Saludos.
La compañera Natalia comenzó un trabajo nuevo y creo que es importante darle un tiempo para que haga ajustes a su nueva realidad, de manera que por un tiempo que espero sea bien corto estaré realizando sola el monitoreo de todos los días. Les pido paciencia conmigo y que se unan a mi en desearle lo mejor a la compañera, que se merece aclanzar el mayor éxito.

En la página 12 comieza el primero de dos excelentes artículos sobre el sistema de retiro y la crisis que lo amenaza.  Los dos reportajes vienen del Centro de Periodismo Investigativo.

Elaine                       
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Carlos Alberto Torres: “Siento que nunca estuve preso”
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

“¡Oye, papi! ¡Bienvenido a casa!... Treinta años, ¿verdad?”, le grita a Carlos Alberto Torres, irónicamente frente a la Corte Federal en San Juan, un joven que le da paso para que éste pueda cruzar la calle.
El ex prisionero político se sorprende. Se sorprende doblemente, por la reacción del muchacho que lo reconoce y porque a él le acaba de pasar lo que juró que no le pasaría: “quedarse como bobo” sin saber cómo cruzar una vía de rodaje.
En la cárcel, sus compañeros de celda se lo habían advertido, que uno sale de prisión y suele suceder que se le ha olvidado hasta cruzar la calle y otras tantas cosas que en libertad se toman por descontadas.
El independentista puertorriqueño Carlos Alberto Torres pasó la friolera de 30 años de prisión en Estados Unidos, el periodo más largo que ha cumplido un preso político boricua, años de reclusión comparables a los del líder sudafricano Nelson Mandela.
Treinta años que son como decir una vida, la juventud casi entera, en su caso.
Torres entró a prisión a los 27 años y salió de 57.
No conocía ni la Internet
-dice que mandó su primer e-mail hace varios días-, no sabía llamar por celular y juraba que los cedés no daban vueltas, detalles curiosos pero inconsecuentes cuando se piensa en tantas otras carencias que sufrió tras las rejas.
“La cárcel es terrible, aunque te puedan tratar bien, porque pierdes algo esencial, que es la libertad”, dice.
Recuerda que la condena de 78 años que le fijaron por conspiración sediciosa (no lo acusaron de matar a nadie ni de poner bombas) le costó estar separado de su hija, pasar 27 años sin poder ver a su madre biológica y los mismos 27 alejado de su madre de crianza, la también ex prisionera política Alejandrina Torres.
A su mamá biológica la fue a visitar de inmediato, el mismo día que salió de la cárcel.
Ésta sufre de Alzheimer y reside en un hogar de ancianos en Chicago.
A Alejandrina Torres, finalmente, la pudo abrazar por primera vez en suelo boricua.
¿Por qué tantos años de prisión?
A nosotros (los independentistas que las autoridades en Estados Unidos vincularon con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) nos dieron sentencias irracionales. Teníamos acusaciones idénticas y nos dieron sentencias diferentes. Ellos querían que nos defendiéramos criminalmente, pero dijimos que éramos luchadores por la patria. Nos rogaron que nos defendiéramos y no lo hicimos. No podíamos caer en ese juego, costara lo que costara, porque nuestra intención era traer luz sobre el caso colonial de Puerto Rico.
También confiesa que siempre supo cuáles serían las consecuencias de incursionar en la lucha a favor de la independencia.
Nunca flaqueó en prisión, aun sabiendo que la mayoría de los puertorriqueños apoya una relación de unión permanente con Estados Unidos.
Nunca, aseguró, se cuestionó si valía la pena dar un pedazo de vida, de una vida que pudo tomar un rumbo distinto.
“Hay situaciones que son difíciles, pero uno acepta el sacrificio, porque interpreta que es necesario. Yo soy un voluntario de la lucha independentista. Las dudas se tienen que tener antes”, señaló para agregar que cuando se vio preso se dijo: “Tomé la decisión que me dictó la conciencia”.
A pocos días de salir de prisión, el ex preso político cuenta que ya se sentía libre, que sólo le faltaba que se abrieran las puertas de la cárcel para decir: “Me porté como patriota, nunca traicioné y cumplí como un hombre de principios”.
Por qué llegó a donde llegó
Torres se fue de Ponce a los siete años y en Chicago, como tantos otros puertorriqueños, se convirtió en un “boricua en la Luna”.
“Hay que entender la mentalidad de los puertorriqueños de allá. Vivíamos rodeados de comunidades que para aquella época eran abiertamente racistas. Si soy un puertorriqueño caminando en Camuy, no tengo que ir diciendo ‘soy puertorriqueño y ¿qué?’ como en Estados Unidos”.
También intuye que es quien es porque su padre, el pastor José A. Torres, estuvo activo en diversas luchas sociales, incluida la defensa de los derechos de los afroamericanos.
¿Cómo resistió la cárcel por tantos años?
El ex prisionero sostiene que no perdió ni la cordura ni el optimismo y que las armas que utilizó fueron la disciplina y el fijarse metas todos los días.
Eso lo dice de la manera más natural del mundo mientras en su nueva casa en Camuy muestra las obras de cerámica que realizó en la cárcel, obras que comenzó a confeccionar hace 10 años y que de ahora en adelante le servirán de medio de sustento.
Torres se había preparado para la libertad con anticipación. Hace un año tiene la licencia de Fomento para vender sus obras, porque él se anticipaba libre, ya que presos como él no habían pasado de los 30 años en prisión.
Estaba confiado, aunque el corazón se le cayó al piso cuando antes de su vista de excarcelación encontraron un cuchillo en la celda que compartía con otros presos.
Uno de los confinados confesó que era suyo, pero aun así, se le advirtió que su caso podría ser considerado dentro de otros quince años.
En 1999, Carlos Alberto Torres se había quedado preso, mientras otros de sus compañeros recibieron clemencia del presidente Clinton, así que ya conocía el sabor de perder.
“Aquello fue el misterio del siglo para mí. No sé por qué Clinton no me incluyó en la lista”, dice, aunque señala que sintió alegría porque sus amigos iban a ser libres.
La libertad a él le llegaría 11 años más tarde.
Ya en Puerto Rico, el primer día, se lanzó a una piscina en la casa de un amigo. Lo había soñado tanto... Se tiró al agua y de inmediato tuvo la sensación de que había dejado la prisión atrás para siempre. “Tuve la sensación de que nunca estuve preso”, expresa, mientras confía que éste es su punto de partida.
Continuará luchando por la independencia de la Isla.
“Voy a estar activo dentro de las leyes, reglas y normas del país”, dice acerca de su militancia y de su nueva condición de hombre libre.
“Mientras viva, lucharé por la independencia, aunque venga en cien años”, reitera.

Salud y calidad de vida

Salud no baja la guardia con el dengue
Por Cyber News Viernes El Vocero

SAN JUAN  - Aún cuando el último informe de dengue recibido por el Departamento de Salud (DS) refleja una leve disminución en casos reportados de dengue, el titular de la agencia, Lorenzo González Feliciano, reconoció que no se puede bajar la guardia.
“A pesar de que vemos una merma, aunque no es contundente, no podemos bajar la guardia”, dijo González Feliciano, al tiempo que confirmó que “la epidemia aún continúa y tenemos que seguir trabajando”.
Según el documento provisto por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), para la semana 30, que comprende del 23 al 29 de julio, se notificaron 730 casos de dengue, cifra que refleja unos 596 casos por encima del umbral epidémico para esa semana.
Las muertes continúan en siete, y los casos de dengue hemorrágico en 25, desde el inicio de año. No obstante, anticipó que hay tres muertes que están siendo evaluadas en el CDC de Atlanta, en espera de confirmar si se tratan de dengue.
Los municipios con el mayor número de casos confirmados para esa semana son: Arecibo, Patillas, Guaynabo, Aguadilla, Hatillo, San Sebastián, Peñuelas y Quebradillas.
González Feliciano indicó que el jueves, se realizó una reunión en el municipio de Camuy, donde junto al alcalde de esa ciudad, Edwin García, y el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, así como representación de otros nueve municipios del área norte, se delinearon esfuerzos adicionales de orientación y educación en sus respectivas comunidades.
Por otro lado, el Secretario del DS apuntó que la población tiende a descuidarse en medidas de prevención cuando escuchan que hubo algún tipo de disminución en casos reportados, hecho que comparó con lo sucedido con el virus de influenza A H1N1.
“Quiero enfatizar que aún estamos en una epidemia y lo demuestra la cantidad de casos reportados que sobrepasan el promedio histórico para una semana en particular, como ocurrió en la que reportamos en el día de hoy, que tenemos 596 casos más que lo esperado para esa semana de julio.  Queremos ver el carácter de urgencia en nuestra población para ser efectivos en la prevención.  Según los expertos del tiempo, se espera que continúe el patrón de lluvias para la próxima semana, y es importante que el ciudadano reconozca cómo evitar que se acumule el agua y sepa eliminar criaderos de mosquito”, sentenció.
Asimismo recordó, las medidas de prevención de dengue, como utilizar repelente que contenga 20 por ciento DEET; utilizar ropa clara y de manga larga cuando están en el exterior; fumigar los interiores de las casas, particularmente debajo de las camas y los closets; utilizar tela metálica y mosquiteros, especialmente para los infantes; así como identificar y eliminar criaderos de mosquitos en los alrededores.
“Si identifican un criadero, las personas deben remover el agua, cepillar el recipiente con agua y detergente para remover los huevos”, aconsejó. En tanto, González Feliciano confirmó que ha citado una reunión de urgencia para este próximo lunes con varios infectólogos de la Isla, al entender que necesitan reforzar el área de educación para quienes contraen el virus del dengue. “Hemos notado que varias de las muertes relacionadas al dengue surgen en la etapa de convalecencia o después que los síntomas mejoran.  Es por ello que los médicos deben monitorear bien a estas personas cuando son dadas de alta.  La comunidad médica es crucial en este esfuerzo.  Es por esto que tendrán que tomar un curso de tres créditos en el manejo de dengue como parte de su educación continua para revalidar sus licencias. Es imperante que reciban estos adiestramientos lo antes posible, y sean activos en términos de vigilar a sus pacientes para  evitar complicaciones posteriores asociadas al virus”, subrayó el galeno.
El funcionario señaló, además, que ha instruido a personal del DS a realizar un estudio epidemiológico para analizar posibles patrones que puedan ayudar a desarrollar estrategias para controlar la epidemia.
“Es necesario conocer las edades, sexo, región, y otras particularidades que nos permitan evaluar la situación de dengue desde otro punto de vista, tal y como hicimos durante la epidemia de A H1N1.  Esta data nos servirá para hacer variaciones en nuestro plan de trabajo de ser necesario, y poder identificar grupos de alto riesgo, de así haberlos”, destacó.
Para reportar criaderos de mosquitos, los ciudadanos podrán comunicarse al Departamento de Salud al 787 765-2929, extensiones 3212 y 3211.

