Ya salió el conejo del sombrero. Escondida y atisbando detrás de los cantos de sirena de la reforma contributiva viene la llamada “reforma laboral” que no es otra cosa que una ofensiva patronal contra los trabajadores de la empresa privada. Este paquete de legislación tiene como objetivo principal eliminar toda una gama de leyes laborales que es el resultado de por lo menos doscientos años de lucha.

Los argumentos patronales son que Puerto Rico no tiene competitividad porque le da demasiadas protecciones a los trabajadores y que ésta es la causa de la presente crisis económica.

La falta de competitividad se basa, según los patronos, en que las leyes son demasiado inflexibles, se le otorga exceso de beneficios a los trabajadores y que la legislación laboral es un complejo paquete de leyes federales y puertorriqueñas difíciles de manejar.

Este razonamiento patronal los lleva a la conclusión de que el desempleo es causado por la legislación excesivamente protectora de los trabajadores.
Primero el culpable de la crisis económica en el Gobierno era el gigantismo causado por el “exceso” de empleados públicos, lo que ha producido el despido de alrededor de 20,000 de éstos y todavía faltan.

Ahora la crisis económica y, por ende, el desempleo en el país, es culpa de la excesiva protección de los trabajadores que laboran en empresas privadas.

La legislación que se avecina propondrá lo siguiente: reducción o eliminación de días de vacaciones; reducción o eliminación de días por enfermedad; reducción o eliminación de los aumentos aprobados en el 2005 en el bono de Navidad y en la mesada por despido injustificado; redefinición de la jornada laboral de cinco días y ocho horas diarias por una jornada laboral de cuatro días y diez horas diarias; el derecho a horas extras a contabilizarse por las horas por encima de las cuarenta horas a la semana; eliminación de la doble paga en horas extras; reducción de los días feriados; eliminación de las presunciones a favor de los trabajadores en las leyes de despido y anti-discrimen.

El empobrecimiento de la clase trabajadora de este país es una de las visiones más estrechas y mas desacertadas de esta Administración. Ya estamos viendo los resultados de los despidos de los empleados públicos. Mientras las condiciones económicas han mejorado levemente en Estados Unidos, aquí siguen empeorando a la par con la agudización de los problemas sociales sintomáticos de una sociedad en crisis total: criminalidad y asesinatos de manera rampante, suicidios en ascenso, violencia doméstica descontrolada, quiebras, desempleo en ascenso y cierre de comercios.

Los trabajadores organizados en sindicatos representan un ocho por ciento de la clase trabajadora. Los trabajadores de la empresa privada son el noventa y dos por ciento de la clase asalariada del país. Los trabajadores organizados tienen instrumentos para manifestar su protesta y canalizar sus demandas. Los trabajadores de la empresa privada se encontrarán solos como individuos en su lucha por la conservación de sus derechos y la supervivencia, a menos que desde ahora tomen la ofensiva contra la legislación que ya circula por la Cámara de Representantes y cuya presidenta ya ha garantizado que se aprobará aunque anticipa oposición a la misma.

Se presenta una nueva oportunidad para que el pueblo se comporte como el soberano del país. De ello dependerá el que se conforme una oposición efectiva contra los próximos atentados contra la clase trabajadora. De la unión del cien por ciento de los trabajadores dependerá su posibilidad de parar este intento de los patronos de revertir las conquistas de los trabajadores al siglo 19.