En un esfuerzo mediático enorme, la presente administración de gobierno y sectores afines han buscado vender las ventajas y beneficios de la segunda “reforma de permisos”. Sí, porque la primera ocurrió en 2009, con la aprobación de la Ley 161 de diciembre de ese año.

Sin datos ni estudios rigurosos, se afirma que existe un grave problema con el sistema de permisos, a tal grado que se alega es uno de los principales responsables de la crisis económica. Solo se cita un informe del Banco Mundial (no un estudio) que se basa en entrevistas, por lo que la mayoría de las alegaciones son anecdóticas.

Sin embargo, la información oficial provista por la Junta de Planificación indica que en los pasados seis años se han aprobado, en promedio, sobre 4,000 permisos de construcción. Es decir, son muy pocos los proyectos que son objetos de controversia, una minoría ínfima. Ello no quiere decir que el proceso de permisos es perfecto. Ciertamente requiere mejoras para facilitar, por un lado, la radicación y, por otro, la garantía de recibir la información correcta de los proponentes a los fines de proteger el interés público. Pero esa no es la intención principal de los proyectos radicados en la Legislatura.

De su lectura se puede concluir que los autores han hecho un ejercicio intencionado de omisión de lo ocurrido en años recientes en el País, un claro intento de olvidar y ocultar los riesgos y las tragedias de expedir permisos sin rigor, y continuar obstaculizando la fiscalización y la participación ciudadana. Todo ello con el único propósito de beneficiar el afán de lucro y la ganancia fácil, por encima de la seguridad de la población, de la protección de los recursos naturales y del bienestar general de la ciudadanía.

Los hechos son claros y no mienten. Las familias de Hacienda Las Lomas en Ceiba compraron sus residencias bajo la certeza y la plena seguridad de la construcción realizada. Tanto el “desarrollador” de la urbanización como la institución financiera que asumió la venta del proyecto hicieron una representación de cumplimiento con las reglamentaciones y los permisos emitidos por las agencias del gobierno. Pero no fue así, ocurrió que el terreno era inestable. Al poco tiempo, la alegría de las familias, que pensaron que habían hecho la inversión más importante de su vida, se esfumó y dio paso a la angustia de ver sus residencias tambalearse al ceder el terreno. Claramente, el estudio de suelo presentado por el desarrollador al solicitar los permisos, fue deficiente y negligente.

Desafortunadamente, lo ocurrido en Ceiba no es el único caso. En 2013 en Bayamón hubo un derrumbe del mogote Santa Ana en la urbanización Villa España que alarmó al País por la escena de los gritos desesperados de una residente que alertaba a su vecina. En Guaynabo, también en 2013, varias familias perdieron sus casas en la urbanización Alto Apolo por el derrumbe de un mogote. Otros casos ocurrieron igualmente en Morovis, Corozal, Ponce, Manatí y Toa Alta. En todos, está presente la ausencia de rigor en la preparación y evaluación de los impactos ambientales, los riesgos de terrenos inestables y los estudios de suelo, entre otros.

Bajo la “reforma de permisos” que se pretende aprobar, si cuando se inició la construcción de cualquiera de las urbanizaciones mencionadas, alguna persona o grupo comunitario hubiera cuestionado ante las agencias las deficiencias del estudio de suelo y la irregularidad en la otorgación de los permisos, el proceso hubiera sido escabroso y muy oneroso para la mayoría de nuestros ciudadanos. Incluso, se hubiera castigado a quienes hubieran protestado legítimamente para evitar los riesgos a la seguridad o el daño a un recurso natural.

Por otro lado, los proyectos legislativos contienen un enfoque primitivo y retrógrado de la planificación. El obsesivo interés de encuadrar la zonificación en distritos uniformes es negar la diversidad de la realidad física, natural y social del territorio. Se pretende obligar a la Junta de Planificación a estandarizar lo que es diverso. También, se le asesta un golpe duro a los procesos de ordenación territorial realizados en los pasados 26 años en el marco de la Ley de Municipios Autónomos.

Finalmente, en otro error de enfoque, se elimina la facultad de la Junta de Planificación de evaluar y decidir las consultas de ubicación, al proponerse la creación de  una Junta Adjudicativa adscrita a la Oficina de Gerencia Permisos. Eso es poner la planificación al revés.

Fuente: El Nuevo Día