Educación

Asociación de Maestros apoya el paro convocado por la Federación del gremio
Inter News Service / Primera Hora

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) anunció hoy que se solidarizarán con el paro convocado por la Federación de Maestros (FMPR) para el jueves, 26 de agosto, e instó a su matrícula a no cruzar las líneas de piquetes.   
La presidenta de la AMPR, Aída Díaz, indicó que aún cuando no fueron convocados a participar en la organización de la manifestación, que busca paralizar el sistema educativo público, instarán a su matrícula a no cruzar las diferentes líneas de piquete que se realizarán en las escuelas de todo el país.   
“Nuestra matrícula aprobó unánimemente un voto de huelga y nuestros esfuerzos, en este momentos, van dirigidos a implementar ese voto en algún momento durante este semestre escolar”, expresó Díaz.   
“Sin embargo, otra organización magisterial convocó a un paro y creemos que es nuestro deber solidarizarnos con esta acción que, a fin de cuentas, va en la misma dirección de demostrar la indignación del magisterio y defender la escuela pública”, añadió.   
Díaz exhortó a los padres a que se solidaricen también no llevando a sus hijos a los planteles e indicó que lo importante de ese día, es que se detenga todo el proceso educativo para que haya un mensaje contundente.   
No obstante, añadió que no participarán de la concentración que la FMPR realizará desde la Plaza Colón hasta la Fortaleza.   
“Esta semana quedó demostrado el desmadre administrativo que hay en Educación. No fue necesario que nosotros insistiéramos en lo mal que están las cosas porque el Secretario nominado pudo escuchar del propio pueblo las tristes condiciones en que opera nuestro sistema educativo”, dijo Díaz.

Seguridad, justicia, tribunales

Revelan secretos oscuros del NIE
Farasch López Reyloz / Primera Hora

Venta de armas incautadas, dinero en paradores y chicas de compañía, agentes que a solas cuentan grandes sumas de dinero, joyas incautadas devueltas a la calle en operativos que nunca se concluyeron: éstos son algunos de los secretos más oscuros del Negociado de Investigaciones Especiales.
Fuentes de entero crédito de Primera Hora revelaron este escenario y fueron más allá al asegurar que agentes y supervisores del NIE han recibido confidencias que incluyen un cuerpo enterrado en el área este, bultos con cientos de miles de dólares provenientes del narcotráfico para políticos de alto nivel, policías corruptos prestando protección a narcos y políticos, y venta de armas que terminarán siendo parte de alguna matanza, sin que se les dé paso a las investigaciones y sin que aparentemente el jefe del NIE, Víctor Carbonell, se haya enterado.
“El inspector (José) Figueroa es el gate keeper; damos los datos que tenemos a los supervisores y agentes, pero el inspector no les da paso para investigar”, aseguró una de nuestras fuentes.
Encima, desde 2006, mediante un memo se ordenó que sólo agentes encubiertos con investigaciones activas podrán tener un “vehículo oficial 24/7”. Sin embargo, Primera Hora supo que los agentes José Báez, Gloria Torres y Obelinda Ortiz, y el supervisor Alvin Andújar tienen carros oficiales sin ser encubiertos ni estar saliendo a trabajar investigaciones activas.
El deterioro de la agencia no es exclusivo de la oficina central, abarca todas las regiones. Informantes de la zona sur confirmaron a este diario esquemas de corrupción en los que agentes del NIE se quedan con dinero de fondos confidenciales asignados a las investigaciones.
“Frecuentemente, agentes solicitan más dinero del necesario para las transacciones para quedarse con la cantidad restante, y esto lleva años ocurriendo”, nos hizo saber uno de los confidentes del área.
Mientras, en el oeste la situación es similar. Agentes de Mayagüez están trabajando casos en Vieques y usan parte del dinero para darse unos gustitos que incluyen pagar por compañía, según otra fuente.
premian la incompetencia
A todas estas denuncias se suma el malestar del personal del NIE porque se premia a aquellos que no se juegan la vida en la calle.
Tan reciente como la semana pasada se celebró la Semana del Agente pero, según el propio personal de la agencia de inteligencia, lo que se celebró fue la incompetencia.
Los empleados del NIE quedaron boquiabiertos cuando se dieron los reconocimientos porque “la gente que más trabaja aquí y que son honestos no recibieron ni las gracias. Decidieron premiar la mediocridad”, dijo bajo anonimato alguien que participó de las festividades.
“Me pregunto cómo salió agente del año alguien que no sabe trabajar la calle, que se las ingenia para no salir y cuando lo hace no es eficiente”, recalcó una fuente refiriéndose a la agente Haydée Torres, quien ganó un premio.
El premio a Alvin Andújar como supervisor del año también sorprendió, pues agentes y confidentes alegan que participa del esquema de detener las investigaciones.

Alega conocer los sucesos que dieron pie a muerte del niño
Por Ricardo Cortés Chico / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El secretario del Departamento de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, indicó ayer que la agencia que dirige tiene una idea “muy clara” de los hechos que llevaron al asesinato del niño Lorenzo González Cacho el 9 de marzo en su residencia de la urbanización Dorado del Mar en dicho municipio.
El titular de la agencia reiteró, no obstante, que todavía trabajan en “detalles” para probar en los tribunales, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los responsables del homicidio.
“Tenemos una idea muy clara de lo ocurrido por la prueba testifical, demostrativa y pericial que hemos recopilado en la investigación del caso”, dijo el secretario de Justicia.
“Sólo faltan unos detalles para poder radicar”, añadió Somoza Colombani a El Nuevo Día durante una actividad celebrada en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.
El titular de Justicia no quiso precisar el “detalle” que esperan aclarar, ya que, según explicó, divulgarlo podría afectar la investigación en curso.
Somoza Colombani tampoco quiso adelantar para cuándo esperan terminar la investigación para dar paso a la radicación de cargos criminales contra los responsables del crimen.
“El pueblo debe sentir confianza porque estamos siendo prudentes e imparciales en la investigación. Se ha trabajado responsablemente y vamos a radicar los cargos en el momento oportuno”, dijo el funcionario.

Amparados en prueba pericial de asesinato en Condado
Figueroa Sancha dice que asesinato de Georgina debe esclarecerse rápido
Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

A cinco días del asesinato de la esposa del ex juez del Tribunal Supremo, Carlos Irizarry Yunqué, la Policía y la fiscal a cargo del caso descansarán en prueba pericial para tratar del resolver el crimen.
Así lo indicó ayer el coronel Juan Sergio Rubín, jefe da la región policial de San Juan, al mencionar que la empleada doméstica que se encontraba en el apartamento que compartía la pareja en el Condado sigue siendo sospechosa, “aunque no la principal sospechosa”.
La mujer, identificada como Aida De Los Santos, fue detenida el martes en la noche luego de que trascendiera que era la última persona en compartir con Georgina Ortiz Ortiz antes de morir acuchillada en su apartamento del condominio Laguna Terrace.
Desde entonces, la mujer -quien primero ofreció un nombre falso- ha cooperado con las autoridades y según indicó Rubín, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y la fiscal “le están dando credibilidad” a su alegación de que no sabe nada de lo que ocurrió allí.
Lo que está claro, indicó Rubín, es que quien mató a Ortiz Ortiz, de 72 años, tuvo acceso libre al apartamento, que cuenta con dos entradas, ambas protegidas por portones. Debido a que De Los Santos estuvo en la residencia entre 7:00 a.m. y 2:50 p.m., sigue siendo sospechosa del crimen, dijo el oficial.
“También puede ser conspiradora. Que le haya dado acceso (al apartamento) a alguna persona”, agregó el Coronel.
Hasta el momento, aparte de la empleada doméstica, también han sido entrevistados dos guardias de seguridad, un terapista físico, Irizarry Yunqué y cinco empleados de una compañía que realizaba labores en el techo del condominio aquel día.
Ayer, el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha indicó que se están revisando registros telefónicos de los entrevistados y señaló que es un caso que se debe esclarecer “bastante rápido”.
Irizarry Yunqué halló el cuerpo de su esposa boca abajo y con un cuchillo en la mano derecha a las 5:00 p.m. cuando regresó a su hogar del trabajo. Las autoridades sospechan que el cuchillo fue colocado en la mano de la occisa y han descartado el suicidio.
De otra parte, al cierre de esta edición, De Los Santos era entrevistada por personal del Servicio de Imigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya que la mujer ha reconocido que se encuentra en el País de forma ilegal.
Se indicó inicialmente que la mujer sería entrevistada el jueves, pero el proceso se aplazó.

Ambiente

Reclamo de justicia social para los arecibeños
Alcalde mantiene su férrea oposición al gasoducto
Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

ARECIBO - Su mirada expresa frustración y coraje. Los puños que da sobre el escritorio mientras habla, lo delatan.
Aunque se disculpó con quienes se han ofendido con sus palabras, el alcalde de este pueblo, Lemuel Soto, reafirma que no apoya -ni apoyará- el gasoducto.
Desde su oficina en la alcaldía, Soto define su férrea oposición como “un reclamo de justicia ambiental”, toda vez que no es la primera ocasión que el Gobierno propone o establece proyectos en Arecibo que a quienes menos benefician son a su gente.
Tampoco es la primera vez que el Alcalde ha alzado su voz de protesta contra el gobierno de Luis Fortuño.
Con tono enérgico, Soto advierte que hará todo lo posible para evitar que el gasoducto cruce su municipio.
¿Pasará con el propuesto gasoducto lo mismo que con el Superacueducto?
Le suplimos agua a la zona metro y aquí hay problemas de presión de agua y con las tuberías. Lo mismo pasa con la planta de Cambalache, que genera electricidad para la zona sur cuando aquí hay problemas de luz.
También se está hablando de establecer aquí una planta de quema de basura, ¿qué opina?
Para eso sí somos buenos, para sacarnos el agua, para pasar un gasoducto o para quemar basura.
Otra instalación que hay en Arecibo y que beneficia a más pueblos es el vertedero, ¿verdad?
Eso es correcto. Aquí llega la basura de casi toda el área norte.
¿Por qué todo para en Arecibo?
Arecibo es el pueblo más grande, tiene muelle, aeropuerto y la mayor cantidad de kilómetros estatales en carreteras. Arecibo es el todo de Puerto Rico, pero no lo vislumbran así.
¿En qué momento todo empezó a ser diferente para este municipio?
La trayectoria política de Arecibo es que todos se han quedado callados ante los reclamos de los gobernantes. Ningún alcalde había tenido los pantalones de reclamar por su pueblo. Pero ahora, por obviar la dictatura de Luis Fortuño, estos son los efectos secundarios, que se trate de masacrar y asfixiar a nuestro pueblo. El Gobernador nunca ha venido a este pueblo.
¿Por qué?
Porque yo, como alcalde, me opongo a los proyectos que él (Fortuño) quiere que afecten al pueblo.
¿Sigue opuesto al gasoducto?
En forma jocosa te digo que lo único verde que yo le veo al proyecto es si pintan los tubos de ese color, porque de verde no tiene nada. La zona por donde piensan traer ese sistema es inestable. Hay cuerpos de agua en toda la costa. Querían enmendar la Ley del Karso para tirar este proyecto. Si hay una fuga de gas, el agua se contaminaría.
¿Qué opina de la ruta propuesta?
Esta ruta fue establecida hace 6 ó 7 meses a espaldas del pueblo. Le había dicho a Fortuño que las barcazas llegaran al muelle de San Juan, que la tubería pasara por los cimientos de Fortaleza y llegara hasta Palo Seco.
¿Y qué le dijo el Gobernador?
Se molestó conmigo, pero si es un proyecto seguro para el pueblo, también sería seguro para él, ¿no?
¿Qué haría con tal de que el gasoducto no pase por Arecibo?
Si tenemos que ir a los tribunales, vamos a los tribunales. De ser necesario hasta me amarro a uno de los tubos, eso es desobediencia civil.
¿Usted aún confía en Fortuño?
Lo que pasa es que él dice hoy una cosa y mañana hace otra. Su ambivalencia me tiene de esta forma (molesto).

