntó Ivor Hernández, miembro del comité de campaña.

Según los señalamientos de Ortíz a Radio Isla, de la Torre habría sido señalado por tener un “chivito” para copiarse en su examen. Dijo que ese fue un “caso resuelto” en el Tribunal Supremo el 3 de octubre de 1975. El número de caso, según el senador, es el 104DPR212.

ELNUEVODIA.COM intentó infructuosamente conseguir a de la Torre.(editada)

APPU solicita se nombre al Presidente UPR

Por Cybernews El Vocero

SAN JUAN - La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), hizo un llamado el martes a la Junta de Síndicos para que culmine el proceso de consulta y nombre un Presidente en propiedad.

“La APPU exhorta a los tres candidatos a la Presidencia a defender el vínculo y la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico con la universidad pública del estado, que no se presten para entregar parcial o totalmente los bienes públicos a la empresa privada, como tampoco al menoscabo de los derechos adquiridos de los empleados que le sirven con excelencia al pueblo, ni al despido masivo de empleados. Igualmente, exhortamos a iniciar de inmediato el proceso de consulta para la selección de rectores en propiedad este mismo semestre, ya que los Rectores Interinos fueron seleccionados por la Junta de Síndicos sin mediar proceso de consulta en la comunidad universitaria” dijo la presidenta de la APPU, María Rosado.

Rosado hizo un llamado a los docentes de todo el sistema universitario para que “ independientemente de quién ocupe la silla de la Presidencia, se preparen para la defensa más recia por la Universidad Pública que asegure su existencia a las generaciones venideras sin ceder ni un poco, en su misión de servicio al pueblo puertorriqueño, por encima de los intereses partidistas, empresariales o privados”.

La líder de los docentes mencionó que “llevamos 49 años defendiendo la autonomía universitaria y con ese mismo compromiso, los docentes exhortamos a nuestro pueblo a que no permita que le arrebaten la universidad de sus hijos, que es el único bien capaz de mejorar la calidad profesional, social, cultural y educativa. Sólo así se asegura el progreso y la calidad de vida de nuestro país y su gente”.

Candidatos desfilan ante los Síndicos

Por Zenaida Ramos Ramos - VOCERO

El doctor José Ramón de La Torre, candidato a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con mayor respaldo de los representantes de los 11 recintos y de algunos síndicos, afirmó anoche que ha llegado por sus méritos a la terna y que no ha necesitado que políticos ni funcionarios impulsen su nombre para ocupar el puesto más alto de la institución.

"El que está detrás de esto soy yo. Me he tenido que fajar casi medio año. No ha sido fácil. La doctora Angeles Molina y el doctor Sánchez hemos tenido que luchar hasta llegar hasta aquí. A mí no me llevó al hombro nadie. Fui yo, independientemente del grupo de amigos que me ayudan, que me han llevado a los sitios. Cabilderos no", respondió a este rotativo luego de salir anoche de la entrevista con ocho síndicos en el Jardín Botánico de Río Piedras.

El ex decano de la Facultad de Humanidades del campus de Río Piedras recibió la mayor puntuación del Comité de Consulta Sistémico, compuesto por 33 representantes de los recintos, y también fue recomendado el sábado pasado por el Comité de Búsqueda y Consulta para el Nombramiento del Presidente o Presidenta.

Sin embargo, Ygrí Rivera, presidenta de la Junta de Síndicos, dijo que los 13 síndicos tienen la potestad de elegir a otro candidato o candidata que no fuera recomendado por los comités.

De no ser electo, De La Torre, presidente de la Junta de Directores del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, aseguró que aceptará de buen grado lo que decidan los síndicos "porque yo entré en este juego y ésas eran las reglas. De manera que la Junta decida. Si la Junta de Síndicos elige a uno de los otros dos o a uno de los otros 12, o a alguien que iba pasando por la esquina, yo acepto eso. Me quedo tranquilamente haciendo mis deberes allá (en el CBA y en el Instituto de Cultura Puertorriqueña) y haciendo mis reuniones. Me quedo entre la cultura y la educación que son las cosas que he estado haciendo toda mi vida".

Molina Iturrondo, decana de la Facultad de Educación del campus de Río Piedras, y el dermatólogo y catedrático Jorge L. Sánchez Colón, tuvieron también su última cita con los síndicos que les cuestionaron sobre los programas y proyectos financieros que implantarían en la institución, de ser electos para la presidencia.

La educadora salió casi a las 8:50 p.m. la entrevista con los síndicos Marisara Pont, Agustín Cabrer, Germán Malaret, Carmen Elisa Cotto Rivera, Isabel Picó Vidal y Norman Maldonado.

Antes de la entrevista, Sánchez Colón, ex presidente interino de la UPR, dijo a EL VOCERO en torno a la votación de mañana para elegir a uno de los tres candidatos: "Vamos a ver qué pasa. Espero que la Junta de Síndicos actúe de forma responsable con la Universidad de Puerto Rico. Es su deber actuar responsablemente. Es mi esperanza".

La presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, expresó a la Prensa que el proceso no ha estado matizado por presiones externas. En cuanto a si la candidatura del doctor De La Torre se perjudicó por el respaldo del ex gobernador Carlos Romero Barceló, indicó Rivera: "No.

Cualquier persona, sea político o no político, puede respaldarlo públicamente. El tiene un montón de personas que no son ex gobernadores que lo respaldan, igual que los demás candidatos. Eso no incide en nosotros y menos en mí que he sido juez por tantos años".

También aseguró que desconoce si unos síndicos se reunieron en La Fortaleza con el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Emma, y Romero Barceló para hablar sobre la candidatura del doctor De La Torre.

"A mí no me consta. Yo no sé que nadie se haya reunido" , dijo la Licenciada, quien no quiso confirmar que hoy, los 13 síndicos votarán por uno de los candidatos.

Hacer más con mucho menos es la consigna

El nuevo presidente debe garantizar la calidad educativa

Por Mildred Rivera Marrero / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La persona que se escoja para presidir la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá el reto de mantener la excelencia académica de la institución a pesar de un recorte de más de $100 millones en el presupuesto.

Ese, según profesores y líderes de la comunidad ligados a la institución, es el reto más apremiante porque afecta el desempeño completo de la UPR. Pero no es el único. También deberá manejar efectivamente las negociaciones laborales con los grupos sindicales y promover una integración de los recursos y los programas universitarios a la solución de los problemas del País, afirmaron los entrevistados.

María Gisela Rosado, presidenta de Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), denunció ayer que “devolvieron el presupuesto al 2005” y como resultado del recorte se considera la reducción de plazas. Según datos que dijo ha corroborado, el plan es reducir la carga académica de los docentes sin plaza permanente y darles contratos sólo por seis meses. Mientras que los departamentos recibieron una directriz para defender la permanencia de sus programas por escrito, lo que podría implicar la eliminación de algunos y, con ellos, a los profesores.

“Se habla de que vienen dos ventanas de retiro. Para los que tienen 28 años, que les darían el 75 % de su retiro, y los de 25 años, a quienes les darían el 65%. A las personas que lleven 10 años o menos los van a sacar. Lo que viene es un plan de cesantía y todo eso afecta al Sistema de Retiro”, declaró Rosado.

El recorte presupuestario ocurrió como resultado de una enmienda que excluyó algunos ingresos del País en la determinación de la fórmula con la cual se le asignan fondos a la universidad.

El abogado y profesor Carlos Díaz Olivo explicó que se han reducido cursos, sesiones de verano, y recursos para que los profesores viajen a simposios y a presentar investigaciones al exterior.

“Por eso, la persona que se seleccione va a tener que combinar características de un poeta que inspire, que sea respetada, y que sea administradora rigurosa. Capaz de moverse en los círculos del País y del mundo, en los sectores político, empresarial, y con gentes de afuera. No puede ser un poeta loco desvinculado de la realidad económica ni un técnico presupuestario únicamente”, sostuvo el también analista.

En eso coincidió con líderes de la comunidad ligados a la institución -que hablaron bajo condición de anonimato-, que insistieron en que el nuevo Presidente tiene que tener dotes de administrador.

Díaz Olivo también coincidió con el profesor y analista, Julio Muriente, en que la UPR tiene que insertarse más en la discusión de los problemas del País.

“El gran problema de la universidad es que se le ha achicado como fuente de propuestas y alternativas. Ha perdido pertinencia como centro del conocimiento. Es cada vez menos protagonista para confrontar los problemas del País”, declaró Muriente, al destacar eso como un reto para el nuevo dirigente universitario. (editada)

Maestros donarán de su sueldo

Por Yamilet Millán Rodríguez   VOCERO

Los maestros de La Nueva Escuela Juan Ponce de León, en la comunidad Buen Consejo de Guaynabo, decidieron hacer la diferencia donando el uno por ciento de su sueldo mensual para ayudar a los compañeros que fueron cesanteados y cubrir los gastos del plantel.

Al "Pote de la Dignidad" irán a parar las aportaciones de estos educadores que sin importarles sus compromisos económicos voluntariamente decidieron que había que ayudar a las personas que forman parte de un modelo exitoso.

"Nosotros hemos visto que la escuela funciona, que los niños están contentos, que las cosas se pueden hacer de una manera positiva y tener resultados positivos. No creo que es justo que no tengamos recursos económicos para pagarle a estas personas. Hicimos esto porque la escuela funciona y tiene que seguir funcionando", expresó la maestra de primero a tercer grado, Pura Rivera.

Esta iniciativa también es un llamado a los líderes y funcionarios del Gobierno a que al igual que estos maestros aporten una cantidad de su sueldo en beneficio de las escuelas del País.

"Nosotros también lo queremos es llevar el mensaje para que esto sirva de ejemplo a todos estos líderes que ganan un poquito más que nosotros y que puedan ser parte de esta aportación a nuestros compañeros, que se hagan eco", manifestó la maestra, María Isabel Pagán.

La Nueva Escuela es el primer plantel del sistema público de enseñanza que tiene como proyecto educativo el modelo Montessori. La institución educativa provee a los estudiantes un ambiente preparado que estimula y facilita el proceso natural de desarrollo.

En este momento, la institución sirve como modelo para otras 30 escuelas del País. Las medidas de austeridad fiscal implantadas por la Ley 7 unido a que organizaciones privadas han dejado de apoyar a la escuela a través de aportaciones ponen en riesgo la continuidad de los proyectos educativos que allí se ofrecen.

El dinero que se recaude ayudará a cubrir los gastos de las personas que han sido despedidas por la Ley 7 o que puedan estar en peligro por la disminución de las aportaciones privadas.

La directora de la Nueva Escuela, Ana María García Blanco, dijo que unas 15 personas están en peligro de perder sus empleos y los proyectos: Montessori, Inclusión, Madres Tutoras, Educación Especial y Horario Extendido, están en peligro de desaparecer. Destacó que estos proyectos han sido y son esenciales para lograr que ningún estudiante deje la escuela.

"Ese pote nosotros queremos abrirlo al País nosotros queremos hacer una invitación a los empleados y funcionarios del Gobierno que han participado de la toma de decisiones y están en el rescate de la economía. Nosotros los invitamos a ellos a que sean ejemplos para el País como son ejemplo nuestros maestros", dijo la directora de la escuela, Ana María García Blanco.

Insistió en que no van a sacrificar el proyecto que ha permitido que la escuela sea de excelencia e hizo un llamado a la sociedad civil y el Gobierno a que en momentos en que se tomen decisiones económicas "se tenga mucho cuidado con los lugares donde se está criando esa próxima generación".

La escuela también exhorta a las comunidades adyacentes a que incluyan en sus cuotas de vecindarios un por ciento mensual para continuar con los proyectos.

En el caso del proyecto Horario Extendido los ex alumnos de la escuela ofrecen el servicio a los estudiantes de forma gratuita luego que dejaran de recibir los fondos para sufragar la iniciativa.

Madres Tutoras es un grupo de padres y madres de la comunidad escolar que participan en la educación de los estudiantes como ayudantes de maestros. El proyecto ha resultado exitoso porque, entre otras cosas, de las primeras madres voluntarias, 15 terminaron haciendo un bachillerato en educación y otras continuaron estudios a nivel de maestría.

A través del proyecto Inclusión los estudiantes de educación especial trabajan dentro de la corriente regular logrando un ambiente que incluye y no excluye.

Los federales ven para creer

Revisan el plan del DE para garantizar el buen uso de $1,400 millones

Por Yanira Hernández Cabiya / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

A puerta cerrada y bajo extremas medidas de seguridad, casi dos decenas de funcionarios federales llegaron ayer al Departamento de Educación (DE) para escuchar de primera mano las acciones que ha tomado la administración de Luis Fortuño para evitar el despilfarro de los más de $1,400 millones que recibe la agencia de parte del Gobierno estadounidense.

El encuentro, principalmente informativo, será seguido por visitas en el mes de marzo, esta vez directamente a las escuelas públicas.

En un gran salón donde sobresalían las fotos de todos los ex secretarios de Educación, el grupo administrativo nombrado por La Fortaleza, liderado por el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Carlos García y el subsecretario de administración del DE, Rafael Blanco, presentó a los visitantes -encabezados por Charles Rose, mano derecha del secretario de Educación federal, Arne Duncan- el detalle del recién firmado acuerdo interagencial que saca de las manos del departamento las decisiones administrativas y presupuestarias.

El acuerdo, que es una especie de sindicatura criolla, intenta proveer un sistema de fiscalización más confiable del presupuesto de $4,000 millones que tiene el DE, la mitad de los cuales proviene de fondos federales.

La sombra de la corrupción

El acuerdo intenta además alejar la posibilidad de que el DE regrese a la situación experimentada a mediados del 2001, cuando Educación federal congeló el envío de fondos a la Isla, ante la convicción del ex secretario Víctor Fajardo por corrupción y por el mal uso de los fondos federales durante su incumbencia en el departamento.

El retrato de Fajardo no estaba ayer en el Salón de los Secretarios, donde se llevó a cabo la reunión de alto nivel.

Ayer, Phil Maestri, director del Programa de Alto Riesgo de Educación federal, admitió que una de las metas principales de este encuentro es restablecer la confianza perdida en los pasados meses.

“Aquí hay involucrados muchos nuevos jugadores y toma algún tiempo establecer bases de confianza. Queremos poder restablecer esas bases para mantener la comunicación que antes teníamos”, indicó Maestri.

