«Nos aproximamos el próximo 22 de marzo a un aniversario más de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Los siglos XX y XXI aún arrastran otras manifestaciones de injusticia que necesitan igualmente ser abolidas».

E l pasado 29 de febrero, el gobernador, Alejandro García Padilla, presentó su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa sobre el estado del País. En dicha oportunidad, como es de costumbre, la Rama Judicial estuvo representada en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. A pesar de que no correspondió a méritos propios de esta administración el avance cualitativo habido en el reconocimiento del matrimonio igualitario en Puerto Rico, en virtud del cual personas de un mismo sexo accedieron a su derecho natural a formalizar una relación legal de pareja a través del vínculo matrimonial tal como lo ejercen personas de sexos distintos, el gobernador incluyó en su mensaje el reconocimiento de este gran paso histórico en nuestra jurisdicción.

Al dirigirse al país, el gobernador García Padilla expresó lo siguiente: “Hoy en Puerto Rico celebramos haber abolido el discrimen contra los que aman a alguien de su mismo sexo. Resultaba para mi inaceptable que Wilma y yo tuviéramos más derechos ante la ley que Alberto y José o Lilia y Marta. Gracias don César Miranda por ayudarnos a estar del lado de la historia”.

Es lamentable que teniendo una persona la convicción de que negarle a personas de un mismo sexo el derecho a formalizar mediante el matrimonio igualitario su relación de pareja está del lado contrario a la historia, por razones ajenas a ese entender histórico, se haya tenido que esperar en Puerto Rico a que tal paso fuera impuesto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El gobernador preside la Conferencia Legislativa del Partido Popular Democrático en ambas cámaras legislativas. No tenía que esperar a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunciara a favor del matrimonio igualitario para hacer valer los derechos civiles y humanos de personas de un mismo sexo que amándose, desean formalizar su relación de pareja a través del matrimonio.

Si como indicó en el Mensaje sobre el Estado del País, tanto para él como para su pareja era un acto de discrimen permitir el disfrute de derechos que no se reconocían a otros, entonces era imperativo actuar para terminar de una vez por todas tal discrimen sin tener que esperar un pronunciamiento del Tribunal Supremo federal.

En días pasados, el juez Juan Pérez Giménez de la Corte Federal en Puerto Rico, en el caso promovido por la activista de los derechos de la comunidad LGBTT, la licenciada Ada Conde, resolvió que no aplica a Puerto Rico la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en torno a la legalidad de los matrimonios entre personas de un mismo sexo. Sostiene su criterio a partir de que la condición territorial de Puerto Rico no impone el reconocimiento de tal derecho. Para ello, indica, sería necesario por vía de legislación, enmendar el Código Civil. Más allá de la corrección o incorrección de la determinación del juez Pérez Giménez, lo cierto es que su decisión abre una ventana para que de una vez por todas, Puerto Rico enmiende su Código Civil para abrir paso al reconocimiento de este tipo de relación jurídica entre personas de un mismo sexo.

Si como dijo García Padilla, había que celebrar la abolición de tal discrimen en Puerto Rico, él como presidente de la Conferencia Legislativa de la mayoría parlamentaria, debe enviar de inmediato a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley donde se enmiende de una vez por todas el Código Civil reconociendo, no solo el matrimonio igualitario en Puerto Rico, sino uniformando en todas sus partes los derechos de matrimonios heterosexuales con matrimonios de personas de un mismo sexo. Solo así se hará valedera la expresión de abolir el “discrimen contra los que aman a alguien de su mismo sexo”.

Nos aproximamos el próximo 22 de marzo a un aniversario más de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Los siglos XX y XXI aún arrastran otras manifestaciones de injusticia que necesitan igualmente ser abolidas.

La perpetuación del discrimen contra personas de un mismo sexo en el ejercicio de su derecho a formalizar una relación de pareja con igualdad de derechos a aquellos que ostentan las parejas heterogéneas es una condición donde la libertad, como manifestación de un derecho humano, también se esclaviza marcada con el carimbo de la exclusión, del discrimen y del estigma social. ¡Qué mejor oportunidad de dar el paso necesario en la dirección correcta!

Señor gobernador, de usted el paso necesario colocándonos a todos y todas “del lado correcto de la historia”.

Fuente: El Nuevo Día