«Considero que la malversación de fondos públicos, el saqueo de recursos pertenecientes a los ciudadanos, el manejo administrativo fraudulento de las agencias públicas para beneficiar a amigos y claques debe ser considerado como traición a la Patria. Pero, lamentablemente, ese delito no existe en una colonia.»

En varias ocasiones he comenzado a escribir sobre estos temas y me detengo ante la dificultad de elaborar y darle forma a las ideas que surgen y se acumulan desde que inicié mi participación en el Gobierno Municipal de San Juan. También se me presentan dudas y cierto titubeo por lo enrevesado de algunos asuntos y la prudencia que un funcionario debe tener sobre sus expresiones públicas.

Hay temas muy sutiles, otros requieren más análisis. En cualquiera de los casos, es saludable recabar su discusión seria, franca y abierta. De entrada, comienzo confesando lo que pudiera ser innecesario porque, en esencia, resulta una gran lógica: hoy los retos de mi país, y de San Juan en particular, los veo de forma distinta a como los imaginaba antes de ser parte de la administración municipal. La experiencia intensa de estos pasados seis meses me ha enseñado a entender y mirar una realidad que está fuera de lo que parecía ser y que, ciertamente, no es.

Parecería extraño y fuera de todo razonamiento lógico pensar, que en esta época de espectaculares avances en las tecnologías de las comunicaciones, no hay certeza de las cosas hasta que no experimentamos directamente con ellas y de forma repetida. Corroboro así, nuevamente, lo falso de una frase manoseada y que gusta mucho en el mundo de la publicidad que reza “la percepción es la realidad”.

No quiero ahondar en lo que ya se ha dicho sobre el San Juan del pasado alcalde Santini. Sí, era una postal falsa, una ficción y alucinación montada en una costosa publicidad imperdonable, que sangró el presupuesto municipal junto a otros gastos extravagantes, y que se impuso a pesar de tantas necesidades de comunidades y residentes marginados. Ese tema habrá que desmenuzarlo con mayor detalle e informarlo al País, sobre todo, porque necesitamos derrotar la impunidad y porque no hacerlo es favorecer que los abusos y la traición de funcionarios públicos continúe y se repita, cada vez con mayores consecuencias y nefastos resultados. Considero que la malversación de fondos públicos, el saqueo de recursos pertenecientes a los ciudadanos, el manejo administrativo fraudulento de las agencias públicas para beneficiar a amigos y claques debe ser considerado como traición a la Patria. Pero, lamentablemente, ese delito no existe en una colonia.

San Juan no es la fantasía de Santini, ni la imagen o idea que hemos pensado. San Juan vive hoy, como el resto del País, una situación difícil y extremadamente compleja, que va más allá de lo que vemos. Siete años de recesión o depresión económica ‒da igual‒ han dejado una marca que crece, se expande y corroe los cimientos que sostuvieron lo que hasta hace poco parecía estable. Hoy sabemos que esos cimientos siempre fueron débiles. Hasta Rex Tugwell, el último gobernador gringo impuesto, lo advirtió hace 70 años.

Desde el ámbito municipal, es necesario reconocer que nadie escapa del colapso económico de la colonia por más deseos que tengamos los funcionarios y directivos municipales de enfrentarlo. Tampoco somos inmunes a la quiebra de las instituciones políticas que reforzaron y reprodujeron un modelo económico dependiente, de enclave y divorciado de los ingredientes básicos para el desarrollo. Por eso, es bueno recalcarlo, el presente colapso económico es igualmente el colapso de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico. En otras palabras, la colonia no da más.

Cuando pareciera que estamos tocando fondo, nuevas estadísticas nos sorprenden pintando un panorama más grave y sombrío, a pesar del esfuerzo de algunos por presentar un cuadro distinto. Con cierta vergüenza ajena vemos cómo los defensores de cada paquete nuevo de “políticas económicas” anuncian que ahora sí se va a estabilizar la economía y auguran el comienzo del famoso repunte. Pero esa cuenta ‒la credibilidad de los pregoneros‒ también se quedó sin fondos.

Así las cosas, quienes piensen que la salvación es individual se equivocan: tiene que ser colectiva. Nos compete a todos los que habitamos en la geografía borincana concertar nuestros recursos y esfuerzos hacia el Puerto Rico que queremos.

