Monitoreo de prensa

martes, 26 de enero de 2010

Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves

Haití

Funcionario italiano: operativo de ayuda a Haití es "patético"

Por AP El Vocero

ROMA- El principal funcionario italiano de asistencia en catástrofes dijo que el operativo de ayuda a Haití tras el terremoto del 12 de enero es un fracaso "patético" y que la respuesta militarizada de Estados Unidos a la emergencia está fuera de la realidad y es ineficaz.

Guido Bertolaso, respetado jefe de protección civil en Italia, indicó que lo que se necesita es un solo coordinador civil que se haga cargo de la situación, así como que los países y las agencias humanitarias dejen de ondear sus banderas y de posar para las cámaras, poniéndose mejor a trabajar.

"Desafortunadamente hay quien necesita tener una buena imagen ante las cámaras de televisión en vez de enfocarse en lo que está debajo de los escombros", dijo Bertolaso, que se ganó el reconocimiento por el manejo que dio a las secuelas del terremoto en Abruzzo, Italia, en el 2009.

En especial criticó lo que calificó como una operación bien intencionada pero ineficaz del ejército estadounidense, que tiene más de 2.000 soldados en tierra para ayudar a distribuir los víveres.

Las autoridades estadounidenses han defendido su presencia y han negado esas críticas, que han sido pronunciadas de manera más abierta por presidentes latinoamericanos de izquierda como el venezolano Hugo Chávez, Evo Morales de Bolivia y el nicaragJuense Daniel Ortega.

El ex presidente Fidel Castro también escribió una de sus reflexiones en la que decía que la presencia militar estadounidense afectaba la cooperación internacional y acusaba a Washington de ocupar el territorio haitiano con sus efectivos.

En declaraciones a la televisión estatal italiana RAI desde Puerto Príncipe, Bertolaso reconoció que la presencia estadounidense y su disposición para enviar un buque hospital, aviones de carga, efectivos y ayuda es "loable" y absolutamente necesaria.

"Es una presencia enorme pero desafortunadamente no ha sido empleada de la mejor forma", agregó, criticando el hecho de que los oficiales del ejército estadounidense estuvieran dirigiendo una operación humanitaria civil.

Bertolaso hizo referencia a la lenta respuesta de Estados Unidos ante el huracán Katrina, y dijo que los estadounidenses "tienden a confundir lo militar con lo que debería ser una intervención de emergencia que no se le puede encomendar completamente a las fuerzas armadas. Nos hace falta un líder, una fuerza de coordinación que vaya más allá de la disciplina militar".

"Es un despliegue verdaderamente poderoso de fuerza, pero está completamente lejos de la realidad", dijo Bertolaso. "No tienen un conocimiento cercano del territorio, y ciertamente que no tienen un buen entendimiento con las organizaciones internacionales y los grupos de ayuda humanitaria", lo cual se deriva en que cada quien haga sus propias actividades sin ninguna coordinación.

Las críticas de Bertolaso son inusuales tratándose de Italia, un país aliado de Estados Unidos. Aunque no es un funcionario electo, es un subsecretario de gabinete y tiene una relación cercana con el primer ministro Silvio Berlusconi. Al hacer sus declaraciones a la RAI, subrayó que no las hacía desde su carácter de funcionario.

Bertolaso agregó que las Naciones Unidas y las potencias mundiales necesitan crear procedimientos internacionales para cuando ocurran este tipo de catástrofes.

"Creo que esta ha sido una verdadera situación patética", dijo. "Podría haber estado mucho mejor coordinada, y en lugar de ser la primera vez que el mundo se une para hacer algo bueno, ha sido la más reciente ocasión en que el mundo lo ha hecho de esta forma (descoordinada)".

Misión humanidad: Médicos cubanos en Haití

Juvenal Balán - Cubadebate

Los colaboradores cubanos de la salud en Haití han atendido a más de 18 mil víctimas del terremoto de hace 10 días, informó la jefa de la brigada médica de emergencia de esta isla, Yilliam Jiménez.

Durante una conversación telefónica con el programa estelar de la Televisión cubana Mesa Redonda, informó que sus compatriotas han realizado más de mil cirugías, de ellas 800 mayores, en las diferentes instalaciones de campaña.

Tenemos 14 salones de operaciones con 16 equipos quirúrgicos, estamos en seis hospitales, y montaremos dos más, comentó Jiménez antes de elogiar la intervención rápida y oportuna para salvar vidas.

Resaltó que los galenos cubanos, especializados en Medicina General Integral, ofrecen también consultas en plazas, parques y espacios públicos donde se encuentran grandes conglomerados de haitianos.

La ayuda todavía no llega como debe ser al pueblo, y vemos muchos militares estadounidenses en las calles, pero nosotros estamos concentrados en la misión humanitaria, enfatizó.

EN CIFRAS

Los médicos cubanos han atendido a 18 mil 808 pacientes, de ellos mil 700 fueron intervenidos quirúrgicamente y 805 corresponden a casos de cirugías complejas, como amputaciones y tratamiento de grandes heridas.

Dos mil 820 personas acudieron con fracturas de extremidades inferiores, mil 558 con fracturas superiores y dos mil 860 son politraumatizados.

La misión médica de Cuba la integran 657 profesionales: 417 cubanos y 240 médicos haitianos graduados en la isla.

El país caribeño comenzó su colaboración con Haití en materia de salud en 1998, tras el paso del huracán George. (Con información de Prensa Latina)

Noticias nacionales__________________

Salud

Refutan opiniones de “falsa pandemia” de gripe porcina

La Organización Mundial de la Salud defiende sus decisiones al advertir sobre riesgos del AH1N1

Por FRANK JORDANS / The Associated Press

GINEBRA -La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó ayer de “irresponsables” a quienes opinan que la gripe porcina es una pandemia falsa creada para beneficio de los laboratorios farmacéuticos.

La agencia de las Naciones Unidas dijo que el brote del año pasado de la gripe H1N1 en América del Norte tuvo todas las características científicas de una pandemia y agregó que la OMS nunca se vio influenciada de manera impropia por la industria farmacéutica que se ha beneficiado por los cuantiosos pedidos gubernamentales de vacunas y remedios antivirales.

“El mundo atraviesa una verdadera pandemia. Describirla como falsa es erróneo e irresponsable”, dijo la OMS en un enérgico comunicado.

Un portavoz de la OMS no quiso decir a quién respondía la organización con su mensaje y se limitó a responder que “esto se aplica a todo el que crea que no es una verdadera pandemia”.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una organización vigía de los derechos humanos con sede en Estrasburgo, Francia, recomendó recientemente que la Unión Europea investigara la declaración de la OMS sobre la pandemia de gripe porcina para ver si la agencia de la ONU había actuado con base en una influencia indebida.

Funcionarios de la OMS se reunirán mañana con el Consejo de Europa, que no es un organismo oficial de la UE, ni tiene prerrogativas como para actuar contra la OMS.

Según un recuento de la OMS del 17 de enero, más de 209 países y territorios han reportado casos confirmados de gripe porcina, incluso por lo menos 14,142 muertes. Esta cifra es muy inferior a la que se puede anticipar cada año a causa de la gripe regular, pero la cifra probablemente excluye muchos casos no reportados, de acuerdo con la OMS .

El portavoz de la OMS, Gregory Hartl, señaló que el número relativamente bajo de muertes confirmadas por la gripe porcina no significa que el virus no fuese una pandemia.

“La pandemia no tiene nada que ver con la severidad ni el número de muertes”, aclaró a The Associated Press. “Una pandemia es literalmente la propagación mundial de una enfermedad”, subrayó.

En La Fortaleza consejero general de Educación federal

Discutirá con el gobernador el cumplimiento de la Isla con acuerdo suscrito en el 2007

Por Yanira Hernández Cabiya / El  Nuevo Día

El consejero general del Departamento de Educación federal, Charles T. Rose, arribó a eso de las 7:35 de la mañana a La Fortaleza para reunirse con el gobernador Luís Fortuño y discutir el cumplimiento de la Isla con el Memorando de Acuerdo firmado en el 2007.

Rose desayunará con el Mandatario acompañado por el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Ema, y el asesor legal de La Fortaleza, Gilberto Marxuach.

Tras la reunión, el ejecutivo federal se trasladará a la sede del Departamento de Educación en Hato Rey para sostener varias sesiones de trabajo con funcionarios locales.

El Memorando de Acuerdo es un documento firmado en el 2007 mediante el cual Educación se comprometió a cumplir con unos 17 puntos, de los cuales todavía hay 11 que no se han completado.

El 21 de agosto pasado, Phil Maestri, director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo de Educación federal, advirtió al Primer Ejecutivo sobre el incumplimiento con los acuerdos firmados.

Entre las preocupaciones de Maestri estaba el desmantelamiento de la red de superintendentes auxiliares responsables de administrar los fondos del programa Título I, que ordenó el entonces secretario Carlos Chardón, como parte de los ajustes de personal relacionados con la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Este diario supo que desde hace un par de semanas el DE comenzó a nombrar lo que se conocerá como facilitadores, quienes tendrán a su cargo la supervisión de los fondos de Título I, una función que antes tenían los 89 superintendentes auxiliares I.

Educación

Ante los federales el plan del DE

Tratarán de evitar que la Isla regrese a la lista de alto riesgo

Una de las preocupaciones principales de Educación federal es el desmantelamiento de la red de funcionarios locales que administraba los fondos del programa Título I.

Por Yanira Hernández Cabiya El Nuevo Dia

Como quien ensaya para la puesta en escena de una ópera prima, funcionarios de alto nivel de la administración de Luis Fortuño se dedicaron el fin de semana pasado a preparar las presentaciones que harán ante el personal del Departamento de Educación federal que se encuentra de visita en la Isla.

La impresión que se lleven los funcionarios federales es sumamente importante, ya que en sus manos está colocar a Puerto Rico nuevamente en la lista de jurisdicciones de alto riesgo, con la consecuente congelación de cientos de millones de dólares en fondos federales.

Carlos García, presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), María Sánchez Bras, directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la secretaria del DE, Odette Piñeiro, se reunieron por separado con cada una de las personas que tendrán a su cargo las presentaciones ante los federales.