El funcionario destacó que su énfasis en esta jornada será escuchar las distintas presentaciones que realizarán los funcionarios locales sobre los cambios establecidos durante el último año.

Maestri manifestó sentirse “muy complacidos” con la nueva estructura establecida en el DE, mediante la cual las decisiones administrativas y presupuestarias de la agencia son tomadas por los titulares de Hacienda, del BGF y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Es algo que hemos estado diciendo por mucho tiempo, que el problema aquí es mucho más grande que el DE. Hoy (ayer) en la mesa estaba la gente correcta. Así que se ganaron una estrellita por eso” comentó Maestri en tono jocoso.

Se espera que las reuniones se extiendan por los próximos tres días. Maestri indicó que como parte de esta visita no estarán inspeccionando las escuelas.

No obstante, adelantó que para febrero y marzo están programadas visitas de seguimiento en las que funcionarios federales de los programas de Título I acudirán a los planteles para ver la implantación de los cambios presentados.

Las Preocupaciones

Cuando se nombraran las personas que supervisaban el uso de fondos federales para los Programas Título I, III y IV.

Acelerar la presentación de los informes de progreso anuales.

La exactitud de la información contenida en el Sistema de Información Estidiantil (SIE)

Cómo se administrará el Programa de Servicios Suplementarios Educativos (SES, por siglas en inglés).

Cómo asegurarán que los funcionarios federales que fueron trasladados a las escuelas no se pagarán con fondos federales.

Fuente: Carta de Phil Maestri al Gobernador Luis Fortuño fechada el 21 de agosto de 2009 (editada)

Postura grisásea del Arzobispado

Ni avalan ni rechazan que se reglamente el uso de fondos.

Por Marga Parés Arroyo / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Ni a favor, ni en contra. Con una postura grisácea de “neutralidad”, representantes de la Arquidiócesis de San Juan de la iglesia Católica rechazaron ayer avalar o rechazar una medida que pretende reglamentar los fondos de construcción en los colegios.

El gran ausente en la vista pública que dirigió la senadora Lornna Soto fue el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien fue representado en la audiencia por sus asesores legales.

El propósito del Proyecto del Senado 1332 es reglamentar estos fondos. De acuerdo con su Exposición de Motivos, en ocasiones, estos fondos tienen o alcanzan sumas considerables sin que se utilicen para el propósito original.

“No queremos insertarnos en controversia con esta honorable Comisión”, dijo la licenciada María Eugenia Rodríguez, una de las asesoras del Arzobispo de San Juan.

La abogada recordó que la Arquidiócesis se encuentra en una controversia con padres de la Academia del Perpetuo Socorro, precisamente, por la utilización de los fondos de construcción.

Ninguno de los tres abogados pudo precisar si ya se les había informado a los padres de los estudiantes que el fondo de construcción fue cambiado a cuota de mantenimiento.

Soto recordó que la Comisión consultó al Departamento de Justicia para indagar si el Departamento de Asuntos del Consumidor puede definir lo que comprende el fondo de construcción.

Ambiente

Nueva herramienta para proteger los ecosistemas

El Fideicomiso de Conservación trabaja en un mapa

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico presentó ayer una nueva herramienta de protección de ecosistemas, que combina la participación ciudadana con el establecimiento de unas guías prácticas de preservación a nivel individual y colectivo.

Se trata del “Mapa de Vida”, un instrumento que ofrece -mediante la integración de bases de datos geográficos existentes- una visión más amplia de los ecosistemas en la Isla. Al mismo tiempo, identifica cuáles necesitan especial atención, por ejemplo, las costas.

Fernando Lloveras, director ejecutivo del Fideicomiso, indicó que el objetivo principal del “Mapa de Vida” es que sea útil en la toma de decisiones en cuanto a los usos del suelo. De hecho, sostuvo que puede ser un complemento en la eventual preparación del Plan de Uso de Terrenos (PUT).

“Ayuda a prevenir y predecir impactos en la toma de decisiones”, dijo Lloveras, al tiempo que destacó que la elaboración del mapa coincide con la celebración de los 40 años del Fideicomiso. Aseguró que la herramienta ya está a la disposición del Gobierno, el sector privado y los grupos comunitarios.

Precisó que el “Mapa de Vida” integra cinco aspectos: que Puerto Rico es un organismo viviente, que los sistemas naturales brindan servicios a los humanos, que el agua es el recurso más importante, que los recursos son limitados y que el denominador común de todo modelo de desarrollo debe ser la naturaleza y su conservación.

Sólo el 7.2% de todo el terreno del País está protegido. De ese total, apenas el 1% -23,000 cuerdas- es del Fideicomiso. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las naciones deben proteger hasta el 33% de su terreno.

Vital la participación

Lloveras agregó que la participación ciudadana desempeña una función importante dentro de los esfuerzos de conservación, “pues sólo conectando a la gente con la naturaleza, podremos contar con la naturaleza para la gente”.

Además de contar con información provista por agencias estatales y federales, el “Mapa de Vida” se alimenta a través de actividades de campo en las cuales los ciudadanos recopilan datos ecológicos. La primera etapa de validación de esos datos se dará durante este año.

A fin de fomentar la participación ciudadana voluntaria, el Fideicomiso celebrará sendas actividades en las cinco regiones identificadas en el mapa. Dichas regiones se delimitaron por cuencas hidrográficas. Las actividades se enfocarán en medir la calidad de las cuencas.

La primera actividad se llevará a cabo el 20 de febrero, tomando como punto de partida la reserva natural Hacienda La Esperanza, en Manatí, dentro de la Región 1.(editada)

20 municipios de Puerto Rico firman Acuerdo de Protección Climática

Primera Hora

La Coalición Ciudades Cool reconoció hoy 20 municipios de la Isla que han firmado el Acuerdo de Protección Climática del Consorcio de los Alcaldes de los Estados Unidos para ayudar a reducir la contribución de Puerto Rico al calentamiento global.

Estos 20 alcaldes se unen a otros 1,016 alcaldes de los Estados Unidos que ya están tomando acción, se informó en comunicado de prensa.

A través de su Campaña Ciudades Cool, la coalición informó que está ofreciendo, a los alcaldes de Aibonito, Aguadilla, Barranquitas, Caguas, Camuy, Carolina, Cidra, Guaynabo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Jayuya, Juncos, Las Marías, Las Piedras, Moca, Salinas, Utuado, Vega Baja, y Yauco, una auditoría energética que les ayudará a cumplir con el compromiso, reduciendo así sus gases de efecto invernadero y sus gastos operacionales.

"Los 20 alcaldes puertorriqueños que ya firmaron el Acuerdo de Protección Climática son un ejemplo para el resto de Puerto Rico. La Campaña Ciudades Cool está aquí para ayudar a los municipios a convertir el compromiso en acciones tangibles que pueden reducir los gastos operacionales y el calentamiento global, cuyos efectos ya estamos viendo en Puerto Rico y el Caribe con el blanqueamiento de los corales y huracanes más intensos", explicó Camilla Feibelman, coordinadora del Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, la organización ambiental más antigua de los Estados Unidos.

Por su parte, el arquitecto Fernando Abruña, fundador del U.S. Green Building Council – Capítulo del Caribe, resaltó la importancia del trabajo que se hace a través de Ciudades Cool para preparar a los municipios a tomar decisiones sustentables y enfocadas en las actividades propuestas y financiadas por el Programa de Subvención en Bloque para la Eficiencia y Conservación de Energía para Gobiernos Locales (Energy Efficiency and Conservation Block Grant o EECBG, por su siglas en inglés), que proviene de los fondos ARRA (American Recovery and Reivestment Act). Estos fondos son parte del estímulo económico federal para Puerto Rico.

"A través de Ciudades Cool los alcaldes podrán preparar a los empleados municipales para recibir fondos federales dirigidos a actividades de eficiencia y conservación de energía, todo con el fin de la protección climática al nivel local y global", dijo Abruña.

"Las técnicas de reducción de consumo de energía ya existen. Sólo se requiere que tomemos acción. Estamos aquí para ayudar a solucionar el calentamiento global pueblo por pueblo", añadió, en tanto, Diana Luna, presidenta saliente del Instituto Americano de Arquitectos (AIA, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.

Según se informó, el equipo de trabajo de Ciudades Cool ofrece un taller de un día a los municipios que incluye una auditoría básica de uno de sus edificios en la mañana y una sesión educativa en la tarde para presentar los resultados de la auditoría, las medidas de eficiencia energética que se deben tomar y el desarrollo de un borrador del plan de implantación. Además, presentará al municipio un informe escrito con los hallazgos de la auditoría y los pasos a seguir, entre otras actividades de apoyo que se ofrecen.

El Acuerdo de Protección Climática fue originalmente propuesto en el 2005 por el alcalde de la ciudad de Seattle, Greg Nickels. Mediante la consigna de "pensar globalmente y actuar localmente", los alcaldes que firman el acuerdo se comprometen a ejecutar en sus municipios un conjunto de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2012 en un siete por ciento por debajo de los niveles que existían en el 1990, según la meta que establece el Protocolo de Kioto. La Campaña Ciudades Cool, que originó el Sierra Club, ayudará a los alcaldes y a las comunidades a implantar un plan que responda a este Acuerdo.

Ciudades Cool es dirigida por una coalición de organizaciones que, además del Sierra Club, está compuesta por representantes del Capítulo de Puerto Rico del AIA, el Capítulo del Caribe del U.S. Green Building Council, la Cumbre Social, Scuba Dogs Society, el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana, y la red social ambiental Junte Ambiental.

Seguridad, justicia, tribunales

Cierran marginal de Carolina indefinidamente

Primera Hora

La Policía adscrita a la región de Carolina informó que la marginal que da acceso a la avenida Isla Verde que pasa frente al Banco Popular y el Burger King estará cerrada temporalmente por tiempo indefinido durante el día de hoy debido a mejoras que se realizan en la referida vía.

Se recomienda como ruta alterna la calle Júpiter cercana al residencial Luis Lloréns Torres y la carretera 187 ó avenida Los Gobernadores hacia Piñones.

Atención al albergue

Justicia promete atender quejas de los testigos

Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, le impartió ayer instrucciones específicas al director del albergue de testigos de esa agencia para que atienda las inquietudes de los residentes.

Somoza y el director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Víctor Carbonell, visitaron ayer la instalación. El Nuevo Día publicó ayer reportajes en que se revelan irregularidades en el funcionamiento del centro, en el que se les da protección a testigos de fiscalía.

“Nuestra visita, por segunda vez en el mes de enero, respondió al interés de atender y escuchar de primera mano cualquier preocupación que puedan tener los residentes del albergue dentro de las circunstancias especiales en que se encuentra la Institución, debido a un proceso de remodelación total”, sostuvo Somoza Colombani.

En los artículos de este diario se daba cuenta sobre el pésimo estado de la planta física, la ausencia de artículos de primera necesidad como jabón o papel sanitario, los pobres servicios médicos y las fugas de algunos de sus inquilinos.

“No sé de qué se quejan. Si se enferman se les lleva al médico y se compran las medicinas que les recetan. ¿Problemas sanitarios? No lo creo. Aquí los servicios están como deben ser, como se merecen los testigos”, fue la respuesta que ofreció Edwin Carrión, director de la institución.

Ayer, sin embargo, la alta oficialidad del Departamento de Justicia utilizaba otro lenguaje.

“Reconocemos que en el albergue hace falta atender unas áreas específicas y estamos esperanzados en que las mejoras a la planta física culminen lo antes posible por el bien de los habitantes, para que brille la justicia en los casos judiciales en proceso y en los que los testigos son piezas clave”, dijo Somoza Colombani.

El albergue está siendo remodelado y se construye una cancha de baloncesto. Carrión, en entrevista con este diario, achacaba las quejas a estos trabajos y a que el albergue fue entregado en malas condiciones por la pasada administración. Otra denuncia reseñada giraba en torno a los pobres servicios médicos y al hecho de que son los propios agentes del NIE los que administran las medicinas.

Somoza Colombani no aludió a esta situación en un comunicado divulgado ayer, más allá de decir que se llevaría a cabo una clínica de vacunación para proteger a la población del virus AH1N1.

El albergue es administrado por el NIE con la asistencia de la Policía y acoge en estos momentos a 70 personas en apartamentos, incluyendo a familias completas con niños pequeños. (editada)

Rápido esclarecimiento de delitos sexuales y trato compasivo a las víctimas si se aprueban tres medidas

Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora

El rápido esclarecimiento de los delitos sexuales y un trato compasivo a las víctimas podrían ser una realidad si se aprueban tres medidas sometidas en la Cámara de Representantes.

Convertir en obligatorio que toda persona arrestada por la comisión de un delito de naturaleza grave se someta a la colección de una muestra de ácido desoxirribonucleico (ADN) y que esa información permanezca en el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico es una de las propuestas sometidas por la presidenta de la Cámara, Jenniffer González.

Según la exposición de motivos, 21 estados de Estados Unidos cuentan con leyes que permiten la toma de muestras e identificación por ADN al momento del arresto, lo que permite, según la propuesta, apresar criminales de manera temprana, prevenir crímenes violentos, exonerar personas inocentes y reducir costos al sistema judicial.

María Conte, directora del Instituto de Ciencias Forenses, respaldó la medida y señaló que, junto con el proyecto para establecer la Ley de Transferencia de Datos entre Agencias de Seguridad Pública y la creación de un Programa de Enfermeras Examinadoras Forenses, será una herramienta efectiva para resolver los crímenes sexuales.

“Las agencias de seguridad tienen información valiosa pero no se traduce en acciones efectivas porque no es hasta que se comparte que se traduce en algo que tenga un valor”, analizó Conte.

Aun cuando todas las agencias están al tanto de la necesidad de compartir información, la doctora reconoció que se necesita un tiempo de educación “y que la persona tenga conciencia de que ha cambiado el paradigma”.

“Cada agencia tiene una pieza del rompecabezas. Sabemos de la importancia de compartir la información y lo hemos estado haciendo, pero ahora tenemos que utilizar la tecnología de la informática. Poner la información en un banco para luego compartirla”, estableció Conte, quien no cree que sea tan difícil, pero admitió que hay que crear una cultura de colaboración.

Como ejemplo de cuánto disminuiría el tiempo de una investigación criminal, explicó que ahora mismo un policía o fiscal que aguarda por los resultados de un protocolo de autopsia tiene que esperar a que se haga, luego que el profesional que realizó el estudio dicte la información, que alguien la transcriba y después que la corrija.

