Escrito por José E. Rivera Santana / MINH
A un año del nombramiento de los siete integrantes de la Junta de Control Fiscal, el balance de su actuación arroja como saldo un clima de desasosiego y una proyección de descalabro económico como nunca ha ocurrido en la historia de nuestro País. Esto, muy lejos del milagro que según algunos sucedería.
Desde que se anunciaron los proyectos en el Congreso para imponer la Junta, denunciamos y rechazamos tal curso de acción. Una vez aprobada la ley PROMESA consideramos la misma como una imposición colonial y antidemocrática inaceptable.
La agenda de la Junta, recogida en el Plan de Ajuste Fiscal aprobado el pasado 13 de marzo, con la efusiva anuencia del gobernador Ricardo Rosselló, asegura que para el 2020 la economía habrá experimentado una caída de al menos 8%, según destacados economistas. Se trata de una contracción “inédita”, preámbulo de otra década perdida.
Pero el decrecimiento económico y las políticas de austeridad son mucho más que cifras y por cientos. Tienen rostro y desvelo humano. Reducir las ya insuficientes pensiones de los retirados tiene como consecuencia el dolor, la imposibilidad de satisfacer necesidades de salud, alimentación y albergue. Cortar los salarios, la jornada laboral y eliminar el bono de navidad es empobrecer a los empleados públicos, golpear a los pequeños comerciantes y provocar un impacto negativo de sobre $400 millones a una economía en depresión. Recortar los servicios de salud y excluir de decenas de medicamentos es echar hacia el siglo pasado los avances logrados en la atención médica.
Ese será el resultado del programa de actuación de la Junta y lo peor es que ocurrirá en muy corto plazo. A largo plazo, los recortes serán mayores y con peores consecuencias, por supuesto.
El más reciente episodio de aparente conflicto entre la Junta y el Gobernador evidencia la naturaleza colonial del diseño impuesto por el Congreso bajo la ley Promesa. En solo siete meses, el poco margen de gestión administrativa propia que le quedaba al “gobierno” de Puerto Rico se esfumó. La demanda radicada por la Junta para obligar al Gobernador a implantar la reducción de 10% de los salarios, la jornada laboral y las pensiones de los retirados, es el acto de extremaunción. De prevalecer la Junta en el tribunal federal, se acabó la ficción y terminó la administración de Ricardo Rosselló.
El Gobernador se puso a jugar el juego de la Junta cuando su única posibilidad era enfrentarla. Y debió haber comenzado rechazando el Plan de Ajuste Fiscal que la Junta le impuso, como parecía que haría según la carta que envió a la JCF el pasado 20 de enero. En esa misiva, Rosselló rechazaba los criterios y parámetros de la Junta y trazaba una línea claramente contraria. Pero prefirió disimular su genuflexión y terminó celebrando el Plan como si fuera suyo. Hoy, su único tanque de oxígeno es hacer desobediencia civil, desacatar al tribunal y unirse a los que, desde un principio, llamamos a la más grande concertación en defensa de nuestro pueblo y en rechazo a la Junta despótica. En pocas semanas sabremos si se atreve.
Tanto la aprobación de la ley PROMESA por el Congreso y la consecuente imposición de la Junta, como los procesos enrevesados de “reestructuración” de la deuda que ocurren en el tribunal extraterritorial (federal), tienen el denominador común de haber excluido totalmente al pueblo puertorriqueño. Hemos sido marginados, como si fuéramos un objeto accesorio irrelevante. Las decisiones y políticas que afectarán dramáticamente nuestro presente y futuro han sido secuestradas, las controlan otros.
En nuestro País hay mucho coraje y se siente un deseo creciente de manifestarlo. Nuestro pueblo no se quedará cruzado de brazos, como no lo han hecho en el pasado. En esta hora histórica, Puerto Rico necesita un liderato político y cívico que rechace la Ley PROMESA, que dé esperanza y ayude a construir con nuestra gente alternativas dignas. El momento no es para ambigüedades. No hay términos medios, o se está al lado del pueblo puertorriqueño o se cumple el papel patético de ser verdugo de la Junta. (Foto: Luis López / MINH) endi.com
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