Gobierno y política

Lanzan al ruedo a Fortuño
Para líderes del PNP ya es un hecho su candidatura a la reelección
Por Rebecca Banuchi / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

RIO GRANDE - El gobernador Luis Fortuño parece determinado a reservarse por un tiempo los detalles de su futuro político, pero otros líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprovecharon ayer el inicio de la convención de la colectividad para proclamar su candidatura a la reelección en los comicios generales del 2012.
El primero en hacerlo fue el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y le siguió de inmediato el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
En un aparente intento por despejar cualquier duda sobre su apoyo al Primer Ejecutivo, el líder senatorial advirtió de entrada que durante la convención del PNP, que se extiende hasta mañana, no habrá ninguna “confrontación”, ni ningún “choque de trenes” por el dominio del aparato directivo del partido.
Cierra filas Rivera Schatz
“Los que anticipaban una confrontación y división están equivocados. Vamos sólidos a darle una pela al Partido Popular Democrático. Estamos con Luis Fortuño para la gobernación 2012”, expresó Rivera Schatz, arrancando aplausos durante una rueda de prensa celebrada al inicio del cónclave novoprogresista, que tiene lugar en el Hotel Río Mar Beach Resort.
El Gobernador escuchaba atento el respaldo público de sus correligionarios y sonreía con su habitual discreción. El salón donde se efectuó la rueda de prensa estaba atestado de militantes novoprogresistas uniformados todos con una camisa blanca con la palabra “Fortuño” impresa en ellas.
Algunos de los seguidores portaban pancartas que leían “Estadistas de Fondo. Fortuño 2012”.
La convención ha sido interpretada por algunos entendidos en política como un escenario en el que Fortuño y Rivera Schatz medirían fuerzas, sobre todo porque el líder senatorial apoyó públicamente a algunos candidatos a las presidencias de las principales organizaciones penepés que no respaldaron al Primer Ejecutivo cuando se enfrentó en primarias al ex gobernador Pedro Rosselló en el 2008.
“Gane quien gane mañana (hoy), Fortuño gana, gana el PNP, y estaremos unidos”, sostuvo Rivera Schatz.
“Hemos hecho mucho por Puerto Rico y nos queda mucho por hacer, y esa iniciativa para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños tiene que continuar por cuatro años más, y todos en el partido estamos con él (Fortuño)”, insistió Rivera Schatz.
Fue más allá y dijo que Fortuño ha impartido “decencia” al Gobierno de Puerto Rico, ha logrado “enderezar” las finanzas y presentar con éxito propuestas en las áreas de seguridad y vivienda.
El presidente senatorial extendió también su apoyo a la reelección del Comisionado Residente, los alcaldes federados y los miembros de la Cámara de Representantes “porque el partido tiene que salir hacia adelante”.
se tira pierluisi
Pierluisi se aventuró a decir que el Gobernador no anunciaría durante la convención su intención de revalidar en las próximas elecciones, pues está enfocado por completo en su gestión pública.
“Como él está ocupado, él quizás no va a poder hacer unos anuncios, pero yo no me voy a poder controlar, y voy a decir que vamos a la reelección en el 2012 el Gobernador y yo”, afirmó Pierluisi.
Por su parte, el Gobernador fue sumamente parco sobre el tema -aunque no para resumir lo que entiende son los logros de su administración- y se limitó a decir que hablará de política en el futuro.
Sin embargo, a la entrada del vestíbulo del hotel había estacionada una enorme guagua de sonido decorada con letreros de “Fortuño 2012” que resultó ser más elocuente.
Fortuño aprovechó la rueda de prensa para presentar la nueva página electrónica de la colectividad -www.pnppr.com-, en la que los usuarios no sólo podrán seguir este fin de semana lo que acontezca en la convención, sino que el liderato del partido busca convertirla en una herramienta para fortalecer la comunicación con sus militantes.
La reportera Yaritza Santiago Caraballo colaboró en esta nota.

El Gobernador busca eliminar impuesto especial
Por Rebecca Banuchi / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

RIO GRANDE - El Gobierno de Luis Fortuño ausculta la posibilidad de eliminar antes de lo previsto la contribución especial sobre la propiedad que se impuso el año pasado, como parte de las disposiciones de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
El Primer Ejecutivo no ofreció muchos detalles ayer sobre su plan para eliminar la sobretasa del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), pero dijo que está “trabajando” para quitar ese impuesto adicional antes de que expire el año próximo.
El tema fue materia de discusión ayer temprano durante una reunión que sostuvo el Gobernador con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien busca que aquellas personas que pagan esa contribución al presente queden exentos de la misma.
Ello, pues un proyecto de administración sometido esta semana en la Legislatura para promover la venta de viviendas eximirá del pago a quienes compren una residencia -principal o secundaria- entre el 1 de septiembre y el 30 de junio de 2011.
“Aquellas otras personas que están pagando la sobretasa, que no se van a beneficiar de esa iniciativa (para promover el mercado de vivienda), el Gobernador tiene la iniciativa” de eximirlos, sostuvo Rivera Schatz.
El impuesto aplica tanto a propiedades residenciales como comerciales. Las instalaciones actualmente exentas del pago regular al CRIM tampoco pagan este tributo adicional.
La contribución especial sobre la propiedad estaría vigente hasta el año fiscal 2012 o hasta que el Gobierno logre recaudar $690 millones, lo que ocurra primero.

Economía

Ley 7 le tumbó $157 millones a Retiro
Escrito por Ely E. Acevedo Denis / Centro de Periodismo Investigativo

