El pasado mes de diciembre de 2014 el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política injerencista contra la República Bolivariana de Venezuela, aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Se trata de un proyecto de ley que fuera sometido en el mes de marzo en el Senado de Estados Unidos por el Senador Bob Menéndez. Se trata de un senador demócrata por el estado de Nueva Jersey de origen cubano, enemigo de la Revolución Cubana, quien recientemente ha sido señalado por actos de corrupción.

El propósito perseguido por la referida ley es facultar al Presidente de Estados Unidos para sancionar a aquellas personas que él determine hayan sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley autoriza al Presidente Obama a imponer a los responsables por tales actos, sanciones que incluyen, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La Ley asigna, además, durante al año fiscal en curso, fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: a) defender los derechos humanos en Venezuela; b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el Presidente determine hayan sido víctimas de la represión por parte del actual gobierno venezolano.

Es interesante subrayar que el proyecto de ley fue presentado en el Senado de Estados Unidos en momentos en que precisamente la oposición venezolana, a través de las llamadas ¨guarimbas¨, venían desarrollando en distintas ciudades una serie de acciones concertadas dirigidas a forzar, mediante el uso de la fuerza, la caída del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. En estos sucesos fallecieron más de cuarenta personas; hubo cientos de heridos y lastimados; y ciertamente, como resultado de los actos violentos se produjo la destrucción tanto de infraestructura como de facilidades públicas, los cuales ocasionaron enormes pérdidas a la economía del país, ascendentes éstas a millones de dólares.

Como parte de la faena dirigida por Estados Unidos contra Venezuela, más adelante en el mes de febrero, el Presidente Obama hizo público un informe titulado Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El documento define en materia de defensa la política a seguir por parte de Estados Unidos para el próximo quinquenio. Allí se especifica que Estados Unidos asumirá en países como Venezuela la defensa de los ciudadanos cuando el propio Estados Unidos entienda que los derechos democráticos de los ciudadanos se encuentran en riesgo.

Es de importancia cardinal señalar que en el referido documento el gobierno estadounidense señala que su objetivo en el quinquenio es asegurar su poder e influencia en el mundo. Así las cosas, destaca que en materia de seguridad, Estados Unidos se guiará por consideraciones ¨selectivas¨ en cuanto al uso de la fuerza. Si bien para Estados Unidos, indica el Informe, el uso de la fuerza no sería su primera opción, el propio documento establece que ¨en ocasiones, será la opción necesaria¨, afirmando de paso que en situaciones donde Estados Unidos decida utilizar la fuerza, lo hará aunque deba ser ejercida de manera unilateral.

Durante el mes de febrero, específicamente el día 12, el gobierno venezolano hizo público la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una nueva intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los intentos de Golpe de Estado en Venezuela, como sabemos, ni son un planteamiento teórico, ni constituyen un elemento discursivo, ni son nuevos. Recordemos que en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, durante el pasado año, la oposición política venezolana, tras su derrota en el proceso electoral, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado.

En esta nueva ocasión, tras los frustrados sucesos de febrero de 2015, pero también como parte de una misma agenda injerencista, el 9 de marzo del corriente el Presidente Obama promulgó una Orden Ejecutiva que tituló Contributing to the situation in Venezuela (Contribuyendo a la situación en Venezuela¨), donde incluye siete funcionarios del gobierno venezolano de alto nivel, vinculados a la fuerzas armadas venezolana y la fiscalía, que desempeñaron un rol activo desde sus respectivas responsabilidades públicas, en el proceso de desbaratar en forma anticipada el intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero de 2015. La Orden Ejecutiva promulgada por Obama no cumple en estos momentos otro propósito que no sea pretender deslegitimar precisamente a funcionarios que, como indicamos, jugaron un papel clave en desarticular la intentona golpista. Pretendiendo deslegitimarlos, Estados Unidos procura estigmatizar, desde ahora, cualquier gestión que dichos funcionarios lleven a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.