“Allí no sólo ensayaron lo que dirán, sino lo que no dirán en las reuniones”, dijo una fuente interna del departamento.

Pero los preparativos no son para menos: entre los funcionarios que se encuentran desde ayer en la Isla sobresale Charles P. Rose, consejero legal del secretario de Educación federal, Arne Duncan. Rose es uno de los funcionarios de más alto nivel en esa dependencia, después de Duncan.

El abogado tiene pautado desayunar en la mañana de hoy con el gobernador Fortuño para luego trasladarse a la sede del DE en Hato Rey.

Allí se llevará a cabo toda una serie de reuniones con funcionarios locales, entre los que se encuentran Piñeiro y el grupo de trabajo ejecutivo nombrado por La Fortaleza para administrar el departamento. Esas reuniones podrían extenderse casi toda la semana.

“En esencia se hará un repaso exhaustivo por parte del equipo de nuestro Departamento de Educación de qué se hizo en el 2009 y qué queda por hacer este año bajo el Memorandum of Agreement (MOA)”, sostuvo el secretario de Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

El MOA es el acuerdo firmado en el 2007 y mediante el cual Educación se comprometió a cumplir con unos 17 puntos, de los cuales todavía hay 11 que no se han completado.

El 21 de agosto pasado, Phil Maestri, director de la Oficina de Servicios de Alto Riesgo de Educación federal, advirtió al Primer Ejecutivo sobre el incumplimiento con los acuerdos firmados.

Entre las preocupaciones de Maestri estaba el desmantelamiento de la red de superintendentes auxiliares responsables de administrar los fondos del programa Título I, que ordenó el entonces secretario Carlos Chardón, como parte de los ajustes de personal relacionados con la Ley 7 de Emergencia Fiscal. (EDITADA)

Rechaza informe final de la Junta

Molina Iturrondo pide una aclaración

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La doctora Ángeles Molina Iturrondo, “segunda opción” para ocupar la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR), aseguró ayer que “en ningún momento” le expresó al Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Síndicos que apoya la intervención de la Policía para resolver los conflictos del principal centro docente del País.

Así las cosas, Molina Iturrondo rechazó unas declaraciones escritas que se le adjudican en el informe final del Comité. “No cree en la intervención de la Policía, sin embargo, de ser necesario la apoyaría dentro de un marco de respeto a las expresiones de los diferentes sectores que componen la Universidad”, reza el informe en cuestión.

“No entiendo lo que eso significa. En ningún momento dije eso, te lo puedo garantizar. Yo lo que dije fue que confío en la capacidad de los universitarios para dirimir internamente los conflictos sin la necesidad de la intervención de la Policía”, manifestó.

Molina Iturrondo indicó que no ha visto el informe final del Comité, al que El Nuevo Día tuvo acceso parcial.

“Si yo hubiera tenido el documento, podría haber visto qué fue exactamente lo que se escribió. Hablo por lo que vi en el periódico y en función de lo expresé en la Junta”, soltó la doctora.

Tras aclarar que su intención no es crear controversias, expuso que lo plasmado en el informe pudo ser una mala interpretación o trascripción de lo que habló hace ocho días con la Junta.

“Mi interés es que se haga la representación más fidedigna de mis posturas ante la universidad y ante el pueblo de Puerto Rico”, apuntó.

Molina Iturrondo, quien se disputa la presidencia de la UPR junto a los doctores José Ramón de la Torre y Jorge L. Sánchez, informó que aprovechará su entrevista de hoy con los síndicos para pedir que se aclare la información.

Pudieron errar

De otra parte, el presidente del Comité, Norman Maldonado, reconoció que en la redacción del informe final “puede que se haya alterado algo”.

Maldonado dijo que el informe se encuentra bajo evaluación de la Junta.

“No sé cuál es la controversia. Soy testigo de la propiedad con que ella (Molina Iturrondo) contestó todas las preguntas. (El informe) no fue una transcripción. Fue una interpretación de lo que la gente comentaba. Jamás fue la intención de que se escribiera algo incorrecto”, manifestó.

Agregó que de comprobarse que las declaraciones de Molina Iturrondo son erróneas, los síndicos de la UPR se retractarán inmediatamente.

En tanto, la presidenta de la Junta, Ygrí Rivera, dijo en un escueto comunicado de prensa que “la comunidad universitaria debe sentirse confiada y tranquila de que la Junta tomará una decisión fundamentada sólo en los mejores intereses para la UPR”.

Expuso que el nuevo presidente de la institución se escogerá “en su momento y luego de un análisis objetivo”.

Ante la Junta

Los tres aspirantes a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se reunirán nuevamente hoy con los miembros de la Junta de Síndicos.

José Ramón de la Torre, identificado como la “primera opción” por el Comité de Búsqueda y Consulta, será el primero en entrevistarse con la Junta.

Ángeles Molina Iturrondo y Jorge L. Suárez son la “segunda” y “tercera” opción, respectivamente, para llenar la silla que dejó Antonio García Padilla.

Fuentes de este diario aseguraron que las entrevistas comienzan a las 6:00 de la tarde.

A ley de un día para designación

Por Zenaida Ramos Ramos - EL VOCERO

Hoy, a partir de las 6:00 p.m., varios miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) entrevistarán a los catedráticos José Ramón de La Torre, Ángeles Molina Iturrondo y Jorge Sánchez, aspirantes a la presidencia de la institución, y mañana, los 13 síndicos votarán por uno de ellos.

El sábado pasado, el Comité de Búsqueda y Consulta para el Nombramiento del Presidente o Presidenta (CBCNP) rindió su informe ante los síndicos. Como había divulgado este rotativo, favorecieron al doctor De La Torre, ex decano de la Facultad de Humanidades y ex director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

"Nosotros lo que hicimos es que refrendamos el informe que hizo el Comité Sistémico, sin alteraciones. Se lo informamos a la Junta (el sábado pasado). La Junta aceptó el informe", indicó Maldonado, quien presidió el CBCNP y fue rector del Recinto de Ciencias Médicas en la década de los años 80.

Además del doctor Maldonado, formaron parte del CBCNP Carlos A. Pagán Cuevas, miembro electo para la Junta de Síndicos por representantes del estudiantado; Rosa Amelia Franqui, del Recinto de Mayagüez; y Carlos Dávila Torres, contador público autorizado en el World Western Bank.

La Junta de Síndicos, presidida por la licenciada Ygrí Rivera, también decidió que los miembros que no pudieron entrevistar a los candidatos y a la candidata el lunes pasado, podrían hacerlo hoy. Estos son: Marisara Pont, Agustín Cabrer, Germán Malaret, Carmen Elisa Cotto Rivera e Isabel Picó Vidal.

En días recientes, trascendió que el doctor De La Torre ha recibido el respaldo de funcionarios cercanos al gobernador Luis Fortuño, mientras que el ex gobernador Carlos Romero Barceló negó a EL VOCERO que haya ejercido influencia para que el catedrático sea seleccionado.

Asimismo, el doctor Maldonado recalcó que los tres candidatos tienen la misma oportunidad de ser evaluados para la presidencia sin presiones políticas.

"(Los miembros) tienen que tomar en consideración lo que dijo la comunidad, pero están libres para cualquier determinación que ellos crean", afirmó.

De otra parte, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR (HEEND) solicitó ayer que "se declare nulo el proceso de consulta y que se descalifique a todos los candidatos participantes en la misma" por la intervención de políticos en el proceso.

"La realidad es que la consulta ha caído presa de los políticos de turno una vez más. Ahora ha caído rehén del gobernador Luis Fortuño, de Carlos Romero Barceló, de Marcos Rodríguez-Emma y del Partido Nuevo Progresista debido a que esta injerencia indebida en la autonomía universitaria es provocada por el botín que le representa la UPR a los privatizadores. El presupuesto universitario consolidado es de alrededor de $1,500,000,000; representando un tesoro para aquellos que aspiran a establecer Alianzas Público-Privadas", expresó Wilberto Jiménez Rivera, presidente de la HEEND.

El sindicato pidió que la comunidad universitaria solicite la renuncia a los síndicos Carlos Dávila y Agustín Cabrer, porque presuntamente se reunieron el martes pasado con Rodríguez-Emma, secretario de la Gobernación, y Romero Barceló, para hablar sobre el respaldo que necesita De La Torre en la Junta de Síndicos.

"Exigimos como universitarios que se respete la autonomía universitaria y que los políticos de turno incluido el gobernador Fortuño saquen la mano de la UPR, que se abra un nuevo proceso de consulta con representación real de la comunidad universitaria y que se comience el diálogo dirigido a la negociación colectiva de la HEEND y la negociación del Plan Médico Único y el plan médico de los jubilados", dijo Jiménez Rivera.

Respecto a la solicitud de la HEEND, la Presidenta de la Junta de Síndicos divulgó en un comunicado de prensa que la selección se ha llevado a cabo conforme al proceso universitario y que "se ha dado un precedente histórico, ya que en ninguna otra ocasión se había realizado un proceso de búsqueda y consulta para la presidencia de la Universidad de Puerto Rico con tantos candidatos (12) y tan amplia participación de todos los sectores universitarios, incluyendo la facultad, estudiantes y personal exento no docente".

Ambiente

Seguridad, justicia, tribunales

Demandan al DE por agresión sexual en escuela

Por Melissa Correa Velásquez - EL VOCERO

El Departamento de Educación, la directora y trabajadora social de una escuela en Luquillo, fueron demandadas en el Tribunal Federal por la madre de un menor, estudiante de primer grado, que fue sodomizado por otro alumno de octavo grado.

La madre del niño perjudicado alega que ni la directora del plantel, Sara Robles, ni la trabajadora social, Evelyn Montes, ni el Departamento de Educación investigaron el incidente, ni tomaron las medidas correctivas para asegurarse que no volviera a ocurrir esa situación, por lo que solicita una indemnización de $6 millones.