“Si el agente o fiscal viene de Aibonito cada mes o dos meses... ahora lo podría ver a los cinco días desde la comodidad de su escritorio”, expuso.

Acerca de alimentar el Banco de Datos de ADN de Puerto Rico con las muestras de todos los arrestados por la comisión de un delito grave, Conte comentó que no sólo es necesario hacerlo, sino que lo tienen que hacer para mantener su acreditación.

“Ya tenemos seis serólogos (profesional que examina las muestras de ADN), pero no todos están cualificados para entrar esa información en un banco de datos. (Lo importante es que) esos seis están listos. Son suficientes, pero por más que uno trate de adiestrar gente, siempre como que se queda cortito”, observó.

Lo habitual en Ciencias Forenses es no analizar una muestra de ADN hasta que no se conecta con un sospechoso, lo que impide identificar autores de delitos.

“Ahora, con un banco de datos con perfiles genéticos, no necesariamente se necesita un sospechoso. Si se entra ese perfil, el banco de datos lo va a conectar”, expresó.

Actualmente, excepto a un banco de huellas digitales de la Policía, Ciencias Forenses no tiene acceso a información de otras agencias de seguridad.

La creación de un Programa de Enfermeras Examinadoras Forenses, otra de las propuestas de González y que tiene el apoyo de Conte, destaca en la exposición de motivos la falta de atención integrada a las víctimas de delitos de agresión sexual.

El propósito, establece, es “no revictimizarle al requerirle múltiples relatos de los hechos ni repetidas visitas a distintas facilidades como la Policía, la Fiscalía, oficinas de trabajadores sociales, etc.”.

Las tres medidas forman parte de un paquete de proyectos producto del trabajo del Caucus de la Mujer, cuya prioridad ha sido tratar con sensibilidad a las víctimas de agresión sexual y someter legislación para que los culpables de los delitos sean enjuiciados.

“Fueron más de cuatro meses y medio de reuniones bisemaneles con fiscales, abogados, directoras de centros de víctimas de agresión sexual y Ciencias Forenses”, explicó González, quien mencionó que aunque la agresión sexual se relaciona con mujeres, son muchos los casos con menores varones.

Estacionarse en áreas reservadas para impedidos podría costarle $1,000

Antonio R. Gómez / Primera Hora

La multa por estacionarse en áreas reservadas para impedidos podría aumentar a $1,000 si prospera una medida que evalúa la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado.

Otra legislación, también bajo evaluación por esta comisión, propone aumentar a $150 las multas por estacionarse en las aceras, obstruyendo el paso peatonal.

Ambas propuestas fueron apoyadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, pero la primera recibió el endoso condicionado de parte de los departamentos de Justicia y Hacienda.

El Departamento de Justicia, en ponencia escrita firmada por el secretario interino Guillermo Somoza, advirtió que el aumento de la multa de los actuales $250 a $1,000 podría ser muy drástico y sugirió que no se eleve más allá de los $500.

Hacienda, por su parte, y también en ponencia escrita sometida a la Comisión y firmada por su secretario, Juan Carlos Puig, advirtió que un aumento de esa magnitud podría incrementar la morosidad en el pago de esas multas y derrotar el objetivo de allegar más fondos al Departamento de Salud y a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos.

Status

Declaraciones de Acevedo Vilá sobre el status

Por Vocero.com

San Juan - Con la libertad que me da el no ocupar ni aspirar a ocupar ninguna posición electiva, quiero compartir mi opinión sobre los asuntos de status que se han discutido recientemente.

Primer punto: EL PPD ES EL ÚNICO INSTRUMENTO PARA SALVAR EL PAÍS, PERO LAS ELECCIONES NO ESTÁN GANAS

Por más desacertado que haya sido el primer año de Luis Fortuño como gobernador, nadie dentro del Partido Popular debe pensar y actuar como que las elecciones están ganas y que es cuestión de simplemente escoger un candidato para la gobernación. Tres años son un mundo en la política. Por otro lado, el Partido Popular es el único instrumento que tiene el pueblo para retomar el rumbo correcto y responder con sensibilidad y creatividad a los retos del pueblo. Si las políticas y posturas republicanas y conservadoras del PNP le pueden hacer mucho daño a Puerto Rico en estos 4 años, en ocho años el daño para nuestro país podría ser irreparable. Ésta es una responsabilidad muy grande que el liderato y la base del PPD tienen que asumir con profundidad y alto sentido patriótico.

Segundo punto: UN PLESBICITO DE STATUS EN ESTE MOMENTO SÓLO LE CONVIENE A FORTUÑO Y AL PNP

Caer en el juego de Fortuño, Pierluisi y Rivera Schatz de hablar y discutir qué debe incluir el propuesto plebiscito criollo promovido por ellos, es precisamente eso, caer en su juego. Nadie en Puerto Rico está pidiendo ese plebiscito. Nadie en su sano juicio - ni los mismos estadistas que lo proponen - cree que ese plebiscito va a traer la estadidad, la independencia o el desarrollo del Estado Libre Asociado. Nadie en nuestro pueblo está pidiendo, y mucho menos reclamando ese evento electoral en este momento. Ningún puertorriqueño con sensibilidad está de acuerdo en que se gasten más de $6 millones de dinero del pueblo en ese embeleco, mientras se están despidiendo miles de empleados públicos, la economía sigue en picada, el crimen en alzada y se están afectando los servicios al ciudadano por la supuesta falta de fondos.

La mejor muestra de que esta discusión sólo le favorece al PNP y a la presente administración la vimos la semana pasada. El PPD ha logrado cambiar la discusión pública para que en lugar de que se hable del alza consistente en la criminalidad, los despidos injustificados, el desempleo, el caos en educación, las amenazas a nuestro medio ambiente, se esté hablando de status y de las “divisiones” dentro del Partido Popular. Más dramático aún es que en cuestión de días los líderes distanciados del PNP, como Pedro Rosselló, han comenzado a hablar en una sola voz dentro de la colectividad estadista.

Me preocupa, además, que la discusión generada dentro del PPD pueda facilitar que el proyecto de status de Pierluisi se apruebe en la Cámara federal. Aunque todo el mundo acepta que ese proyecto no se va a convertir en ley porque el Senado de Estados Unidos jamás lo va a aprobar, el objetivo de los estadolibristas y los populares tiene que ser que ni siquiera se apruebe en la Cámara federal. Toda esta discusión a destiempo puede llevar a nuestros aliados en el Congreso – que son los que lograron detener su aprobación en el 2009 – a bajar la guardia por tener dudas o diferencias con las nuevas estrategias del PPD.

Tercer punto: ¿QUÉ HACER CON EL PROPUESTO PLEBISCITO?

Si Fortuño y sus legisladores deciden aprobar ese plebiscito, allá ellos. El Partido Popular, si quiere estar en sintonía con el País, no puede ser instrumento para legitimar la necesidad de ese plebiscito. Lo que el País tiene que pensar ahora y discutir ahora no es qué va a estar en esa papeleta, eso es un ejercicio en futilidad. Lo que tenemos que discutir y decidir es cómo utilizamos ese embeleco para lo que nosotros sí queremos: enviarle un mensaje claro de repudio a Fortuño y a esta Legislatura por sus desaciertos, sus abusos, su improvisación y su falta de sensibilidad. Si ellos deciden malgastar nuestro tiempo y nuestro dinero, convirtamos eso en una oportunidad para enviarle el mensaje de lo que sentimos en nuestro corazón. ¿Cómo hacemos eso? La estrategia la discutimos más adelante, pero ahora combatamos desde la cancha del pueblo con el pueblo, no en la cancha de Fortuño y Rivera Schatz contra el pueblo.

Para los estadolibristas y los populares el panorama debe estar claro, no confuso. Usar ese embeleco de plebiscito para revisar posiciones de status y reabrir heridas sanadas es un error sustantivo y estratégico. Si todos estamos convencidos de que a través de ese plebiscito no vamos a lograr el desarrollo del ELA al que aspiramos, plantear este asunto en esta coyuntura es como tirarle perlas a los cerdos. No importa lo que Fortuño y Rivera Schatz pongan en esa papeleta, este plebiscito no va a desarrollar el Estado Libre Asociado, pero tampoco lo va a destruir, porque es un evento inconsecuente. No se puede actuar con miedo y sin estrategia. Pero si nosotros los populares caemos en el juego de ellos, nuestras posturas sí pueden debilitar o destruir el ELA y su potencial de crecimiento.

He escuchado a algunos líderes de nuestro partido esbozar que un triunfo del Estado Libre Asociado en ese plebiscito nos ayuda a lograr un triunfo electoral en el 2012. Vale la pena recordar la historia. En 1993, en el primer año de Rosselló, concurrimos a un plebiscito con la definición del ELA que queríamos y ganó el ELA, pero perdimos abrumadoramente las elecciones siguientes. Más aún, no logramos adelantar nada de lo que entonces propusimos para el desarrollo del ELA. Diferente fue el plebiscito de 1998 cuando Rosselló convocó a otro plebiscito de status y nosotros convocamos al País a usar ese evento para repudiar lo que representaba la administración de Rosselló y del PNP, incluyendo un repudio al propio plebiscito. Ganamos con la Quinta Columna y ganamos la elección que le siguió.

También he escuchado que la nueva estrategia del PPD está basada en un diseño legal para detener el propuesto plebiscito en los tribunales. Nuevamente debemos aprender de la historia. En 1998 líderes del PPD propusieron exactamente lo mismo con la misma teoría legal: que un plebiscito en el que no estuviera el ELA según definido por los defensores históricos del Estado Libre Asociado era inconstitucional. En aquél momento, como Presidente del Partido Popular, tomé la decisión de enfrentar el reto políticamente, usando la Quinta Columna y continuar la vía legal como algo subsidiario. El tiempo me dio la razón: los tribunales no nos dieron lo que buscábamos, pero el pueblo sí nos respaldo en las urnas. La situación presente en los tribunales es todavía más desfavorable que la que tuvimos en 1998. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ya está bajo el control burdo del PNP y en el Tribunal Federal, que fue donde perdimos en 1998, el control republicano-PNP es cada día más marcado. Supeditar ahora una estrategia política a una teoría legal es un camino que nos va llevar a quedarnos con las manos vacías en los tribunales y sin una base política para actuar en las urnas.

Cuarto Punto: SOBRE EL DESARROLLO DEL ELA

El país sabe cuál es mi visión sobre el desarrollo del ELA porque ha sido mi posición consistente desde mi discurso del 25 julio de 1998 en El Morro: el ELA tiene que crecer y evolucionar “ni a la izquierda, ni a la derecha, hacia adelante”; de forma no colonial ni territorial, fundamentado en nuestra soberanía, con la ciudadanía americana como vínculo de asociación política con los Estados Unidos. Esa es la posición oficial del Partido Popular desde que fui presidente en 1998. Además, la posición del PPD es que más plebiscitos no van a resolver ni adelantar el asunto del status. Por eso respaldamos el mecanismo de la Asamblea Constitucional de Status. Si alguien pretende ahora revisar esas posturas, en el momento adecuado participaré en ese debate, aunque honestamente lo creo innecesario y a destiempo en este momento. Si lo que se quiere es simplemente clarificar posturas, eso se debe hacer de forma inclusiva y sin amenazas de exclusión o de expulsión.

Sobre la resolución recientemente aprobada por la Junta de Gobierno de mi partido, si se hubiese trabajado de forma inclusiva, no tengo dudas de que hubiera sido respaldada ampliamente por todos en el partido. El problema es que se utilizó para una lucha interna de poder que sólo satisface el ego y el protagonismo de algunas personas dentro del PPD.

En un intento, quizás, de aclarar posiciones, he escuchado a miembros del Partido tratando de hacer una comparación entre lo que se pretende hacer en este momento con lo que hizo Muñoz en 1946 al declarar que era incompatible ser independentista y ser miembro del PPD, lo que llevó a la renuncia o expulsión de varios líderes. Semejante comparación me parece un acto de arrogancia y un error de interpretación histórica. Primero, no ha existido ni existe en el PPD otro Muñoz Marín. Segundo, eso lo hizo Muñoz desde el poder, luego de ganar dos elecciones corridas y en el auge de su poderío político y gubernamental. Nada de eso es comparable con la realidad presente.

El mayor impedimento al desarrollo del ELA no está adentro. Es más, no está en Puerto Rico. Lo he dicho anteriormente y lo repito ahora: nuestro mayor impedimento está en la postura equivocada del informe Bush sobre status que reniega no sólo la existencia del ELA de 1952, sino de la capacidad de establecer en el futuro cualquier relación con los Estados Unidos más allá de la estadidad o el territorio. A eso es que los populares y los estadolibristas deben dedicar sus energías sobre status, a revocar y cambiar esas posturas en Washington. Y en lo que se refiere a la agenda del Partido Popular, lo que Puerto Rico necesita es un Partido Popular fuerte que sirva de oposición a las políticas nefastas de este gobierno y que le presente un buen proyecto de futuro al país.

Gobierno y política

Gobernador se reúne con líderes legislativos para aprobación de "alivios contributivos"

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño y el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunciaron esta tarde que la tan ansiada reforma contributiva, que se anunció durante la campaña electoral de 2008, se aprobará este año para que los contribuyentes puedan disfrutar los primeros alivios a partir de la planilla que radiquen en 2011.

También habrá alivios, que no fueron especificados, en 2012.

"El objetivo de esa reforma será reducirle la carga contributiva a la clase media, incentivar el trabajo, premiar el éxito y adelantar el desarrollo económico, el ahorro y la inversión", dijo Fortuño luego de concluir una reunión en la Fortaleza con el liderato legislativo.

Tanto el Primer Ejecutivo como la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, señalaron que se cumplirá la promesa de eliminarle el pago de contribuciones a aquellos con ingresos de menos de $20 mil al año.

A fin de articular lo que será la reforma contributiva, el Gobernador nombró un comité compuesto por los presidentes de la comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, los secretarios de Hacienda y la Gobernación, y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento.

La reforma contributiva está pautada para aprobarse durante la segunda sesión legistiva de este año.

