No hay que decirlo. Es evidente el desastre en planificación del Gobierno con respecto a la prolongación y profundización de la crisis humanitaria que se vive en el sur.  Más por la negligencia gubernamental que por los temblores en sí, más de 4,000 personas van a un mes bajo refugios quedan muchas preguntas y muy pocas respuestas. Resulta evidente que el Gobierno no tiene una propuesta concreta más allá de extender la vida de las carpas en terreno inundaba a perpetuidad.

No es de sorprender, la enajenación gubernamental llega a tales niveles que para efectos de los altos funcionarios los y las refugiados más felices no pudieran estar. Mientras, el resto del país continúa a la expectativa horrorosa en búsqueda de una respuesta. Ante ello solo una pregunta retumba en mi mente cada noche: ¿Hasta cuándo continuará así?

Es importante esta pregunta porque en la medida en que el Gobierno no dé la respuesta, la crisis se piensa a perpetuidad.  Ese hasta cuándo da en el clavo y cava profundo en el temor para todos y todas quienes lo han perdido todo. Implica un después; implica una solución permanente para las vidas de quienes fuera afectadas por los sismos. Insistir en el hasta cuándo es crucial porque de una manera u otra ello sucederá y sería un crimen social permitir que lo que venga después sea a la merced de cada individuo. Urge hacer más.  Urge política pública que atienda el después de las carpas. Urge voluntad política.

Resulta repudiable que en nuestro país coexistan miles de personas en crisis humanitaria y cientos de casas reposeídas en óptimas condiciones.

Nos toca mirarnos al espejo y como sociedad contestar qué respuesta, qué apoyo, vamos a dar como pueblo a nuestros compatriotas del sur. Esta interrogante tiene que integrar tanto la acción social comunitaria como la acción gubernamental ante la magnitud del problema que enfrentamos.

Hay un límite a la posible ayuda que se puede brindar mediante caravanas de suministros. Son necesarias. Son admirables. Muestras las profundas raíces que la solidaridad ha calado en nuestra conciencia como pueblo, pero no resuelve el problema estructurar de la vivienda. Para ello hace falta acción gubernamental y una inyección de capital que difícilmente se consigue mediante las caravanas de suministros.

Pensarnos en un país cuyo futuro integra temblores significa adentrarnos en la creación o implementación de códigos de planificación, de construcción, de manejo de emergencia, de protección ambiental, de vivienda y de humanidad donde la política gubernamental juega un papel protagónica nos fuerza a tener que ejercer presión en todos los espacios posibles donde se toman decisiones.

¿Qué ocurrirá con las escuelas públicas comprometidas estructuralmente? ¿Las cerrarán para vender a precio de pescado abombado? ¿Permitiremos que la Junta de Control Fiscal y los bonistas continúen ahorcando el presupuesto poniendo por encima de todo el pago de la deuda? ¿Dejaremos a merced de los bancos y de las aseguradoras a quienes lo perdieron todo, pero aún le llega la notificación del pago de hipoteca? ¿Permitiremos que en el proceso se lleven a cabo acciones de ejecución contra las familias refugiadas? ¿Descansaremos en el trabajo de abogados “pro bono” u organizaciones no gubernamentales ante la carencia de un derecho a tener representación en lo civil? ¿Dejaremos como única opción para quienes lo perdieron todo el refinanciamiento de su propiedad y la adquisición de una deuda más? ¿Cuáles serán los parámetros de ese proceso? ¿Se lo dejaremos a prerrogativa de los bancos? Mientras se mejora la infraestructura, ¿qué ocurrirá con los refugiados? ¿Continuarán durmiendo en carpas hasta que ellos mismos resuelvan? ¿Qué ocurrirá con el patrimonio histórico y cultural afectado? ¿Hay un plan de conservación o les expondremos a un mayor deterioro y destrucción irreversible?

La ansiedad que vivimos no es meramente que la tierra continúa temblando, como naturalmente ocurriría. La ansiedad surge ante la magnitud de las preguntas que aún hoy continúan sin respuestas. La actuación gubernamental en las pasadas semanas, los efectos de su insensibilidad ante la crisis, es prueba clara del protagonismo del gobierno para poder atender la crisis humanitaria y la necesidad de un cambio en su forma de accionar. Urge presionar para que comiencen a existir ciertas garantías, ciertas contestaciones a las preguntas con las cuáles nos levantamos a diario, porque si no las contestamos nosotros, otros serán quienes las contesten.

Urge exigir un techo seguro transitorio para las personas refugiadas. Esto no necesariamente significa la relocalización. Urge legislar una moratoria mínima de dos años en el pago de la hipoteca de las casas afectadas a causa de los temblores, bien aquellas dentro como aquellas fuera de los pueblos declarados por FEMA como zona de desastre. Dicha moratoria debe garantizar que no se acumularán intereses mientras la moratoria cobre vigencia y que no se tendrá que pagar de manera abrupta lo adeudado en la moratoria como sucedió pos-María.

Urge delinear política pública de apoyo para aquellas personas que se vean forzadas a refinanciar el título de terreno para poder reconstruir su propiedad. Los parámetros, términos y condiciones no pueden dejarse a merced del sector financiero. Urge coordinar fondos para el apoyo legal en el ámbito civil. Urge traer sobre la mesa propuestas de vivienda cooperativa y vivienda social como alternativas ante la perdida masiva de hogares.

Es necesario una propuesta concreta de vivienda, tanto transitoria como permanente, que no descanse únicamente en el poder adquisitivo de las personas afectadas enfrentado contra el poder aplastante de los bancos. Debemos pensarnos más grandes que eso. Urge pensar soluciones más allá del “echapalantismo” individual que tango pregonan los medios. Ese “echapalantismo” solo le hace el juego a quienes no sufren el diario vivir.