En la cultura laboral de las megatiendas como Walmart, cuando a un empleado le dan una “oportunidad”, en realidad lo que hacen es comenzar a documentar un proceso disciplinario hacia el despido. El gobierno del PNP de Ricky Rosselló es un gobierno que utiliza el lenguaje y practica la cultura de “oportunidades” de Walmart.

Parten de una visión patronal en donde el empleado es un “recurso humano” y es el culpable primario de todo lo que vaya mal en la empresa. Las declaraciones de los miembros del gabinete de Rosselló cuando hablan sobre las dificultades que enfrentan las agencias del ejecutivo, identifican como primer problema a atacar, “la ineficiencia burocrática”. Así lo expresó recientemente el Administrador de la CFSE Rodríguez Rosa al identificar la ineficiencia como el primer problema a atacar para mejorar el desempeño de la CFSE. Los responsables de esa ineficiencia burocrática son los empleados de la CFSE, no sus administradores y personal de confianza. La “oportunidad” que hay para mejorar la CFSE empieza eliminando a los presuntos implicados.

El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, quien se supone defienda los derechos de los trabajadores, identifica como prioridad en su agenda reducirle los costos a los patronos, porque según él, eso posibilitará que en el futuro el patrono le aumente el salario a los trabajadores. Estamos ante una vuelta al pasado de los “trickle down economics” de Ronald Reagan de los años 80. La lógica de esta teoría es que si los empresarios acumulan más riquezas, la misma percolará hacia las grandes masas de trabajadores. Todos sabemos cuál fue el resultado de la política económica de Reagan y el Partido Republicano: EEUU cayó en la crisis financiera más grave desde los años de la depresión. Se desató el capitalismo salvaje y se dispararon los índices de desigualdad en el mundo.

Rosselló constantemente hablaba de oportunidades en su campaña. La primera que mencionó fue la creación del Centro de Oportunidades Federales. El objetivo de dicho centro es buscar más fondos federales para Puerto Rico. Es la continuación y escalamiento de la economía de dependencia. De hecho, la segunda Orden Ejecutiva que promulgó Rosselló fue la creación de ese centro (OE2017-0020).

Rosselló también habló de oportunidades de desarrollo económico a través del cannabis medicinal y los deportes. Sin embargo, estas iniciativas que deben ser parte de una necesaria estrategia global de desarrollo económico no han sido prioridad en estos primeros treinta días de su gobierno.

Todo parece indicar que el PNP seguirá con su estrategia de crear más dependencia y no de fomentar el desarrollo económico autosustentable. La lógica de esta política es llevar a Puerto Rico a una anexión para ellos inevitable, por la dependencia del pueblo en los programas de asistencia de fondos federales. Por eso su desmantelamiento de las industrias 936 y su venta de la estadidad para los pobres.

Pero esta estrategia les explota en la cara. Al saquear las arcas públicas, fomentar la dependencia y limitar el desarrollo económico de Puerto Rico, han contribuido a la creación de una crisis fiscal que se convierte en el impedimento principal del acceso a la ansiada estadidad.

Jennifer González presentó un acta de admisión como estado, para lo cual no ha conseguido un solo auspiciador de su Partido Republicano ni expresiones en apoyo al mismo. El silencio de los republicanos es ensordecedor. Cuando han dicho algo ha sido para señalar la torpeza administrativa del gobierno de Puerto Rico en el manejo de los fondos públicos y culpar a Puerto Rico por la crisis fiscal. Crisis fiscal que es el resultado de 119 años de una estructura económica colonial que como toda colonia, tiene como objetivo principal responder a las necesidades económicas coyunturales de la metrópolis: monocultivo de caña de azúcar al principio del Siglo 20, mano de obra barata para manufactura a mediados del Siglo 20, lugar de desperdicios tóxicos de industrias altamente contaminantes como la petroquímica y la farmacéutica en la segunda mitad del Siglo 20, mercado cautivo de megatiendas en la actualidad. Todas estas actividades económicas resultaron en la destrucción de la agricultura, el comercio, el medio ambiente de Puerto Rico y en la fuga de capitales hacia EEUU, tras el disfrute de exenciones y privilegios que le ofrece el gobierno a las empresas extranjeras.

La ofensiva desatada por el gobierno de Rosselló contra los derechos de los trabajadores está dirigida por esta cultura de megatienda, piensan como dueños de megatienda y actúan como dueños de megatiendas. Las “oportunidades” que le ofrecen al pueblo trabajador es, en resumen, la oportunidad de la reducción de sus ingresos, la disminución de la calidad de sus vidas, y en última instancia, el exilio.

La arrolladora ofensiva contra los derechos de los trabajadores en estos primeros treinta días parecía que había dejado al pueblo trabajador en estado de impotencia total de su defensa. Los intentos de movilización al Capitolio resultaron en primera instancia en una módica participación de cientos de trabajadores el 17 de enero en un piquete convocado en 24 horas. Pero era, como anticipamos, el comienzo de las movilizaciones. La convocatoria del movimiento obrero este pasado 9 de febrero al Centro de Convenciones donde hacían “caucus” Rosselló con los industriales y miembros de la Junta de Control Fiscal, resultó en una masiva movilización de miles de trabajadores. De seguro muchos de los que estaban allí votaron por el PNP pensando que podrían lograr un cambio en el desastre económico y fiscal que nos afecta a todos. Pero ya los resultados de la reforma laboral y otras decisiones que se están tomando están teniendo efecto en los trabajadores. Los patronos han comenzado a eliminar el pago de tiempo extra y a obligar a empleados a firmar nuevos contratos de trabajo. Los despidos están a la orden del día, saliendo del personal con mayor antigüedad y edad y por ende con mayores beneficios y sustituyéndolos por empleados más jóvenes. Estos son los nuevos empleos que se están creando.

La realidad es que sufrirán el impacto de este ataque a las leyes laborales todos los trabajadores sin importar a qué partido pertenecen. Los trabajadores se están dando cuenta de esto y han acuñado una nueva consigna: “Clase obrera, sin banderas”.

Mientras Rosselló y el PNP hacen caucus con los industriales y representantes de las megastiendas, el pueblo trabajador tiene la “oportunidad” de hacer caucus de clase. Los empleados de la empresa privada van a entender ahora por qué la organización sindical es necesaria para defender sus derechos. Uno a uno los derrotan; unidos, jamás serán vencidos.