Si bien luego de las denuncias hechas sobre el carácter injerencista contra la soberanía nacional de Venezuela de la Orden Ejecutiva suscrita por Obama, el gobierno de Estados Unidos ha expresado a través de una vocero de su Departamento de Estado que las medidas adoptadas van dirigidas a individuos y no contra Venezuela; lo cierto es que la experiencia histórica del comportamiento imperial de Estados Unidos hacia otros países demuestra, que tras las medidas que dicho gobierno adopta selectivamente contra funcionarios de países en su mira, más adelante tales medidas se amplían con la adopción de sanciones económicas y políticas contra el gobierno del país en cuestión y con amenazas de intervención militar.

La experiencia reciente nos dice que entre la adopción de medidas contra los individuos y las medidas adoptadas contra un Estado en particular, Estados Unidos desarrolla un intenso trabajo con la oposición política dentro de cada país a ser intervenido, preparándola para que en un momento dado, tal oposición política pase a disputarle el poder político al gobierno constitucional existente, aprovechando el clima de desestabilización política y violencia. En ocasiones, como ocurrió en Siria, Ucrania o Libia, por solo mencionar algunos casos, de las sanciones iniciales, Estados Unidos y sus aliados pasan a promover un intenso y grave conflicto civil, donde también se incluye la participación abierta de mercenarios, dirigido al derrocamiento del gobierno existente. En algunos casos, sencillamente Estados Unidos no se conforma con el apoyo a la oposición política en tales países sino que ha llegado a la agresión militar directa o indirecta, todo ellos con el mismo propósito: el derrocamiento del gobierno establecido. Se trata de un libreto con varios ajustes circunstanciales.

La respuesta dada por el gobierno venezolano ante esta nueva afrenta, como fue la que se dio antes con los intentos de golpe de Estado, ha sido orientada hacia la movilización del pueblo como sujeto activo del proceso en la defensa de la soberanía del país. A la vez, en el plano interno, el gobierno de Venezuela ha ido afinando con la Fuerza Armada venezolana y las organizaciones populares, aquellos mecanismos de defensa a su alcance en caso de una intervención armada directa por parte de Estados Unidos.

Como parte de su estrategia defensiva, Venezuela inició el pasado 14 de marzo ejercicios militares en aire, tierra y mar con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Igualmente, dentro del marco de la movilización popular, tanto con los organismos de base del PSUV, de las organizaciones de masa, y junto a las movilizaciones propias de las fuerzas armadas y del pueblo combatiente, se han llevado a cabo diferentes actividades en defensa de la soberanía nacional y de la Revolución Bolivariana.

Este esfuerzo ha incluido, además, un intenso trabajo en el campo diplomático en búsqueda de solidaridad, fundamentalmente con países de la región a través de instancias como la UNASUR, la CELAC y con los países del ALBA-TCP. En este importante plano, tras los pronunciamientos de la UNASUR y la CELAC en solidaridad con la Revolución Bolivariana, el pasado 17 de marzo, se efectuó en Caracas la IX Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP. En ella, Jefes de Estados, Cancilleres y representantes de los gobiernos que integran la Alianza Bolivariana de los Pueblos, incluyendo la presencia de Haití como país invitado, se discutió la situación provocada por la Orden Ejecutiva del Presidente Barack Obama contra Venezuela.

En la Declaración emitida en la IX Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, se consideró la Orden Ejecutiva emitida por el Presidente Obama contra Venezuela como una afrenta hacia todos los países que conforman esta instancia de integración regional. En la Declaración suscrita, los países allí representados destacan: (1) Su rechazo a la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos del 9 de marzo de 2015 considerándola ¨injustificada e injusta¨. Señalan, además, que dicha Orden Ejecutiva ¨constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados¨; (2) Se invoca el principio de resolución pacífica de los conflictos entre los Estados dentro del marco del derecho internacional, fundado en el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos; (3) Se formula el reclamo al gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo con el gobierno de Venezuela, así como la conformación de una comisión integrada por un Grupo de Facilitadores del hemisferio y sus instituciones, como son los casos de la CELAC, UNASUR, ALBA-TCP y CARICOM, para atender el diferendo entre ambos países.