En San Juan es básico mirar los datos para entender lo que está ocurriendo y corroborar su veracidad con la observación diaria, con ese viaje cotidiano que nos lleva a los diversos laberintos físicos y sociales de la ciudad. El Censo de Población nos da algunas pistas.

Desde hace varias décadas nuestra capital viene perdiendo población, al igual que el 80% de los municipios. Del 2000 al 2009 San Juan tuvo una reducción de 39,998 habitantes. Pero lo grave es que la tendencia ha continuado aumentando. Del 2010 al 2012 la reducción fue de 13,000, un ritmo que de continuar llevaría a una pérdida de 65,000 habitantes al cabo de la presente década. Ese éxodo, causa y efecto de políticas económicas y territoriales erradas, se nos presenta hoy de forma descarnada: miles de residencias, edificios y estructuras abandonadas, muchas en su fase de escombros.

El Censo de 2010 estimó en cerca de 30,000 las unidades de vivienda vacantes en San Juan y como condimento a ese tétrico paisaje, destacan los proyectos residenciales nuevos vacíos, sin compradores, construidos bajo unos supuestos falsos, de un mercado que no existía excepto en la fantasía de los responsables de la burbuja hipotecaria. Lo paradójico y abusivo es que existen miles de familias pobres y de ingresos medios necesitadas de viviendas, pero para esas la “mano invisible del mercado” no provee oferta, es tacaña, es realmente invisible.

Es cierto, nuestros centros urbanos en San Juan y en la mayoría de los municipios, se vacían como una especie de río crecido hacia el mar. Y aquí cambia una de las percepciones que hemos escuchado y repetido constantemente, que creíamos parte de esa realidad que no es. El desafío que tenemos de frente va más allá de repoblar los centros urbanos. El primer reto es conservar la población que existe, esa que se ha mantenido ahí, contra viento y marea, aferrada a su entorno urbano y comunitario, identificada con su barrio y donde, por cierto, viven los más pobres. A esa población tenemos que garantizarle calidad de vida, condiciones aceptables y humanas de sobrevivencia, buenos servicios, movilidad efectiva, seguridad, espacios abiertos y limpios, entre otros. En ese sentido, es medular evitar decisiones que provoquen su desplazamiento como ocurrió en el pasado, porque es elevando la calidad de vida de los residentes actuales que podemos, entonces, aspirar a un regreso de residentes a los centros urbanos. Afortunadamente, nuestra gente así lo intuye con la lógica sencilla de quienes lo viven diariamente.

De las experiencias más enriquecedoras en los pasados meses están las múltiples reuniones que hemos sostenido con comunidades, asociaciones de residentes, líderes de organizaciones sociales, entre otros, y de las cuales hemos recibido con gran sinceridad críticas y propuestas concretas, todas dirigidas a reforzar su deseo por mantenerse en su área de residencia y mejorar su entorno. Mención aparte merece, las esperanzas que cifran los sanjuaneros en la gestión de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto. Nada más la apertura al diálogo, el estilo de gobernanza participativa y la franqueza con la que se presenta la situación del Municipio, es objeto de reconocimiento.

De ese intercambio de ideas se desprenden cuatro urgencias que resulta indispensable atender, porque garantizarlas hace la diferencia.

Primero, la seguridad. Esta constituye un reclamo, un grito de desesperación que de forma constante claman residentes y comunidades. La violencia, los robos, los asesinatos, llenan de angustia a nuestra gente con sobrada razón. El reto es enorme. Y como tantas veces se ha dicho, las respuestas y el enfoque no pueden estar centrados en aumentar los cuerpos policiacos como única acción. Ciertamente, lograr mejorar la coordinación y articulación de las agencias vinculadas a la seguridad produciría resultados satisfactorios. Pero manejarlos de forma más efectiva es insuficiente. La ruta tiene que forjarse desde una perspectiva integral atendiendo todas las dimensiones del problema y, principalmente, involucrando directamente a los ciudadanos. La planificación de la ciudad, sus áreas residenciales, sus espacios públicos y la movilidad, es un instrumento principal en ese esfuerzo. Esa tiene que ser una de las estrategias para evitar resignarnos a ver cómo se crean islas residenciales mediante el cierre de urbanizaciones ‒con los famosos controles de acceso motivados por la esperanza de que ello ayudará a la seguridad‒ que hacen aún más difícil la movilidad dentro de la ciudad. Además, el cierre de áreas residenciales provoca de inmediato la fragmentación física. Pero la más grave es la segregación social. Ambas se convierten en una ecuación indeseada.

