Los republicanos del Congreso, con el aval de Casa Blanca, han presentado la “nueva”  versión de lo que será la intervención directa del gobierno estadounidense en la administración de la colonia. Una vez aprobada la Junta de Control Fiscal, al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, todo lo decidirán ellos a través de cinco personas nombradas por el Presidente.

Cinco procónsules determinarán el presupuesto, los planes fiscales, el manejo de las agencias y las corporaciones públicas, el sistema de permisos, las reglamentaciones ambientales, la reducción del salario mínimo, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que caiga en su objetivo de garantizar el pago a los acreedores de la deuda de Puerto Rico. No hay ámbito o área de gestión pública que no escape a su intervención. Contarán además para su agenda nefasta con las recomendaciones del Informe Krueger, hecho a la medida para sus propósitos.

Como si se tratara de aumentar el desprecio y la venganza hacia los puertorriqueños, esta versión nueva de la Junta de Control Fiscal es peor que la presentada por el senador Orrin Hatch, muy lejos de las esperanzas fofas de los políticos coloniales que fantasearon con sus dotes persuasivos.

Ahora bien, más allá de interpretar el alcance de la Junta, la que sea, la que finalmente impongan, es la hora de trazar la respuesta política: qué hacer ante esta infamia, cómo hacerle pagar caro a los gobernantes gringos su atropello hacia nuestro pueblo.  

Lo primero que tenemos que reconocer es que la Junta de Control Fiscal invalida las elecciones de noviembre próximo. Las convierte en un ejercicio fútil, intrascendente. Entonces, debemos reflexionar si una de las acciones que articulemos en el marco de nuestra respuesta política sea boicotear las elecciones coloniales. Es decir, cerrarle el paso a cualquier espacio de colaboración con la Junta imperial. Esta puede ser una respuesta que gozaría del respaldo de cientos de miles de nuestra gente que vienen expresando su descontento y frustración con los partidos tradicionales pero, sobre todo, con el sistema electoral fatulo y sesgado hacia la inercia colonial. Por eso, es muy difícil que ante el diseño electoral actual, que fomenta la fragmentación de la oposición, se pueda obtener otro resultado que no sea la dispersión. Es decir, a través de la participación electoral no será que surja la respuesta que el momento demanda. En cambio, impugnar la farsa electoral, en el contexto de la imposición de la Junta de Control Fiscal, sí tiene ese potencial. Aún más, el boicot electoral crearía el espacio para unir sectores diversos en el marco de una convocatoria amplia.

En segundo lugar, es momento de trascender el llamado a la Asamblea Constitucional de Estatus. Hay que exigirla y organizarla. Esta no depende del Congreso yanqui. Solo depende de nosotros, de nuestra capacidad de organizarnos y decretarla. El Partido Popular Democrático ha dejado dormir la legislación presentada a tales efectos. Esta es la hora para emplazar a su liderato y que demuestren, con la aprobación en la legislatura de la convocatoria a la Asamblea, si de verdad están indignados con la imposición de la Junta.

En tercer lugar, desde ahora e independientemente de las posturas que asumamos de cara a las elecciones, debemos constituir una gran alianza, de profundo contenido patriótico que postule cuatro  asuntos:

1.    Rechazo a la Junta de Control Fiscal
2.    Eliminación de las leyes de cabotaje
3.    Convocatoria a la Asamblea Constitucional de Estatus
4.    Auditar y renegociar la deuda pública en un ambiente de transparencia