(San Juan, 4 de febrero de 2020) El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), repudia enfáticamente la federalización del gobierno de Puerto Rico por parte de la administración del presidente Donald Trump. Mediante la imposición de una sindicatura total a nuestro país se ha despojado al propio gobierno colonial de las pocas competencias locales conferidas, aún bajo el control de Estados Unidos en 1952, ello al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado y de las ramas políticas establecidas bajo la misma.

Entendemos que mientras el Partido Nuevo Progresista (PNP) aplaude este proceso como uno que contribuye al enterramiento del ELA como modelo político; es decir, como el modelo colonial existente desde 1952; de otro lado, también lo celebra porque ve en él la intervención del gobierno federal en la organización del territorio, como antesala a una petición de incorporación territorial que sirva como una etapa de tránsición a una petición formal de estadidad. Por eso la insistencia de la Comisionada Residente en que se nombren funcionarios como el Contraalmirante, que terminan sobreponiéndose al gobierno de Puerto Rico en el manejo de fondos federales, en la supervisión del uso de los fondos por la agencias del gobierno de Puerto Rico y por entregar todo lo relacionado con el aparato de seguridad en Puerto Rico a la dirección directa del gobierno de Estados Unidos.

De hecho, otro de los pasos tomados recientemente por la Gobernadora como parte de esta administración del PNP, es la Orden Ejecutiva número OE-2020-004. Firmada por ésta el pasado 11 de enero de 2020 autoriza la creación de un “Cuerpo de Oficiales de Paz” (“Peace Officers” por su nombre en inglés), a ser nombrados por el Secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico de entre funcionarios del orden público federales, para que brinden asistencia a funcionarios del orden público de Puerto Rico. La Orden Ejecutiva les da a los “Oficiales de Paz” la “facultad en ley para efectuar arrestos y desempeñar todas las funciones inherentes a su cargo por infracciones de leyes estatales, bajo los mismos términos y condiciones aplicables a los agentes del orden público estatales.” Con esta medida, se federaliza las funciones de vigilancia y orden público delegadas a la Policía de Puerto Rico colocando las violaciones a leyes de Puerto Rico, incluyendo el Código Penal e incluso leyes como la Ley de Tránsito, en manos de agentes del gobierno federal.

Queremos hacer notar que la tendencia que lleva el presente gobierno, independientemente a lo que disponga la Constitución vigente y las leyes aprobadas, es forzar también en el plano de la gobernanza, la federalización del territorio como parte de su agenda anexionista. Tales acciones merecen el repudio de quienes, más allá de preferencia político partidista o la no participación del proceso electoral, repudiamos la manera en que, desde las estructuras del poder político colonial, se pretende continuar forzando un proceso de anexión en Puerto Rico.