La demanda, radicada por el licenciado José Olmo indica que los hechos ocurrieron el 23 de enero del 2008. Se detalla que tras un receso, la maestra Pilar Cruz notó que el estudiante de primer grado no había regresado al salón. Por lo que salió a buscarlo y cerca del área del baño escuchó al menor llorando. Desde el pasillo le preguntó qué le pasaba. Una vez el niño salió del lugar, le explicó que otro estudiante de octavo grado lo empujó contra la pared y lo agredió sexualmente. El perjudicado le dijo a la maestra que se había enfrascado en una pelea con el agresor en un intento por resistir el ataque sexual.

El documento indica que la profesora le preguntó en tres ocasiones lo que había pasado, porque no podía creerlo. El niño le repitió lo ocurrido. Acto seguido, Cruz acudió a la oficina de la directora Robles, pero ésta no se encontraba en los predios de la escuela. Luego, visitó a la oficina de la trabajadora social Montes y le explicó lo sucedido.

Se indica que Montes contactó por teléfono a la directora de la escuela para explicarle la situación, y que la directora de la escuela le instruyó arreglar una reunión con los padres del perjudicado para el próximo día. También dio instrucciones para que llevaran al niño de vuelta al salón, “sin demora”.

En ese momento, no se le informó a Cruz las medidas que se iban a tomar en relación a la situación. El perjudicado permaneció en la institución hasta las 3:00 p.m.
Esa misma tarde el menor regresó a su casa y se mostró nervioso y tembloroso. Su madre le preguntó qué le pasaba y el menor le relató lo ocurrido.

Se alega que inmediatamente, le verificó su ropa interior y encontró rastros de sangre y excremento, lo que confirmaba lo relatado por el menor.

Acto seguido, la madre del niño lo llevó a la sala de emergencia del Caribbean Medical Center en Fajardo, donde el pediatra constató que el menor fue atacado sexualmente.

Al hospital se personó la agente Giselle Rojas, de la División de Crímenes Sexuales, quien entrevistó al menor y arregló una reunión en la Comandancia de Fajardo para el otro día.

Se alega que esa misma tarde, Robles y Montes visitaron al perjudicado en su casa en donde se les informó que el menor tuvo que recibir asistencia médica. Ambas funcionarias escolares le dijeron a la madre del niño que éste no había llorado en la escuela y que no se veía nervioso ni mostraba ninguna señal diferente a lo normal.

Asimismo, dijeron que habían decidido enviarle una notificación a la madre del menor para discutir el asunto al día siguiente.

“(La madre) estaba horrorizada y perturbada por la total carencia de acción por parte del personal de la escuela”, expresa la demanda.

Agrega que “tras el ataque sexual, el menor ha recibido atención médica y tratamiento psicológico. El menor estaba reacio a regresar a la escuela por miedo y vergüenza de enfrentar a sus compañeros de clase. En particular al agresor. Como resultado del ataque, la madre se vio forzada a cambiar a su hijo a otra escuela porque se negaba ir a la misma. Su personalidad cambió desde el incidente y se comporta agresivo y su habilidad de aprendizaje se ha visto afectada debido a la ansiedad y el estrés relacionado al incidente”.

El recurso legal afirma que el ataque sexual del estudiante fue severo, perverso, dañino e inaceptable. De igual forma, se alega que el Departamento de Educación no hizo nada para investigar la denuncia del demandante, ni tomó medidas correctivas para asegurarse que el menor no volviera a ser hostigado. “El personal de la escuela demostró indiferencia deliberada al fallar en tomar la acción apropiada habiendo sabido que había ocurrido un abuso”, indica la demanda.

Gobierno y política

Protocolo para casos de acoso

Antonio R. Gómez / Primera Hora

Legislación para establecer un protocolo en el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y las policías municipales para la investigación y radicación de acciones criminales contra el acoso sexual y el acoso por razón de género en el empleo fue aprobada ayer por el Senado, que también acordó investigar el alza en casos de abuso infantil.

“Con la tipificación del hostigamiento sexual en el empleo como conducta constitutiva de delito, es imprescindible adiestrar al personal adscrito a las entidades gubernamentales a cargo de investigar y levantar evidencia para el procesamiento de esta conducta delictiva que se da en el área de empleo”, dice la exposición de motivos.

La investigación sobre el maltrato de menores incluirá las causas de la proliferación del abuso infantil, la efectividad de la Ley para el Bienestar y Protección Integral de la Niñez y si las agencias concernientes realizan sus funciones adecuadamente.

El Senado aprobó además legislación que autoriza a los doctores en quiropráctica a ejercer la acupuntura. Enmendó también la recién aprobada Ley de Permisos para incluir a los agrónomos como “profesionales autorizados” para otorgar éstos.

Atacan el delito de la era digital

Francisco Rodríguez-Burns / Primera Hora

Un paquete de medidas legislativas radicadas por la presidenta cameral, Jenniffer González, podrían convertirse en la herramienta que agentes puertorriqueños esperaban para poder procesar a los predadores sexuales en el foro estatal, pero aún está por verse si las autoridades locales contarán con todos los recursos que necesitan para llevar los casos hasta sus últimas consecuencias.

Aunque las disposiciones presentadas por la legisladora pretenden atacar diferentes tipos de delitos cibernéticos, se les dedica atención especial a los crímenes cometidos contra los niños.

Durante los últimos años, el Gobierno federal ha llevado a cabo múltiples operativos contra los ofensores sexuales, particularmente aquellos que intentan utilizar los medios electrónicos para entrampar a los niños, pero muchas de las medidas presentadas por la legisladora intentan facultar a las autoridades locales con los mismos poderes.

El primer caso de pornografía infantil que fue procesado exclusivamente por el Negociado Especial de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Justicia, sin la asistencia del Gobierno federal, trató de un hombre que intercambiaba fotos de menores con un grupo de pederastas en España. El sujeto, identificado como Moisés Rivera Sepúlveda, no cumplió ni un día en la cárcel tras imponérsele una probatoria de dos años. Pero el procesamiento del pederasta puso en evidencia varias fallas del sistema de justicia en torno al procesamiento de los ofensores.

“Con este caso rompimos el hielo. Vimos las fallas y los problemas. Nos enseñó, por ejemplo, que teníamos que desarrollar protocolos, hasta para la destrucción de la evidencia una vez el caso haya sido dilucidado en su totalidad”, sostuvo el especialista en casos de menores desaparecidos y de pornografía infantil del NIE, Ángel Colón.

Desde el caso de Rivera Sepúlveda, las autoridades locales han podido investigar cerca de 40 casos de pornografía infantil, pero la mayoría de éstos han sido referidos al Grupo de Crímenes Cibernéticos de Inmigración y Aduana (ICE).

Pese a que hay fiscales del Departamento de Justicia que cuentan con los adiestramientos para llevar los casos, la agencia carece de una división establecida en propiedad.

Las computadoras que actualmente utiliza la agencia para rastrear a los depredadores no le permiten realizar investigaciones encubiertas. Usualmente, en este tipo de pesquisa, los agentes se hacen pasar por menores que hacen contacto con los pederastas.

La agencia sí tiene unos $100,000 en fondos federales para la compra de nuevo equipo que ampliaría su campo de acción.

Auge en delitos

Las autoridades han reportado un auge significativo en la cantidad de delitos cibernéticos durante los últimos años y la mayoría de ellos han sido cometidos contra menores.

Aduana, por ejemplo, ha indicado que cientos de puertorriqueños han sido identificados por poseer material pornográfico infantil. El delito es castigable en la esfera federal con una sentencia de 10 años de prisión. Se cree que la amplia aceptación de la Internet en la Isla ha contribuido a la alta incidencia de los delitos contra menores.

De previas entrevistas con agentes federales se desprende, además, que muchos de los depredadores en Puerto Rico utilizan el celular para contactar a sus víctimas. Se conectan a portales de chateo para contactar al menor, sin saber que sus comunicaciones podrían estar siendo interceptadas por los federales.

Pero las nuevas medidas de González también pretenden desalentar otros tipos de delito que se pueden estar dando con frecuencia en Puerto Rico por el auge de las redes sociales. Aunque muchas de estas páginas desalientan el envío de e-mails no deseados, las disposiciones expresamente prohíben el acecho y la intimidación ciberespacial. La primera se castiga como un delito grave de cuarto grado si, por ejemplo, la persona “lleva a cabo una conducta voluntaria, repetida y maliciosa (que supone) una amenaza creíble con la intención de poner a un tercero en temor razonable de muerte o lesión corporal”.

Por su parte, González indicó que el nuevo código de delitos cibernéticos deroga una ley del 2000 que les proveía protecciones a los menores contra estos delitos. Su oficina acogió recomendaciones de la Oficina de Gobiernos Estatales para la nueva legislación e implantó otras medidas que se han adoptado en países europeos como Alemania, Francia e Italia.

Las medidas de la representante también pretenden establecer políticas claras para prohibir la utilización de computadoras y celulares durante horas escolares para así evitar el uso indebido del medio. “Desde la pornografía infantil hasta el cyberbullying, éstas son tendencias que están llegando a los tribunales. Puerto Rico carecía de una política pública para proteger a los niños y los jóvenes adultos contra los crímenes cibernéticos”, dijo.

Reclamo a la prudencia legislativa

francisco rodríguez-burns / Primera Hora

¿Pantalla legislativa?

Las medidas que radicó la presidenta cameral, Jenniffer González, para frenar los delitos cibernéticos pueden tener un propósito loable, pero algunos expertos en derecho penal cuestionan si realmente cumplirán con su propósito debido a que muchos de los estatutos suponen una repetición de los artículos del Nuevo Código Penal de Puerto Rico (2004-2005).

Según sostuvo el experto en derecho penal, Joaquín Monserrate Matienzo, las medidas podrían contribuir a una saturación de legislación que en ocasiones criminaliza conductas que no necesariamente son de carácter penal.

“El problema de la criminalidad nada tiene que ver con la proliferación de delitos (aprobados por la Legislatura). Lo que hace falta es hacer valer la ley. Éste es uno de los países más legislados en el mundo”, sostuvo el letrado, que ha enseñado derecho en las universidades de Puerto Rico, Interamericana y Católica de Ponce.