Freno en las asignaciones federales discrecionales

El PAN podría caer en la redada

Por José A. Delgado / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

WASHINGTON - La determinación de la Casa Blanca de congelar en su cantidad actual gastos federales discrecionales le impone mayores retos a las autoridades boricuas, que buscan en la capital federal un alivio a la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

Más de $4,000 millones en fondos federales que recibe Puerto Rico pueden estar sujetos a la decisión de mantener sin aumentos durante los próximos tres años la suma de programas educativos y de asistencia nutricional (PAN), entre otras iniciativas federales.

Como parte de su mensaje sobre la situación de Estados Unidos, el presidente Barack Obama anunciará esta noche la determinación de frenar durante los próximos tres años gastos referentes a educación, transporte, nutrición, ambiente y otros que se asignan a discreción del Congreso.

Quedarán excluidas las asignaciones a los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Asuntos del Veterano, ciertos programas como Medicaid y Medicare, así como iniciativas de impacto internacional.

Los detalles se conocerán la semana próxima, cuando Obama presente el presupuesto del año fiscal 2010-2011. “Mientras más nos apretemos el cinturón, más baja es la prioridad para los territorios”, advirtió ayer el congresista José Serrano, jefe de un subcomité de asignaciones de la Cámara baja.

La congelación de aumentos persigue reducir el déficit fiscal estadounidense, que actualmente alcanza los $1.3 billones (trillions, en inglés) y puede variar por programas. Por ejemplo, Puerto Rico pudiera enfrentarse a recortes en un área, pero quizá recibir aumentos en otras. El plan de la Casa Blanca es que las asignaciones discrecionales sujetas a la congelación de fondos, como un todo, no se aumenten durante lo que queda del cuatrienio.

Según fuentes, se quieren excluir del plan los gastos excepcionales a corto plazo, como una nueva iniciativa para generar empleos, que el Congreso atenderá en las próximas semanas.

Tijeretazo

Algunas de las asignaciones que podrían no recibir aumentos en el próximo presupuesto federal:

PAN - $2,000 millones

Educación - $1,400 millones

Vivienda - $467 millones

Trabajo - $138.8 millones

EPA - $34 millones

Nota: Las cifras son estimadas, a base de las asignaciones fiscales de 2008 y 2009. (editada)

Representante popular exige explicaciones de Fortuño

Quiere saber cómo se ha utilizado $5,000 millones tomados en préstamos durante el pasado año

Por Inter News Service – El Nuevo Día

El representante Jaime Perelló Borrás afirmó hoy que es hora de que el gobernador Luis Fortuño explique en qué ha utilizado más de $5,000 millones que su administración ha tomado prestado.

Perelló Borrás hizo la petición ante los planes del Gobierno de tomar más préstamos para cubrir sus gastos operacionales, que convierte a Puerto Rico en el tercer lugar, de Estados Unidos, con mayor deuda pública.

"La nueva deuda de 1.4 billones (1.4 mil millones) en la cual incurrirá el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y que se reseña esta semana con cautela en los medios económicos especializados de Estados Unidos, compromete grandemente nuestro margen prestatario y reduce los ingresos del Gobierno provenientes del IVU, mientras siguen los despidos de miles de empleados públicos y no hay un plan de desarrollo económico que nos saque de la recesión. Destacó que a pesar de que el Gobierno de Fortuño justifica sus acciones diciendo que es para atender la crisis económica y el alegado déficit de 3.2 mil millones, al presente el propio presidente del BGF, Carlos García, ha ofrecido información contradictoria que demuestra que están ocultando información y manejando las finanzas del Gobierno como si se tratase de una finca privada.

Perelló Borrás señaló que el Gobierno comprometió el IVU en un 1.75 por ciento adicional para el pago de deuda, lo que significa alrededor de 400 millones menos para el Fondo General cada año.

El representante del Partido Popular Democrático sostuvo que "el resultado neto de este
desmadre económico de Fortuño será que al cabo de varios años el cien por ciento de lo recaudado a través del IVU será consumido por estos préstamos multimillonarios, llevando a la quiebra total al País".

Según Perelló Borrás, esto resultará en más impuestos al ciudadano para poder operar el gobierno. (editada)

Pierluisi solicita modificación para que se especifique inclusión de territorios

Primera Hora

Washington.- El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, pidió hoy a la Oficina de Asesoramiento Legislativo de la Cámara de Representantes y a la del Senado de Estados Unidos que modifiquen sus procedimientos internos de manera que cada legislación presentada en el Congreso especifique si aplicará o no a los territorios, incluyendo Puerto Rico.

A la petición de Pierluisi se unieron los delegados de los territorios de Islas Vírgenes, Donna Christensen, de Guam, Madeleine Bordallo, de Samoa Americana, Eni Faleomavaega y de las Islas Marianas, Gregorio Sablán.

"Es importante que el proponente de cualquier proyecto de ley aclare desde el comienzo de sus gestiones si desea que éste le aplique a los territorios," dijo Pierluisi, en un comunicado de prensa.

La Oficina de Asesoramiento Legislativo es la encargada de redactar legislación, a solicitud de las oficinas congresionales.

“Solicitamos que cuando se presenta la solicitud (de asesoramiento), clarifiquen con el solicitante si la legislación propuesta pretende incluir o excluir a los territorios, individuos residentes en los territorios o entidades ubicadas en los territorios”, lee la carta de Pierluisi.

“Si el solicitante no responde a esta pregunta específica, expresa ambivalencia o establece el deseo de dejarlo en manos de la Oficina de Asesoramiento Legislativo, la posición de esta oficina debe ser incluir explícitamente a los territorios en toda legislación de alcance nacional, en ausencia de una razón para excluirlos”, agregó.

El comisionado residente explicó que actualmente su oficina- así como la de los otros territorios- está obligada a usar recursos significativos para determinar si los beneficios de una legislación en particular se extienden a sus representados. “Este es un proceso que debemos repetir cientos de veces en cada sesión legislativa. Con frecuencia, el texto legislativo es silente o ambiguo en la inclusión de los territorios”, dijo.

Pierluisi resaltó que si el borrador de legislación aparenta no ser aplicable a los territorios, es generalmente imposible determinar la razón de la exclusión y de parte de quién.

“No hay una manera sencilla de verificar si la exclusión fue resultado de una decisión del solicitante o, en la alternativa, una omisión inadvertida de la Oficina de Asesoramiento Legislativo”, expresó.

Si la Oficina de Asesoramiento Legislativo adopta el procedimiento recomendado por Pierluisi, los representantes de los territorios podrán saber que cualquier proyecto futuro que excluya a los territorios lo hace por instrucciones específicas del solicitante. Los esfuerzos de esas oficinas congresionales de los territorios podrán enfocarse entonces en modificar la legislación.

"Nuestra propuesta busca ahorrarle tiempo a todas las partes interesadas en el proceso legislativo federal, pues evitará que tengamos que someter enmiendas cuando la intención del autor de la medida es que ésta beneficie a los territorios," dijo Pierluisi.

Piden la cabeza del jefe de Turismo

Alegan que cede a las presiones de los “buscones”

Por Yalixa Rivera Cruz / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El presidente de la Comisión cameral de Desarrollo de la Industria Turística, Iván Rodríguez Traverzo, le solicitó ayer la renuncia al director de Turismo, Jaime López, por “ser ambivalente y favorecer los grandes intereses”.

“Si un director de Turismo no aguanta presión de los buscones, los vividores y las sanguijuelas, no está apto para dirigir la Compañía de Turismo”, indicó Rodríguez Traverzo.

El representante hizo estas expresiones en torno a la asignación de $2 millones del dinero de Turismo a la organización IDEO (Impulso de Desarrollo Económico del Oeste), conformada por unos 13 paradores y algunos alcaldes de la región oeste y quienes llevan la agenda sobre la creación de los vuelos charter de Europa a Aguadilla.

“Estoy de acuerdo con que se le asignen los $2 millones a Porta del Sol, lo que no apruebo es que se beneficie una persona”, indicó Rodríguez Traverzo, en alusión a la gestión de Enrique “Kike” Cruz como presidente ejecutivo de IDEO.

Añadió que “yo no puedo beneficiar a una corporación. ¿Qué garantía tiene Turismo o tengo yo de que estos vuelos vayan a regresar todos los años? ¿Qué garantía me está dando Turismo para fiscalización de ese dinero?”.

Como parte de la firma de la Ley 67 del 22 de mayo de 2008, se dispuso la asignación de $2 millones para establecer un programa de incentivos aéreos de vuelos charter al aeropuerto Rafael Hernández, de Aguadilla.

“¿Por qué el Gobierno tiene que cargar con este tipo de concepto (vuelos charters), cuando además a los paradores se les paga la publicidad, se les exime del pago de contribuciones, se les da subsidio de luz y tras eso se les paga $75 por noche”, añadió el funcionario.

Rodríguez Traverzo puso de ejemplo que mayoristas como Travel with Sears y Popcorn Tours llevan trayendo vuelos charters desde América Latina, sin ayuda del Gobierno, hace más de 20 años. ) (editada

Piden renuncia de legislador que propuso el ejército para menores delicuentes

Primera Hora

El presidente de la Juventud Popular de Caguas y candidato a presidente de la Juventud Popular Nacional, Eluis J. Vick Díaz, dijo que el representante penepé Angel "Gary" Rodríguez Miranda debería renunciar a la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara por su incapacidad para presentar alternativas sensatas y viables para tratar el tema de la delincuencia juvenil.

En un comunicado de prensa, Vick Díaz tildó de inconstitucional la "posible propuesta" legislativa que pretende someter el representante Rodríguez Miranda para que "el servicio militar sea una opción para lidiar con el problema de la delincuencia juvenil".

"Nada más de pensar que el servicio militar es una opción para trabajar con el problema de delincuencia juvenil que enfrenta Puerto Rico es totalmente absurdo. Alistarse en el servicio militar es un compromiso serio y no se le puede poner como opción a un joven menor de 21 años que cometa su primer delito el encarcelamiento o integrar el servicio militar", dijo Vick Díaz.

El joven popular se siente indignado con la "posible propuesta" del legislador penepé y de la administración del gobernador Fortuño, "responsables de crear espacios, programas y estrategias dirigidas a combatir la delincuencia juvenil".

"Como joven me siento muy preocupado ante las estadísticas oficiales de la Policía donde se refleja un aumento en la delincuencia juvenil, pero el servicio militar no es una opción para estos jóvenes con problemas. Las opciones creativas deben de comenzar a ser implementadas desde la casa y no enviándolos fuera de la casa", expresó.

Además, preguntó al representante Rodríguez Miranda qué acciones tomó ante el cierre de las nueve oficinas regionales de Asuntos de la Juventud, mejor conocidas como Casas de la Juventud, que trabajaban con los esfuerzos de prevenir la delincuencia juvenil mediante sus programas.

Vick Díaz expresó que bajo ningún concepto, él ni el Equipo Unión de una Nueva Visión de la Juventud, que actualmente cuenta con cientos de jóvenes partidarios alrededor de toda la isla, apoyarían propuestas que tengan que ver con el alistamiento obligatorio de jóvenes al servicio militar.

Exigen a la JP entregar estadísticas a la Comisión de Hacienda

Por Cybernews  El Vocero

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Toñito Silva, exigió el martes a la Junta de Planificación (JP), que entregue la proyección del crecimiento económico del País, luego de que la agencia no pudiera dar la información en vista pública.

Silva Delgado, enfatizó la necesidad de tener los datos antes de que el gobernador Luis Fortuño presente al País el presupuesto para el próximo año fiscal 2010- 2011 que comienza el 1 de julio. La petición fue hecha luego que la JP presentó un cuadro de la situación general de Puerto Rico.

“Necesitamos saber dónde estamos en el presupuesto vigente para saber dónde estaremos con el próximo. También necesitamos saber si la propia Junta tiene el presupuesto para terminar el año fiscal. La pasada administración hasta diciembre de 2009 proyectó un crecimiento positivo de 2.1 por ciento y de enero a febrero, en la revisión terminó con una proyección de negativo 3.4 por ciento y luego subió a un negativo 3.7 por ciento”, le planteó el representante a Luis Avilés Rivera, director del Sub Programa de Análisis Social de la JP.

Silva Delgado le aclaró al funcionario, que la información requerida por la Comisión para la audiencia pública de hoy era la asignación presupuestaria versus los gastos de la agencia al 31 de diciembre de 2009 y al 30 de junio de 2010.

No obstante, Avilés Rivera en representación del presidente de la Junta, Héctor Morales, a quien excusó por estar fuera del país, pudo informar que el crecimiento del producto bruto ha sido proyectado en un 3.7 por ciento.

Igualmente el funcionario sostuvo que se espera una estabilización de la economía para el mes de Julio.

“En estos momentos estamos trabajando en la evaluación de los años fiscales 2010 y 2011 a largo plazo”, dijo.

Representante rechaza expresiones de líder de camioneros

Por Cybernews  - El Vocero

EL CAPITOLIO – El presidente de la Comisión de Relaciones del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Ángel Peña Ramírez, rechazó el martes tener engavetada la medida legislativa que busca enmendar la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, como alega el líder de los camioneros, Luis Falcón.

“Hoy la Comisión recibió nuevamente ponencias del Frente Unido de Camioneros, y le falta a la verdad aquel que diga públicamente que esta engavetado. Mi responsabilidad como legislador es escuchar las posiciones de los diferentes sectores sindicales y agencias que se afectan directa o indirectamente con esta medida”, dijo Peña Ramírez.

El representante informó que la vista pública será el 5 de febrero.

“Allí le daremos el espacio a todas las partes, para así llegar a una determinación final al respecto, evaluando en sus méritos la medida, y no por protestas, amenazas o presiones de nadie”, señaló el Representante.

Administradora del Fondo del Seguro reitera que atendió peticiones de camioneros

Inter News Service - Primera Hora

La administradora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), Zoimé Álvarez Rubio, reiteró hoy que bajo su administración se le ha hecho justicia a los camioneros del país con el establecimiento de una nueva póliza que les brinda cobertura ilimitada en caso de accidentes laborales y con la cual se le ofrece un alivio de $266 en el pago anual que realizan por ese concepto.

Álvarez Rubio recordó que anteriormente el costo de la póliza anual de la CFSE para los camioneros era de $656.58 y desde el 1 de julio de 2009 la cubierta bajó a $390 anuales, lo que representa un 40.6 por ciento de reducción.