Mientras el déficit de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) crece y su fecha de posible colapso se acerca, nuevas medidas gubernamentales, como la llamada Ley 7, siguen desangrando las finanzas de lo que podría ser la mayor crisis fiscal de la historia de Puerto Rico.
El déficit de la caja de ahorro de generaciones enteras de puertorriqueños ya va por $17,100 millones. Para mantener esa cifra en perspectiva, el Fondo General que alimenta las operaciones del Gobierno por todo un año tiene actualmente $8,195 millones, o lo mismo que menos de la mitad del déficit de Retiro. Si Retiro se queda sin dinero, por obligación legal el Gobierno tiene que asumir el pago de pensiones. Ese dinero sólo estaría disponible si se recortan más servicios o si se aumentan las contribuciones.
La intensificación en la otorgación desmedida de préstamos, la alta morosidad de corporaciones y municipios, la disminución de la matrícula de participantes, las cesantías efectuadas bajo la Ley 7, y las malas decisiones de inversión, son algunas de las piezas arrasadoras en la falta de solvencia.
A un mes plazo de que la Comisión Especial para la reforma de los Sistemas de Retiro rinda su informe, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace una recopilación y análisis de los problemas identificados en los Sistemas y de algunas de las soluciones que han estado bajo consideración. Específicamente, el plan de reorganización propuesto para consolidar la operación de los distintos fondos de retiro, y el alcance de la implantación de la Reforma 2000 (Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro).
Debacle sin frenos
Tanto la ASR como el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) enfrentan déficits multimillonarios desde hace más de 10 años, de hecho, la agencia Bloomberg informó en marzo de 2009 que desde el 1951 la ASR tenía un pobre financiamiento en sus fondos de pensión. En la propia ley que estableció la Reforma 2000, se indica que “de no viabilizarse el financiamiento requerido o reformarse la base estructural del Sistema, éste colapsaría antes del año 2030”. Esa reforma implicó que todos los empleados que entraron al Gobierno después del 1 de enero de 2000 no tendrán derecho a una pensión, sino a una cuenta de ahorro tipo IRA.
Pese a esta medida, los informes actuariales al 30 de junio del 2009 revelan una insolvencia de fondos que ya llega a $17,100 millones en la ASR, $6,600 millones en el SRM, y $273 millones en la Judicatura.  Además, dichos informes establecen que la capacidad de pago de sus obligaciones (“funding ratio”) es de un 9.8 por ciento, 24.7 por ciento y 15.6 por ciento, respectivamente. Expresado de otra forma, de cada dólar que tienen comprometido, la ASR sólo cuenta con 10 centavos para pago, el SRM con 25 centavos y la Judicatura con 16 centavos. Por tanto, estos tres organismos se convierten en los de peor cobertura comparado con los de otros estados de Estados Unidos.
Los fondos de pensión ya tienen fecha de expiración. Según minutas de la Junta de Síndicos de la ASR, ese sistema “se quedaría sin activos netos para el 2014”, el de la Judicatura sufriría un colapso para el 2015, y el de Maestros se agotaría para el 2017. La Reforma de 2000, entonces, aparentemente hizo poco para salvar a Retiro.
Durante años la administración de estos tres sistemas ha efectuado diversas acciones que resultaron en un problema de flujo de efectivo.
Aportaciones que aportan poco
Las aportaciones a los sistemas son menos de las que los estudios financieros dicen que necesitan y que no existe “un mecanismo para reajustar automáticamente la suma que tienen que aportar los participantes y el Gobierno según requieren los estudios actuariales correspondientes”. Ante este hecho, los informes actuariales al 30 de junio de 2009 sostienen que el Sistema de Retiro de los Empleados Gobierno debería recibir $1,460 millones anuales de aportación patronal, pero sólo cuenta con $591 millones. En el caso del SRM tiene una deficiencia de $307 millones de los $477 millones en aportación patronal requerida. De otro lado, la Judicatura obtiene $10 millones en aportación patronal anual, cuando los actuarios reflejan que necesita $28 millones. En el caso de los jueces, es ilustrativo que son los funcionarios que más reciben en pensión. De hecho, los jueces del Tribunal Supremo se retiran con una pensión que es igual a su salario, reciben los aumentos que reciben los jueces activos y, al morir, entonces la pensión pasa a sus cónyuges viudos.
Gobierno adeuda $254 millones a Retiro
Aunque la Ley 305 del 24 de septiembre del 1999 establece que es una obligación compulsoria del patrono remitir las retenciones al Sistema a más tardar los días 15 del mes siguiente que se hizo la retención, muchos municipios y corporaciones públicas no hacen las remesas y utilizan esos fondos para sufragar sus gastos operacionales. Esto podría configurar un esquema criminal de apropiación ilegal de fondos públicos.
Según, el Informe de Cuentas por Cobrar provisto por la ASR al 30 de junio de 2010, la deuda de los municipios, corporaciones y agencias es de $254 millones y en su mayoría son por Leyes Especiales (dentro de los que está los programas de Retiro Temprano) y las aportaciones (patronales y del empleado).
La deuda de los municipios es de $89 millones. Cerca del 68 por ciento de los 78 municipios que tiene la Isla tienen deudas con la ASR por concepto de Leyes Especiales. Los programas de Retiro Temprano suman una deuda de $47 millones y las Leyes Especiales entre el 2002 al 2010 suman $31 millones. Las aportaciones patronales, pagos de préstamos personales y los intereses por morosidad completan la lista en la deuda municipal por un total de $8 millones.
Por otra parte, 39 corporaciones del Gobierno igualmente tienen deudas con la ASR por $85 millones, en su mayoría por Leyes Especiales. Dentro de estas leyes especiales le adeudan al Sistema $62 millones por las ventanas de Retiro Temprano. Asimismo, de $148 millones en deuda global de las corporaciones, el otro 21 por ciento son por las aportaciones (tanto patronales como individuales de los participantes de la Ley 447 y Ley 1). La otra gran demanda de lo adeudado es por los intereses de morosidad que son $16 millones y representan el 11 por ciento de la deuda global.
En el caso de las agencias, estas deben $12 millones que en su mayoría también son por Leyes Especiales, específicamente las ventanas de Retiro Temprano.
Los municipios con las deudas más grandes son: Maricao, Naguabo, Patillas, Salinas, Santa Isabel, Florida, Maunabo, Ciales, Guayanilla, Vieques, Yauco y Toa Baja. En las corporaciones, las de mayor morosidad son: la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) y la Administración de Servicios Médicos (ASEM). Los patronos con un término mayor de vencimiento en sus pagos de la remesa son: ASEM, y los municipios de Maricao, Santa Isabel, Yauco, Salinas, Vieques, Toa Baja, Patillas y Naguabo.
Dentro de este grupo, ASEM representa el 77 por ciento de la deuda global de las corporaciones con un débito de $62 millones. Precisamente, el caso de ASEM es uno de los más trascendentales, no sólo porque su deuda con el Sistema lleva desde el 2005 y cada vez sigue en aumento, sino porque desde hace más de tres años la ASR intenta negociar un plan de pago, pero sus gestiones han sido infructuosas. Según establece una minuta, en el 2007 el contable de ASEM, Ángel Rivera García, aceptó que la corporación emitía “deducciones (aportaciones individuales) de papel que se registraban en los libros pero no en nómina o efectivo” y “que el efectivo que reciben lo utilizan para pagar las operaciones, medicamentos y servicios”.
De otro lado, según detalla una minuta de la Junta de Síndicos del SRM de enero de 2010, el Departamento de Educación dejó de emitirle a este sistema cerca de $15 millones de aportación patronal. Además, una minuta de febrero de 2010 expuso que hasta la propia Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le debía al SRM unos $54 millones por concepto de Leyes Especiales y a la ASR otros $35 millones por el mismo concepto.
El cantazo de la Ley 7
A pesar de la precaria condición de los sistemas de retiro, el gobernador Luis Fortuño impactó negativamente estas dependencias al implantar en el 2009 la Ley 7. Este estatuto significó un aumento inesperado en las obligaciones de las pensiones y una reducción en los ingresos de las aportaciones por los empleados acogidos al retiro voluntario o que fueron cesanteados.
Una minuta de la Junta de Síndicos de la ASR de noviembre de 2009 detalla que a raíz de la Ley 7 el Sistema dejó de recibir $157 millones en aportaciones. Aunque al cierre de esta edición la ASR no pudo determinar de cuánto fue el aumento final en la nómina de las pensiones ni de la devoluciones de las aportaciones, sí detalló que a mayo de 2010 hubo 830 pensiones solicitadas de las cuáles ya 701 fueron incluidas en la nómina. Asimismo, se procesaron 2,507 reembolsos de las aportaciones. Todo esto pesa a la ASR porque, o son personas que comenzaron a recibir pensión antes de lo esperado, o son personas que decidieron retirar los miles de dólares que tenían depositados en los sistemas.
Si comparamos los censos de los actuarios del 2009 con los del 2007, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno tuvo una reducción de 11,050 participantes activos. Además, la cantidad de pensionados tuvo un aumento de 6,125 miembros. Asimismo el SRM tuvo un recorte de 2,210 participantes activos y un alza de 3,548 en la plantilla de pensionados. En el caso de la Judicatura los estudios actuariales muestran una disminución de 7 participantes activos y un incremento de 179 pensionados comparado con el 2007.
“El Gobierno va a tener un ahorro en la nómina porque no tiene que pagar ya ese sueldo, pero nosotros si vamos a tener que pagar a ese empleado su pensión hasta que fallezca”, había comentado al CPI el administrador de la ASR, Héctor Mayol Kauffmann.
Préstamos a tutilimundi
Otro problema en el déficit es el incremento desmedido en la otorgación de préstamos sin tener unos parámetros saludables para el Sistema, y los atrasos en el pago de los préstamos.
En el 2007, la ASR aumentó los topes de los préstamos personales (de $5,000 a $15,000) y de viajes ($5,000 a $10,000), tras unas enmiendas realizadas a sus reglamentos. Durante el año 2007 a 2008 se aprobaron 84,797 préstamos por un total de $718 millones de los cuales el desembolso a los participantes fue de $448 millones. En sólo siete meses, luego del aumento de los montos,  el Sistema desembolsó $350 millones en préstamos, lo que equivale al otorgamiento de unos 750 préstamos diariamente. Esto siguió y para el año 2008 a 2009 fueron otorgados 72,610 préstamos por un total de $636 millones, de los cuales se desembolsó $265 millones.
Sin embargo, la ASR todavía no ha modificado los topes y durante el año 2009 al presente se ha aprobado 75,458 préstamos por un total de $698 millones, de los cuales se han desembolsado $248 millones. Actualmente, la cartera de préstamos de la ASR desde el 2006 al presente tiene un valor de $2,300 millones para un total de 294,251 préstamos aprobados.
En el caso del SRM el valor de su cartera de préstamos hasta junio 2010 es de $310 millones por un total de 36,323 préstamos. El 90 por ciento de la cartera son préstamos personales.
Inversiones perdidosas
Ante la deficiencia de efectivo y como solución para evitar un colapso en el 2015, la ASR realizó tres emisiones de bono en el 2008 por un total de $3,000 millones. En esta estrategia de inversión la firma UBS Financial Services de Puerto Rico (UBS) fungió como principal protagonista, donde no sólo asesoró a la ASR sino que mercadearon los bonos entre sus clientes. Pero, por eventos que son objeto de una demanda federal, dicha estrategia no obtuvo el rendimiento esperado. (Ver la  historia que sigue)
Por lo tanto, sin resolver el déficit, esta racha de inversiones lo que hizo fue añadir una deuda de $2,900 millones con un compromiso de pago por 50 años, que se sufraga de las precarias aportaciones patronales. De hecho, la cuenta de pago a los bonistas alcanza los $167 millones anuales y se espera aumente a $217 millones para el 2021. El último estado actuarial del 2009 especificó que la obligación del sistema en el pago de los intereses de los bonos fue de $187 millones.
