En Puerto Rico, el gobernador Luis G. Fortuño ganó las elecciones en el 2008 prometiendo que no tomaría medidas que implicaran despedir a trabajadores. Sin embargo, a pocas semanas de iniciar su gestión gubernamental le anunció al País el despido de sobre 30,000 empleados del sector público.

Desde entonces, el mensaje neoliberal de la administración Fortuño se basó en el ataque al servicio público como el alegado culpable de la crisis. Además, se lanzó la pesada carga económica de la crisis sobre toda la clase trabajadora mediante la imposición de nuevos tributos, la reducción de los salarios de los trabajadores del sector público y la suspensión de los convenios laborales.

La receta neoliberal se convirtió en obsesión. El jarabe amargo no era otro que el despido de trabajadores y eliminar los componentes esenciales de la administración pública que a lo largo de décadas han servido para implantar las políticas redistributivas tan necesarias para alcanzar un grado mayor de equidad social. Todo ello, contrario a lo prometido en la campaña electoral.

La respuesta popular a la agenda destructiva del gobernador Fortuño no se hizo esperar. El movimiento social que ha surgido con fuerza en el último año y medio es inédito. En tan poco tiempo logró celebrar actividades masivas y multitudinarias como las del primero de mayo de 2009, la Asamblea de Pueblo del 5 de junio de 2009 y el Paro General del 15 de octubre de ese mismo año, amén de decenas de actividades de desobediencia civil, piquetes, marchas, vigilias, campamentos, ayunos, entre muchas otras. Era lo menos que podía ocurrir cuando los espacios de participación fueron cercenados por un gobernante que no escucha ni dialoga, y cuando el interés legítimo, comprometido y patriótico de cientos de miles de ciudadanos solo ha encontrado la indiferencia de los que regentan el gobierno.

Antes de que cumpliera siquiera la primera mitad de año de su incumbencia, Fortuño quedó frente a un cambio radical en su aparente apoyo electoral. Sencillamente se desinfló y hoy es un gobernador aislado, deteriorado y débil, sostenido por unas cuantas empresas multi- millonarias.

Es bueno subrayar que la necesaria protesta ha sido acompañada, desde un principio, por propuestas viables.

Al Gobernador y sus asesores se les ha dicho que el reto es aumentar los recaudos en lugar de reducir el gasto. Pero aprobaron recortar en $2,000 millones en el presupuesto. También se les ha señalado que la prioridad es crear empleos, no despedir empleados. Y decidieron despedir a más de 30,000 padres y madres de familia. Para aumentar los recaudos se ha insistido en establecer una tasa mayor de contribución sobre el ingreso neto de las corporaciones foráneas. Estas corporaciones obtuvieron ganancias sobre los $34,000 millones en el 2010, ¡en plena recesión! y su tasa efectiva de contribución y es de apenas un 2.5%.

Las alternativas a la crisis fiscal, sin tener que despedir empleados ni desmantelar el sector público, existen. Sin embargo, las posturas ideológicas de la administración Fortuño son claramente neoliberales, abiertamente favorecedoras del gran capital.

Ahora, el próximo capítulo es la llamada Reforma Laboral que ya se considera en la legislatura. Es importante destacar que, en Puerto Rico, la legislación protectora del trabajo ha sido una de las principales conquistas de la clase obrera, luego de largas, duras y sangrientas luchas desde finales del siglo XIX. Desmantelar ese marco reglamentario y la institucionalidad vinculada al mismo es el objetivo claro de la clase empresarial a través del actual gobernador. Ya eliminaron la paga doble por las horas extras trabajadas, y en la agenda antiobrera está aprobar leyes para imponer la flexibilización en la jornada laboral, eliminar la protección por el despido injustificado, entre otras medidas. Claramente, ninguna de las propuestas del gobernador propone mejores condiciones de empleo, mejor retribución y beneficios a los trabajadores. No. ¡Todas van dirigidas a lacerar derechos adquiridos y la protección laboral! Paradójicamente, el resultado, lejos de posibilitar la creación de nuevos empleos, lo que facilitará será el despido de trabajadores de sus puestos. Y si esa va a ser la consecuencia de la Reforma Laboral anunciada, el trabajo como actividad humana será degradado a niveles de mayor precariedad, con lo cual, en lugar de estimular el trabajo, lo que se ofrecerá serán perspectivas de una inserción laboral bajo formas precarias de empleo. En consecuencia, de aprobarse la Reforma Laboral los trabajadores tendrán obligaciones pero no derechos.

En resumen, como se advirtió desde diciembre de 2008, las políticas anunciadas y aprobadas por la administración de Luis G. Fortuño han conducido a Puerto Rico a un nivel mayor de pobreza y al recrudecimiento de la recesión económica. El desempleo alcanza el 16.0% y la tasa de participación ha descendido a 40.0%. Mientras, se anticipa que la economía del País entrará al 2012 en su sexto año consecutivo en recesión, “sin luz al final del túnel”.

*Mirando al Sur: Columna del MINH en Correo del Orinoco. Versión ampliada.