Por años, el gobierno estadounidense presentó a Puerto Rico como un ejemplo de desarrollo económico y progreso.

Asimismo, mediante presiones y su poder económico, quiso engañar a la comunidad internacional, cuando en el 1954, en la Organización de la Naciones Unidas, logró que se sacara a la isla borincana de la lista de países bajo un régimen colonial. Hoy, la cruda realidad ha pulverizado ambos mitos.

La economía de Puerto Rico se encuentra en una clara bancarrota imposible de reflotar bajo las condiciones opresivas de la dominación colonial. El desempleo real rebasa el 25 por ciento, mientras que, de toda la población en condiciones de trabajar  ̶ la tasa de participación ̶  tan solo lo hace el 40 por ciento, su  nivel más bajo desde que se lleva registro de la misma. En tales condiciones, crece como la espuma el trabajo informal y la economía subterránea. Mientras, las políticas neoliberales de la actual administración colonial han propiciado un proceso acelerado de empobrecimiento de los trabajadores, precarizando sus condiciones laborales y derogando derechos adquiridos.

El cuadro es dramático. En Puerto Rico el trabajo comienza a ser una actividad en peligro de extinción. Nada más favorable resulta la quiebra del sistema económico como excelente caldo de cultivo para el crecimiento de las actividades delictivas y particularmente para el “florecimiento” del narcotráfico. Cifras recientes destacan cómo la “la economía” vinculada al trasiego de los carteles de la droga representa el 10 por ciento de la economía formal. Las propias estadísticas de la Policía de Puerto Rico revelan la existencia de al menos 1,600 centros (puntos de drogas, como se le conoce en la jerga puertorriqueña) ilegales de venta de drogas, es decir, en todo el territorio boricua hay más “puntos de drogas” que escuelas.

Lo anterior se agrava con la enorme desigualdad social. El 20 por ciento más rico de la población posee el 55.3 por ciento de los ingresos, mientras que el 20 por ciento más pobre es dueño de apenas el 1.7 por ciento. El ingreso anual del 20 por ciento más pobre de los puertorriqueños es de 2,455 dólares, mientras que el ingreso promedio del 20 por ciento más rico es de $78,679. Treinta y dos veces más los que tienen que los que carecen. Mientras tanto, se estima que la economía no crecerá por sexto año consecutivo.

Ante una realidad tan desesperante, según los datos recientes del Censo de Población, 300 mil puertorriqueños se han visto obligados a emigrar desde el año 2000, siendo Puerto Rico uno de los pocos países en el mundo donde se ha experimentado una reducción absoluta de su población.

Para completar, este año se pretende celebrar un supuesto plebiscito para atender la situación de las relaciones coloniales con Estados Unidos. Se trata de una nueva farsa, como la ocurrida en el 1952, 1967, 1993 y 1998. Lejos de respetar el derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación, este “plebiscito” burla el derecho internacional y las resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización  de la Naciones Unidas relativas a Puerto Rico.

*Puerto Rico mirando al Sur: Columna del MINH en Correo del Orinoco, Venezuela.