La funcionaria reaccionó de esa manera a la protesta efectuada esta mañana frente al Capitolio por un grupo de conductores de camiones encabezados por el presidente de la Confederación Auténtica de Camioneros, Luis Falcón, para exigir que se elimine el pago anual de $390 que desembolsan a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Falcón denunció que la Legislatura ha engavetado el proyecto 787 que impulsaría que los camioneros paguen menos dinero al Fondo del Seguro del Estado.

Sin embargo, Álvarez Rubio señaló que a finales de 2009 funcionarios de la CFSE sostuvieron una reunión con el Presidente de la Asociación de Camioneros Auténticos y sus asesores legales, donde se les explicó y orientó sobre los alcances y beneficios de la nueva cubierta.

Dijo que hubo reuniones similares con el Frente Amplio de Camioneros, organización que apoyó, la posición de la CFSE y destacó que se mostraron complacidos.

Álvarez Rubio sostuvo que en la Cámara de Representantes se encuentra el proyecto del Senado 787) que busca enmendar la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para excluir a los camioneros que sean concesionarios de la Comisión de Servicio Público del concepto de "Propio Patrono", aplicable a personas que trabajan por su cuenta.

"Algunos dentro del liderato de los camioneros pretenden que avalemos esa medida que sugiere un pago de $80 anuales versus los $390 actuales a costa de sacrificar beneficios económicos que provee el Fondo del Seguro del Estado para los transportistas lesionados y sus familiares. En la CFSE nos oponemos a que se apruebe dicho proyecto porque atenta contra el bienestar y seguridad económica de los camioneros y sus familias, sostuvo la funcionaria.

Álvarez Rubio reiteró que "lo correcto es mantener el estado actual de la póliza que le ofrecemos a estos trabajadores y cuyo costo ya se ha reducido en más de 40 por ciento como parte del Alivio al Patrono que estamos impulsando y que es parte del cambio que, junto a nuestro gobernador, Luis Fortuño, queremos traer al Fondo para el beneficio de nuestros patronos".

Carmen Yulín denuncia ilegalidad en extensión de período probatorio a empleados cesanteados

Antonio R. Gómez / Primera Hora

La representante popular Carmen Yulín Cruz acusó hoy al Gobierno, y en particular al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de violar leyes y reglamentos al disponer que el periodo de prueba de los empleados cesanteados bajo la Ley 7, que obtengan trabajo en la empresa privada con subsidio gubernamental, sea mucho más largo que lo que establece el sector privado.

Afirmó que el programa de subsidio salarial que establece la Ley 7 dispone que el periodo probatorio para estos empleados será de un año y lo contrastó con el periodo de sólo 90 días que utiliza el sector privado como norma.

"A los cesanteados del Gobierno que disfruten del subsidio salarial le aplican otra vara en el sector privado, pues deberán cumplir un año de periodo probatorio para luego recibir los beneficios que concede la parte contratante", sostuvo.

"Eso se traduce", según la legisladora, "en el desarrollo de una clase trabajadora esencialmente abandonada a su suerte, marginada, que deberá esperar el triple del tiempo para recibir unos beneficios y protecciones de que gozan otros a los noventa días de su reclutamiento".

Advirtió que esa disposición podría ser ilegal, pues "la ley que reglamenta las relaciones laborales fija el mismo (periodo probatorio) en tres meses".

Cruz emplazó al secretario del Trabajo, Miguel Romero, a explicar esta discrepancia en trato y a aclarar si está de acuerdo en crear una clase inferior de trabajadores en la empresa privada.

“Poca comunicación con el Ejecutivo”

Por Yennifer Álvarez Jaimes - Vocero

El representante novoprogresista, José Chico Vega aseguró que hay “poca comunicación con el Ejecutivo” y que espera que se resuelva ese problema tras el cónclave de la Conferencia Legislativa y el gobernador Luis Fortuño.

El legislador llegó a La Fortaleza acompañado de sus homólogos Antonio 'Toñito' Silva y Ángel Pérez para participar de un almuerzo con el Primer Ejecutivo previo a la reunión pautada para las 2 de la tarde.

Silva criticó que a estas alturas el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Carlos Puig no haya tabulado la información de las planillas correspondientes para el año fiscal 2007-2008, información fundamental para conocer el estimado de los recaudos.

“Hay que calendarizar la reforma contributiva y buscar medidas para eliminar la doble tasa del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales)”, señaló el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes.

Por su parte, Chico Vega dijo que hoy se debe discutir el proyecto de las tragamonedas debido a que es uno de las medidas para allegar fondos al erario público.

“ El Secretario de Hacienda dice que (las máquinas) son ilegales pues que las legalice o que las elimine”, sentenció el legislador a preguntas de EL VOCERO.

Durante la pasada sesión legislativa, la medida fue paralizada aparentemente desde La Fortaleza. El proyecto pretende legalizar las máquinas tragamonedas para que el comerciante tenga que pagar un marbete y esté obligación de conectarse a una red en el Departamento de Hacienda lo que permitiría su monitoreo y el ingreso de más fondos para las arcas del Gobierno.

Vasallo radica demanda contra municipio de Ponce

Por Juan A. Colón - EL VOCERO

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Víctor Vassallo Anadón, radicó una demanda contra el municipio de Ponce y su alcaldesa María Meléndez Altieri para que el Tribunal la obligue a entregar los documentos correspondientes a su Distrito.

“Hemos agotados todos los recursos. En diferente ocasiones le he hemos pedido que nos entregue unas certificaciones de las Resoluciones Conjuntas de los pasados ocho años y nunca nos ha respondido”, dijo el Legislador.

Según Vassallo hay fondos destinados para obras pendientes y dinero para reasignar a otros proyectos en agenda.

“Existen más de $2 millones asignados a esos proyectos que no se hicieron en el pasado. Yo necesito hacer esas obras para mi Distrito y por eso después de agotar todos los recursos hemos llegado hasta el Tribunal para que nos responda igual que le responde a los legisladores de su partido”, sostuvo.

En Jayuya, explicó no tener ese problema porque ya con el Alcalde Jorge “Georgie” González tiene una comunicación excelente y ya tiene subastado dos proyectos en los sectores Gripitas y Canalizo.

Sobre la actuación de la Alcaldesa en decir que Vasallo es un legislador fantasma, dijo que no le sorprende, ya que su costumbre es mentirles a los ciudadanos ponceños para tratar de limpiar su imagen política.

“Ella es la que le miente al pueblo en decir que esta trabajando por Ponce cuando todo el mundo sabe que todas las obras que está inaugurando son del Partido Popular”, añadió.

Vassallo señaló además, que de las muchas resoluciones que ha presentado en la Cámara le han aprobado muy pocas, pero han sido de beneficio para el área de educación y el deporte.

Representante Vassallo Anadón refuta señalamientos de alcaldesa de Ponce

Reinaldo Millán / Inter News Service

Ponce.- El representante Víctor Vassallo Anadón acusó hoy, martes, a la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez de mentirle al pueblo al acusado de ser un legislador fantasma.

Vassallo Anadón dijo que no le sorprende ya que entiende que la Alcaldesa acostumbra mentirles a los ciudadanos ponceños para tratar de limpiar su imagen política.

"Ella es la que le miente al pueblo en decir que está trabajando por Ponce, cuando todo el mundo sabe que todas las obras que está inaugurando son del Partido Popular", añadió el legislador.

Vassallo Anadón señaló que de muchas de las resoluciones que ha presentado en la Cámara no la han aprobado pero que las pocas que han contado con el aval de sus compañeros legisladores han sido de beneficio para el área de educación y el deporte.

De acuerdo a su récord legislativo, presentó en su primer año 149 medidas legislativas, de las cuales 33 fueron dirigidas específicamente a temas relacionados con el municipio de Ponce, aunque muchas no fueron aprobadas.

El récord de Vassallo Anadón en la Oficina de Servicios legislativos, indica que de las 149 medidas sometidas directamente o respaldadas por él, 33 mencionan a la ciudad de Ponce, entre ellas la resolución 0209 del 16 de marzo de 2009, para asignar al Municipio de Ponce la $50,000 para realizar obras y mejoras de repavimentación del camino municipal El Gato en el sector La Pica del barrio San Patricio.

Otra resolución de Vasallo Anadón fue para reasignar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, $13,900 para ser transferidos a la escuela Manuel González Pató en Ponce, para la construcción de una pista de atletismo y calentamiento alrededor de la escuela.

El representante presentó también la resolución 0610 para reasignar a la Administración de Servicios Generales 1.075 dólares para ser transferidos al Comité Fiesta de Reyes Comunidad
Especial Betances P.R. Corp, para realizar la tradicional Fiesta de Reyes de la Comunidad Betances en Ponce.

Vassalló Anadón sometió una resolución para ordenar a todas las agencias y Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico que figuran como parte demandada en el caso del Municipio de Ponce versus Autoridad de Carreteras y Transportación, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y Otros, a preparar un Plan de Cumplimiento relacionado con las obras pendientes en el Municipio de Ponce, entre otras.

Alcaldesa ponceña arremete contra Vasallo

Por CyberNews El Vocero

PONCE – La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri, calificó el martes como una movida desesperada y hueca para esconder deficiencias legislativas, la acción judicial que el representante popular Víctor Vasallo Anadón se propone radicar contra ella para supuestamente pedir información sobre proyectos y obras en su distrito.

La Primera Ejecutiva ponceña aseguró que durante su primer año como legislador, Vasallo no radicó ni un solo proyecto de relevancia para los ponceños, ni una sola asignación de fondos para obras en la ciudad.

"El record de Vasallo en la Cámara de Representantes, habla –más bien grita– sobre la falta de sustancia legislativa y carencia de proyectos en favor de los ponceños. En un acto desesperado, Vasallo acude a cortinas de humo y subterfugios con demandas frívolas supuestamente para pedir al Municipio información sobre proyectos en su distrito. Que Vasallo se deje de excusas y se ponga a trabajar, porque ante los ponceños no ha hecho nada que justifique su posición como legislador", dijo la Alcaldesa de Ponce.

Meléndez Altieri sostuvo, además, que Vasallo es el “representante fantasma que no ha asignado ni un centavo al Puerto de Las Américas, ni un centavo a Ponce en Marcha, ni un centavo para mejorar a Ponce".

"Que Vasallo diga cuál ha sido su aportación a Ponce como legislador antes de perder el tiempo en los tribunales", emplazó la Alcaldesa.

Denuncia irregularidades con 'Puerto Rico Trabaja'

Por Maricarmen Rivera Sánchez  - El Vocero

El representante popular Jorge Colberg Toro denunció supuestas irregularidades en los contratos que se ofrecieron para la campaña ‘Puerto Rico Trabaja’, que busca alentar a los cesanteados por el Gobierno bajo la Ley 7.

De acuerdo con Colberg Toro, el contrato ofrecido a la empresa KOIGC por $2.2 millones violó leyes estatales como la Ley de Ética Gubernamental y leyes federales. Colberg Toro vinculó esta contratación con el hecho de que el dueño de la empresa, Edwin Miranda donó a las campañas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el Representante, en abril de 2009 esta empresa recibió un certificado que le permite hacer negocios  y seis días más tarde, obtiene su primer contrato con el Departamento del Trabajo como consultor en comunicaciones. De acuerdo con el contrato, Miranda podía facturar entre $85 y $125 la hora hasta un máximo de 60 horas.

De acuerdo con Colberg Toro, una vez se otorgó ese primer contrato inició un proceso para dar otros nueve contratos para ‘Puerto Rico Trabaja’ por $2.2 millones. Dijo además que se otorgó este contrato a KOICG pocos días después de publicada la primera convocatoria y antes de que se dieran a conocer los requisitos necesarios para las empresas.

Colberg Toro envió cartas a las autoridades federales para que investiguen el asunto, dado que parte de estos fondos son federales.

García Padilla aboga para que se medique al adicto a las drogas

Inter News Service – Primera Hora

El senador Alejandro García Padilla abogó hoy para que se medique al adicto a las drogas para que pueda romper con la adicción física y la psicológica y sea una persona funcional en la sociedad.

García Padilla considera que con ello se reduce la posibilidad de que esa persona cometa delitos para saciar la "sumisión irresistible" a la droga.

"Se pueden utilizar los servicios de los hogares donde los ayudan a romper en frío, pero luego es necesario que sean medicados para que, a su regreso al ambiente que le fuera usual al uso de drogas, no se active su adicción psicológica y recaigan. Son medicamentos especializados. No se trata de vender drogas ilegales en las farmacias", expuso el senador del Partido Popular Democrático en declaraciones escritas.

Dijo que si se piensa, se puede entender que no es posible atender a un adicto simplemente encerrándolo en una cárcel.

"Si se quiere tener éxito, hay que tratarlo de forma biopsicosocial. El adicto es un enfermo cuya condición de salud lo obliga a delinquir para poder obtener droga; no es un delincuente cuyo delito es ser adicto. La adicción es una condición crónica de salud. Es la sumisión irresistible, física y psicológica a una sustancia, escapando absolutamente del control del individuo y de la que no es capaz de liberarse voluntariamente", expuso García Padilla.

Adujo que la adicción física y la adicción psicológica son, cada una de por sí, capaces de derrotar la mera voluntad del individuo.

García Padilla señaló que en Puerto Rico se ha estado tratando al adicto, no como enfermo, sino como delincuente, sometiéndolo a dos tipos de reclusión: encarcelándolo sin curarlo, lo que hace que cuando salga a la calle delinca nuevamente, pues sigue enfermo; o en el mejor de los casos, poniéndolo en un hogar donde "rompe en frío" con su adicción física, pero no con la psicológica.

Agregó que luego, como regla general, sufren recaídas cuando regresan al entorno social donde usaban la droga, estimulados por la correlación entre el "placer" que le provocaba el uso de la sustancia y el ambiente donde lo hacía.

García Padilla indicó que todos los hallazgos de información científica que ha recopilado favorecen la medicación de los adictos.

Arango busca se discuta el status en Conferencia Legislativa

Por Yennifer Álvarez Jaimes - Vocero

El portavoz penepé en el Senado, Roberto Arango buscará que durante la Conferencia Legislativa de hoy se discuta el tema del status ya que “debe ser una prioridad para todos los estadistas”.

A su entrada a La Fortaleza, Arango dijo que tal parece que este tema no es una prioridad para el comisionado residente, Pedro Pierluisi y que se encargará de que el tema se incluya en la agenda de hoy.