De hecho, algunas de las nuevas medidas intentan regular la cantidad de información que los patronos pueden recopilar de las comunicaciones electrónicas de sus empleados. Uno de los proyectos estable como un delito grave que el patrono utilice información personal del empleado sin su consentimiento. También obliga a las compañías a disponer de toda información personal electrónica o cibernética de los trabajadores dentro de los primeros 30 días posteriores a su terminación de empleo.

Pero la mayoría de las disposiciones giran en torno a los delitos cibernéticos contra los menores y aquellos que puedan resultar como obscenos al ser publicados sin el consentimiento de algunas de las partes. Estos últimos podrían ser aplicados en casos de películas o fotografías caseras que son publicadas en páginas cibernéticas.

Para la profesora de derecho y principal redactora del Nuevo Código Penal, Dora Nevares-Muñiz, el endurecimiento de las penas propuestas por la presidenta cameral podría obedecer a una ley aprobada por el gobernador Luis Fortuño que faculta un aumento significativo en las bonificaciones de la población penal.

La revisión del Código pretendía asignar términos justos para los delitos, eliminando los privilegios de programas de rehabilitación que, para algunos detractores del sistema de justicia, reducían las penas a términos ínfimos.

Sin embargo, un proyecto de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que fue aprobado por el Gobernador reduce cerca de un 25 por ciento las penas asignadas por el Código, aumentando de uno a cinco y siete los días de bonificación que pueden recibir los confinados.

“(Con estos cambios) volvemos al viejo código penal. Supongo que ahora quieren subir las penas”, dijo Nevares-Muñiz.

Delincuentes para el ejército y no en prisión

Arys L. Rodríguez Andino / Primera Hora

La idea que ronda la mente del representante Ángel “Gary” Rodríguez Miranda de enviar a ofensores juveniles al ejército y no a la cárcel todavía no ha tomado forma pero ya ha recibido serias críticas de diferentes sectores.

La intención del representante es generar una discusión de lo que él entiende es una alternativa de avanzada. Pero para algunos es un absurdo y una “evidencia de la incapacidad de ofrecer ideas justas y creativas”.

La portavoz del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz, Wanda Colón, tildó de absurdo y equivocado pretender legislar para hacer obligatorio el ingreso a las fuerzas armadas de jóvenes transgresores de la ley.

“La intención del presidente de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes demuestra falta de conocimiento y sensibilidad para entender de dónde y por qué y cómo surge la delincuencia juvenil”, señaló.

Aunque el “propósito” es darles una alternativa, Colón se cuestionó cuán voluntario puede ser el servicio militar si no tienes otra opción. “Es o lo tomas o lo tomas”.

Sonia Santiago, portavoz de Madres contra la Guerra, manifestó que su grupo se opone a cualquier medida que pretenda legitimar el reclutamiento militar como opción de vida.

“En el proceso de adiestramiento militar lo que se está promoviendo es la utilización de armas como manera de resolver conflictos. Es tratar de resolver un problema de violencia enseñándoles técnicas efectivas de violencia y de uso de armas”, declaró.

Aun cuando Rodríguez Miranda aseguró que no es “mandarlos a coger tiros a Bagdad”, Santiago recordó que actualmente Estados Unidos está en dos guerras. “Ellos pueden pintarlo de la manera más bonita, pero la realidad es que hay dos guerras activas y las posibilidades de ser enviados a zonas de guerra existen”.

El legislador basó muchos de sus argumentos en un estudio realizado en Kentucky en el que se explora la opción de la milicia como alternativa a la cárcel.

“Yo no creo que debamos esperar a que esto funcione en diferentes estados y países para nosotros actuar”, expresó sobre la propuesta que todavía es inexistente.

Para el representante, quien está en su primer cuatrienio, es un hecho que las políticas públicas de pasadas décadas no han sido exitosas, por lo que está claro que no hay un proyecto mágico para resolver la criminalidad.

“Dentro de la milicia hay 20 mil carreras. No es llenar el Army de asesinos ni estamos buscando que la milicia nos rehabilite a todos los confinados”, insistió sobre una idea que todavía está en pañales pero que él cree será una herramienta más contra la criminalidad.

Una decisión muy peligrosa para la democracia

Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

Una decisión “peligrosa para la democracia” de la cual no podemos zafarnos bajo la actual condición política de la Isla.

Expertos en derecho electoral y constitucional dijeron ayer que en Puerto Rico aplica plenamente la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que prohíbe que a las corporaciones se les fije límites en el financiamiento de las campañas electorales.

Tanto el liderato de los tres partidos principales como los abogados Héctor Luis Acevedo y Eudaldo Báez Galib coincidieron en que no se puede eximir a Puerto Rico de cumplir con los parámetros de la decisión porque se trata de una opinión acerca de un derecho constitucional fundamental: el derecho a la libre expresión.

El partido que controla el Gobierno, el Partido Nuevo Progresista , anunció a través de su secretario Hugo Pérez, que la reforma electoral acogerá las disposiciones de la Corte Suprema de Estados Unidos en todos sus extremos.

“Esa jurisprudencia hay que acatarla. No tenemos otra alternativa”, dijo Pérez, quien reconoce que se trata de un asunto controversial, el de la capacidad económica superlativa en muchos casos de las empresas, versus lo que puede invertir un ciudadano común en apoyo a su partido.

Pérez, sin embargo, sostuvo que en Puerto Rico la veda al apoyo empresarial se viola a través de la corrupción.

El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, catalogó la determinación del Supremo de “errada”, pero sostuvo que bajo el Estado Libre Asociado se convierte en obligatoria, tanto como la jurisprudencia que permite el aborto.

“Ése es el precio que pagamos por ser colonia. Esto es un retroceso porque iguala la libertad de expresión de un ciudadano con la supuesta libertad de expresión de las corporaciones privadas. Ahora los empresarios podrán ir con un saco de billetes al Capitolio para decirles a los políticos que si no aprueban o rechazan un proyecto, le hacen campaña en contra”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

El experto en derecho electoral, el ex alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, también tronó contra la opinión.

Advirtió que las corporaciones, las uniones y otras organizaciones privadas no podrán aportar directamente a los partidos ni a los candidatos, sino que tendrán que hacer campaña “independiente”. Eso, sin embargo, no es óbice a que aquí lo que se está dando es “una transferencia de poder a los más ricos”.

La opinión cobija a las uniones, pero el también ex comisionado electoral del PPD recordó que estas siempre tendrán menos dinero que los patronos, por lo tanto, siempre estarán en desventaja.

“Esto plantea además que los candidatos se colocarán en una posición de debilidad ante los grupos de intereses. La cosa se pondrá peor cuando eliminen los fondos públicos para las campañas, porque entonces el elector quedará indefenso ante el poder del dinero”, agregó Héctor Luis Acevedo.

Este recomendó que a las corporaciones se les obligue a firmar bajo juramento que no han coordinado sus gastos con los partidos.

Si mienten, sus ejecutivos habrán cometido perjurio.

El abogado Eudaldo Báez Galib señaló, por otro lado, que el Supremo federal “ha creado toda una revolución” dentro del financiamiento de las campañas políticas, ya que desde principios del siglo pasado en Estados Unidos a las corporaciones y a los individuos no se les reconocían los mismos derechos.

A las uniones se les prohibió contribuir a las campañas desde los años 40, dijo.

Pese a que no se les podrá entregar dinero a los partidos, Báez Galib insistió en que eso es un subterfugio, como subterfugio han sido los llamados comités de acción política o PAC, que también permiten la proliferación de campañas “independientes”.

Báez Galib propuso que la Comisión Estatal de Elecciones reglamente la campaña electoral de las corporaciones exigiéndoles que en cada anuncio divulguen su nombre.

Eso, según el ex legislador, alertará a los electores sobre los intereses que están en juego con cada mensaje.

Dalmau también prohibiría que financien campañas los que reciben dinero del Gobierno.

Senado investigará compraventa de Costa Serena

Por CyberNews - El Vocero

EL CAPITOLIO- El Senado aprobó el lunes una resolución para investigar la titularidad, los términos y las condiciones existentes en el contrato de compraventa entre el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y el Desarrollador del Proyecto Costa Serena en Loíza.

La resolución, de la senadora Margarita Nolasco, ordena a la Comisión de Gobierno a realizar dicha investigación.

La transacción se realizó durante la administración del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, cuando el Gobierno desistió construir un complejo hotelero en dichos terrenos. Por esta razón, el empresario Joel Katz llegó a un acuerdo con la administración de Acevedo Vilá para la compra venta del predio.

Por otro lado, se aprobó una medida que establecería un protocolo de investigación y radicación de acciones criminales contra el acoso sexual y el acoso por razón de género en el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y las policías municipales.

Los trabajos concluyeron a las 3:34 de la tarde y se reanudarán el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana.

Status ha desenfocado al PPD

Así lo afirmó hoy el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá

Por Frances Rosario / El Nuevo Dia

En sus primeras declaraciones públicas de este año, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá criticó duramente la determinación de la Junta del Partido Popular Democrático (PPD) de aprobar una resolución para cambiar la definición del Estado Libre Asociado (ELA).

Señaló que la discusión ha desenfocado al partido de atender los problemas principales que viven los puertorriqueños y los ha sumido en una controversia innecesaria y a destiempo. También hizo hincapié en que las elecciones del 2012 no están ganadas aún, por lo que el partido deben responsabilizarse en llevar a la colectividad en el “rumbo correcto” y actuar con sensibilidad para atender los retos del pueblo.

“El PPD ha logrado cambiar la discusión pública para que en lugar de que se hable del alza consistente en la criminalidad, los despidos injustificados, el desempleo, el caos en educación, las amenazas a nuestro medio ambiente, se esté hablando de status y de las “divisiones” dentro del Partido Popular. Más dramático aún es que en cuestión de días los líderes distanciados del PNP (Partido Nuevo Progresista), como Pedro Rosselló, han comenzado a hablar en una sola voz dentro de la colectividad estadista”, sostuvo Acevedo Vilá.

Su reacción surge a una semana de que la Junta de Gobierno del PPD aprobara una resolución que descarta a la libre asociación como una alternativa para desarrollar al ELA. Su discusión ha provocado un choque entre soberanistas y conservadores del partido, al igual que amenazas de sanciones e invitaciones a salir del partido.

