5 de agosto de 2022
La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela y Ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, denunció la pasada semana la decisión de un Tribunal Superior en Londres negándose a reconocer como válido un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afirma el derecho de la Junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro Moros, de reclamar la devolución de 32 toneladas de oro venezolano depositadas en la banca británica.
El pleito tuvo su origen el 14 de mayo de 2020 cuando el presidente de la Junta del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, acusó al Banco de Inglaterra de violentar el contrato de depósito de los activos venezolanos. De acuerdo con Ortega, el Banco de Inglaterra se negó a transferir 930 millones de euros, respaldados por dichos depósitos en oro, a un fondo de las Naciones Unidas para combatir la epidemia de la COVID-19 en Venezuela.
Tras la designación por el Parlamento venezolano de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, tras desconocer dicho cuerpo legislativo el resultado de las elecciones de 2018 donde Nicolás Maduro Moros en las que revalidó como presidente constitucional, Guaidó nombró una Junta Directiva del Banco Central de Venezuela disputando la legitimidad de la Junta Directiva en funciones. La legalidad de los nombramientos de Guaidó fueron cuestionados y el Tribunal Supremo de Venezuela resolvió mediante sentencia la ilegalidad de los mismos.
Sin atenerse al fallo, los funcionarios designados por Juan Guaidó con la oposición de la Junta del Banco nombrada por el gobierno de Nicolás Maduro, reclamaron el derecho a disponer de los depósitos en oro consignados en el Banco de Inglaterra. La controversia llegó a los tribunales. Tras cuatro días de juicio, que culminó el pasado 18 de julio, la Jueza Sara Cockerill, dispuso mediante sentencia que “no hay bases” para reconocer un fallo de la corte venezolana que declaró inconstitucional la designación de los nombramientos hechos por Juan Guaidó a la junta directiva del Banco Central de Venezuela. Más aún la funcionaria judicial sostiene en su fallo, como si esta no fuera una característica de muchos otros sistemas judiciales, que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela son jueces que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sus decisiones no son reconocidas bajo la ley británica. Sin embargo, también la sentencia expresa que quienes representaron los intereses de Guaidó en el caso no aportaron “pruebas convincentes” que demostraran que el Tribunal Supremo de Venezuela no es independiente e imparcial.
Tras conocer el fallo del tribunal británico, la vicepresidenta venezolana indicó:
“Esa decisión del tribunal británico realmente está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica. Decisiones que pueden ser destempladas y sobre las misma no corresponde ningún tipo de control judicial.
De acuerdo con la vicepresidenta y Ministra de Economía y Finanzas venezolana, el fallo responde a “la ficción” y el gobierno ficticio encabezado por el criminal Juan Guaidó”, el que autoproclamándose Presidente Encargado de Venezuela, nombró por su parte otra Junta para el Banco Central de Venezuela, que reclama ser la representante legítima del Banco y como tal quién es la entidad a la cual le corresponden las 32 toneladas del oro venezolano.
Se indica en la edición internacional en línea del periódico español El País del pasado 30 de julio, que en el marco de un juicio anterior por este mismo caso, “la Corte Suprema de Inglaterra discutió sobre quién era el presidente legítimo de Venezuela para lo que hizo consultas a la Cancillería británica, que dio su respaldo a Guaidó” No obstante, también indicó que si cambiara la posición de Inglaterra sobre el reconocimiento del Gobierno de Venezuela, “podría comenzar un nuevo juicio sobre el oro.” Indica la noticia que, si bien Estados Unidos y el Reino Unido mantienen su respaldo a Guaidó, “la Unión Europea sí rebajó a principios de 2021 su calificación tras vencerse su período extendido como jefe del Parlamento.”
Para formar una idea del despojo que se pretende hacer del patrimonio venezolano, el peso de una tonelada equivale a 2 mil libras. Toda vez que una libra la componen 16 onzas y cada onza de oro se cotiza en estos momentos en los mercados internacionales en alrededor de $1,700.00, el tumbe de recursos económicos que se pretende llevar a cabo contra el gobierno constitucional venezolano rondaría en algo más de un billón de dólares. Sin embargo, de acuerdo con una noticia que publica CNN el pasado 29 de julio, el monto real del valor de estas 32 toneladas sería de “$2,000 millones en oro”.
La funcionaria venezolana señalo que en su fallo judicial la decisión del tribunal británico obedece a la política exterior del Reino Unido de la Gran Bretaña que alega no poder cambiar o contradecir “decisiones destempladas de la corona británica.”
Las 32 toneladas de oro venezolano fueron entregadas o depositadas por Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra asignándole a este segundo el carácter de “custodio”, por lo que es la Junta del Banco Central de Venezuela “la única que puede administrar las reservas internacionales del país.” Señala el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que la posición adoptada por el tribunal británico “sienta un precedente terrible que hará que nadie en el mundo confíe sus recursos al Banco de Inglaterra.”
De acuerdo con un comunicado del Banco Central de Venezuela en el cual igualmente se rechaza el fallo del tribunal británico, la decisión “socava las legítimas potestades de administración de las reservas internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales, constitucional y legalmente corresponde ser ejercidas por el Banco Central de Venezuela.”
Asumir que Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela cuando no ha podido ejercer ninguna autoridad sobre el país y lo que ha hecho es conjurar una y otra vez para fomentar la violencia, la desestabilización, el pillaje y las acciones mercenarias contra su propio pueblo, le hacen un flaco servicio a quienes a nombre de sus gobiernos hablan de democracia. Nos referimos a aquellos 50 países a escala global que insisten en desconocer la naturaleza de la democracia real y participativa del pueblo venezolano a la hora de elegir sus representantes a lo largo las pasadas casi dos décadas y media desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías en 1998.
Si bien en su falló la jueza no reconoce la ilegalidad de los nombramientos hechos por Guaidó a la junta del Banco Central de Venezuela y, en efecto, dictamina que sólo su equipo “puede manejar las reservas”; el fallo tampoco allana el camino al control de las 32 toneladas del oro venezolano a éste.
De acuerdo con el gobierno venezolano, las reservas hoy prácticamente confiscadas por el Banco Central de Inglaterra fueron y siguen siendo necesarias para atender problemas causados por la pandemia de la COVID-19 y otras necesidades de salud que enfrenta el pueblo venezolano.
Según indica la agencia EFE en su publicación del pasado 29 de julio, “la Junta del BCV designada por Nicolás Maduro ha indicado…que se plantea recurrir el dictamen, para lo que tendría que pedir permiso este mes de agosto, tras lo cual la magistrada daría su opinión en septiembre.” Quedaría, además pendiente, “una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso, incluido si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra.”
La incautación de activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior no se limita a esta cantidad en el Banco de Inglaterra. Venezuela también ha sufrido la incautación de varias refinerías de petróleo en suelo estadounidense, de cientos de estaciones de gasolina a través de los distintos estados de la Unión y otras medidas de carácter económico como resultado del bloqueo impuesto por los Estados Unidos al país, incluyendo la confiscación de otros activos en suelo estadounidense.
Esta perspectiva imperial que pretende justificar el robo y el saqueo de las riquezas de otros países supeditados a su órbita de influencia, sobre todo cuando tales países intentan salir del control imperial que se les ha impuesto por décadas y siglos, es la cuota que históricamente se ha pretendido imponer a los pueblos cuando estos ejercen sus derechos en la defensa de su independencia y soberanía.
Confiamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su “bravo pueblo” resistan y venzan en su lucha.
