Columnas

En las pasadas décadas se ha realizado un esfuerzo enorme para avanzar en la planificación de nuestro territorio a pesar de los obstáculos y las intenciones directas de sectores interesados en evitarlo. Hoy, cerca de 60 municipios tienen planes territoriales aprobados y, en el 2016, se aprobó finalmente el Plan de Usos de Terrenos para todo Puerto Rico. En ambas dimensiones, la municipal y la nacional, el proceso de planificación se ha enmarcado principalmente en dos leyes: la Ley 81 de 1991, conocida como la Ley de Municipios Autónomos y la Ley 550 de 2004, conocida como la Ley para el Plan de Usos de Terrenos (PUT). Otras leyes también han formado parte de ese proceso para atender áreas particulares por su importancia natural, agrícola, urbana, histórica o arquitectónica.

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El escenario cambió y la discusión política aún no lo refleja. El gobernador cree que es gobernador, cuando apenas le pemiten administrar el presupuesto impuesto por los siete procónsules de la Junta de Control Fiscal. Los legisladores creen que legislan, pero su actuación está reducida en el marco de lo permitido por el Plan Fiscal y el presupuesto que la Junta certifica. Los alcaldes, con poquísimas excepciones, apuestan a un milagro y creen que podrán convencer a Natalie Jaresko, a la vez reconocen que la mitad de sus ayuntamientos desaparecerán. Mientras, los tribunales del “ela” se quedaron “sin velas en este entierro”. En síntesis, las tres ramas del gobierno de Estados Unidos, el Congreso, el Tribunal Supremo y el Ejecutivo, han rechazado a los puertorriqueños y están decidiendo directamente, a su antojo. Antes lo hacían, pero disimulaban.

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Los puertorriqueños llevamos muchos años empantanados en unas rutinas electorales que al final terminan casi siempre con resultados desfavorables al bienestar del país y de la mayoría de la población. No hay duda de que el bipartidismo y el oportunismo electoral operan como una terrible camisa de fuerza, un obstáculo para cualquier buena iniciativa. En el fondo de esa tragedia encontramos que el peor lastre de todos es el colonialismo, la falta de poderes para hacer lo que hay que hacer y asegurarnos una vida digna y de justicia social. A nombre del Estado Libre Asociado (ELA) y de la Estadidad se ha administrado al país desde hace más de sesenta años. En ese mismo periodo los problemas sociales se han incrementado, la incertidumbre económica es cada vez peor, el daño a nuestro ambiente se ha multiplicado y más de la mitad de nuestra población se ha visto forzada a emigrar.

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Tres fueron los objetivos principales de la ley Promesa. Primero, mediante el Título III, garantizar un proceso ordenado para que los acreedores pudieran cobrar parte de sus bonos y préstamos que hicieron al gobierno y a las corporaciones públicas. Segundo, proteger al Tesoro de Estados Unidos de cualquier reclamación de los bonistas, derivada de la deuda de Puerto Rico (Ley Promesa, SEC. 210) y, tercero, evitar comprometer un solo centavo de los contribuyentes estadounidenses en la “atención” de la crisis fiscal (Paul Ryan, El Nuevo Día, 13 de abril de 2016). Por eso la ley no contiene ninguna medida de desarrollo económico y ningún paquete de “ayuda” financiera.

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