En una extensa declaración escrita, Acevedo Vilá añadió que el plebiscito no es necesario en estos momentos. De hecho, dijo que entrar en la discusión de una posible consulta criolla es caer en un juego de los novoprogresistas y que no resolverá el problema de definición de status que existe en la Isla.

“El Partido Popular, si quiere estar en sintonía con el País, no puede ser instrumento para legitimar la necesidad de ese plebiscito. Lo que el País tiene que pensar ahora y discutir ahora no es qué va a estar en esa papeleta, eso es un ejercicio en futilidad. Lo que tenemos que discutir y decidir es cómo utilizamos ese embeleco para lo que nosotros sí queremos: enviarle un mensaje claro de repudio a Fortuño y a esta Legislatura por sus desaciertos, sus abusos, su improvisación y su falta de sensibilidad. Si ellos deciden malgastar nuestro tiempo y nuestro dinero, convirtamos eso en una oportunidad para enviarle el mensaje de lo que sentimos en nuestro corazón”, precisó.

Comentó, además, que el partido carece de estrategia para atender el asunto del status. Su aseveración la hizo al definir que históricamente los triunfos en los plebiscitos no dictan quién gana elecciones generales y que sería un ejercicio fútil pensar que ganarán un posible caso judicial para defender al ELA, debido a que el sistema está “bajo el control burdo del PNP”.

“No se puede actuar con miedo y sin estrategia”, puntualizó Acevedo Vilá.

Concluyó que “el mayor impedimento al desarrollo del ELA no está adentro. Es más, no está en Puerto Rico. Lo he dicho anteriormente y lo repito ahora: nuestro mayor impedimento está en la postura equivocada del informe Bush sobre status que reniega no sólo la existencia del ELA de 1952, sino de la capacidad de establecer en el futuro cualquier relación con los Estados Unidos más allá de la estadidad o el territorio. A eso es que los populares y los estadolibristas deben dedicar sus energías sobre status, a revocar y cambiar esas posturas en Washington”.

Enfocado el PPD, según Ferrer

Tras las declaraciones del ex gobernador, el presidente del PPD, Héctor Ferrer, negó que la colectividad esté desenfocada y que le siga el juego a los novoprogresistas con el asunto del status.

También rechazó que el liderato se enfoque más en la pugna interna que en fiscalizar al gobierno de Luis Fortuño.

“El partido puede y los legisladores podemos hablar de varios asuntos a la vez y la discusión de status no es mala”, señaló a El Nuevo Día, al discrepar de Acevedo Vilá.

En lo único que Ferrer dijo que coincide con el ex líder popular es en su definición de ELA y en que las elecciones no están ganas.

“Yo coincido con él en que el ELA no es derecha ni izquierda es que es hacia el frente. Y coincido que el desarrollo del ELA es no territorial ni colonial y que debe estar basado en el vínculo de la ciudadanía americana”, señaló Ferrer.

Agregó que “lo más importantes de esas declaraciones de Aníbal es que habla de su posición sobre el desarrollo del ELA. Coincido con él en que las elecciones no están ganas. Que el hecho de que en un año Luis Fortuño haya presentado que ha gobernado con ineptitud e incapacidad no quiere decir que vayamos a ganar elecciones”. (EDITADA)

Hoteleros se reunirán con Rodríguez Ema

Buscan que no se legalicen las tragamonedas

Por Inter News Service

Representantes de hoteles que operan casinos en Puerto Rico se reunirán hoy con el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Ema, de quien esperan que descarte el proyecto de Ley para legalizar las tragamonedas instaladas en diversos negocios.

Esas máquinas provocan pérdidas por 11,4 millones de dólares a los hoteles, según cifras que manejan los hoteles.

Según fuentes de la industria hotelera, Rodríguez-Ema se reunirá hoy en La Fortaleza con los representantes José Chico y Antonio "Toñito" Silva, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, para analizar el proyecto que busca legalizar las tragamonedas, que fue presentado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

"Rodríguez-Ema debe paralizar el referido proyecto, del mismo modo en que lo hizo durante la pasada Sesión Legislativa, según ha dicho el propio representante Chico. Legalizar las tragamonedas ilegales sería como otorgarle un indulto contributivo a los que han estado operando éstas máquinas sin pagar las licencias y los impuestos que le corresponden, tal y como hemos venido pagando los hoteleros", denunció a Inter News Service uno de los hoteleros.

Reiteró que de aprobarse la medida, el Gobierno, la Legislatura y Hacienda, estarían premiando precisamente a los que han provocado las pérdidas millonarias a la industria hotelera en años.

Tanto los hoteleros como la Compañía de Turismo se han opuesto a a la aprobación de esa legalización.

"En lugar del indulto contributivo Hacienda debería continuar con sus operativos para sacar de circulación las máquinas tragamonedas ilegales e iniciar una investigación fiscal de los propietarios de las mismas, del mismo modo que lo hacen con ciudadanos particulares, para determinar el monto de su evasión contributiva y exigirles el pago de lo adeudado. De este modo, se estaría haciendo justicia con el resto del pueblo, corporaciones y entidades que pagamos nuestra responsabilidad contributiva", manifestó la fuente vinculada a la industria hotelera.

La medida que se discutirá hoy en La Fortaleza busca sustituir las tragamonedas con un sistema similar al rechazado por el Senado y su presidente Thomas Rivera Schatz.

El representante Silva ha señalado que la legalización de las tragamonedas tiene como propósito lograr ingresos adicionales.

Arde el rancho rojo por el status

La derecha y la izquierda del PPD chocan por la definición del ELA y la posible participación en un plebiscito.

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Cual bomba de tiempo, el tema del status ha puesto en jaque al Partido Popular Democrático (PPD) una vez más.

La aprobación hace una semana de una resolución que intenta definir el Estado Libre Asociado (ELA) y rechaza “categóricamente” la opción de una libre asociación ha encendido la pugna entre los llamados soberanistas y conservadores.

Por un lado, el ala liberal del PPD se resiste a acatar la nueva definición del ELA y cifra sus esperanzas en que la Asamblea General del partido no apoye el cambio introducido para no avalar la libre asociación.

Por su parte, el ala conservadora no titubea al señalar que aquellos que no están de acuerdo con la determinación de la Junta no enfrentarán obstáculos para marcharse de la colectividad.

Y como gota que colmó la copa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, puso a pelear a los senadores de la Pava con una resolución en la que se aboga por un plebiscito de status.

“una pérdida de tiempo”

El único consenso al que llegaron ayer miembros de los dos bandos del PPD es que tal plebiscito es un error.

“Es una pérdida de dinero un plebiscito... Es un error, una pérdida de tiempo”, sostuvo el alcalde de Caguas, William Miranda Marín.

Pero la coincidencia entre los populares no dejó a un lado la disputa inicial, que es la definición del ELA que defenderán si se lleva a cabo un plebiscito criollo o uno auspiciado por el Congreso federal. Esta disputa ha desembocado en llamados a imponer sanciones e invitaciones a salir del partido.

“Yo no me siento excluido, pero de la misma digo que el que quiera expulsarme debe irse a la estadidad no culminada, que es el PNP (Partido Nuevo Progresista)”, señaló el representante soberanista Charlie Hernández.

El legislador reaccionó así a expresiones del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, y de José Alfredo Hernández Mayoral sobre las opciones que tienen los soberanistas o autonomistas ante la nueva definición del ELA.

¿Un nuevo partido?

López Rivera dijo que “aquí no se está sacando a nadie, al contrario, aquí se está diciendo cómo tú puedes estar dentro del PPD... Cuando tú no te sientes cómodo con la filosofía de un partido, pues tiene que determinar qué haces, o te mantienes en esa filosofía o se creas otro tipo de partido. Puede surgir el partido de la libre asociación”.

“Aquí nadie está preso en un partido”, añadió López Rivera.

No obstante, uno de los líderes del ala liberal del PPD afirmó que no se marcharán del partido y que darán la pelea desde la Asamblea General.

“En ese sentido lo que nosotros esperamos es que la Junta de Gobierno entienda que el curso de acción no pueden ser dirigido a excluir sectores del partido que pueden ser necesarios en el presente o futuro, y tampoco pueden contravenir los acuerdos de la Asamblea General del partido”, sostuvo el representante Luis Vega Ramos.

Apuesta al diálogo

Mientras, la mayoría de los alcaldes y otros líderes de la Pava apuestan a que el diálogo resolverá el tranque por la definición del ELA y la participación en una consulta de status.

El presidente del PPD, Héctor Ferrer, fue uno de los que dijo que el paso del tiempo y el diálogo provocarán que muchos miembros de la colectividad entiendan su determinación de apoyar las controvertibles resoluciones.

Asimismo, Ferrer rechazó que se vaya a sancionar a algún legislador por no acatar la decisión del caucus de darle paso a la resolución senatorial sobre el status.

“Creo que esa resolución es magnífica. El Presidente del Senado acepta que el proyecto de (Pedro) Pierluisi está muerto. No es para crear un plebiscito criollo”, dijo.

Por otro lado, el catedrático universitario y analista político Ángel Rosa señaló que si el PPD se desenfoca de su misión fiscalizadora por atender el asunto del status podría perder las próximas elecciones.

“Vamos a ver cuán intensa va a ser esta discusión interna y cuán capaces son de llevar esta discusión sin llegar al punto de la ruptura”, señaló Rosa.

En tanto, el analista político Luis Pabón Roca opinó que esta discusión interna del PPD llevará a la colectividad a crecerse. “Al PPD le conviene, como a todo partido político, discutir cuáles son sus posturas. Y en una democracia, la vigorosa discusión solamente provoca crecimiento y mejoría”, afirmó.

Ultimátum senatorial

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió ayer al Gobierno de Estados Unidos que no aceptará más dilaciones en el proceso de solución del status del País.

Además, exigió que cumpla la promesa del presidente Barack Obama de permitir una elección en la Isla con opciones no territoriales ni coloniales.

Indicó que con la Resolución del Senado 861, apoyada por parte de la minoría popular, se llevará ese mensaje al Congreso de Estados Unidos, para exigir que se dé paso a un plebiscito con todas las opciones de status en la Isla.

