Eventos recientes aceleran el retroceso en la gestión ambiental de Puerto Rico y este atraso procede de todas las ramas gubernamentales.
La rama ejecutiva rescindió la orden ejecutiva que protegía el Corredor Ecológico del Noreste, el Tribunal Supremo emitió una orden que achica la zona marítimo-terrestre y la rama legislativa propuso abolir la ley que protege la zona del karso.
Los que tenemos memoria sobre el desarrollo de la conservación de los recursos naturales de Puerto Rico percibimos que los eventos recientes nos retornan a la década del 60 cuando la protección ambiental no existía en Puerto Rico. Desde entonces y poco a poco, Puerto Rico desarrolló una ética de conservación de recursos naturales respaldada por nuevas agencias de gobierno, nueva legislación y el apoyo de los tribunales, todos amparados en la Constitución la cual anticipó la conservación de los recursos naturales como un principio fundamental para el bienestar del país.
Gracias a esta ética conservacionista Puerto Rico se salvó de la minería de cobre, que hubiese destruido una tercera parte de la isla. Se protegió la Isla de Mona de un superpuerto. Se protegieron los manglares y las playas, los cuales estaban asediados por los rellenos y las extracciones de arena descontroladas.
Hoy tenemos manglares y playas gracias a las acciones de los conservacionistas de las décadas del 70 y 80. Más importante aún, se derrotó la estrategia de ubicar infraestructura en los bosques públicos y espacios abiertos ya que se consideraban terrenos baldíos. Los conservacionistas detuvieron un expreso sobre el Bosque Estatal de Piones-Torrecilla y Vacía Talega a la vez que detuvieron, luego de una lucha de 30 aos, desarrollos de urbanizaciones y hoteles en el mismo lugar.
Se propuso que la carretera PR 66 pasara sobre el Corredor Ecológico de San Juan, pero las comunidades y el sentido común prevalecieron para proteger esos espacios abiertos tan importantes para la capital. No fue posible cambiar el alineamiento de la PR 10 sobre el Bosque Estatal de Río Abajo, y ahora tenemos allí el tramo de carretera más costoso del Caribe. Con el cambio climático, el encarecimiento de los combustibles fósiles y los cambios económicos en el mundo, los países se mueven hacia la conservación de los recursos naturales y la expansión de las áreas verdes dentro y fuera de las ciudades.
Todos menos Puerto Rico. Puerto Rico se mueve en contra de la corriente con consecuencias funestas para la economía y la seguridad pública.
Los países del mundo se reunirán en Copenhague dentro de unos meses para ver cómo se promueve la conservación de espacios abiertos y utilizar esos espacios para almacenar carbono, conservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático.
La acción del gobernador de Puerto Rico con el Corredor Ecológico del Noreste nos ubica en dirección contraria con el resto de los países relativo a la conservación de espacios abiertos. La subida del mar preocupa a muchas naciones porque en las costas se ubican altas concentraciones de personas e infraestructura en peligro de inundación y marejadas. Los países necesitan zonas de protección contra el aumento en el nivel del mar y en Puerto Rico desde el siglo 19 teníamos leyes de avanzada que definían la zona marítimo-terrestre para beneficio de la seguridad pública.
Pero el Tribunal Supremo se movió en dirección opuesta a todo el conocimiento científico y las necesidades de protección de la población e infraestructura vital, achicando la zona marítimo-terrestre cuando más la necesitamos.
El cambio climático creará escasez de agua en muchos lugares del mundo, incluso Puerto Rico y más que nunca se necesita conservar abastos de agua pura y en abundancia.
Eso es lo que el karso le ofrece a Puerto Rico: su acuífero más grande y más productivo. Pero la Rama Legislativa nos quiere llevar en la dirección opuesta removiendo la protección de esos acuíferos de suerte que se expongan a la degradación como ocurrió con el acuífero del sur.
Hay esperanza
Una y otra vez, líderes políticos llevan a Puerto Rico en dirección contraria a donde se supone que nos lleven.
Sólo veo una gran diferencia entre el presente y la década del 60. En la década del 60 e incluso en la del 50 cuando se redactó la Constitución, la conservación la promovían los intelectuales y patriotas del país.
Hoy, las comunidades y el público en general entienden más sobre la conservación que sus líderes políticos. Hoy vemos más resistencia a movernos hacia el abismo ambiental al cual nos quieren llevar las tres ramas del gobierno.
Eso nos da esperanza como también nos da esperanza la misma naturaleza que no necesita de nuestra defensa. Por medio de inundaciones, sequías, marejadas y huracanes la naturaleza demostrará la falacia de los argumentos que utilizan sectores de la sociedad para justificar el retroceso en nuestra gestión ambiental. En los próximos tres artículos explicaré porqué a Puerto Rico no le conviene retornar a la anarquía del pasado con el abuso y sobreuso de sus recursos naturales en el Corredor Ecológico del Noreste, el karso y la zona marítimo-terrestre.

(El autor es director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del USDA Forest Service)