Pierluisi ha dicho que el proyecto de status HR 2499 espera por una fecha de discusión en el pleno de la Cámara federal.

Entre otras de la propuestas que Arango espera que se discutan está la reforma contributiva y la reforma gubernamental.

Por su parte, el senador Ángel 'Chayanne' Martínez y la senadora Lucy Arce defendieron la ejecutoria del Comisionado Residente.

“Se puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo; pero el Comisionado ha tenido que atender asuntos que también le interesan a la gente como la reforma de salud”, indicó Arce a EL VOCERO. (editada)

Economía, negocios

No mejora la construcción

Por Luisa García Pelatti -  Vocero

El número de permisos de construcción sigue cayendo. En noviembre la reducción fue de 20.5%. Un aspecto positivo, es que el valor de los permisos creció 82.8%. Sin embargo, los permisos para nuevas unidades de vivienda están 51% por debajo del año anterior.

Los permisos, un indicador del nivel de actividad de la industria de la construcción, han estado cayendo de forma generalizada desde hace más de tres años.

El número de permisos expedidos en noviembre disminuyó de 435 en el 2008 a 346 en 2009, lo que supone una caída de 20.5%. Con éste ya son 14 meses de descensos continuos.

Los permisos para construcción de proyectos privados disminuyeron 20.1%, mientras que los de obras del gobierno bajaron 25%.

En el 2008, la disminución de los permisos fue de 8%, la cuarta anual consecutiva.

El valor de los permisos en noviembre aumentó 82.8%, hasta $166.9 millones, el nivel más alto en los últimos tres meses. En el 2008, el valor de los permisos se había reducido 2.2%.

Los permisos para nuevas unidades de vivienda disminuyeron de 582 en noviembre de 2008 a 285 el mismo mes del 2009, una caída de 51%. En el 2008 bajaron 21.8% y ya acumulan cinco años de caídas.

En noviembre de 2009, los proyectos privados más significativos para los cuales se expidieron permisos de construcción fueron: construcción del nuevo proyecto de expansión AML-14 fase II (Proyecto Olympus de Amgen), en Juncos, a un costo de $89.9 millones; la construcción de MAPFRE Auto Body Shop, en Carolina, a un costo de $3.8 millones; y la construcción de CVS Pharmacy, en Bayamón, a un costo de $3.2 millones.

En cuanto a los proyectos públicos figuran: la construcción del hospedaje especializado Aires de Manantial & Aires de la Colinas, en Trujillo Alto, a un costo de $11.6 millones; la modernización del Residencial Rafael Hernández, en Mayagüez, a un costo de $8.1 millones; la construcción de un centro de vivienda y servicios (Fase I, con 27 unidades) en Bayamón, a un costo de $3.7 millones; y la ampliación y modificación del Parque del Litoral Mayagüez 2010, en Mayagüez, a un costo de $3.0 millones.

Por otro lado, las ventas de cemento –otro indicador adelantado de la actividad en el sector de construcción–  siguen bajando. En octubre, el dato más reciente, sufrieron una reducción de 35.2%. Las ventas no han crecido desde el 2005 y habían disminuido 13.6% en el 2008.

Por su parte, la producción local de cemento bajó 17.8% en octubre, y ya son 14 meses de caídas consecutivas. En el 2008, la producción se redujo 6.6%.

Asoma otro golpe tributario

El impuesto que proponen para las empresas que generan más de $10 millones minaría la confianza del inversionista

Por Joanisabel González / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La propuesta para establecer una contribución de 10% a ciertas corporaciones está plagada de errores; es otro parche al sistema tributario y vuelve a minar la confianza de empresarios e inversionistas, según varios expertos.

De acuerdo a Jorge Cañellas, presidente del comité de Asuntos Contributivos en la Cámara de Comercio, el proyecto 1355- que propone una contribución a las corporaciones “exentas” y contribuciones tributables con un ingreso bruto de $10 millones- está “defectuoso” en su redacción.

“Define contribuyente como compañías acogidas a la Ley 73 (de Incentivos Económicos), pero en el artículo tres no sólo aplica a la Ley 73 sino a cualquier otra ley, convenio o decreto del Departamento de Hacienda”, sostuvo el contador público.

Desde esa perspectiva, Cañellas indicó que la medida podría afectar a diversidad de empresas incluyendo hoteles, empresas agrícolas, compañías de seguros internacionales y entidades bancarias internacionales, en la medida en que éstas poseen tratamientos especiales o acuerdos con el Departamento de Hacienda.

Cañellas agregó que el proyecto tendría la intención de establecer la tasa del 10% a partir del 2011, pero en la redacción podría entenderse que aplica a años contributivos anteriores.

Mientras, Gustavo Vélez, de Inteligencia Legislativa, señaló que la medida no afectaría las compañías de inversión o fondos mutuos locales, ya que el proyecto no hace referencia directa al estatuto que las creó.

Efectos no deseados

De otra parte, Vélez sostuvo que los impuestos a las corporaciones, se transfieren, a través de la estructura de costes, al consumidor. “Esto crea más inflación y en el caso de las compañías locales, las hace menos competitivas”, dijo Vélez.

Vélez agregó que la propuesta no puede desvincularse de otros acontecimientos como las sobretasas especiales al sector empresarial para cuadrar el déficit presupuestario y la discusión congresional acerca de las corporaciones foráneas controladas.

Lo que revelan las planillas

Además, explicó que el ciclo recesionario ha reducido marcadamente los ingresos de las empresas, lo que a su vez, ha socavado los recaudos del erario.

En el fiscal 2009, las corporaciones no exentas pagaron $164 millones en contribuciones versus $952 millones en el 2005. Las corporaciones exentas pagaron $1,200 millones en el fiscal 2009 en relación a $1,870 en el fiscal 2005.

Según datos del Departamento de Hacienda, en el 2006, se procesaron 33,279 planillas corporativas. De éstas, 367 reportaron un ingreso bruto mayor de $9 millones o más y en conjunto, pagaron $922.6 millones, equivalente al 73% de las contribuciones corporativas de ese año. Mientras, las planillas con ingreso bruto de hasta $9 millones ascendieron a 33,912, que representaron $333.1 millones (27%). (EDITADA)

Turismo defiende contratación de IDEO

Por Brenda A. Vázquez Colón -  VOCERO

Tras los cuestionamientos del presidente de la Comisión de Desarrollo de la Industria Turística de la Cámara, Iván Rodríguez, el director de la Compañía de Turismo, Jaime López, defendió la contratación de la organización Impulso de Desarrollo Económico del Oeste (IDEO), presidida por Enrique “Kike Cruz”, para traer vuelos “charter” al aeropuerto de Aguadilla provenientes de Londres, Barcelona y Madrid.

La defensa de López surgió en medio de la vista pública de la Comisión, donde se discutió la posible enmienda del Artículo 4 de la Ley 67 del Programa de Incentivos Aéreos de Vuelos Fletados del Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, la cual propone que Turismo aporte $2 millones anuales al Fondo Especial del Programa de Incentivos del aeropuerto, enmienda a la que López se opone.

“No entiendo porqué no está de acuerdo en asignar $2 millones al desarrollo de Porta del Sol y sí a IDEO. ¿Usted se sintió presionado en algún momento?”, preguntó Rodríguez. A tales expresiones López se defendió y explicó que examinó las propuestas para este contrato por sus méritos y que no hubo presiones externas al momento de elegir a IDEO. “Se le asignó un presupuesto de alrededor de $200,000 a IDEO y el resto es una garantía de cupo en los vuelos. Además, exigiré informes de los gastos y ocupación de las hospederías de la región”, indicó el titular de Turismo.

Por su parte, el representante José Aponte, quien resaltó la confianza y el apoyo del Gobernador al desempeño de López, presentó una moción para citar a Enrique “Kike” Cruz para que aclare los detalles de dicha contratación, moción que fue aceptada por toos los miembros de la Comisión, por lo que próximamente será citado.

“Lo correcto es que se me cite porque el contrato con esta entidad que impulsa el desarrollo del oeste está formada por alcaldes, dueños de paradores y otros sectores del turismo. Yo hablaré con la verdad en el momento que me toque y aclararé los números que se han sacado de la manga. Además, explicaré la diferencia de FITUR del año pasado y este año”, dijo Cruz, refiriéndose a la Feria Internacional de Turismo que se llevó a cabo en Madrid, España y de la cual formó parte la Compañía de Turismo de Puerto Rico.  Algunos legisladores también ha cuestionado la inversión de Turismo en dicha feria.

Sobre la enmienda, que además de asignarle $2 millones a Porta del Sol, pretende eliminar el límite de habitaciones de los paradores y hospederías como requisito para obtener incentivos, López explicó que el presupuesto de $100 millones de la Corporación es limitado y que no está de acuerdo con esta asignación anual dirigida a los vuelos “charter” de Aguadilla.

“Turismo y su Junta Directores tienen un compromiso con Porta del Sol y estamos promocionando la región a través de otros mecanismos e iniciativas de regionalización y con incentivos a los cruceros del oeste, además de vuelos “charter”. No se trata sólo de dólares y centavos”, argumentó López, quien resaltó que la semana pasada se promocionó a Porta del Sol en FITUR, donde más de 35,000 personas y 8,000 periodistas estuvieron presentes, por lo que la Isla se mercadeo mundialmente. En el evento, también se lograron acuerdos que beneficiarán a la región del oeste atrayendo al turismo europeo por medio de alianzas con líneas aéreas y agencias de viajes, entre otros logros.

Tanto Rodríguez como el representante José Rivera, quien propuso que la asignación de fondos a Porta del Sol sea por los próximos cinco años, opinaron que aunque creen en las buenas intenciones de López en ayudar al desarrollo del oeste, no pueden depender de la buena fe de quien dirija dicha Corporación, ya que las administraciones pasadas no cumplieron con los proyectos propuestos para mejorar la economía de la región, por lo que prefieren que se realice por medio de la ley.

Corrupción

Justicia entra en juego

Acepta referido del FEI sobre Díaz y Goachet

Por Eugenio Hopgood Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El fiscal Ignacio Morales Gómez, director de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, tenía ayer sobre su escritorio el expediente con los referidos de investigación contra el ex senador Carlos Díaz y el publicista Alberto Goachet. Además, estaba en vías de determinar a cuál fiscal de esa unidad se le referiría el caso para investigarlo, trascendió ayer.

Justicia recibió el expediente enviado por el Fiscal Especial Independiente (FEI) Ernie Cabán y, a su vez, lo refirió a Morales Gómez, supo este diario.

No obstante, el secretario de Justicia interino, Guillermo Somoza Colombani, se limitó a confirmar por escrito que se había recibido “una recomendación de investigación por parte de la Oficina del FEI contra varias personas”, sin “negar ni confirmar” que se tratara de Díaz y Goachet, y que el expediente fue referido al fiscal Morales Gómez.

Por otra parte, fuentes de este diario indican que la recomendación del FEI es que se procese a Díaz por un cargo criminal de soborno por alegadamente haber solicitado y aceptado dinero a cambio de legislación.

También se recomiendan cargos de conspiración y violaciones a la Ley Electoral y a la Ley de Ética Gubernamental. La prueba referida a Justicia consta de una declaración jurada sobre dicha transacción, se agregó.

El propio Díaz, en entrevista con este diario, sugirió que la declaración jurada podría estar relacionada con la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), cuya directora ejecutiva, Betsy Barbosa, ha admitido a investigadores federales que hizo diversos pagos, por más de $200,000 al ex senador Jorge de Castro Font para promover intereses de los aseguradores.

“Se está rumorando muchas cosas que tienen que ver con Acodese”, dijo Díaz cuando se le preguntó quién entendía él que había hecho la declaración jurada que él sostiene es falsa.

No obstante, informes no confirmados vinculan la prueba contra Díaz con la resistencia que encabezaron De Castro Font y él a la legislación que viabilizó el Corredor Ecológico del Norerste (CEN).

Por otra parte, las fuentes indicaron que la prueba surgida contra el publicista y asesor político Goachet se relaciona con la generación de facturas falsas por parte de éste para esconder pagos ilegales de un empresario a De Castro Font.

Goachet, quien fue asesor de De Castro Font el cuatrienio pasado, se declaró culpable en diciembre de 2008 en el foro federal tras admitir que preparó facturas falsas de su propia compañía de comunicaciones para disimular pagos que hizo el empresario de seguros Carlos Benítez a su entonces jefe.

Goachet quien fuera uno de los hombres más influyentes del País cuando fungía como cerebro de las comunicaciones y propaganda del gobierno de Pedro Rosselló, cumplió tres meses de prisión y extingue tres años en probatorio.

De Castro Font se declaró culpable en enero de 2009 por 21 cargos federales, por recibir sobre medio millón de dólares entre 2005 y 2008 de empresarios a cambio de legislar a favor de sus intereses.

En diciembre pasado, el FEI Cabán radicó 182 cargos criminales contra De Castro Font en el foro estatal.

Denuncian favoritismo en contrato millonario

Colberg alega que el beneficiado es un allegado a Pierluisi

El portal www.puertoricotrabaja.com es parte de una campaña publicitaria del Gobierno para ofrecer orientación y servicios a miles de empleados públicos despedidos.

Por Alba Y. Muñiz Gracia / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Violaciones a procedimientos de contratación con fondos federales, conflicto de intereses, favoritismo, facturación doble y alteración de documentos públicos son parte del supuestos esquema ilegal bajo el que la administración del gobernador Luis Fortuño favoreció a la compañía de publicidad KOIGC con la campaña de “Puerto Rico Trabaja”, según el representante popular Jorge Colberg Toro.

En una rueda de prensa, Colberg identificó al propietario de KOIGC Corp., Edwin Miranda, como el publicista principal de la campaña del comisionando residente Pedro Pierluisi y como donante de Pierluisi y de Fortuño cuando este último aspiraba a la silla de Washington.

Como parte de la campaña se creó el portal puertoricotrabaja.com, en el cual los empleados públicos desplazados por la Ley 7 entran en contacto con las ofertas de empleo en los diversos sectores empresariales del País.

Según el legislador, el Gobierno le ha otorgado más de $2 millones en 10 contratos para la publicidad de “Puerto Rico Trabaja”.

Además, indicó que KOIGC sometió su propuesta para la subasta de la campaña de publicidad 14 días antes de que se publicaran los requisitos para solicitarla.