Rivera Schatz aclaró a los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) que las definiciones de status no coloniales, no territoriales, ya están establecidas en el derecho internacional.

Resolución del PPD

El Partido Popular rechaza categóricamente el concepto de República Asociada. Expresa que pactos de libre asociación existentes en otras jurisdicciones de los Estados Unidos no son compatibles con las aspiraciones ni realidades de Puerto Rico, debido a que no están basados en el vínculo indisoluble de la ciudadanía americana. Asimismo, reafirma que la colectividad rechazará cualquier legislación que pretenda ofrecer un mecanismo o esquema de múltiples votaciones similar al contenido en el Proyecto Pierluisi y en el Informe del Comité Interagencial de la Administración Bush.

Resolución del Senado 861

Reafirma el derecho de todo ciudadano americano residente en Puerto Rico a expresar la necesidad de iniciar un proceso de autodeterminación, constitucionalmente válido, mediante la celebración de un plebiscito con opciones no territoriales y no coloniales, según reconocidas por el derecho internacional y posteriormente validadas a través de acción congresional a tales fines.

Para largo la vacante en el Departamento de Justicia

Alegan que no es prioridad para La Fortaleza

Por Limarys Suárez Torres / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

A más de un mes de la abrupta salida del entonces secretario del Departamento de Justicia, Antonio Sagardía, el gobernador Luis Fortuño continúa sin nombrar a un titular en propiedad en la agencia, mientras la criminalidad sigue azotando con fuerza al País.

Según varios allegados al tema que prefirieron mantener el anonimato, La Fortaleza no le ha dado prioridad a llenar la vacante, aunque este diario supo que el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, impulsa al actual secretario de Justicia interino, Guillermo Somoza Colombani.

Hace casi dos semanas Somoza Colombani acudió al Capitolio para reunirse con varios senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el fin de darse a conocer y que llegado el momento lo consideren, si La Fortaleza finalmente lo nomina para dirigir Justicia.

No obstante, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le dejó claro al Ejecutivo que la cámara alta desea que sea una mujer la que ocupe la silla de Justicia.

“Sé que el Presidente del Senado, que lo ha conversado conmigo y lo ha dicho públicamente, prefiere que esa silla sea ocupada por una mujer y como presidente de la comisión que va a evaluar ese nombramiento estamos preparados para ejercer nuestras responsabilidad constitucional y en espera del Gobernador”, sostuvo el senador Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura.

Martínez indicó que confía en que Fortuño presente a su candidato o candidata en las próximas semanas, ya que Justicia es un departamento con funciones muy sensitivas y es un componente importante de las agencias que velan por la seguridad pública.

“Mantener un interinato por mucho más tiempo crea inestabilidad e incertidumbre, por lo que confío que en las próximas semanas el Gobernador habrá de presentar el candidato o candidata para ocupar la vacante”, declaró el senador novoprogresista.

Asimismo, Martínez dijo que espera que el proceso de nombramiento se ampare en lo que establece la Constitución en cuanto al consejo y consentimiento del Senado.

“Esto quiere decir que la Asamblea Legislativa tiene una función dual, que es dar un consejo y luego viene la evaluación, el estudio y análisis para proceder a brindar su consentimiento. Tratándose de una secretaría de la importancia como lo es el Departamento de Justicia, confío que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en este caso el Senado, puedan comenzar este proceso”, señaló el legislador.

Entre las posibles candidatas para dirigir Justicia se ha mencionado a la fiscal general, Ivelisse Domínguez y a la jueza asociada del Tribunal de Apelaciones, Nydia Cotto Vives.

En el Capitolio varios senadores han comentado que aunque Domínguez es una mujer competente, inteligente y audaz, es muy joven para ocupar la silla caliente de titular de Justicia.

Sobre Cotto Vives, dicen que tiene el carácter judicial que se necesita para dirigir Justicia.

Economía, negocios

Sube la gasolina

Por Luisa García Pelatti - El Vocero

En el 2009, el precio promedio de la gasolina se situó en 58 centavos el litro, el precio más bajo desde el 2004. Por eso no es extraño que, con el comienzo del año los precios hayan empezado  repuntar.

Los consumidores comenzaron el 2010 pagando 25 centavos más por el litro de gasolina que hace un año. En enero, el precio promedio se elevó hasta 68.68 centavos el litro, su nivel más alto en 15 meses.

En los últimos días los precios han bajado ligeramente, según se observa en los precios de los mayoristas que publica el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en Internet.

Según la Encuesta de Gasolina del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio promedio de la gasolina en enero estuvo en 68.68 centavos el litro, poco más de dos centavos por encima de los 66.57 centavos del mes de diciembre.

Las compañías mayoristas independientes bajaron sus precios la semana pasada. Las reducciones son de alrededor de 1 centavo por litro.

A nivel del consumidor, el precio de la gasolina regular debe oscilar entre los 63 centavos de alguna compañía independiente y los 69 centavos de las marcas más caras.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina se redujo la semana pasada. El precio promedio cayó a $2.739 el galón (72.4 centavos el litro), un precio que está 15 centavos por encima del precio de hace un mes.

En Puerto Rico, el 2009 cerró con un precio promedio de 58 centavos el litro, 23 centavos menos que el año pasado, una caída de 28.8%.

En el 2008, la gasolina en Puerto Rico alcanzó un precio promedio récord de 81.50 centavos el litro, un alza de 18.1% cuando se compara con el 2007, cuando el precio promedio se fue 69.0 centavos.

Los precios se dispararon en el verano del 2008, cuando el barril de petróleo West Texas alcanzó los $147 y el precio de la gasolina regular en la Isla se situó en un nivel promedio de $1.02 por litro.

En quiebra el Bankers Club

Por Carlos Antonio Otero - EL VOCERO

Luego de operar durante siete décadas, el Bankers Club cierra sus puertas y su junta de directores se apresta a solicitar un recursos de quiebra total. En diciembre pasado ya había entregado cartas de cesantías a unos 40 empleados.

El presidente de la junta de directores del Bankers, Eugenio Romero, informó en comunicado de prensa que la reducción de socios en un 45% y la remodelación ascendente a $5 millones, los llevaron a tomar tal decisión, que fue discutida en asamblea el pasado viernes.

Además de la reducida matrícula, el número de banquetes celebrados en la institución habían disminuido considerablemente.

Romero no estuvo disponible ayer tarde para comentarios, ni el representante legal de la entidad, Angel Muñoz Molla, al cual este diario le ha dejado mensajes telefónicos desde la pasada semana.

Romero, en comunicación escrita, reconoció que a pesar de las medidas que tomó desde que asumió la presidencia en 2008 “no han sido suficientes”.

Por su parte, Félix Mejías Ortiz, presidente de la Unión Gastronómica Local 610, dijo que evalúan la acción a tomar, ya que el diálogo con la institución “ha sido mínimo”.

Las cartas de cesantías se entregaron el 31 de diciembre pasado en horas de la tarde y todavía los despedidos no han recibido la paga por las semanas trabajadas y el pago por vacaciones acumuladas, informó Mejías Ortiz.

La desaparición del Bankers, que se fundó en 1939 y ocupaba el “penthouse” de la sede central de Banco Popular en Hato Rey, representa también la pérdida de uno de los inquilinos con la ubicación más privilegiada del Popular Center. Ocupaban un área de 20,000 pies cuadrados y otra área tipo mezzanie de 3,500 poies cuadrados.

El mercado de alquiler de alto costo en la zona bancaria de Hato Rey, conocida como la Milla de Oro, se ha visto seriamente impactado con la pérdida de arrendadores debido a la crisis económica que enfrenta el País.

La mayor emisión del mes

Por Luisa García Pelatti -El Vocero

El Gobierno secará al mercado, previsiblemente pasado mañana, una emisión de $1,400 millones de la Corporación para el Financiamiento del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), corporación pública del Gobierno de Puerto Rico.

El dinero obtenido se utilizará para financiar el programa de estímulo criollo y para cuadrar el déficit presupuestario. Los fondos también se utilizarán para pagar un préstamo de $500 millones de First Bank.

La fuente de repago de esta emisión sería una porción de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), que asciende a 7%.

La emisión de Puerto Rico será la más grande en el mercado exento desde que New York Liberty Development Corp. Levantó $2,600 millones para la construcción del World Trade Center la semana del 21 de diciembre.

Las grandes emisiones se han convertido en menos habituales en los mercados desde que el Departamento del Tesoro empezó a subsidiar emisiones para obras públicas bajo el programa “Build America Bond”.

Por eso la emisión de Puerto Rico es inusual, pero los analistas destacan que para los inversionistas puede ser una buena oportunidad a un precio razonable. La emisión será liderada por Citigroup, Inc.

Moody's Investors Service (Moody’s) y Fitch Ratings clasificaron la emisión A2 y A, respectivamente. Standard & Poor’s (S&P) le asignó una clasificación de A+.

Esta es la segunda emisión de COFINA, después de que en el pasado mes de junio, el Gobierno vendiera una emisión de $4,100 millones.

Según el Gobierno, los recaudos del IVU podría ascender a $1,210 millones en el año fiscal 2010, una cifra que está por debajo de la del año anterior. Sin embargo, Horacio Aldrete, analista de S&P, recalca que la caída de los recaudos del IVU en Puerto Rico es menor que la que se ha registrado en Estados Unidos.

Bloomberg destacó ayer, al hablar de la emisión, que cuando se compara con Estados Unidos, Puerto Rico tiene un alto nivel de endeudamiento, sólo superado por estados como California y Nueva York.

El gobierno tiene una deuda de $35,200 millones, lo que la coloca por detrás de la deuda de Nueva York, $56,900 millones, y California, $66,400 millones, según datos de Moody’s.

Comunidad

Lleno de optimismo Miranda Marín

Por CyberNews - El Vocero

SAN JUAN– El alcalde de Caguas, William Miranda Marín, se mostró optimista en torno a su estado de salud e indicó que con el fortalecimiento de su sistema inmunológico, el tratamiento de la medicina convencional y una buena dosis de fe, está confiado en lograr la remisión del cáncer que le aqueja.

