Columnas

At the onset of a new year an overview and comments are necessary on developments during this period in order to identify their interrelationship and possible consequences. The exercise inevitably takes us to 2016 and the process of a recent episode in our history. Several significant events took place that year. In particular, the U.S. Supreme Court decision which delegitimize the Free Associated State of Puerto Rico, while the U.S. Congress simultaneously adopted the PROMESA Law, which imposed a Fiscal Control Board on the Government of Puerto Rico.

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A pocos días de terminar el año 2019 y comenzar el 2020 conviene echar una mirada atrás y comentar los sucesos acontecidos e identificar sus vínculos y posibles consecuencias. El ejercicio nos lleva, inevitablemente, a situarnos en el 2016 para trazar el proceso que describe este último episodio de nuestra historia. Ese año se produjeron varios eventos de gran significado. Destacan las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que sentenciaron la deslegitimación del “estado libre asociado”. Mientras, el Congreso estadounidense, casi simultáneamente, aprobaba la Ley Promesa imponiendo una Junta de Control Fiscal (JCF) al Gobierno de Puerto Rico. Con ese telón de fondo se celebraron las elecciones generales del 2016 y más adelante, en enero de 2017, se inició la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

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En las pasadas décadas se ha realizado un esfuerzo enorme para avanzar en la planificación de nuestro territorio a pesar de los obstáculos y las intenciones directas de sectores interesados en evitarlo. Hoy, cerca de 60 municipios tienen planes territoriales aprobados y, en el 2016, se aprobó finalmente el Plan de Usos de Terrenos para todo Puerto Rico. En ambas dimensiones, la municipal y la nacional, el proceso de planificación se ha enmarcado principalmente en dos leyes: la Ley 81 de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos y la Ley 550 de 2004, conocida como la Ley para el Plan de Usos de Terrenos (PUT). Otras leyes también han formado parte de ese proceso para atender áreas particulares por su importancia natural, agrícola, urbana, histórica o arquitectónica.

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El escenario cambió y la discusión política aún no lo refleja. El gobernador cree que es gobernador, cuando apenas le pemiten administrar el presupuesto impuesto por los siete procónsules de la Junta de Control Fiscal. Los legisladores creen que legislan, pero su actuación está reducida en el marco de lo permitido por el Plan Fiscal y el presupuesto que la Junta certifica. Los alcaldes, con poquísimas excepciones, apuestan a un milagro y creen que podrán convencer a Natalie Jaresko, a la vez reconocen que la mitad de sus ayuntamientos desaparecerán. Mientras, los tribunales del “ela” se quedaron “sin velas en este entierro”. En síntesis, las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, han rechazado a los puertorriqueños y están decidiendo directamente, a su antojo. Antes lo hacían, pero disimulaban.

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