San Juan, 22 de marzo de 2013.- La dirección del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano reclama al gobernador Alejandro García Padilla que firme la medida legislativa que deroga y elimina la llamada Ley Tito Kayak del Código Penal de Puerto Rico.

Los hostosianos lo instaron, también, a cumplir con su promesa al pueblo y con su deber ministerial de defender el derecho a la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.

El pasado 17 de febrero, el gobernador García Padilla expresó públicamente que “nosotros nos comprometimos y estamos firmes en la posición. No se pueden impedir, como pretende esa ley, las manifestaciones pacíficas. El derecho constitucional a la libertad de expresión, mi gobierno tiene que buscar garantizarlo”.

La Ley Tito Kayak permite que, por defender nuestro potencial agrícola, vayan presos los jóvenes que protestaron contra la instalación de 48 aerogeneradores en las mejores tierras cultivables de Puerto Rico. “Ese adefesio que fue instalado entre Coamo y Salinas ya demostró su inutilidad para bajar el costo de energía eléctrica y estropeó para siempre cientos de cuerdas de nuestras tierras cultivables. Los que aprobaron ese proyecto son los que deben ser enjuiciados”, señaló el Dr. Pesquera.

El portavoz de los hostosianos le exigió al gobernador que además desista de su afán de defender los grandes intereses y de criminalizar la voz ciudadana de protesta. “Exigimos al gobernador que no se deje guiar por la opinión parcializada del actual secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, abogado del Sr. Arturo Madero, inversionista constructor de Paseo Caribe en la Isleta de San Juan. "Sánchez Betances se ha hecho millonario en su carrera defendiendo los intereses de los desarrollistas y colmillús en contra de los mejores intereses del País”, dijo Pesquera.

El dirigente hostosiano señaló que ambos funcionarios juraron defender la Constitución de Puerto Rico y están violando el derecho a la libertad de expresión. Por eso, expresó Pesquera, “solicitamos a los presidente de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, que se mantengan firmes en derogar dicha ley, a no aceptar enmiendas que bajen de Fortaleza que pretendan mantener como delito el derecho a la protesta. Para el Pueblo no es aceptable disminuir el castigo por protestar de tres años a seis meses de cárcel. Eso mantiene como delito la protesta contra proyectos dañinos a la naturaleza y al desarrollo de nuestro País, cuando los delincuentes son los que sueltan dinero a elementos corruptos para obtener permisos de construcción que de otra forma no serían obtenidos jamás."