La Declaración de Caracas hace un llamado al Presidente de Estados Unidos a derogar la Orden Ejecutiva del 9 de marzo de 2015 por considerarla ¨una amenaza a la soberanía y una intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela¨. Este reclamo forma hoy parte de una campaña internacional en solidaridad con el pueblo venezolano. La Declaración expresa, además, su respaldo a Venezuela como país latinoamericano y caribeño que lucha en estos momentos en ¨defensa de su soberanía e independencia y el hecho de que lo haga de pie y no de rodillas¨.

En la Cumbre, diferentes Jefes de Estado se dirigieron a los presentes. Destacamos entre ellos el caso de la República de Cuba, país que nunca ha dejado de experimentar la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos, incluso hoy, en un momento histórico donde ambos países se encuentran inmersos en un proceso de diálogo y negociaciones tras décadas de abierta hostilidad hacia su Revolución. En su alocución, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el General del Ejército Raúl Castro Ruz, dejó meridianamente clara la posición de la Revolución Cubana hacia la Revolución Bolivariana al señalar lo siguiente: ¨Hoy Venezuela no está sola, ni nuestra región es la misma de hace 20 años. No toleraremos que se vulnere la soberanía o se quebrante impunemente la paz en la región.¨

Al referirse a la paz a la cual se aspira, puntualizó que es una ¨paz con justicia, con igualdad, la paz de pie, no la paz de rodillas, es la paz con dignidad y desarrollo.¨ Señalando el papel que se propone asumir su país en la próxima VII Cumbre de las Américas en la que como sabemos Cuba asistirá por vez primera, el presidente cubano señaló: ¨Expondremos nuestras posiciones, con firmeza, claridad y respeto. Rechazaremos con determinación toda tentativa de aislar y amenazar a Venezuela y reclamaremos el cese definitivo del bloqueo a Cuba.¨ Como lo hubiera hecho en otro contexto durante el Siglo 19 José Martí, Apóstol de la Independencia de Cuba, Raúl Castro señaló que la ¨sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.¨

El llamado a la solidaridad hecho por el presidente cubano con el gobierno bolivariano y constitucional del presidente Nicolás Maduro, también ha tenido su caja de resonancia en Puerto Rico. Bajo aquella consigna acuñada por el Presidente Hugo Chávez Frías, cuando decía Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase, y cuéstenos lo que nos cueste, el pasado 17 de marzo de 2015, un total de 20 organizaciones independentistas en nuestro país suscribieron una Declaración de los Movimientos Sociales y Organizaciones Políticas en Puerto Rico en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. En esta Declaración, las organizaciones destacan que una agresión contra Venezuela y su pueblo es una agresión contra todos los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Repudiando cualquier tipo de intervención armada contra Venezuela, así como el uso de nuestro territorio nacional y militares puertorriqueños, lo que viola las resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización sobre Puerto Rico y el derecho internacional, la Declaración hace un llamado a los puertorriqueños que participan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a ejercer el ¨derecho a objetar por conciencia su participación en cualquier plan de agresión, injerencia e intervención contra la República Bolivariana de Venezuela.¨

Los puertorriqueños y puertorriqueñas no podemos permanecer cruzados de brazos ante este peligro que representa  para la región del Caribe la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Todo cuanto hagamos puede ser poco cuando de garantizar la paz en el hermano país venezolano se trata, particularmente de una paz que permita dedicar las energías de su gobierno a la profundización de los cambios revolucionarios necesarios en la Patria de Bolívar.

Parafraseando en estos momentos la expresión del Apóstol de la Independencia de Cuba al decir que no hay nada peor en los momentos decisivos que la indecisión, hacemos el llamado a demandar del gobierno de Estados Unidos de América el respeto a la soberanía de Venezuela; a abstenerse de intervenir en sus asuntos internos; a cesar toda política injerencista contra el gobierno de dicho país; a respetar el derecho del pueblo venezolano expresado en las urnas en respaldo al programa reivindicativo de la Revolución Bolivariana llevado a cabo por el gobierno constitucional hoy bajo la dirección del Presidente Nicolás Maduro; y finalmente, a respaldar su llamado y su derecho a la paz.

En momentos en que contra la Revolución Bolivariana se teje toda clase de artimañas para procurar su destrucción y la caída de su gobierno, no valen posiciones medias: se está con Venezuela y su pueblo; o se está con la oligarquía imperialista y los intereses de Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina y el Caribe.