“Esto ocurrió por dos razones: o una persona tenía conocimiento privilegiado o esto fue un proceso pro forma porque el contrato ya estaba adjudicado”, sostuvo Colberg.

El legislador relató que el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH) del Departamento del Trabajo publicó el 6 de junio pasado una convocatoria para la campaña que no contenía información sobre los requisitos para solicitar el contrato. Esas guías se publicaron el 18 de junio.

Mientras, el director ejecutivo del Consejo, Aurelio González Cubero, tildó de erróneas las expresiones de Colberg. Sostuvo que la convocatoria realmente fue publicada el 18 de junio y que KOIGC entregó su propuesta el 29. (editada)

Pesquisa por manejo de fondos del Programa de Comunidades Especiales en proyecto en Arecibo

Inter News Service - Primera Hora

La Cámara de Representantes aprobó la Resolución 1026 que ordena a las comisiones de Gobierno y de Asuntos de Familias y Comunidades realizar una investigación minuciosa sobre el manejo de los fondos asignados al Programa de Comunidades Especiales y a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión.

La investigación está enfocada especialmente en los fondos relacionados al desarrollo de un complejo de viviendas de interés social ubicado en el sector Vigía del barrio Islote de Arecibo, dijo la representante Paula Rodríguez Homs, autora de la medida.

Dijo que también va dirigida a los contratos otorgados a todas las compañías concernidas en ese desarrollo; el proceso utilizado para otorgarlos y el pago por concepto de renta de las residencias que ocupan actualmente los inquilinos que esperan porque se les entreguen sus nuevos hogares.

Según se desprende de la resolución, el sector Vigía del barrio Islote fue incluido dentro del Programa de Comunidades Especiales y se comenzó a desarrollar un complejo de viviendas de interés social bajo ese programa.

Rodríguez Homs dijo que con ese objetivo, un número considerable de familias fueron removidas de los hogares que ocupaban y reubicadas en viviendas temporeras, cuyas rentas mensuales eran cubiertas con fondos asignados para ese propósito.

Sin embargo, comentó que su oficina ha recibido información sobre la precaria situación que ahora enfrentan, ya que en muchos de los casos la renta ha dejado de ser satisfecha, por lo que los propietarios de las viviendas han optado por desalojar a las familias que las ocupan.

"Es una situación extrema, ya que la incertidumbre que están viviendo esas familias les ha creado una gran inestabilidad emocional y un extremo desasosiego, ya que no conocen qué planes de contingencia, si alguno, se ha establecido para ellos.

Contralor revela irregularidades en Compañía de Comercio y Exportación

Inter News Service - Primera Hora

Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentos, y de normas de sana administración y de control interno en las operaciones de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.

Además, la intervención, que cubrió del 28 de diciembre de 2003 al 31 de diciembre de 2008, se determinó el incumplimiento de ley relacionado con la presentación del Reglamento de Compras en el Departamento de Estado, ausencia de reglamentos para las cuentas por cobrar clasificadas como incobrables y el uso, control y mantenimiento de los vehículos oficiales.

Dijo que al 31 de diciembre de 2008, las actividades y los procedimientos para la adquisición de servicios y suministros del Área de Compras de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico se regían por el Reglamento de Compras aprobado por la Junta mediante la Resolución Número 2008-016 del 3 de julio de 2008.

La auditoría determinó que a la fecha indicada, la Compañía no había remitido el reglamento al Departamento de Estado. Ese Reglamento es de aplicación general que afecta a terceros.

Igualmente, el examen realizado a las operaciones del Departamento de Contabilidad y Finanzas reveló que al 30 de junio de 2008 el Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico no había preparado y remitido ante la consideración de la Junta un reglamento o procedimientos escritos para el cobro y el manejo de las cuentas por cobrar clasificadas como incobrables y que no han tenido movimiento. Tampoco el manual de contabilidad contaba con disposiciones sobre el particular.

La Compañía no contaba con un reglamento, norma o procedimiento aprobado por la Junta para el cobro y el manejo de las cuentas por cobrar por concepto de matrículas producto de los cursos ofrecidos por el ICEDE. Tampoco el manual de contabilidad contaba con disposiciones sobre el particular.

El Contralor señaló que también se encontró la ausencia de reglamentación necesaria para evitar el incumplimiento de ley relacionado con los informes financieros sometidos a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

Al 30 de septiembre de 2008, la Compañía no contaba con un reglamento o procedimiento scrito que le permitiera establecer los mecanismos necesarios para mantener un control administrativo adecuado sobre el cumplimiento con la Ley Número 12. Esto para, entre otras cosas, asegurarse de que el personal de la Compañía, obligado a presentar los informes financieros, cumpliera con el envío de éstos a la Oficina de Ética Gubernamental.

También determinó que del 28 de diciembre de 2003 al 30 de junio de 2008, la Compañía de Comercio y Exportación formalizó 2,663 contratos y 369 enmiendas por $681,693.441 millones por concepto de préstamos, alquiler de inmuebles, construcción y reparación de estructuras, servicios de consultoría administrativa, publicidad, adiestramiento u orientación, misceláneos, entre otros.

El examen realizado reveló que la Compañía remitió a la Oficina del Contralor, copia de 679 de los contratos y de 118 enmiendas por $257,324,226 millones con tardanzas que fluctuaron entre 2 y 616 días consecutivos luego de transcurrido el término fijado por ley y la reglamentación aplicable.

Los contratos y enmiendas se formalizaron entre el 22 de enero de 2004 y el 1 de mayo de 2008 y la Ley Número 18 y en el Reglamento Número 338 se dispone que los organismos del Gobierno remitirán a la Oficina del Contralor copia de todo contrato que otorgue y de las enmiendas a éstos, dentro de los 15 días siguientes a partir de las fechas de otorgarse.

En la auditoría también se encontró que los informes mensuales del Registro de Puestos fueron remitidos tardíamente a la Oficina del Contralor; ausencia de disposiciones en el Reglamento de Propiedad Mueble y otras deficiencias relacionadas.

Durante el periodo auditado actuaron como director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico, Bartolomé Gamundi Cestero, del 1 de septiembre de 2008 al 31 de diciembre de 2008; Juan Román Castro, del 4 de diciembre de 2007 31 de agosto de 2008; Ricardo A. Rivera Cardona, del 9 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2007 y Guailí Antonio Sosa Pascual, del 8 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2004.

Comunidad

De vuelta a sus andanzas Tito Kayak

Protesta en la autopista José de Diego por el alza en el peaje del puente Teodoro Moscoso

Por Frances Rosario -  El Nuevo Día

El habitual tapón mañanero de la autopista José de Diego (PR22) en Bayamón se agravó hoy con una manifestación del activista ambiental, Alberto de Jesús, mejor conocido como Tito Kayak.

Según informó el agente José Yambó, de la División de Tránsito Autopista Buchanan, el activista se ubicó sobre el puente que da acceso a la escuela Bayamón Military Academy para despegar hacia la autopista una pancarta que lee: “Hoy es el puente y mañana es tu peaje”.

Sostuvo que la congestión vehicular que provoca la peculiar manifestación se extiende desde el kilómetro 27 en Dorado.

Con su manifestación, De Jesús protesta por el alza de $2.00 en el puente Teodoro Moscoso entre Carolina y San Juan.

De hecho, el pasado lunes Tito Kayak realizó otra manifestación sobre el puente de la avenida Américo Miranda que paralizó la autopista Luis A. Ferré. En esa ocasión solicitaba un boicot al carrerea World’s Best 10K del Teodoro Moscoso.

UGT denuncia malas condiciones y falta de información en Hospital Universitario de Bayamón

Primera Hora

Las privatizaciones, el abandono de sus instalaciones y la desinformación a los empleados son la orden del día en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, ubicado en Bayamón, según denunció hoy en un comunicado de prensa la Unión General de Trabajadores (UGT).

Según la denuncia de la UGT, las operaciones de la Sala de Emergencia han sido privatizadas y puestas en manos en un grupo médico. Junto con la Sala de Emergencia, las áreas de Admisiones y de OPD (Clínicas Externas) también se privatizaron, reveló el sindicato.

Otra área que tampoco se ha salvado de la privatización, se dijo, lo es el de seguridad. Guardianes que eran empleados del Departamento de Salud fueron eliminados, poniéndose ese servicio totalmente en manos de la compañía privada Génesis.

La UGT anticipa en su denuncia que el área de Facturación y Cobros pasará dentro de poco a manos de la aseguradora MCS, “vinculada a escándalos de favoritismo” a su favor durante la presente administración de Gobierno.

Entretanto, los empleados de este centro hospitalario no están recibiendo los pagos correspondientes a la Ley 56 y a uniformes, bajo la excusa de que estos beneficios han quedado congelados bajo la Ley 7 de emergencia fiscal. Igualmente, “se desinforma sobre los alcances del convenio colectivo que cobija a los empleados unionados, diciendo que no hay convenio colectivo al presente, lo cual es falso, como falaz es lo de la Ley 56 y los uniformes”, indicó la organización sindical en su comunicado de prensa.

La UGT aclaró que la Ley 7 de emergencia fiscal solamente congela hasta el 2011 las cláusulas económicas del convenio colectivo, pero prosigue en vigor el resto de las cláusulas contractuales, así como el procedimiento de quejas y agravios.

El sindicato aseguró que emprendió un plan de lucha enfocado en el Hospital Ramón Ruiz Arnau para detener toda esta política nefasta de privatización de un servicio esencial como la salud y que está dirigida a enriquecer a donantes del partido en el poder y seguir privilegiando al capital privado por encima del interés público. Designó desde noviembre pasado a Cándido Collazo como oficial de servicio para atender con prioridad esta situación.

Llaman a apoyar jóvenes arrestados en pasquinada en Ponce

Mañana tendrán su cita con la justicia

Por Inter News Service El Nuevo Dia

El precandidato a representante por el Distrito 23 de Ponce, José "Cheíto" Rivera Madera hizo un llamamiento a los militantes del Partido Popular Democrático (PPD) en el sur, para que mañana respalden con su presencia en el Tribunal a los dos jóvenes de la organización que enfrentarán cargos por pasquinar postes aledaños al Puerto Las Américas Rafael Cordero Santiago.

Rivera Madera repudió la acción de la alcaldesa, María Meléndez Altieri, al querer cuartar la libre expresión de Rubén Martínez y José Luis Medina, al justificar su arresto el pasado viernes y suspendiéndolos de sus empleos.

"La Alcaldesa, en un acto de revanchismo político, está atentando contra el futuro de dos jóvenes ponceños. Mayita no sólo los arrestó intentando callarlos sino que tan reciente como el pasado martes los envió a agotar vacaciones de manera anti ética, de sus trabajos en el municipio para querer intimidarlos. Esto es un acto que tenemos que repudiar todos los jóvenes puertorriqueños", señaló.

Rivera Madera indicó además que es un acto cobarde, abusivo y en cierta manera, una bola de humo el querer tratar de desviar la atención de la realidad que está viviendo Ponce. (EDITADA)

Evalúan opciones para vecinos de Villas del Sol

Su futuro podría definirse en dos semanas

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

TOA BAJA - Tan pronto como en dos semanas podría conocerse el futuro inmediato de las 200 familias que aún permanecen en Villas del Sol.

Ayer, luego de una reunión entre los residentes, el Estado y el alcalde Aníbal Vega Borges, trascendió que hay varias opciones sobre la mesa que redundarían en la reubicación de la comunidad, ubicada en terrenos inundables.

Es probable que en dos semanas, cuando se realice la próxima reunión entre las partes, se informe qué opción fue la favorecida. Para entonces, los vecinos habrían escogido la fecha en la que abandonarían sus residencias.

La directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, María Sánchez Brás, informó que en el ínterin el Estado evaluará si pueden erigirse casas en los terrenos que el doctor Fernando Ibarra donó a tales efectos, en Arecibo.

En caso de que la construcción no sea viable, ya que las cuerdas donadas están dentro de zona cársica, otra opción sería que éstas se permutaran por otras, propiedad de la Autoridad de Tierras.

“No es imposible, pero sí difícil”, dijo, por su parte, Vega Borges.

El Alcalde indicó que una tercera opción es que los vecinos -en conjunto- compren un terreno con el dinero que les da el Departamento de la Vivienda para alquilar casa por seis meses. Las familias podrían cambiar por efectivo el ‘voucher’ de Vivienda, añadió.

Maritza de la Cruz, una de las residentes que acudió a la tertulia, celebrada a puerta cerrada en el Coliseo Municipal Antonio R. Barceló, salió complacida y sonriendo.

“Todo tiene solución en la vida. Tenemos fuerza de voluntad y deseos de mudarnos. Si ponemos en un pote el dinero que nos están dando, compramos un terreno y Villas del Sol se muda inmediatamente”, soltó.

De la Cruz se mostró confiada en que en la próxima reunión se pautará la salida definitiva de las familias.

El licenciado Alvin Couto, representante legal de la comunidad, también se expresó satisfecho con lo hablado.

“Hay un terreno (el de Arecibo) que nos sirve como capital para negociar con el Gobierno. Si no, que nos den los $720,000 de los ‘vouchers’ para comprar un terreno”, dijo Couto.

Quien único expresó sus reservas fue el ex obispo de la Iglesia Metodista, Juan Vera, representante espiritual de Villas del Sol, quien supuestamente notó un “cambio de actitud” en los deseos del Estado en ayudar a los vecinos.

Residentes de Villas del Sol buscan acuerdo con el Gobierno

Leysa Caro González / Primera Hora

Residentes de la comunidad Villas del Sol se encuentran reunidos con representantes del Gobierno en busca de un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Los vecinos de Toa Baja luchan por tiempo adicional para poder abandonar los terrenos y que se les reconecte los servicios de agua y luz. Mientras eso sucede, el Gobierno quiere sacarlos del lugar lo antes posible por la peligrosidad que representan los terrenos para vivir y para evitar pagarle a FEMA millones de dólares.

El obispo Juan Vera, quien participaba de la reunión pero tuvo que marcharse, indicó a su salida que anque no quiere ser pesimista, ve difícil que la reunión rinda los resultados esperados. "No quisiera adelantarme, ni quiero ser pesimista, pero no veo el espíritu", dijo.

