El pasado 26 de octubre la Asamblea General de la ONU aprobó una Resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por  los Estados Unidos contra Cuba.”

Mediante la misma se demanda de Estados Unidos el cese inmediato del bloqueo económico impuesto a la  República de Cuba por espacio de cincuenta años. Se trata de la décimo novena resolución aprobada a favor de Cuba y demandando de Estados Unidos el cese del bloqueo desde el año 1992. La votación tuvo el respaldo de 187 países; con el voto en contra de Estados Unidos e Israel y con la abstención de las Islas Marshall, Micronesia y Palau, estados asociados mediante los llamados “pactos de libre asociación con Estados Unidos en el Pacífico. Esta política de bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba ha provocado en medio siglo daños económicos a la hermana república de Cuba ascendentes a más de $751 mil millones.

Dentro de la jerga imperialista establecida por Estados Unidos respecto a esta política genocida se encuentra el denominarla por el nombre de “embargo” en lugar de “bloqueo”. Embargo es una acción preventiva para asegurar la posesión física de bienes pertenecientes a otro para garantizar ciertas obligaciones. En el plano militar equivale a una prohibición al comercio y transporte de armas u efectos de guerra que decreta un gobierno contra otro. Esto no es lo que ha venido ocurriendo en el caso de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Bloqueo, a diferencia de embargo, es una medida de fuerza para que un Estado no pueda llevar a cabo sus fines o propósitos. En el plano militar equivale a aquellas operaciones dirigidas a cortar las comunicaciones de una plaza, puerto o territorio. En el caso de Cuba, las acciones de Estados Unidos contra este país adquieren una doble dimensión. El fundamento ideológico al amparo del cual se toman tales medidas, que sutilmente Estados Unidos denomina como “sanciones”, es el mismo: se trata de medidas adoptadas por el poder imperial estadounidense en contra del Gobierno Revolucionario cubano en respuesta a las legítimas decisiones tomadas en defensa de su soberanía.

Contrario a la noción que se nos pretende inculcar, estableciendo las expropiaciones desarrolladas por la Revolución como justificación para el inicio de las medidas económicas contra Cuba, lo cierto es que ya desde la Constitución liberal de 1940, en Cuba se contemplaba el derecho del Estado a la expropiación forzosa, derecho éste que en el Programa del Moncada aparece también consignado al establecer el derecho a la expropiación  forzosa con  “compensación adecuada”, como también la confiscación en caso de bienes “adquiridos ilegítimamente.”

Desde el triunfo de la Revolución, aquellos bienes afectados por procedimientos de expropiación forzosa contra capitales de origen suizo, francés, canadiense, español, británico, italiano, mexicano y otros fueron objeto de mecanismos de compensación adecuada. En el caso de Estados Unidos, mediante la Ley 851 de 6 de julio de 1960, se dispuso el pago según tasación, mediante bonos de la República, pagaderos a un plazo no menor de 30 años y con intereses al 2% anual. Para el pago de sus obligaciones, el Gobierno Revolucionario dispuso separar el 25% de los ingresos en divisas provenientes de las compras anuales de azúcar en exceso de tres millones de toneladas a un precio no menor de 5.75 centavos de dólar libra inglesa. De acuerdo con el Foreign Claims Settlement Commission, de 8,816 reclamaciones presentadas, 5,911 fueron aprobadas con un valor en esa época de $1,799.6 millones, $1,578 millones  de corporaciones y $221 millones de individuos.

Con el propósito de sabotear el mecanismo de pago autorizado por el Gobierno cubano, Estados Unidos redujo en julio de 1960 la cuota azucarera cubana en 700 mil toneladas y más adelante, a partir de diciembre de 1960 eliminó las cuotas  de compra de azúcar cubanas.

A las medidas económicas adoptadas contra Cuba se sumaron otras de carácter político y militares, todas dirigidas a procurar la desestabilización social y a afectar los planes económicos revolucionarios, la campaña de alfabetización y la reestructuración del modelo económico.

La Carta de la ONU establece en su Artículo 1, Inciso 2, como uno de los principales propósitos de la Organización el desarrollo de “relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de derechos iguales, libre determinación y aseguramiento y fortalecimiento de la paz.”. Por su parte el Inciso 4 plantea  que los miembros signatarios, en el ejercicio de sus  relaciones internacionales, deben abstenerse de “la amenaza y uso de fuerza contra la integridad territorial o independencia política de algún Estado, o en forma inconsistente con los propósitos de las Naciones Unidas.” Por su parte, la Organización de Estados Americanos indica en su Carta, al Artículo 6, que ningún Estado puede estimular el uso de medidas económicas o de cualquier otro tipo, “para coartar otro Estado a fin de obtener de este la subordinación  del ejercicio de sus derechos soberanos.”

La estrategia a la cual ha apostado desde un inicio la política de Estados Unidos contra Cuba a través del Bloqueo es a un llamado “cambio desde afuera”. Mediante el conjunto de medidas de índole terrorista en el plano económico, político y militar, así como mediante el estímulo y apoyo de fuerzas internas, promueven así la penetración ideológica, electrónica y económica en Cuba para un cambio favorable a los intereses estadounidenses.

La política impuesta por Estados Unidos contra Cuba, sin embargo, al presente se ha tornado en su contrario. El Bloqueo contra Cuba, si bien ha dejado grandes daños en el terreno económico y social,  ha afianzado profundamente el carácter popular de la Revolución Cubana; fortalecido la conciencia anti imperialista entre su población; ha promovido el internacionalismo y solidaridad hacia otros pueblos hermanos víctimas del imperialismo estadounidense; fortalecido la lucha ideológica; afianzado la unidad del pueblo en la defensa de sus conquistas fundamentales; contribuido al control popular y a la planificación  estatal en sus planes económicos; y finalmente, entre otras, aglutinado un importante consenso internacional solidario con el pueblo cubano.

En su alocución ante la Asamblea General, el Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla indicó que encuestas recientes demuestran que el 71% de los estadounidenses abogan por la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Indica, además, que el  64% de ellos y entre ellos igual porciento de los cubanos residentes en el sur de Florida, se oponen a la prohibición de viajar a Cuba impuesta a los estadounidenses.

Cuestionando la actitud pasiva de la ONU en hacer valer sus propias resoluciones, el ex presidente cubano Fidel Castro Ruz, en una de sus recientes “Reflexiones”, indica que “hace falta una ONU verdaderamente democrática y no un feudo imperial en el que la inmensa mayoría de los pueblos no cuenta para nada.” Quizás ya estamos cerca de la hora en que los pueblos del mundo asuman su propio destino desde su propio proyecto de integración sin tutelaje. La experiencia de integración latinoamericana puede ser bien  el comienzo de este renacer.

(7 de noviembre de 2010)