Desde hace mucho tiempo se debate sobre las consecuencias contaminantes y nocivas de las cenizas generadas por la quema de carbón. Las cenizas contienen metales pesados como el mercurio, plomo, arsénico, selenio y cromo. También pueden contener cobalto, zinc, aluminio, níquel, bario, molibdeno, manganeso y berilio. Se sabe del efecto cancerígeno a los humanos de estas sustancias. Hoy, resulta innegable reconocer la necesidad apremiante de poner freno y detener la disposición de dichos residuos tóxicos.

A la evidencia científica, se suma la experiencia trágica en varios países, incluyendo Estados Unidos. Comunidades enteras han sido víctimas de los impactos severos a la salud humana provocados por la toxicidad de las cenizas y su interacción con el resto del entorno natural. Recientemente, salió a la luz pública el trágico caso de Arroyo Barril, en República Dominicana. En la comunidad de ese país hermano, se depositaron más de 27,000 toneladas de cenizas provenientes de la planta de AES -ubicada en Guayama desde 2002- con un saldo de enfermedades severas en la población. Desde que se comenzó a depositar cenizas en Arroyo Barril, los residentes desarrollaron enfermedades pulmonares y de la piel, al tiempo que se registró un aumento dramático de abortos y nacimiento de bebés con falta de extremidades. En consecuencia, el gobierno de la República Dominicana prohibió la importación de las cenizas provenientes de AES.

Sin embargo, aunque en Puerto Rico se generan anualmente sobre 250,000 toneladas, las agencias del gobierno estatal y federal han sido laxas y negligentes en detener una actividad que se desploma sobre el País con consecuencias tan nocivas. Tanto la Agencia de Protección Ambiental (EPA), como la Junta de Calidad Ambiental (JCA), no solo han permitido la disposición de las cenizas tóxicas, sino que han arrastrado los pies en responder a la documentación y evidencia científica que poseen.

En cambio, los municipios de Humacao, Peñuelas y Salinas dieron una respuesta conforme a los intereses de sus ciudadanos. Sus legislaturas municipales aprobaron ordenanzas prohibiendo expresamente la disposición de las cenizas, mientras otros municipios consideran ejecutar una acción similar.

Desafortunadamente, las acciones de los municipios mencionados no han tenido una respuesta afirmativa de parte de la Legislatura de Puerta de Tierra. Desde el 4 de febrero de 2013, languidece en el Senado el P del S 340 de la senadora María de Lourdes Santiago que persigue “prohibir el uso de las cenizas de carbón o de cualquier residuo de combustión de carbón como material de relleno en proyectos de construcción o en vías, y su depósito en terrenos o en cuerpos de agua naturales o artificiales.” Tres años han pasado y allí duerme, ni siquiera fue considerado en la presente sesión “extraordinaria”.

Con sabiduría, curtida por la experiencia de décadas, las comunidades de Salinas, Guayama y ahora Peñuelas no se han cruzado de brazos a esperar por los que siempre llegan tarde. Su batalla no es nueva. Su denuncia ha sido profética. Su mañana es hoy y su ejemplo rompe la escala del tiempo. Con serenidad, voluntad y haciendo uso de sus cuerpos se enfrentan a los camiones que llevan la muerte a sus comunidades.

Nadie piense que se trata solo de un reclamo justo y de una lucha en un municipio o región de Puerto Rico. La contaminación por la generación y disposición de las cenizas tóxicas abraza a toda nuestra geografía. En Peñuelas se lucha por la vida.

Fuente: El Nuevo Día