El religioso se refirió a que el alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, no tiene la misma actitud de colaboración "que la pasada semana”. Y, es que los vecinos están tratando de lograr una permuta, lo que quiere decir que le darían al Gobierno los terrenos, que les donó el doctor Eduardo Ibarra, por ser éstos de alto valor ecológico y el Estado le daría unos del mismo valor y la misma cantidad de cuerdas. Sin embargo, es en este punto donde está el tranque entre ambas partes.

En la reunión, que se celebra a puerta cerrada, participa Jennie Ibarra, quien junto a su esposo donó a los vecinos las 17 cuerdas de terreno en Arecibo. También están los jefes de Familia, Vivienda y Gerencia y Prespuesto, asi como un representante por cada calle de la comunidad.

Cocina la AEE un plan de cesantías

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Dos resoluciones aprobadas por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sientan las bases para cesantías entre sus 2,600 empleados gerenciales y encaminan un proceso para estructurar un plan de despidos entre los empleados afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que agrupa unos 4,797 trabajadores.

Aunque la AEE asegura que las nuevas disposiciones obedecen a una ley aprobada en el 2004 que la obliga, al igual que a otras corporaciones públicas, a adoptar un reglamento para posibles despidos de su personal, la resolución que atañe a los empleados gerenciales faculta los despidos bajo múltiples alegatos.

“Resultaría contraproducente el que la Autoridad agotase su presupuesto sólo en la partida de salarios para sus empleados y no lograse cumplir con sus obligaciones primordiales ... Cuando se haga necesario, habrá que tomar la difícil decisión de cesantear personal por falta de fondos o de trabajo debido a la automatización, mecanización, reorganización, entre (otras razones)”, lee el Plan de Cesantías para los Empleados Gerenciales de la AEE, un documento interno de la agencia obtenida por Primera Hora.

La resolución que establece el protocolo se aprobó el pasado 17 de noviembre.

La directora de la división de Recursos Humanos de la AEE, Astrid Rodríguez, dijo que el protocolo le garantiza un “debido proceso de ley” ante la eventualidad de un plan de cesantías. Cabe destacar que gran parte de los despidos de los empleados públicos se revirtieron cuando los tribunales hallaron que no se había cumplido con esta garantía legal. “Esto no es una carta en blanco. Se establecen unos procedimientos generales”, dijo la ejecutiva, quien canceló el pasado jueves una reunión que iba a sostener con el presidente de la Asociación de Empleados de la AEE, José Mulero.

Al ser abordado sobre el tema, Mulero consideró que la medida puede ser un mecanismo de presión que está utilizando la agencia para llevar a cabo un proceso de reorganización de oficinas donde hay personal de más o donde se carece de éste.

Por otra parte, el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que el pasado domingo ordenó a sus delegados que prohibieran a sus unionados firmar los reportes de productividad que se han comenzado a distribuir hace dos a tres semanas.

La otra resolución de la Junta autoriza al Director Ejecutivo a negociar un plan de cesantías con la Utier y divulgar el procedimiento para el resto de los empleados unionados adscritos a otros tres sindicatos.

“Quieren reducir la nómina, aunque el sistema se colapse”, dijo el líder sindical.

Representante afirma empresas privadas pueden enfrentar millonarias demandas

Inter News Service - Primera Hora

Millones de dólares en demandas podrían enfrentar las empresas privadas que se acojan al subsidio que ofrece el Gobierno de Puerto Rico para la contratación de empleados públicos despedidos, según afirmó hoy la representante popular Carmen Yulín Cruz.

Y es que, según explicó, el Gobierno cambió mediante reglamento las disposiciones de la Ley 80 (de despido injustificado) y aumentó de 90 a 365 días el período probatorio que deben pasar los funcionarios cesados que sean contratados por empresas privadas, por lo que luego de un año de trabajo pueden ser despedidos sin ‘problemas’.

Sin embargo, Cruz advirtió en una conferencia de prensa que el cambio es ilegal, “porque un reglamento no puede ir por encima de una Ley”, por lo que las compañías privadas pueden enfrentar problemas judiciales.

Señaló que la ampliación del período probatorio mancilla a los empleados, porque no sería hasta pasado un año de trabajo cuando podrían obtener los beneficios marginales que los empleados regulares en empresa privada obtienen al cumplir sus primeros 90 días de labor.

Cruz emplazó al gobernador Luis Fortuño a que exija al secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero, a que cumpla con su labor de defender los empleados y realicen los cambios necesarios para que, si pasan a la empresa privada, puedan contar con los beneficios que les corresponden.

El subsidio que ofrece el Gobierno permite a la empresa privada pagar la mitad de un salario de hasta $30,000 a un funcionario público cesado, mientras el erario pagaría la cantidad restante.

Mayagüez 2010

Inconforme aún Cuba

No les satisface el contenido de la última carta que le enviaron al Comité Organizador de los Centroamericanos

Por Sara Del Valle Hernández / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El presidente del Comité Olímpico Cubano (COC), José Ramón Fernández, se mostró insatisfecho con el contenido de la última carta que recibió el Comité Organizador de los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe el lunes.

En una entrevista publicada hoy en el diario Granma, Fernández sostiene que la misiva de Janice L. Jacobs, Jacobs, subsecretaria en asuntos consulares del Departamento de Estado, no les ofrece las respuestas que buscan.

“Hace unas horas recibimos la información de que la señora Janice L. Jacobs, subsecretaria en Asuntos Consulares del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, había enviado una carta al señor Felipe Pérez Grajales, presidente del Comité Organizador de Mayagüez 2010, y la tenemos, pero ciertamente tampoco brinda respuesta al tema de la delegación cubana. Ni siquiera lo menciona”, cita a Fernández el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Esta comunicación fue presentada ayer en conferencia de prensa por David Bernier, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), y Felipe Pérez Grajales, presidente del Comité Organizador de los Juegos. De hecho, Pérez Grajales catalogó su contenido de “bien positivo”.

Sigue la espera por los cubanos

Jacobs indica en la carta, fechada el 19 de enero, que “como se ha hecho en otros eventos deportivos de envergadura, se ha implementado un proceso expedito para los Juegos que respete las leyes estadounidenses, pero que a la vez asegure que cada participante calificado pueda llegar a Puerto Rico a competir, a entrenar o a darle apoyo a los atletas”.

Fernández reiteró que les interesa venir a Mayagüez en verano, pero que necesitan que se atiendan sus reclamos. “Contamos con el soporte económico necesario, pero también tenemos la responsabilidad de exigir se cumpla con los justos reclamos que estamos haciendo desde el mismo momento en que se otorgó la sede a Mayagüez y que están vigentes para los Comités Organizadores hace años”, dice el también Vicepresidente del Consejo de Ministros.

Por último, Fernández volvió a llamar la atención de que el tiempo para trabajar las peticiones de su gobierno se acaba. “Pero es un hecho que el tiempo comienza a agotarse y aunque la voluntad es de participar las respuestas que requerimos siguen pendientes”.

Opinión __________________________

Editoriales

El Nuevo Día

Hay que cumplir con los testigos

Una de las piezas fundamentales en la solución en los tribunales de los casos criminales, incluyendo el logro de las convicciones, es la colaboración de los testigos, quienes necesitan garantías de seguridad del Estado y un mínimo de consideraciones en tan delicados procesos.

Por sus condiciones, según reveladas en un extenso reportaje de El Nuevo Día, todo parece indicar que el albergue de testigos que maneja el Departamento de Justicia a través del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), y que cuenta con un presupuesto de $1.7 millones, es más parecido a una cárcel que a un lugar donde se les da protección y servicios a personas que han de colaborar con el Estado.

La lucha contra el crimen tiene que cuidar de una serie de aspectos que, en su carácter integral, abarcan factores tan puntuales como estos: ¿cómo se sienten las personas que van a dar su testimonio para ayudar a esclarecer un crimen? ¿Qué impresión tienen, cuando salen de allí, de lo que ha sido estar bajo la custodia del Estado y colaborar para que un criminal pueda ser procesado y convicto?

Situaciones como las descritas tienden a desalentar la colaboración ciudadana. Porque puede que muchas personas, testigos de crímenes o de otra actividad delictiva, se interesen genuinamente por ayudar a los fiscales y poner su grano de arena. Pero si para ello tienen que renunciar a condiciones básicas, someterse a privaciones y vivir en un régimen donde no son tratados con la deferencia que merecen, pues simplemente la colaboración se hace cuesta arriba.

El director del albergue, Edwin Carrión, ha expresado que “no sabe de qué se quejan” los testigos recluidos en el edificio. Atribuye el disgusto que impera en el lugar al hecho de que se está llevando a cabo una remodelación donde hay “movimiento de tierra, se levanta polvo y salen sabandijas”.

Para empezar, los testigos no son presos. Tienen derecho a quejarse; derecho a ser escuchados, y derecho a una vida digna mientras esperan por su participación en el juicio. Lo de la mala condición del albergue, no es nuevo; el deterioro ha venido agudizándose con los años. Pero en momentos en que, por la escalada criminal, se hace más imprescindible que nunca contar con la colaboración de los testigos, hay que hacer lo posible para restablecer la confianza en el programa y sus instalaciones.

El Estado tiene que buscar nuevas formas de manejar a los testigos, desde sus condiciones de estadía en el Albergue hasta, lo más importante, su seguridad. Porque la realidad es que el albergue actual se presta a movidas y suspicacias que le siguen restando credibilidad al sistema.

Todo ciudadano debe estar claro en que dar un paso al frente y ayudar a resolver un caso criminal, es una responsabilidad que incluye compromisos y, por supuesto, inconvenientes lógicos dentro de la situación. Pero una vez aceptado eso, el Estado debe tratar por todos los medios de dar apoyo a los testigos -que no se limita a la seguridad física de poner guardias y alambrar el recinto- sino a la tarea de que se sientan útiles y respaldados; de que sepan que la sociedad les agradece su esfuerzo, y de que se hace todo lo posible para que, dentro de las circunstancias, lleven una vida normal.

Ayer el secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, dio instrucciones al Director del NIE para que se atiendan adecuadamente, y en forma diligente, las preocupaciones de los testigos del albergue. Es una forma de admitir el problema y empezar a resolverlo. Quienes echan el resto para auxiliar a la justicia no se merecen menos.

El Vocero

Disparos al aire

Cuando de lanzar ideas se trata, el escenario de posibilidades resulta infinito y entre ellas podemos encontrar desde las más sensatas hasta las más descabelladas, mas hay espacios que por su naturaleza tenemos la expectativa de que la discusión se limite a ideas respaldadas por algún tipo de estudio. Uno de esos espacios en los cuales esperamos un nivel elevado de la discusión de ideas es el Capitolio donde los legisladores electos por los puertorriqueños proponen, analizan y aprueban la política pública del País.

Sin embargo, hace varios años que desde la Casa de las Leyes abundan las ideas apresuradas que en su mayoría responden a la reacción sobre los temas más candentes en la agenda mediática del País. Ese parece ser el caso de la propuesta del presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud en la Cámara de Representantes, Ángel Rodríguez para que los jóvenes delincuentes puedan ingresar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en lugar de ser sentenciados a cumplir prisión. Las propias expresiones del legislador conceden que no cuenta todavía con un análisis sobre la viabilidad de su propuesta.

El legislador propone que los jóvenes transgresores mayores de 18 años de edad, que cometan su primera ofensa puedan optar por ser sentenciados o enlistados en las Fuerzas Armadas. La propuesta surge en momentos donde la alta incidencia criminal copa los titulares noticioso en el País. El propio representante Rodríguez expuso que las estadísticas oficiales reflejan que en el 2008 de los más de 3,600 delitos cometidos por jóvenes mayores de 17 años, casi 1,500 fueron cometidos por individuos que ni estudian, ni trabajan.

De entrada la propuesta del legislador plantea una serie de cuestionamientos como por ejemplo la estigmatización de los cuerpos militares como espacios de castigo, la valoralización de algunos seres humanos que envías al escenario militar por transgredir la ley y la cuasi obligatoriedad de enlistarse para evitar la prisión.

Este tipo de ideas deben estar precedidas de algún análisis científico con expertos en la materia de criminología, conducta humana y militarismo, entre otros. De esta forma, se presenta una idea pensada que luego se abre la discusión legislativa y ciudadana en un proceso de vistas públicas. Como hemos mencionado en infinidad de ocasiones, la criminalidad y la violencia es un problema complejo y de profundas raíces sociales que no puede resolverse con parchos, sino con soluciones que vayan al origen de la problemática. En días pasados han surgido ideas para combatir la criminalidad desde diversos frentes, lo que resta es abrir el diálogo social para seleccionar las mejores opciones y ponerlas en marcha de una vez

Volumnas y blogs

Humor

Los imeils de Jacinta

La jistory del PPD en africano

Querido don Papo:

Respondo a su petichon de explicarle el boyete de los populares igual que doña Celia Cruz se lo contó a don Muñoz ayer en el cielo.

Songo le dio a Borondongo

Borondongo le dio a Bernabé

Bernabé le pegó a Muchilanga

le echó a Bburundanga

les hinchan los pies.

Got it?

¡Yo tampoco! Ni ninguno de los que escuchamos ayer el radioanálisis donde cundió la locura!

Pero que es bueno que doña Celia haya espueléao a don Luis con lo que está pasando acá porque cuente y jure que ya mismo cuando estén más desesperaítos con el chorrete de soberanistas que están saliendo del closet en el Partido Popular, van a sacar grabaciones del difunto.

¡Vamos a ver si don Piter lo deja enviar un imeil desde allá para que aclare este boyete ahora que ya puede verlo todo más clarito inclusiv meibi que su propia hija.

Que aquí entre nos yo estoy rezando para que dialogue con don Aníbal y se pongan de acuerdo en la definichon de lo que ellos entienden que quiere el pueblo popular porque como no lleguen a un agriment ella va a buscar a don Grín y le va a decir que le devuelva hasta el más mínimo chavito de los que ayudó a recoger.

!Pero plis borre este imeil rapidito porque es clasifaid informeichon de las alturas y puedo meterme en un lío con Diosito!

Jacinta

PD: Lo dejo porque voy a hacer entrevistas laif desde la fila de Krispi Krim a los guaynabitos colonizados que llevan desde anoche haciendo fila para darse el atracón. Ya ve usted que hasta los ricos chonean. Y que aquí en Borinquen todos tenemos un cafre en el closet que sale disparado a la menor provocación. Ya lo dijo doña Celia. También. ¡Azúcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!