A marzo de 2010, una minuta de la Junta de Síndicos del SRM concluye que “el Sistema no cuenta con una cartera de inversiones balanceada”, por lo que ahora la Junta intenta reestructurar las inversiones.
Aumentos de beneficios como si el dinero no faltara
Desde el 1958 se han aprobado más de 26 estatutos especiales ligados a la otorgación de beneficios para pensionados. Entres éstas, hay aumentos en las pensiones, los beneficios de participantes de alto riesgo, los pagos de defunción, los bonos de verano, los bonos de medicamentos, los bonos de navidad, los planes médicos, las pensiones de viudas y beneficiarios de los policías y las pensiones de las viudas de ex gobernadores o de presidentes de la Cámara de Representantes y Senado. Este incremento de beneficios se han efectuados no sólo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sino también por el Partido Popular Democrático (PPD).
Por ejemplo, entre el 2007 y 2008 se aumentaron las pensiones mínimas de $300 a $400 y se incrementaron hasta un 3 por ciento las pensiones menores de $1,250 mensuales. Asimismo, recientemente se efectuaron alzas en los bonos de navidad y verano. Por otra parte, durante el 2009 la Asamblea Legislativa sometió 134 proyectos relativos a aspectos sobre retiro. Mayol Kauffmann abundó que actualmente existen 40 leyes especiales vigentes.
El gran problema de estos aumentos es que se han establecido sin estudiar claramente la viabilidad de costearlo, lo que trae consigo la deficiencia en el presupuesto de este renglón debido a los atrasos de las entidades pertinentes en el pago de los fondos a los sistemas.
Al momento, según los actuarios del 2009 la obligación del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno en este renglón es de $999 millones, del SRM unos $411 millones y la Judicatura $16 millones. Lo que resulta en un alza de $364 millones, $190 millones y $5 millones, respectivamente, al comparar con los análisis financieros del 2004-2005, que fueron antes de los recientes aumentos.
Costeo de gastos de otros sistemas
Finalmente, está el desembolso de fondos de un sistema para resolver las deficiencias de otro. Por ejemplo, para febrero del 2008 el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno le había desembolsado $12 millones al Sistema de Retiro de la Judicatura para el pago de sus gastos operacionales, entre los que estaba un sobregiro al Departamento de Hacienda por $6.2 millones. En otro caso, durante el 2004 ASR le pago al SRM $600,000 por las aportaciones patronales de 300 empleados del Departamento de Educación acogidos a la Reforma 2000 que este sistema había desembolsado. Durante la transferencia al SRM, estos empleados ganaron el derecho a una pensión (en vez de sólo cuentas individuales indeterminadas).
Alternativas cuestionables
Buscando la manera de salvaguardar los sistemas, su administración y el Gobierno Central han presentado una serie de medidas, pero todavía no se ha aprobado ninguna y no e seguro que realmente resuelvan en vez de empeorar.
La Junta de Síndicos de ASR estudia un aumento de las aportaciones patronales y del empleado en un 35 por ciento, la reducción o eliminación de beneficios y el cobro a todos los ciudadanos (sea o no empleados del Gobierno) a través de un incremento en las contribuciones sobre ingresos.
El alza en las aportaciones es sugerido desde hace más de 35 años, incluso en el 1990 fue establecido los parámetros actuales. Una minuta de agosto de 2009 apunta que la Judicatura debe aumentar su aportación patronal en un 33 por ciento. Mientras, los informe financieros recomiendan un alza en la aportación patronal a un 30.34 por ciento.
Actualmente, las contribuciones suman a un total de 17.5 por ciento (9.275 por ciento de aportación patronal y 8.275 por ciento de aportación de los empleados).
Sin embargo, al tomar en consideración dichos incrementos, la interrogante es que estos fondos lleguen a las arcas de los sistemas debido a la morosidad de los patronos en el pago de las remesas. Otro punto que habría que evaluar es si el aumento de las aportaciones de los empleados debe ser todos los sistemas al mismo por ciento. Por ejemplo, el promedio del salario anual de un empleado acogido al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno es de $26,820 (alrededor de $2,235 mensuales). Sin embargo, el promedio de salario anual de un empleado de la Judicatura es de $88,657 (alrededor de $7,388.10 mensuales).
La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, favorecería que el aumento en aportaciones sea escalonado, pero se opuso a la reducción de beneficios porque “ya más no podemos reducirle los beneficios, porque tú tienes más de 5,000 maestros que viven con pensiones de menos de $700 y que no tienen Medicare, que tiene que sacar de su bolsillo para los medicamentos, que la Asociación sólo le cubre hasta $1,500”.
En el caso del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, los documentos afirman que el promedio mensual de beneficios por pensionado es de $1,088, por incapacitado $543 y beneficiarios $288. En contraste, beneficios para los empleados de la Judicatura casi triplican los de los otros dos sistemas. El promedio mensual de beneficios para los pensionados de la Judicatura es de $4,263 y para los pensionados de otros sistemas es $1,479.
Otras opciones en la mesa de la ASR y el SRM son la disminución en los topes de los préstamos, el aumento en el tiempo renovación y la venta de la cartera, para lo cual hay dos proyectos sometidos en el Senado. Igualmente, proponen mecanismos legales con el apoyo de otras dependencias para resolver la morosidad de los patronos. Para esto se iniciaron conversaciones con el Departamento de Justicia en vías de formalizar referidos por morosidad pero esto, ni tampoco otras medidas de deducción de fondos para municipios y corporaciones públicas, han tenido resultado todavía.
Sin embargo, a la vez que se empuja para obtener medidas punitivas contra los morosos, la ASR está considerando condonar la deuda de su deudor mayor, ASEM, confirmó Mayol Kauffmann.
Reforma y Reorganización
La más trascendental y criticada propuesta del Gobierno es volver a reformar los sistemas mediante fusionarlos, según propone el Plan de Reorganización que el Gobernador presentó a la Legislatura en abril de 2010. Con la creación de la Administración de los Sistemas Públicos de Retiro, se establecería una sola Junta de Síndicos para los tres sistemas compuesta por 11 miembros y un Comité de Inversiones.
Actualmente, los gastos administrativos de los sistemas son: $46 millones del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, $25 millones del SRM y $986,000 de la Judicatura. El plan asegura que los fideicomisos, que se nutren principalmente de las aportaciones y del rendimientos de las inversiones, mantendrían su independencia, identidad e integridad al quedar separado sus fondos y obligaciones.
Desde su develación, las tres organizaciones que representa a los maestros (AMPR, la Federación de Maestros de Puerto Rico y Educadores Puertorriqueños en Acción) expresaron su repudio al Plan. Entre los planteamientos expuestos están que se produciría un desmantelamiento y privatización de los sistemas, que los empleados no tendrían influencia en la Junta de Síndicos, y que le concedía poderes absolutos al Administrador. De hecho, sustenta sus posiciones aludiendo que las estructuras del ASR y del SRM son distintas, pues los maestros aún mantienen el derecho a una pensión, mientras los demás empleados públicos sólo tienen una cuenta de retiro individual.
Díaz declaró que “estando nuestro Sistema de Retiro todavía en una condición que podría mejorarse con unas medidas donde tanto el Gobierno como los maestros pongan de su parte, no hay necesidad de fusionarlo con otro sistema que está en una condición que ya es insalvable”. Añadió que la fusión administrativa ya se está realizando, que el SRM está sufragando servicios en la ASR, y que Mayol Kauffmann "lo que hizo fue consolidar de la manera más sutil posible y después legislar para validar lo que había hecho”. Igualmente, según informó El Nuevo Día, el presidente de la Asociación de Pensionados, Roberto Aquino García, no endosa el Plan.
Aún con unas enmiendas del Ejecutivo dirigidas a que cada sistema mantenga su propia Junta, en junio de 2010, la presidenta de la Comisión Cameral de Sistemas de Retiro de Servicio Público, Lourdes Ramos, mostró objeciones al Plan porque no le han demostrado que en efecto se producirán eficiencias económicas y administrativas por $12 millones anuales que alega el Gobierno.
Mientras tanto, Mayol Kauffmann aseveró que “no voy a despedir un montón de gente, no voy hacer cambios drásticos, pero yo aseguró que (con el Plan) puedo bajar estos gastos”. Además, dijo que cada sistema pagaría por la administración consolidada proporcionalmente de acuerdo a su matrícula. Por ejemplo, planteó que si se logra bajar los gastos operacionales a $50 millones en total, pues el SRM tendría que desembolsar el 25 por ciento, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno el 65 por ciento y el otro 10 por ciento la Judicatura, lo que implicaría ahorros significativos para cada uno.
El Plan también trae la duda de si los fondos de Retiro se usarían para sufragar otros gastos gubernamentales, a lo que se opone la representante de los maestros, quien adelantó que el devenir de este Plan puede provocar una huelga en el magisterio. Mayol Kauffmann advirtió que “si no se hace nada, pues sabes que de aquí a unos años OGP va a tener que presupuestar el pago de las pensiones”.
Paralelo al Plan, en marzo de 2010 el Gobernador estableció la Comisión para la Reforma de los Sistemas de Retiro, que causó suspicacia porque, según Díaz, “no hay casi representación de los empleados públicos”.
Los miembros de la Comisión son: Aquino, el Presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno; Ángel Febus, el Director Ejecutivo de la Comisión Especial Permanente de los Sistemas de Retiro; Brian Kloop, economista laboral del American Federation of State, Country and Municipal Employees; Stephen Abrecht, el Director de Investigación y Administración Capital del Service Employees International Union; Luis Felipe Navas, este ex juez es el representante del Senado; la licenciada Ana Rivera Vicenti, como representante de la Cámara; Glenn D. Bowen, del actuario principal y consultor de Milliman, Inc.; William B. Fornia, Vicepresidente Senior de Aon Consulting y la presidenta del AMPR. Esta Comisión es presidida por el secretario del Departamento del Trabajo, Miguel Romero.
Tras dos reuniones, las recomendaciones de los miembros quedaron sometidas a principios de agosto con miras a un informe final el 30 de septiembre después de una evaluación técnica de viabilidad.
¿Se puede evitar el colapso?
El economista Gustavo Vélez, quién fungió como asesor del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá durante el 2005 al 2006, opinó que el principal problema para el deterioro de los sistemas es que no ha habido políticas públicas claras para su manejo y las malas decisiones de inversión acabaron con agudizarlo y ponerlos al borde de un colapso. Añadió que “había una práctica de utilizar el dinero del Sistema de Retiro Central para financiar el déficit operacional del Gobierno”.
En cuanto a las alternativas propuestas para solucionar el problema de flujo de efectivo en los sistemas, Vélez destacó que con respecto al aumento de las contribuciones siempre se concentra en el mismo sector que es la clase asalariada. Además, aseguró que el País no aguantaría otro impuesto. No obstante, apoyó una combinación híbrida entre el aumento de la aportación patronal y los recortes en los beneficios.
En el caso del plan de reorganización, Vélez resumió que el esfuerzo consiste en lograr una economía en la administración para obtener unos beneficios a la vez que se centraliza la gerencia que ahora mismo está fragmentada. “Yo creo que va ayudar, pero no va a resolver el problema, adelanta parte de la solución pero no es la solución en sí”, señaló a la vez que alertó que “no se puede hacer un merge (fusión) de todos los sistemas porque son diferente fondos y diferentes estructura operacionales”.
Finalmente, reiteró que hay que evitar que los sistemas colapsen, que todavía están a tiempo y que el costo debe distribuirse entre varios sectores.