Segundo, la falta de limpieza y el ornato. La suciedad, la basura y los escombros en los espacios públicos y urbanos es una agresión, una condición repugnante que afecta el ambiente en todo el territorio municipal con potenciales consecuencias a la salud de la población. Los vertederos llamados (equivocadamente) clandestinos son una epidemia que requiere que cambiemos la percepción. Ya no son clandestinos, están expuestos como parte del paisaje que no queremos. En todo caso son vertederos informales y lo irónico es que están exactamente donde se han instalado los letreros que “amenazan” con $1,000 de multa por lanzar basura. El problema, en parte, se ha agravado por lo mencionado anteriormente. Cuando en las áreas residenciales surgen y se propagan edificios y estructuras de viviendas y comerciales abandonadas, sin atención y en deterioro físico, estos se convierten en una invitación al depósito de basura y en poco tiempo, en un vertedero informal. Se inicia así un círculo vicioso. Las brigadas municipales van, recogen y limpian y a las 24 horas regresan los escombros y la basura. Entonces, la respuesta requiere una estrategia que abarca el cumplimiento de las leyes y códigos, la educación, el compromiso y la participación de la ciudadanía y un manejo global de los residuos sólidos.

Tercero, la tranquilidad en las horas de descanso de las comunidades y residentes. Las actividades nocturnas hasta altas horas de la noche, alrededor de negocios tipo barras, discotecas, en lugares cuyo diseño urbano no las contemplaba, tienen que ser controladas teniendo como criterio principal la tranquilidad de los vecindarios, pues el interés económico debe estar supeditado a esta. Es necesario encontrar el balance entre la actividad comercial y el derecho de la gente al descanso y al sosiego. Incluso, contrario a la percepción de algunos, el descontrol de las actividades nocturnas eventualmente revierte en contra de los negocios, pues, pierden clientela. Primero, provoca que residentes abandonen su entorno y, segundo, otros clientes desisten de visitar por el ambiente de inseguridad.

Cuarto, la movilidad y la imposibilidad de caminar la ciudad. Siendo San Juan el segundo municipio con mayor proporción de personas envejecientes, el reclamo de devolver las aceras al peatón es abrumador. Se trata, además, de una exigencia del resto de los grupos sociales, de las personas con impedimentos o de los que no tienen recursos económicos para adquirir un carro privado y dependen de la poca oferta de transportación colectiva y, en consecuencia, de caminar. Es decir, la movilidad es una necesidad impostergable. Es menester atender con urgencia la implantación de las reglamentaciones que prohíben estacionarse en las aceras y, donde está ocurriendo, se impone iniciar el proceso para revertirlo. Pero este tema va más allá de las aceras. Como se ha establecido en la Ley 201 del 16 de diciembre de 2010, debemos avanzar hacia lograr las calles completas, definidas como aquellas calles “que facilitan la seguridad y la movilidad de los usuarios de las vías públicas…”  y atienden “…las necesidades de movilidad de los peatones, ciclistas, personas que utilizan los medios de transportación colectiva, conductores de vehículos de motor,  personas de todas las edades y condiciones”.

Otros asuntos mencionados en las reuniones con los ciudadanos de San Juan requieren atención aunque su ocurrencia no parece vincularse con sus causas. Este es el caso del cambio climático y sus consecuencias agravadas por el manejo irresponsable del uso del terreno. Como ejemplo tenemos las frecuentes inundaciones urbanas por eventos de lluvia que no las justifican y en lugares que no se inundaban. Aquí se combinan los fenómenos climáticos atípicos y la ausencia de planificación en el manejo de las cuencas hidrográficas y de la infraestructura pluvial. Sobre este tema es necesario actuar en varias direcciones pues no basta la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado. Hace falta, con igual o mayor importancia, evitar que se reduzcan las superficies naturales de retención pluvial y la alteración de los sistemas de drenaje por construcciones sin los estudios correspondientes.

Finalmente, sobre el cambio climático, no podemos olvidar que tenemos de frente la temporada de tormentas y huracanes con potenciales resultados negativos pues se pronostica que el aumento en la temperatura del planeta provocará ciclones más intensos. Desde la perspectiva económica, tenemos como muestra lo que ello ha implicado para Estados Unidos. Durante el 2012 los costos económicos asociados a eventos climáticos ascendieron a cerca de $100 mil millones y de estos la tormenta Sandy y el huracán Isaac fueron responsables de $68 mil millones. En síntesis, es imperativo planificar de cara a los desafíos ambientales.

