El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como “Tratado de Río”, es un pacto internacional de naturaleza colectiva y defensivo firmado en Río de Janeiro, antigua capital de Brasil, el 2 de septiembre de 1947. Entró en vigor al año siguiente, el 12 de marzo de 1948. Entre el año 1947 y 1948 se adscribieron al pacto los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; y más adelante, Trinidad y Tobago (1967) y Bahamas (1982).

El TIAR es el primer tratado multilateral que se crea con fines militares tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Surge con posterioridad a la fundación de la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, aunque su firma precede la creación el 4 de abril de 1949 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El TIAR también precede en tiempo a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), surgida el 30 de abril de 1948.

Mediante la adhesión al TIAR, los Estados signatarios “condenan formalmente la guerra y se obligan… a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”; a someter toda controversia o disputa a “métodos de solución pacífica”, utilizando para ello los mecanismos que el propio Sistema Interamericano disponga como paso previo a recurrir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas o su Consejo de Seguridad.

Conforme a su Artículo 3.1, las partes signatarias acuerdan que “un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos”. En consecuencia, cada una de las partes signatarias, hacen el compromiso de “ayudar a hacer frente al ataque” tomando como base el derecho a la “legítima defensa” que contempla el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El Inciso 2 de dicho Artículo contempla el derecho de una parte atacada, a determinar individualmente las medidas inmediatas que entienda deba adoptar, disponiendo que el “Órgano de Consulta” establecido mediante el TIAR se reúna sin demora para atender la situación. El inciso 4, por su parte, permite que en lo que el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una posición, el Estado atacado tome aquellas medidas de legítima defensa que sean necesarias.

El Artículo 6 señala que si la soberanía o integridad territorial de un Estado o su independencia política fuera afectada por actos que no sean una agresión armada o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier circunstancia que ponga en peligro la paz de América, el “Órgano de Consulta” se reunirá “inmediatamente” para tomar aquellas medidas que entienda. Sin menoscabo del derecho a la legítima defensa, el Artículo 7 contempla que en situaciones de conflicto entre dos o más Estados Americanos, en conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, se instará a tales Estados “a suspender las hostilidades y restablecer las cosas a un status quo ante bellum, adoptándose medidas para restablecer la paz, la seguridad y la solución mediante métodos pacíficos del conflicto.

Para fines del Tratado, se considerará “agresión” cualquier ataque armado no provocado o la “invasión por una fuerza armada del territorio de un Estado Americano” a través de sus fronteras según, hayan sido éstas demarcadas.

Mientras no se reúna el “Órgano de Consulta”, será el “Consejo Directivo de la Unión Panamericana” el organismo que actuará en tal capacidad.

Al presente varios países de América Latina han retirado su firma de este Tratado: Bolivia (2012), Cuba (2012), Ecuador (2012) México (2002), Nicaragua (2012) y Venezuela (2013). La salida de Venezuela del TIAR se llevó a cabo bajo la presidencia del comandante Hugo Chávez Frías, quien anticipó entonces que dicho Tratado pudiera ser utilizado en un momento para justificar una agresión militar contra su país. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional bajo la presidencia de Juan Guaidó, instancia parlamentaria cuyas actuaciones no tienen al presente la legitimación para actuar como tal por ser un cuerpo que se encuentra, conforme ha sido resuelto por el Tribunal Supremo venezolano en desacato, solicitó el pasado 23 de julio la reincorporación del país al TIAR. Esta solicitud se hizo a pesar de la oposición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y del rechazo por parte del gobierno constitucional en funciones bajo la presidencia de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente.

Respondiendo a los intereses de Estados Unidos, para el lunes 23 de septiembre está pautada en Nueva York la reunión del Consejo Permanente de la OEA donde se discutirá la situación venezolana y la solicitud de activación del TIAR. Un acuerdo de esta naturaleza requerirá el voto de dos terceras partes de los Estados participantes.

Se indica, además que, en el marco de su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Iván Duque, se propone llevar su denuncia en torno al alegado respaldo de Venezuela a actividades de grupos “terroristas” en Colombia, esto en referencia a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con ello, el presidente colombiano persigue el propósito de activar también contra el gobierno del presidente Maduro la Resolución Número 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 12 de noviembre de 2001, tras los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Se trata de una Resolución donde bajo la premisa de combatir el terrorismo, sirvió de base legal a nivel internacional para eventualmente Estados Unidos encabezar la intervención militar contra Afganistán ese mismo año.

Es importante destacar que, conforme al Artículo 236 (4) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al presidente constitucional del país, como parte de sus “atribuciones y obligaciones”, ser la persona responsable de “dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales.”

Resulta una clara contradicción, aún asumiendo para estrictos fines de argumentación que la Asamblea Nacional hubiera tenido facultad bajo la Constitución para aprobar tal pedido de reintegración de Venezuela como país suscribiente del TIAR, el hecho de que para hacer efectiva tal determinación de la Asamblea Nacional, la propia Constitución dispone que debe ser enviada a la consideración del presidente constitucional, en este caso Nicolás Maduro, para que como indica el mencionado Artículo 236 (4), el mandatario la haga valer dando su aprobación y más adelante, haga el referido para que el acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial del país. Un segundo fundamento para impugnar la legalidad de la decisión, es que el acuerdo fue suscrito por los países que integran al presente la OEA de la cual Venezuela, desde el pasado 27 de abril de 2019 ya no forma parte.

Recientemente, dentro del marco de una intensificación de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, con el apoyo del autodenominado “Grupo de Lima”, también denominado “Foro para el Progreso” (PROSUR), que para algunos analistas debería denominarse por sus lealtades y amarres ideológicos, (PRONORTE); y en especial, con un agravamiento en las tensiones entre la República Bolivariana de Venezuela como resultado de las provocaciones provenientes desde Colombia, se ha pretendido activar el TIAR contra el gobierno venezolano.