La bomba de Retiro explota en 8 años
Escrito por Ely Acevedo Denis / Centro de Periodismo Investigativo

La Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), se encamina a desaparecer para 2018 y las tres alternativas para atajarlo, todas difíciles, podrían no ser suficientes, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Las opciones incluyen aumentos en las aportaciones que hacen patronos y empleados, modificar o reducir los beneficios que han sido otorgados a lo largo de los años, o que las pensiones se cubran con más impuestos.
Las entrevistas a los funcionarios, así como el análisis de documentos financieros y las minutas de la Junta de Directores revelan que las pensiones de nuestros empleados públicos han sido manejados temerariamente por administraciones rojas y azules, y arreglarlo podría costar dinero a todos, seamos o no empleados públicos. El golpe más reciente han sido los cesanteados bajo la llamada Ley 7 que le representa a la ASR más pensiones que desembolsar y menos aportaciones por recibir.
El Administrador de la ASR, Héctor M. Mayol Kauffmann, confirmo que el Sistema está al borde del colapso con un déficit que va por $15,000 millones producto de una combinación de malas decisiones de inversión, leyes de aumento de beneficios aprobadas sin importar los costos, y la morosidad criminal de municipios, corporaciones públicas y agencias del ejecutivo que simplemente han usado el dinero que retienen a los pensionados para sufragar sus propios gastos operacionales en vez de remitirlo a Retiro.
Además, la ASR incurrió en el pago de deudas del Sistema de la Judicatura y le tuvo que reembolsar de manera imprevista al Sistema de Retiro del Maestro (SRM) por aportaciones patronales que no le pagaron cuando transfirieron a ese sistema a miles de empleados del Departamento de Educación.
“(El Sistema) podría correr el riesgo de desaparecer para el 2018, pues no tendría forma de costear todos sus gastos”, sentenció Mayol.
De ocurrir un colapso, la Ley establece que el Gobierno debería responsabilizarse de los gastos de las obligaciones de la ASR. Por lo que son las contribuciones que pagamos todos las que tendrían que ser usadas para pagar las pensiones. Esto, además de los $215 millones que ya paga el fisco para cubrir los beneficios de leyes especiales, según aparece detallado en las minutas.
La ASR tiene un déficit total de $15,000 millones, de los cuales $5,000 millones entraron a los libros en tan sólo dos años debido, en parte, a la caída de la bolsa de valores. Tomando en cuenta el total de ingresos y gastos, Mayol sostuvo que la ASR enfrenta un déficit de 96 porciento.
A pesar de este panorama, el Gobernador Luis Fortuño, impactό negativamente a la ASR con el plan de cesantías de la Ley 7. Mayol declaró que dicha medida representa para el Sistema un aumento repentino de $180 millones anuales en el pago de las pensiones. Además, la ASR desembolsará entre $80 a $100 millones en las devoluciones de las aportaciones a los cesanteados y los que renunciaron voluntariamente.
Actualmente, el Sistema de Retiro en Puerto Rico es el de peor cobertura en Estados Unidos, según un análisis financiero que establece que la capacidad de ingresos (“funding ratio”) es de 19 por ciento, lo que indica que de cada dólar que sale de las arcas de la ASR sólo se reciben 19 centavos.
Ante la crisis en el estado financiero del Sistema, el CPI presenta una radiografía sobre las causas del déficit, del efecto de la ley 7 y las alternativas que evalúa la Junta de Síndicos y que, según Mayol, podrían no ser suficientes aún si se implantan todas.
Inversiones 'escocotás'
En el 2008 la ASR sometió su estrategia de inversiones a UBS Financial Services de Puerto Rico (UBS) y los consultores, con dinero ajeno, cobraron por recomendar una inversiones que no sólo eran principalmente en productos de alto riesgo sino que fueron manejadas en parte por otra división de UBS. ¿El resultado? La ARS emitió $2,900 millones en deuda, UBS cobró $288,000 por la asesoría, se ganó (según Bloomberg) $27 millones en tarifas por la parte del pote que mercadeó entre sus clientes, y los Sistemas se quedaron con una cartera perdidosa y un déficit más grande.
Por medio de la emisión de bonos, la ASR pretendía proveer más fondos al Sistema, permitiendo así subir el funding ratio a 35 por ciento, además de resolver el déficit que la tenía en riesgo de sufrir un colapso para el 2015. Con la inyección de fondos que dejarían las inversiones, se esperaba poder cubrir la obligación actuarial hasta el 2021. Esta emisión fue la más grande realizada por el Gobierno de Puerto Rico y la primera efectuada por el Sistema de Retiro, que a la vez se colocaba en los mercados europeos y asiáticos. Anteriormente, el Gobierno había realizado otras emisiones de bono a través del Banco Gubernamental del Fomento (BGF) e invirtió los fondos de las emisiones sólo en el mercado doméstico de Estados Unidos. El compromiso de pago de la emisión es de 50 años y el repago saldría de las aportaciones patronales.
El primer problema fue que la ASR no contaba con el personal capacitado para atender este tipo de gestión. Se pudo constatar en las minutas que luego de iniciar el proceso de la emisión, la Junta de Síndicos se percató de las necesidades que tenían de personal preparado en esta área y decidieron crear un Comité de Inversiones.
Las minutas de la Junta de Síndicos también señalan que el entonces presidente de la Junta de Directores del BGF, Alfredo Salazar Conde, minimizó el riesgo de la inversión aunque las las minutas también consignan que UBS le recomendó a la ASR invertir el 35 por ciento de los fondos adquiridos de la emisión de bono en el “Beta Porfolio” (de menor riesgo) y el 65 por ciento en el “Alpha Portfolio” (de mayor riesgo). Un remanente de $222 millones se quedaría en el BGF para inversión posterior.
Con el rendimiento de la inversión, se suponía que el Sistema obtendría cerca de $10,800 millones en ingresos. Cuando se realizó la emisión de bono se logró que subiera el funding ratio a un 40 por ciento y se esperaba que aumentara a un 70 ό 80 por ciento al culminar la estrategia de inversión. Sin embargo, este aumento no se logró debido a la caída de la bolsa de valores en el 2008 que resultó en una reducción de un 29 por ciento en el valor de los fondos invertidos en las acciones. Solamente el dinero depositado en el BGF no sufrió pérdidas por la crisis del mercado.
De la misma forma, Mayol especificó que tras la caída de la bolsa de valores los participantes de la ASR acogidos al Sistema 2000 (que tienen cuentas de retiro en vez de pensiones fijas) enfrentaron pérdidas de un 10.9 por ciento en su cuenta. Los participantes de este Programa, según el Administrador, tienen un promedio de fondos de $14,000 a $15,000 en su cuenta, por lo que con la caída de la bolsa de valores perdieron entre $1,526 a $1,635 de este balance.
Durante el 2009 la Cámara de Representantes y la del Senado de Puerto Rico cuestionaron las actuaciones de UBS durante el proceso de la emisión de bono pero eso ha quedado en nada, aunque Mayol opinó que el doble rol de asesor y casa de corretaje que tenía UBS “los ponía en (un) conflicto de intereses”.
La cuenta que carga la ASR por repago a los bonistas es $167 millones anuales, que se espera aumenten a $217 millones para el 2021.
¿Y dónde quedó el dinero recaudado en la emisión? Mayol dijo que se está usando para satisfacer las obligaciones del Sistema, incluyendo flujo de efectivo y pago de intereses, en vez de invertirlo, por lo que sólo se han invertido $800 millones a fin de 2009.
Por otra parte, en abril de 2009 la ASR comenzó el proceso para selección de los nuevos consultores de inversiones. Al comienzo, la ASR invitó a 10 firmas a que presentaran propuestas y publicó un anuncio en The Wall Street Journal, pero tras varias evaluaciones, se seleccionό a NEPC, LLC, pues los servicios tenían un costo menor que la otra más cerca, Ennis Knupp & Associates. La tarifa de prestación de servicios de Ennis era de $625,000 mientras que la de NEPC era de $490,000.
Sin embargo, Ennis propuso una rebaja de $625,000 a $550,000 en sus tarifas e incluyó los servicios de preparación del “Asset Liability Model” (estudio sobre la proyección de flujo de efectivo) que tienen un costo regular para el Sistema de $80,000. Entre eso y la involucración de NEPC en un pleito en Connecticut por alegadas actuaciones negligentes en la recomendación para invertir los fondos de las pensiones municipales, la ASR decidió reevaluar. Finalmente, en septiembre 2009 se acordó contratar a Ennis, quienes también asesoran al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en lo relacionado al programa de rescate financiero conocido como TARP.
Aumento en préstamos
Tras el cambio en 1998 de los procesos mecanizados de la ASR, cerca de 28 mil préstamos fueron eliminados del Sistema por error, pues pensaron que estarían saldos para la fecha de la implantación del nuevo método. Debido a la falla, la ASR sufrió una pérdida de $24 millones. Ante la merma de los fondos, el Sistema optó por renovarlos mediante el refinanciamiento o consolidación de la deuda del participante.
Luego de esto, y atado a las expectativas sobre la emisión de bonos de $3,000 millones, en 2007 la ASR aumentó los topes de los préstamos personales (de $5,000 a $15,000) y de viajes culturales (de $5,000 a $10,000), lo que movió a que se otorgaran 48,388 préstamos personales y 1,914 préstamos de viaje, para un total de $249.5 millones.
En abril 2008 el entonces presidente de la Junta de Síndicos de la ASR, Jorge Irrizary Herrans, mostró preocupación de que como consecuencia al aumento en los monto, en sólo siete meses el Sistema desembolsó $350 millones en préstamos, lo que equivale a como si se hubieran otorgado diariamente 750 préstamos.
Ya en febrero de 2009 había un total de 3,327 préstamos en atraso para una deuda en el Sistema de $39.5 millones. Los atrasos provenían en su mayoría de participantes del Departamento de Educación con casi 2,456 préstamos para $27 millones.
En mayo de 2009 Mayol recomendó reducir la cartera de préstamos mediante la reducción de los topes, debido al problema de flujo de efectivo que mantiene en déficit al Sistema. La propuesta fue reducir los préstamos personales de $15,000 a $12,000 y los culturales de $10,000 a $5,000, además de aumentar el término para las renovaciones de los préstamos de 12 a 18 meses. La otorgación continuó con 49,887 préstamos y $433 millones para septiembre de 2009.
Si se suma esta cantidad con lo que ya tenía acumulado la Administración antes de los aumentos de los topes en 2007, el total asciende a 177,583 préstamos con un valor de $1,500 millones. Una minuta de agosto 2009 informó que alrededor de $850 millones de los $1.5 billones del programa de préstamos pertenecían a los personales. Además, señaló que más del 60 por ciento de los préstamos son de $10,000 o más. Del mismo modo, indicó que casi el 90 por ciento de los préstamos personales son renovaciones, que totalizan en $550 millones. Como resultado, Mayol sugirió nuevamente extender el término para las renovaciones. 
Municipios y agencias mala pagas
Para abril de 2009, más de la mitad de los municipios, así como 28 corporaciones públicas y agencias mantenían deudas con la ASR que, si se viera bajo la óptica criminal, constituirían casos de apropiación ilegal ya que se trata de dinero que los patronos públicos han retenido a sus empleados pero no han remitido a Retiro.
En mayo de 2007 los municipios y las corporaciones morosas mantenían una deuda con la ASR de $45.8 que, tras un plan de pago que implantó el ex administrador Juan Cancel Alegría, se redujo a $34.2 millones para octubre de ese mismo año.
Para abril 2009 habían 43 municipios morosos de los 78 que tiene la Isla, con una deuda total de $16.4 millones. Los deudores más grande son Toa Baja, Yauco, Maricao, Quebradillas, Ponce y Santa Isabel. Toa Baja se destaca con una deuda de $3.7 millones y Maricao con una de $1.2 millones a pesar de contar con sólo 6,282 habitantes. La deuda de Maricao es mayor que la del municipio de San Juan que le debía a la ASR $243,000 y cuenta con una población de 442,447 habitantes. A Toa Baja le aprobaron un plan de pago en mayo de 2009, para saldar en cinco plazos, uno a principio de mayo por $1.3 millones, tres de $1 millón (a finales de mayo, junio y julio) y un último pago a finales de agosto por $1.1 millón.
De igual forma, para abril 2009 cerca de 28 corporaciones públicas mantenían una deuda total en el Sistema de $73.9 millones. Resaltan la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Policía de Puerto Rico, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y la Autoridad de Puertos, con una deuda total de $57 millones.
El caso de ASEM, que debe $42 millones, es ilustrativo de las magnitudes del problema. Según una minuta, cuando la ASR citó en el 2007 a la entonces directora de ASEM, la doctora Ana C. Rius Armendáriz, para que explicara el motivo de la deuda de la agencia con el Sistema, no compareció a la reunión. En su lugar, el contable Ángel Rivera García sostuvo que estaban en “una situación precaria, pues dependían de un 80 por ciento del Gobierno a través del Departamento de Salud”. Añadió que “tenían deudas ascendentes a $150 millones, un déficit de $60 millones y un sobregiro de $4 millones con el Banco Popular”. Además, señaló que los gastos de la nómina eran de $6 millones y que sólo recibían $4 millones para pagarla, por lo que el déficit aumentaba. Asimismo, sentenció que “se les hacía imposible satisfacer su deuda con la ASR con el dinero que les asignaba el Gobierno”.
Más impactante aún, Rivera García reconoció que la Agencia emitía “deducciones (aportaciones individuales) de papel que se registraban en los libros pero no en nómina o efectivo” y aceptó que era ilegal “pero que no cuentan con fondos para realizar otra acción, pues el efectivo que recibe lo utilizan para pagar las operaciones, medicamentos y servicios”.
Por consiguiente, en octubre 2007 la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se comprometió a emitir un pago de $8 millones para la deuda de ASEM, pero nunca realizaron la transacción. De hecho, para agosto 2009 OGP le debía además al Sistema $34.7 millones. Para esta misma fecha, la ASR comenzó a enviar cartas de interpelación a los municipios y corporaciones púbicas para exigir el pago de sus deudas. La carta advertía que, de no recibir el pago, la ASR presentaría cargos criminales y suspenderían al patrono del Sistema. Ahí se comenzaron a negociar planes de pago pero para noviembre 2009 la deuda de estos patrones era de $224 millones.
El más moroso de los municipios, Toa Baja, incumplió su plan de pago y no ha negociado uno nuevo. La más morosa de las agencias, ASEM, todavía no negocia su deuda de $54 millones.
La Junta tiene pendiente una recomendación del administrador para referir al Departamento de Justicia a los funcionarios públicos que incumplen con su responsabilidad de enviar las remesas al Sistema de Retiro.
Para ver el efecto real de esta morosidad, basta considerar que, entre 2007 y 2009, la ASR sufrió un aumento de $167.6 millones en el pago de beneficios para empleados gubernamentales y de la Judicatura pero sólo obtuvo ingresos de aportaciones por $62.7 millones. Se suponía que recibiera $254.4 millones en aportaciones.
Los bonos y pensiones de oro
Mientras todo esto ocurría, la Legislatura y los Ejecutivos de ambos colores siguen aprobando leyes para aumentar beneficios a los pensionados.
Entre los incrementos más recientes están los de bonos de navidad y el bono de verano. De igual forma, en el 2007 se aumentaron las pensiones mínimas de $300 a $400, y se incrementaron hasta un 3 por cierto las pensiones menores de $1,250 mensuales. Tan solo en 2009, la Asamblea Legislativa actual sometió 134 proyectos relativos a aspectos sobre retiro
Además, durante décadas la Legislatura y los gobernadores han establecido unas clases especiales de retirados cuyos beneficios están desproporcionados a sus aportaciones en comparación con el empleado gubernamental promedio. Por ejemplo, los legisladores y los alcaldes pueden ganar acceso al sistema de retiro público no por haber servido toda una vida al público sino por hacerlo en un par de cuatrienios. Por otro lado, los jueces del Supremo se retiran con su salario completo, con los aumentos de salario garantizados y con el compromiso de que sus viudos o viudas seguirán recibiendo la pensión cuando ellos mueran.
Entonces, también están los errores administrativos. En el 2004 unos 300 empleados del Programa Reforma 2000 fueron transferidos al SRM, pues aunque estaban acogidos a la ASR eran empleados del Departamento de Educación. Con la transferencia, estos empleados ganaron el derecho a una pensión (en vez de sólo cuentas individuales indeterminadas), pero en el trámite no le acreditaron los pagos que hizo el SRM como aportación patronal. Ante esto, la SRM pidió a los empleados que pagaran las aportaciones y, a su vez, 62 de los empleados le reclamaron ese error a la ASR. Retiro acabó pagando $600,000.
De otro lado, para febrero de 2008 la ASR había desembolsado $12 millones para sufragar los gastos del Sistema de Retiro de la Judicatura, incluyendo un sobregiro en el Departamento de Hacienda por $6.2 millones. A la lista de calamidades particulares que aqueja a la ASR, hay que añadir las que también se han visto en otras agencias.
Por ejemplo, en 2008 renuncia Cancel Alegría para participar como candidato por un escaño en la Legislatura y la Junta de Síndicos le otorgó una bonificación de $35,000, que equivalía a cuatro meses de sueldo, como muestra de 'agradecimiento'.
Después, en febrero 2008 se llevó a cabo el nombramiento de la licenciada Minia González Álvarez, en aparente violación a la veda. Ésta culminó funciones y llegó en junio de 2008 Harold González Rosado, quien era el administrador de la SRM. Su contrato fue por $160,000 anuales.
Ley 7
La Ley 7 ha significado un aumento inesperado de gastos en la ASR por el desembolso de las pensiones y aportaciones de los empleados que se acogieron al retiro voluntario o fueron cesanteado. El efecto millonario no es sólo este año sino perpetuo. Además, los empleados que esperaban contar con el dinero de retiro para paliar los efectos de su cesantía, se las verán difícil.
“Va a ver más desembolso porque hay más personas pensionadas, pero menos ingresos porque estas personas van a dejar de emitir sus aportaciones y los patrones dejan de emitir las aportaciones por ese empleado”, explicó Mayol. “El Gobierno va a tener un ahorro en la nomina porque no tiene que pagar ya ese sueldo, pero nosotros si vamos a tener que pagar a ese empleado su pensión hasta que fallezca”, resumió.
Del mismo modo, el dirigente de la Administración manifestó que el mayor efecto surge ante los pagos que se les desembolsan a los miembros del Sistema acogidos bajo la Ley 447 y la Ley 1, empleados que tienen derecho a una pensión mensual. Actualmente, la Administración cuenta con 89,847 pensionados y 11,646 beneficiarios de los cuales sus pensiones fluctúa entre un mínimo de $400 y un máximo de $6,444 , a los que se les añadirán los 745 participantes del Sistema que se acogieron al retiro voluntario.
Para el 2009 la ASR contaba con 173,784 participantes que, debido al retiro voluntario de la Ley 7, disminuiría a 172,725. Igualmente, para noviembre 2009 había cerca de 215 participantes del Sistema 2000 que aceptaron la renuncia voluntaria. La ASR no sabe todavía la cantidad de cesanteados a los que tendría que devolverle sus aportaciones.
En el documento de la Resolución establece que según las leyes (de los pensionados), si el participante tenía acumulado $10,000 ό más en la cuenta, sólo podían solicitar al Administrador la transferencia del balance total a un plan de retiro cualificado o a una cuenta de retiro individual (IRA, por sus siglas en inglés), o a una cuenta de retiro individual no deducible, que cumpliera con los registros del Código de Rentas Internas, pero no tenían derecho de recibir los fondos en un sólo pago global. Ante esta situación, Mayol Kauffmann le solicitó a la Junta de Síndicos su aprobación para emitir el pago del total de la cuenta del participante sin límite de cantidad a desembolsar y sin requisito de que se transfiriera a una Cuenta de Retiro Individual.
En esa resolución la Junta autorizó al Administrador a desembolsar el balance global de la cuenta (IRA), a cada uno de estos participantes que fueron cesanteados o se retiraron voluntariamente bajo la Ley 7, si lo solicitaban. La única limitación era que si la persona al momento de ser cesanteado estaba casada, debía tener autorización por escrito del cónyuge frente a un notario público u representante del Administrador. Además, que del balance a desembolsar le deducirían toda la deuda que tuviera el participante con el Sistema de Retiro del Gobierno y con otras entidades gubernamentales. De igual forma, se le cobrarían unas contribuciones que era determinada por el Departamento de Hacienda. Esta resolución le otorgaba este derecho al Administrador desde el 30 de septiembre 2009 al 30 de marzo 2010.
Para noviembre 2009 sólo se habían emitido dos pagos globales, del reembolso de las aportaciones de los participantes del Sistema 2000 se procesaron 213 y sólo se transfirieron los fondos a siete participantes. Estos datos corresponden a los que acogieron a la renuncia voluntaria. La Administración no pudo precisar lo relativo a los cesanteados.
Alternativas
En entrevista con el CPI, Mayol detalló que las alternativas ante el cuadro fiscal del Sistema son: aumentar la aportación patronal y del empleado, el desembolso a los ciudadanos a través de las contribuciones sobre ingreso, o efectuar cambios y reducciones en los beneficios que reciben los pensionados.
“Habría que aumentar la aportación patronal y del empleado en un 35 por ciento, pero entiendo que sería imposible. Sino, tendría que ser el pueblo de Puerto Rico el que corra con los gastos, porque el Gobierno no puede a través del Fondo General. Entiendo que habría que implantar las tres alternativas para realmente solucionar el problema”, declaró Mayol.
En la alternativa de aumentar la aportación hay que recordar el nivel de morosidad que municipios y agencias reflejan en ese trámite. En cuanto a la alternativa de las contribuciones, sería un peso tributario adicional al que enfrentan los asalariados por la implantación del IVU y los estragos de los 25,000 cesanteados del Gobierno. Igualmente, el reducir o eliminar los beneficios que reciben los pensionados significaría la pérdida de derechos adquiridos que de alguna forma aportan a solucionar la crisis económica.
Aunque cada empleado del Gobierno espera por una recompensa tras arduos años de trabajo, el estado económico actual de la ASR pone en riesgo la anhelada pensión, y las alternativas no son fáciles.