“Estoy convencido de que Dios está poniendo su mano fuertemente aquí, porque he podido batallar con la dureza de esta enfermedad sin el deterioro que usualmente se ve en pacientes con esta enfermedad”, dijo Miranda Marín en una conferencia de prensa tras presidir una reunión de la Asociación de Alcaldes, de la cual es presidente.

El Primer Ejecutivo cagueño dejó entrever que la medicina alternativa le ha ayudado a mantener su sistema inmunológico fuerte para asimilar mejor el tratamiento de quimioterapia que recibe para combatir el cáncer de páncreas.

“No abandono la medicina tradicional. La quimio me la doy cada dos semanas y obviamente tiene sus efectos, pero lo que hago con respecto a mi sistema inmunológico con dietas y eso, obviamente me prepara mejor para resistir los embates de los efectos secundarios de la quimio”, añadió.

Señaló además que no tiene que viajar a los Estados Unidos a recibir el tratamiento, dado que sus médicos han establecido un acuerdo que le permite tomar las quimioterapias en el Hospital Auxilio Mutuo.

Finalmente, Miranda Marín enfatizó que se siente “muy optimista de poder lograr un proceso de remisión”.

En términos médicos, la remisión se define como la desaparición total o parcial de los signos y síntomas de una enfermedad, bien sea a través de medicamentos o se puede dar de manera espontánea.

Miranda Marín fue diagnosticado con cáncer de páncreas, razón por la cual rechazó correr para un nuevo término como alcalde de Caguas y prepara el terreno para que el alcalde de Comerío, José A. Santiago lo sustituya como presidente de la Asociación de Alcaldes.

Miranda Marín: asegura que aún no decide sobre su futuro político después de Caguas

Leysa Caro González / Primera Hora

Willie Miranda Marín, aún no ha determinado cuál será su futuro político una vez culmine su mandato frente a la poltrona municipal de Caguas, en el 2013.

Por ahora, dijo, está enfocado en vencer su condición de cáncer de páncreas, lo que lo ha alejado de tomar determinaciones referente a su futuro en el servicio público. "En cuánto a qué yo voy a hacer con mi vida en términos de mi participación pública, pues como he dicho, ahora estoy enfocado en mi salud. Una vez se resuelva el asunto de salud, que es un asunto serio, pues decidiré qué hacer o me retiro totalmente o decido hacer otra cosa, pero ahora no quiero tocar otros temas", indicó en conferencia de prensa.

Lo que sí está decidido es que no correrá para la re-elección por la alcaldía de Caguas, aunque sí velará porque los futuros candidatos cumplan con los requisitos para continuar la obra de futuro que ha comenzado. Igualmente, abandonará la dirección de la Asociación de Alcaldes, puesto que espera recaiga en el actual vice-presidente, el alcalde de Comerío, José A. Santiago. "La ciudad tiene un alcalde hasta enero 13 de 2013 y yo pretendo cumplir con esa responsabilidad con toda pasión, pero todos los que quieren aspirar tiene que demostrar que tienen sus kilates", sostuvo.

Miranda Marín prefiere no opinar

Por Maricarmen Rivera Sánchez - EL VOCERO

Por todas las vías posibles, el alcalde de Caguas William Miranda Marín intentó ayer no tener que opinar sobre la decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) para que el norte de la colectividad sea el Estado Libre Asociado (ELA). Finalmente, Miranda Marín rechazó respaldar abiertamente la postura de la cúpula popular.

Catalogó el tema como uno "divisorio" y urgió enfocarse en vez "en otros temas, los asuntos del país, los asuntos de gobernabilidad y no seguir añadiendo a un asunto que no va a resolver un solo asunto de los grandes problemas que tiene el país en este momento".

"Yo no quiero tocar esa resolución. El mundo ha cambiado, es un mundo nuevo donde los puertorriqueños tenemos que contar con más opciones. Si miramos fríamente lo que ha pasado desde el cincuenta, nos damos cuenta que Puerto Rico ha perdido las herramientas para su desarrollo económico", dijo.

"¿Respalda la resolución?", se le preguntó.

"Yo cerré mi entendimiento a esa resolución. En otro foro, quizá yo hago un comentario, pero ahora no", dijo el Alcalde.

Miranda Marín hizo las expresiones durante una reunión de la Asociación de Alcaldes, entidad que preside. Según dijo, el asunto no fue materia de discusión en la reunión de ayer. Sin embargo, Miranda Marín fue el único que rechazó opinar abiertamente sobre la decisión de la Junta.

Negó sentirse excluido, pero mencionó otros asuntos que han provocado "división" en la colectividad.

"Esa misma discusión se dio en el verano pasado y se unieron esfuerzos y ahora va a pasar lo mismo. Esto se va a superar y de cara a las elecciones iremos con una posición de consenso", sentenció.

Miranda Marín también rechazó la propuesta de celebrar un plebiscito criollo. En la resolución aprobada la semana pasada, la Junta del PPD expresó disponibilidad para participar "de cualquier evento electoral sobre el tema de status político".

"Si hay un plebiscito, yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Cuántos plebiscitos hemos tenido? Eso cuesta. Yo creo que sería un error involucrarnos en un plebiscito", dijo Miranda Marín. "Yo personalmente creo que es un error, una pérdida de tiempo. Por eso el partido respalda la Asamblea Constitucional de status".

Miranda Marín dijo ayer que dejará la presidencia de la Asociación en manos del alcalde de Comerío, José A. Santiago, por razones de salud.

Otros alcaldes expresaron abierto respaldo a la resolución de la Junta. El de Dorado, Carlos López, fue más allá al indicar que si algún popular quiere respaldar la república asociada, puede crear otra colectividad.

"No es que se vayan, pero cuando no te sientes cómodo, decides o te mantienes en una filosofía o creas otro partido", dijo López. "El que crea en la libre asociación tiene mi respeto, pero el Partido Popular determinó que nuestro camino es el ELA".

El vicepresidente del PPD, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri dijo por su parte que la resolución no excluye ningún popular, aún cuando hay grupos que han manifestado sentirse excluidos.

"No creo que ningún compañero se deba sentir excluido por un término como la república asociada, que no existe", dijo Delgado Altieri. "En la medida que esta discusión se ha dado pública, yo creo que vamos a ir aclarando dentro del seno del partido las posibles diferencias que puedan existir sobre esa resolución".

Otros alcaldes en la reunión de ayer, como el de Coamo, Juan Carlos García Padilla y el de Juncos, Alfredo Alejandro, favorecieron abiertamente la resolución de la Junta popular.

Hoteleros se reunirán hoy con Rodríguez-Ema para pedir que no legalicen máquinas tragamonedas

Inter News Service – Primera Hora

Representantes de hoteles que operan casinos en Puerto Rico se reunirán hoy, martes, con el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez-Ema, de quien esperan que descarte el proyecto de Ley para legalizar las tragamonedas instaladas en diversos negocios.

Esas máquinas provocan pérdidas por $11.4 millones a los hoteles, según cifras que manejan los hoteles.

Según fuentes de la industria hotelera, Rodríguez-Ema se reunirá hoy en La Fortaleza con los representantes José Chico y Antonio "Toñito" Silva, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, para analizar el proyecto que busca legalizar las tragamonedas, que fue presentado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

"Rodríguez-Ema debe paralizar el referido proyecto, del mismo modo en que lo hizo durante la pasada Sesión Legislativa, según ha dicho el propio representante Chico. Legalizar las tragamonedas ilegales sería como otorgarle un indulto contributivo a los que han estado operando éstas máquinas sin pagar las licencias y los impuestos que le corresponden, tal y como hemos venido pagando los hoteleros", denunció a Inter News Service uno de los hoteleros.

Reiteró que de aprobarse la medida, el Gobierno, la Legislatura y Hacienda, estarían premiando precisamente a los que han provocado las pérdidas millonarias a la industria hotelera en años.

Tanto los hoteleros como la Compañía de Turismo se han opuesto a a la aprobación de esa legalización.

"En lugar del indulto contributivo Hacienda debería continuar con sus operativos para sacar de circulación las máquinas tragamonedas ilegales e iniciar una investigación fiscal de los propietarios de las mismas, del mismo modo que lo hacen con ciudadanos particulares, para determinar el monto de su evasión contributiva y exigirles el pago de lo adeudado. De este modo, se estaría haciendo justicia con el resto del pueblo, corporaciones y entidades que pagamos nuestra responsabilidad contributiva", manifestó la fuente vinculada a la industria hotelera.

La medida que se discutirá hoy en La Fortaleza busca sustituir las tragamonedas con un sistema similar al rechazado por el Senado y su presidente Thomas Rivera Schatz.

El representante Silva ha señalado que la legalización de las tragamonedas tiene como propósito lograr ingresos adicionales.

Tragedia toca a la Cámara

Por Raúl Camilo Torres - EL VOCERO

La División de Homicidios del CIC de San Juan informó del suicidio de la recepcionista de la presidencia de la Cámara de Representantes, identificada como Linda M. Ruitort Lugo, de 46 años, quien se ahorcó en su residencia, en la urbanización College Park en Río Piedras.

Del informe policiaco se desprende que Ruitort Lugo padecía de depresión y había manifestado en días recientes sus intenciones de suicidarse. Durante el día domingo, su hermana Brenda Ruitort Lugo intentó comunicarse infructuosamente con la mujer en reiteradas ocasiones.

Ayer a la 1:30 de la tarde y luego de las múltiples llamadas, decidió llegar hasta la residencia en compañía de un amigo de la familia y al entrar, halló el cadáver colgando.

En la escena, la Policía encontró medicamentos utilizados para tratar la depresión.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jenniffer A. González Colón, emitió un comunicado de prensa donde expresaba su pesar por la trágica muerte de Linda Ruitort Lugo.

Este suicidio es el cuarto ocurrido desde el viernes pasado, los que suman 22 en lo que va del 2010.

Desea educar a autoridades estatales sobre crímenes de odio

Por Maricarmen Rivera Sánchez - EL VOCERO

La activista de los derechos gay, Cecilia La Luz dijo que espera que esta comunidad pueda también educar a las autoridades estatales sobre cómo atender los crímenes de odio que se cometen en el País.