Nota de cierre

Esta reflexión no puede terminar sin sugerir lo que pudieran ser las acciones que den algunas respuestas a lo planteado. El punto de partida básico es reconocer que podemos, ¡claro que podemos!, porque tenemos lo necesario para arrancar. San Juan tiene grandes atributos, siendo el principal su gente. Además, algunos de los asuntos que hoy son problemas encierran una gran oportunidad. Por ejemplo, las estructuras y los espacios abandonados nos ofrecen la opción de corregir el tejido urbano, crear nuevos ámbitos físicos e hilvanarlos con la actividad social deseada, creando una nueva sinergía entre los ciudadanos y el territorio. Es decir, la ciudad no es solo un espacio físico espacial.

En el proceso de reconstruir la ciudad tenemos que revalorizar el barrio y la comunidad. Estos constituyen unidades fundamentales porque permiten un nivel adecuado para atender los múltiples asuntos económicos, sociales, ambientales y de servicios, y además proveen para el desarrollo de procesos que incluyan a todos los actores sociales a una escala funcional. Sobre este tema, tenemos que destacar que la Alcaldesa de San Juan, en el nuevo presupuesto municipal, incluyó partidas dirigidas a implantar lo que se conoce como el presupuesto participativo, mediante el cual las comunidades y barrios comienzan a manejar fondos asignados para atender sus necesidades.

Una estrategia importante es revitalizar los espacios públicos. Además de declararlos normativamente, los espacios públicos requieren que la gente los reconozca como tal. En tal sentido, es importante generar en los ciudadanos el sentimiento de pertenencia a esos espacios. Las actividades culturales, artísticas y recreativas son un vehículo para echar a caminar ese proceso. Las experiencias recientes así lo demuestran. Por ejemplo, las actividades culturales realizadas y auspiciadas por el Municipio de San Juan en el centro urbano de Río Piedras, son el inicio del esfuerzo por darle un rostro distinto a la ciudad universitaria. Lo mismo viene ocurriendo en Santurce. A lo que se suman las actividades deportivas “en la calle” auspiciadas también por el Municipio y que han sido muy bien acogidas por los ciudadanos.

Como sugerencia última, pero tan importante como las anteriores, tenemos que seguir insistiendo en la participación ciudadana como mecanismo indispensable para alcanzar objetivos comunes cuyos resultados puedan representar una superación de la realidad que se desea transformar. Un asunto central es el reconocimiento de la naturaleza continua de la participación como un proceso que no admite determinismo, y que tiene que estar abierto a la innovación y al cambio. En ese sentido, la función del profesional o el experto (sea arquitecto, planificador, ingeniero, sociólogo, o funcionario del estado) en las estrategias participativas no puede ser la de un elemento autoritario que, en todo caso, pueda frustrar los procesos de participación social. En efecto, de lo que se trata es del reconocimiento de los propios actores y de que existen distintas maneras de abordar los problemas o conflictos, así como sus posibles soluciones. Entonces, el profesional se convierte también en un aprendiz del proceso. Porque, además, cada proceso tiene su singularidad.

Lo anterior supone romper la noción prevaleciente que asocia “la solución con el experto y el problema con el ciudadano”. Noción que es reflejo y se alimenta de la manera centralizada y jerarquizada que caracteriza a las instituciones gubernamentales (y a la mayoría de las organizaciones no-gubernamentales). De manera que, es necesario dar paso a nuevas relaciones de tipo horizontal que permitan una incidencia mayor de los ciudadanos y las comunidades en los procesos de toma de decisiones que les atañen.

Desde el punto de vista político, la participación ciudadana debe trascender los mecanismos tradicionales circunscritos al ejercicio del voto cada cuatro años. Es necesario fomentar una ciudadanía permanentemente movilizada, con capacidad para organizarse en formas diversas, para potenciar recursos humanos, técnicos y financieros, y de actuar en rutas diversas para velar por sus derechos.

En resumen, la participación ciudadana es insustituible y es piedra angular para avanzar en el entendimiento y la solución de los problemas que padecen las comunidades, las áreas urbanas y la sociedad en general.

(Fuente: 80grados)