Coalición del sector privado pide “cautela” al Gobierno ante evaluación de incentivos
Inter News Service / Primera Hora

La Coalición del Sector Privado instó hoy al Gobierno a tener “cautela” en la evaluación de incentivos a la industria, ya que según la entidad podría crear incertidumbre, alejar a posibles inversionistas y provocar una fuga de empresas.
Pedro Watlington, presidente de la Asociación de Industriales, indicó que “el análisis que está realizando el Gobierno en torno a los incentivos existentes y a su funcionamiento debe ser uno cauteloso que le reafirme la confianza a la industria de la manufactura”.
Añadió que “hay que tomar en consideración que en el caso de la  Ley para el Desarrollo de Puerto Rico, no ha sido implementada a cabalidad. La Ley 73 fue aprobada en el 2008 tras una evaluación profunda en la cual participaron todos los sectores. Se llegó a un histórico consenso cuando se aprobó esta ley”.
Según el presidente, “hay que ser cauteloso con no dar la impresión de que hoy se promueve un aliciente y mañana se retracta. Esto es un repelente para cualquier inversionista”.
Mientras, el portavoz de la Coalición, Francisco Rodríguez Castro, dijo a su vez que el sector privado “ve con buenos ojos la iniciativa que anunció el Gobierno esta semana de promover en una campaña las herramientas disponibles en Puerto Rico para atraer inversionistas”.  
Asimismo, reiteró que “es de vital importancia proteger la Ley de Incentivos y todas sus ventajas para que Puerto Rico tenga las herramientas y la certeza para atraer inversión al país”.
La Coalición es una organización que represente a 23 entidades que integran a más de un millón de trabajadores del sector privado.