De acuerdo con Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en comunicado escrito emitido ha señalado: “Estados Unidos y nuestros aliados han invocado el TIAR/Tratado de Río, que facilita acciones colectivas para enfrentar la amenaza que representa el antiguo régimen de Nicolás Maduro para el pueblo venezolano y para la región.” De hecho, el pasado 11 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del ataque terrorista de 2001 contra las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono en Estados Unidos, 12 de los 19 países hoy integrantes del TIAR y del cual Venezuela ya no forma parte, votaron a favor de la petición de un representante de Juan Guaidó de nombre Gustavo Terre, de que el “Órgano de Consulta” bajo el TIAR analizara la situación en Venezuela. A partir de la petición, el asunto fue colocado en la agenda de discusión de la Organización de Estados Americanos para el pasado 18 de septiembre.

Por su parte, Elliot Abrams, quien figura como encargado del presidente Donald Trump para asuntos sobre Venezuela, tratando de despegarse de una inminente intervención militar contra este país latinoamericano, expresó que las opciones que ofrece la activación del TIAR pueden ser mucho más amplia que la perspectiva estrictamente militar. A tales efectos señaló que el TIAR “habla de acciones en común, pero pueden ser diplomáticas, pueden ser económicas, pueden ser sanciones”. En efecto, un examen del Artículo 8 del Tratado contempla que el “Órgano de Consulta” tiene a su alcance medidas tales como: “el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”.

A pesar de ello, no debemos olvidar que desde finales del pasado año, y en particular en los primeros meses del presente año, el gobierno de Estados Unidos ha venido insistiendo en que, sobre Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa de trabajo.

El TIAR fue invocado en unas 20 ocasiones entre las décadas de 1950 y 1960, destacando las acciones tomadas por Estados Unidos contra la Revolución Cubana, que terminaron excluyendo a Cuba del Tratado y de la OEA y la guerra desatada entre El Salvador y Honduras durante la década de 1960. En el caso de la Guerra de las Malvinas, desatada en 1982 entre Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, el gobierno de Estados Unidos, que forma parte tanto del TIAR como de la OTAN, cerró filas con su socio europeo, el Reino Unido, alegando que bajo la OTAN había una cláusula similar a la del TIAR de respuesta colectiva ante un caso de agresión armada. Señaló que, en caso particular del conflicto en torno a las Islas Malvinas, había sido Argentina la que había iniciado las hostilidades contra el Reino Unido de la Gran Bretaña, por lo que, bajo tal premisa, se negó a activar la defensa de Argentina. Mientras Estados Unidos se negaba a asumir sus obligaciones bajo el TIAR, Estados Unidos brindaba su apoyo al Reino Unido, incluyendo apoyo tecnológico y logístico desde sus instalaciones navales ubicadas en Puerto Rico en el marco de tal conflicto armado. En el caso de Chile y Colombia, aludiendo que Argentina era el país agresor y que el TIAR era un tratado defensivo, tampoco asumieron una postura en favor de la nación suramericana.

Como antes, el gobierno constitucional del presidente Maduro ha venido tomando pasos específicos dirigidos a elevar el nivel de preparación de la Fuerza Armada Bolivariana y su capacidad de respuesta y disposición de combate del pueblo ante una agresión militar contra su país. El general en jefe del Ejército, Vladimir Padrino López, ha declarado en su calidad de Ministro de la Defensa, que la activación del TIAR constituye “una provocación irracional”. Señaló que con ello sus promotores se proponen legalizar una intervención militar contra su país con el único y deliberado propósito de derrocar por la fuerza al presidente constitucional Nicolás Maduro. Expresó igualmente su total rechazo a tal medida. En sus declaraciones señaló la naturaleza “inmoral” del bloqueo económico y financiero al que ha sido sometido el pueblo venezolano y denunció cómo la zona de paz que en un momento fue reclamada para América del Sur, hoy con la activación del TIAR, pretenden convertir a la patria de Bolívar en una zona de guerra.

Tanto la República Popular China como la Federación Rusa, entre otros importantes Estados incluyendo Cuba y Nicaragua, han repudiado la activación del TIAR contra Venezuela. En el caso de China, su Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un reiterado llamado al diálogo entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición, a la vez que rechazan todo tipo de intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela. Para el presidente cubano, la activación del TIAR ha sido calificada como una acción vergonzosa; mientras para el presidente nicaragüense, se trata de un acto de guerra. En términos similares se ha expresado el gobierno ruso, advirtiendo además a Colombia, contra el uso de la fuerza armada contra el territorio venezolano.

El pasado lunes 16 de septiembre se dio a conocer por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de comercio con los Pueblos (ALBA-TCP), acuerdos entre el gobierno del presidente Maduro y sectores de la oposición para construir una “Mesa Nacional de Diálogo” sobre la base de principios adoptados por las Naciones Unidas en su Carta, para procurar una solución pacífica al conflicto interno en Venezuela.

Como puede verse, hay dos procesos, dos iniciativas que corren paralelas: una a favor de la paz y el diálogo; otra a favor de la guerra, la intervención y la injerencia en asuntos internos del pueblo venezolano. Esta última no deja de conspirar para descarrilar los esfuerzos de paz promovidos por Venezuela. Próximamente sabremos el resultado de las consultas de los Estados miembros de la OEA y los designios de algunos de los países promotores de los intereses estadounidenses en la región; frente a los avances que, desde la paz y la solidaridad con los pueblos, se interponen como muro de contención a la barbarie. Una vez más, la solidaridad con Venezuela, su pueblo, las conquistas de su revolución y la defensa de su soberanía, es el compromiso que todos y todas debemos asumir en momentos sumamente difíciles.