Comunidad

UIA denuncia supuesto plan de privatización de servicios en la AAA y no descartan huelga
viernes, 20 de agosto de 2010
Inter News Service / El vocero

Los servicios al cliente y las tareas de lectura de contadores y facturación en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pronto podrían estar en manos de empresas privadas, denunció hoy la Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa a empleados de esta agencia.   
Según el presidente del sindicato, Pedro J. Irene Maymí, en este momento hay alrededor de 13 empresas privadas licitando para quedarse con estas áreas de trabajo.   
"El país tiene que enterarse que con la entrada de estas compañías no habrá tarifa fija, sino aumento de las mismas y desmadres económicos", expresó Irene Maymí durante conferencia de prensa.   
El líder obrero consideró que la agencia desarrolla una propaganda con el fin de que la ciudadanía crea que existe una crisis en la AAA, "la cual ha sido inventada con el único propósito de entregar la Autoridad a la empresa privada bajo la Ley de Alianzas Público Privadas".   
Dijo además que los trabajadores de la Autoridad están dispuestos y comprometidos a realizar un trabajo de mayor calidad al que puede hacer una empresa privada, por lo que no descartan ningún mecanismo de presión, ni siquiera una huelga, para evitar que se transfieran servicios de los que ofrece la AAA.   
"LA UIA está en pie de lucha. Siempre lo hemos estado. Estamos conscientes que tenemos una responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico, pero aquí estamos defendiendo ese pueblo porque la privatización lo que va a traer es el aumento en los costos de agua", sostuvo consiguiendo la aprobación con aplausos de otros miembros del sindicato.   
"No podemos permitir que los servicios del agua, luz, educación y salud sean administrados por empresas ajenas a nuestras necesidades como pueblo, cuyo único fin es hacer dinero a como dé lugar", puntualizó Irene Maymí.

Cultura

Honran el orgullo de los boricuas
Organización destaca la defensa cultural del País
Por Pedro Bosque Pérez / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

El Comité Noviembre-Mes de la Herencia Puertorriqueña reconoció anoche a varias personas y organizaciones, por su aportación a la defensa de la identidad boricua.
El Comité es una entidad comunitaria sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York, cuya misión es enaltecer la identidad de los boricuas y reconocer la contribución a nivel social, cultural, político y artístico de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos.
Durante esta semana representantes de varias de las agencias puertorriqueñas más importantes del este de Estados Unidos estuvieron en la Isla, bajo la coordinación del Comité, en un viaje llamado “Buscando Nuestras Raíces”.
El grupo visitó el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR), Casa Pueblo en Adjuntas, el Viejo San Juan, el taller del pintor Samuel Lind en Loíza y la Plaza del Mercado de Santurce, entre otros.
Anoche el Comité reconoció a la Fundación Rafael Cepeda; a la doctora Lourdes Ramos, Directora Ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico; a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; a la Asociación Pro-Rescate y Desarrollo de la Perla Bella, entidad de la comunidad La Perla en el Viejo San Juan, presidida por Jorge Gómez González; y a El Nuevo Día en la celebración de su 40 aniversario.

Opinión ________________________________

Editorial El Nuevo Día
Solidarios con la prensa venezolana

El presidente Hugo Chávez no sólo se sirve de los medios de comunicación como parte de su estrategia populista de poder sino que, también, consciente de su vital importancia, pretende amenazarlos, castigarlos o hasta eliminar los que no hacen propaganda a su favor, un paradigma de lo que debería suceder en una auténtica democracia.
El presidente Hugo Chávez no sólo se sirve de los medios de comunicación como parte de su estrategia populista de poder sino que, también, consciente de su vital importancia, pretende amenazarlos, castigarlos o hasta eliminar los que no hacen propaganda a su favor, un paradigma de lo que debería suceder en una auténtica democracia.
No hay mejor termómetro para establecer el nivel de salud de una democracia que indagar en las garantías reales que posibilitan la libertad de prensa. Venezuela, sin duda, lleva tiempo dando señales de alerta dentro del panorama internacional. Esta semana, con la terrible ofensiva de Hugo Chávez contra el diario El Nacional de Caracas por la publicación de información y fotos que ilustran en la morgue judicial de Bello Monte los cadáveres que produce el crimen sin control, se confirman tristemente los temores.
La prensa no se ha inventado que en 2009 en Venezuela fueron asesinadas unas 19,130 personas, aproximadamente un asesinato cada media hora. Tanto se habla de la violencia de Colombia y de México, pero la novedad retratada correctamente por la prensa es que el nivel de violencia en Venezuela es el doble que el primero de estos países y nueve veces mayor que el segundo. La ciudad de Caracas solamente tiene la segunda tasa mundial de homicidios: unos 100 por cada 100,000 habitantes. El nivel de homicidios ha aumentado hasta un 134% en la última década. Las cifras las ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas a raíz de un pedido del mismo gobierno. Un resultado que, obviamente, no gustó en las caudillistas esferas oficiales.
Ahora bien, es obligación de la prensa dar voz a lo que estudiadamente es silenciado. Tiene la responsabilidad ineludible de mostrar la gravedad del asunto para un despertar de la conciencia colectiva. Y si el gobierno desea ocultar la información porque no conviene a sus afanes electoreros, tiene que crecerse aún más frente a todo interés partidista y apostar por la verdad y el bien común
Claudicar a este deber, sería colocar en máximo peligro a la democracia y los derechos ciudadanos.
La foto publicada en el periódico El Nacional ha ayudado a crear conciencia nacional e internacional sobre el nivel desmedido de violencia y sobre el costo en vidas de los millones de armas de fuego ilegales que hoy circulan en Venezuela. También se ha exhibido como signo de una prensa que no se dejará manipular por los tentáculos partidistas que, con miras a los comicios legislativos de septiembre, buscan mostrar un estado de bienestar y orden que Venezuela no tiene.
La argumentación del Gobierno para justificar su censura a la prensa, señala que con estas fotos -en las que no aparece ningún niño y que ni siquiera muestra rostros- se puede atentar contra los derechos de los menores
De hecho, un tribunal de menores notificó al diario que no puede reproducir imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, terror o agresión física, y mensajes sobre muertes que supuestamente puedan alterar el bienestar psicológico de niños y adolescentes. Como si lo que afectara a los niños fueran las coberturas periodísticas y no la violencia misma. Lo que prueba que cuando se intenta eliminar derechos democráticos para asegurar el monopolio absoluto de un individuo, se recurre, por tanto, al drama escénico, a las simulaciones legales, a la fuerza irracional, al hostigamiento gubernamental, a la censura y a la persecución.
Como se ha hecho desde foros como las Naciones Unidas y la OEA, denunciamos esta desquiciada ofensiva oficialista contra los medios periodísticos venezolanos. Y nuestra solidaridad con El Nacional en su defensa de la libertad de prensa como el mejor escudo protector de la democracia.

Editorial El Vocero
No es un asunto personal

¿Es de índole personal o un “lamentable problema personal” una acusación de violencia doméstica contra un miembro de la Cámara de Representantes? La respuesta clara es NO.
En un Puerto Rico donde el problema de violencia de género ha escalado a niveles críticos, el hecho de que se radiquen graves acusaciones formales contra un funcionario público de alto nivel no puede tomarse ligeramente. Los funcionarios electos en nuestro País constituyen un modelo para el resto de la ciudadanía, pues de hecho son representantes del pueblo. Siendo así, resulta sumamente grave que en una Isla donde ya van 15 víctimas de violencia doméstica en lo que va de año, se pretenda dar un tratamiento liviano al representante popular, Luis Farinacci, quien actualmente enfrenta graves acusaciones por parte de su esposa.
La actitud adoptada por las estructuras de poder en el Partido Popular Democrático son un reflejo del arraigado patriarcado en nuestro País. Ya van meses desde que se conocieron las acusaciones de violencia de género contra el representante ponceño, pero en su colectividad nada ha sucedido. No es hasta que sale a la luz pública la explosiva declaración jurada de la víctima en este caso, que se toman unas tímidas medidas de remover al legislador de unas portavocías en unas comisiones camerales. Antes de eso, ni siquiera una expresión de censura.
Todos los hombres de su partido, y del partido opositor, trataron en asunto con guantes de seda al despacharlo como un asunto personal.
Peor aun, ante la gravedad de las acusaciones la presidenta cameral, Jenniffer González –a quien se le reconocen posiciones claras a favor de la equidad de género- intenta buscar una alternativa procesal para atender la mancillada imagen del cuerpo legislativo por las acusaciones contra uno de sus miembros; pero lo que encuentra es una resistencia férrea en el liderato masculino de la minoría popular.
No se puede negar que el trámite ordinario de los procesos éticos en la Cámara de Representante propenden a la inacción en un caso como éste, más allá que la inacción provocan la re victimización de la víctima.
La violencia contra las mujeres es nuestra Isla es una situación de emergencia social. Esta situación con el representante Farinacci requiere de una actuación contundente por parte de la Cámara de Representantes, sin afectar la presunción de inocencia del acusado. Ciertamente la Comisión de Ética no cuenta con los mecanismos procesales para investigar hasta las últimas consecuencias las imputaciones contra uno de sus miembros.
El representante acusado ha decidido no renunciar a su escaño, por lo que se debe proceder de inmediato con una investigación cameral sobre las alegaciones en su contra. Pobre servicio le haría la Cámara, así como el Partido Popular Democrático, al País si asumen una actitud de “paños tibios”.