“Esperamos desarrollar un plan integrado donde también las comunidades gays, lésbicas, transexuales y transgéneros participen de la educación que se le brindará a las autoridades locales. El paso de la fiscalía federal es sólo el comienzo”, dijo La Luz en un comunicado de prensa.

La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez designó recientemente a la fiscal Idalia Mestey Borges como coordinadora de la División de Crímenes de Odio de esa oficina.

Esta división procesará estos crímenes, coordinará esfuerzos con las agencias de aquí y vigilará los fondos federales asignados para trabajar estos casos.

A raíz del asesinato del joven homosexual Jorge Steven López despertó la indignación en sectores que defienden los derechos humanos porque sacó a relucir la falta de protocolos para atender los crímenes de odio.

La Luz, que preside las organizaciones Saliendo del Clóset y Unidos por la Igualdad, le dio la bienvenida al nuevo enfoque de la fiscalía federal con estos casos y recordó que muchos crímenes de odio no se procesan como tal en parte por el desconocimiento de las autoridades.

“(Es) debido al desconocimiento y falta de educación por parte de las autoridades policiales y de justicia, además de la homofobia institucionalizada en estas entidades gubernamentales”, señaló La Luz.“(El caso de Jorge Steven) es uno de muchos y, contrario a éste, en otros no se ha hecho nada ni nadie lo atiende”.

Anuncio de $80 podría ser visto por más de 100 millones de televidentes

Por Stephanie Gómez Álvarez - Vocero.com

Un boricua que tan sólo invirtió $80 en la creación de un comercial, tiene la posibilidad de que el mismo sea transmitido en el evento más importante de el futból americano y la industria publicitaria, el Súper Tazón.

El anuncio creado por Joelle De Jesús, residente de Los Ángeles California, compite con otros cinco finalistas en el concurso de Doritos “Crash the Super Bowl” para que su comercial sea transmitido en las pausas comerciales del evento más visto anualmente en Estados Unidos, con sobre 100 millones de televidentes.

El hombre de 37 años escribió, filmó, y produjo el comercial que trata de la primera cita de un caballero en la casa de la chica, pero con un giro interesante.

"Utilice un concepto que la gente se pudiera relacionar en algún punto de su vida, pero con un toque de comedia", dijo De Jesús acerca el anuncio que ya alcanzó a ganarle a otros 4,000 que sometieron al concurso.

Todos los seis finalistas del concurso obtuvieron un premio de $25,000 y un viaje a presenciar el juego en vivo en Miami —donde los finalistas conocerán su suerte—, pero el mayor galardón será la oportunidad de que su anuncio sea uno de los tres que se transmita el 4 de febrero.

Treinta segundos de cada anuncio que se transmitan este año mientras salga al aire el Súper Tazón, tiene un costo de $2.5 a 2.8 millones. De hecho, una encuesta realizada por The Nielson Company, revela que 51 por ciento de las personas que sintonizan el tan esperado evento deportivo, lo hacen para ver los comerciales.

El anuncio del único puertorriqueño compitiendo, titulado “House Rules”, necesita obtener los votos suficientes para salir ganador y ser transmitido.

“Quisiera decirle a toda mi gente en la Isla que voten por mi comercial, ya que es uno de los mejores y soy el único representando a Puerto Rico en este concurso”, exhortó De Jesús vía telefónica.

Votar es fácil. Sólo tiene que acceder a www.crashthesuperbowl.com y votar por el anuncio de De Jesús. Para ello, tendrá que registrarse y podrá votar diariamente hasta el 31 de enero.

De Jesús explicó a VOCERO.COM que de ganar la competencia, será uno de sus mayores logros y más aún cuando se enterará en Miami, donde residen tantos latinos.

Si el comercial “House Rules” sale al aire competirá con todos los anuncios del Súper Tazón para un premio de hasta $2 millones de dólares.

Corrupción

Justicia no confirma investigación

Por Jackeline Del Toro Cordero - El Vocero

Aunque admitió haber recibido la carta de referido de parte del Fiscal Especial Independiente (FEI) Ernie Cabán, el Departamento de Justicia (DJ) se resistió a negar o confirmar si realizará una investigación sobre el ex senador Carlos Díaz, el relacionista público Alberto Goachet y varios ex presidentes de la Asociación de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

Entre los ex presidentes del organismo se encuentra Betsy Barbosa, quien figura como testigo del FEI en el caso contra el ex legislador, aunque no necesariamente en el caso que pudiera radicar Justicia.

La portavoz de Justicia, Damaris Bonilla, dijo que “no podemos confirmar ni negar”, aunque sí confirmó que el pasado día 19 de enero recibieron la carta. Pero aun no estaba en manos del secretario interino, Guillermo Somoza.

Cabán dijo a EL VOCERO que el referido surgió de una investigación sobre el caso del ex senador Jorge de Castro Font, que a la vez había sido referido al panel de jueces del FEI por el DJ. De la investigación realizada por el FEI a raíz de la recomendación, surgió evidencia que dio motivos fundados para remitir a Justicia la investigación. Le corresponde a Justicia ya que se trata de ciudadanos privados, explicó

Contra De Castro fueron sometidas 182 denuncias, y este viernes se llevará a cabo la vista preliminar, en el Tribunal de Justicia de San Juan. A este se le imputa soborno, extorsión y lavado de dinero.

En este caso, el FEI sometió declaraciones juradas de diez testigos que implican a De Castro Font en los cargos radicados en su contra: 60 cargos por soborno, 21 cargos por violaciones a la Ley de Crimen Organizado y Lavado de Dinero, 21 cargos de extorsión, 64 por violación a la Ley de Ética Gubernamental, cuatro por perjurio y 21 por violar la Ley Electoral. Hay, además, cargos por extorsión, recibo ilegal de contribuciones, radicación de informes falsos y dejar de recibir informes, entre otras.

"Están pisando terreno blandito"

Por Jackeline Del Toro Cordero - EL VOCERO

A apenas una hora de haberse enterado -a través de su progenitora- sobre el referido del Fiscal Especial Independiente (FEI) al Departamento de Justicia (DJ), el ex senador Carlos Díaz advirtió ayer a Justicia que "está pisando en terreno blandito, al menos conmigo", y confesó sentirse sorprendido, molesto e indignado.

A Díaz se le vincula con el caso del ex legislador Jorge de Castro Font, contra quien pesan 182 acusaciones por soborno, extorsión y lavado de dinero mientras fungía como portavoz de la mayoría novoprogresista en el Senado, el cuatrienio pasado. Se le imputa facilitar, y en otras situaciones, obstruir el paso de proyectos de ley a cambio de dinero y favores. Sin embargo, Díaz aseguró no haber sido parte de esquema o acción ilegal alguna.

El FEI, Ernie Cabán, fue quien hizo el referido a Justicia la semana pasada. Díaz lo acusó de haber realizado un 'media tour' o gira a través de los medios de comunicación para dar la noticia. Le advirtió "que tenga cuidado el FEI y Justicia, porque aquí se me está violando mi derecho constitucional de presunción de inocencia. Con este 'media tour', con el comunicado de prensa que haya salido del FEI, ya se está implicando que soy culpable y me caería el peso de la prueba para probar que soy inocente".

Díaz lamentó haberse enterado a través de su progenitora, quien tiene 68 años, es operada del corazón y calificó su reacción de "histérica, a punto de un infarto". Ella lo supo a través de los medios de comunicación, explicó su hijo. Este reclamó que "no se me preguntó ni se verificó conmigo. No he sido notificado de ninguna manera". Además, lo habían llamado varios clientes y manifestó la preocupación de que pudiera perderlo "todo". Éste es ingeniero industrial. "Me sorprende mucho el proceso. Estoy molesto e indignado. Creo que han sido afectados mi nombre, mi dignidad y mi honorabilidad", subrayó.

Sobre otra de las personas mencionadas en el referido a Justicia, el publicista y ex secretario de Prensa del ex gobernador Pedro Rosselló, Alberto Goachet, dijo que lo conoce porque fue asesor en la Legislatura y "con él se trabajaron varias estrategias" mientras enfrentaban la división en la delegación penepé del Senado.

El referido también menciona a varios ex directores ejecutivos de la Asociación de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), quienes pudieron haber estado relacionados al esquema de soborno en el que supuestamente estuvo implicado De Castro Font. Díaz mencionó que sólo conoce a la ex directora ejecutiva, Betsy Barbosa, quien fue colaboradora de sus campañas. Defendió los donativos, de los que dijo estaban en ley, fueron mediante cheques y que él nunca estuvo relacionado directamente a las actividades de recaudación. Barbosa es testigo del FEI en el caso estatal contra De Castro Font.

Por su parte, aunque admitió haber recibido la carta de referido de Cabán, el DJ se resistió a negar o confirmar si llevará a cabo una investigación sobre las personas referidas: el ex senador Carlos Díaz, el relacionista público Alberto Goachet y varios ex presidentes de la ACODESE. La portavoz de Justicia, Damaris Bonilla, dijo que "no podemos confirmar ni negar", aunque sí confirmó que el pasado día 19 de enero recibieron la carta. Pero aún no estaba en manos del secretario interino, Guillermo Somoza.

Mientras tanto, Cabán dijo a EL VOCERO que el referido surgió de una investigación sobre el caso del ex senador Jorge de Castro Font, que a la vez había sido referido al panel de jueces del FEI por el DJ. De la investigación realizada por el FEI a raíz de la recomendación, surgió evidencia que dio motivos fundados para remitir a Justicia la pesquisa. "Le corresponde a Justicia ya que se trata de ciudadanos privados", explicó.

Este viernes se llevará a cabo la vista preliminar contra De Castro, en el Tribunal de Justicia de San Juan. En este caso, el FEI sometió declaraciones juradas de 10 testigos que implican a De Castro Font en los cargos radicados en su contra: 60 cargos por soborno, 21 cargos por violaciones a la Ley de Crimen Organizado y Lavado de Dinero, 21 cargos de extorsión, 64 por violación a la Ley de Ética Gubernamental, cuatro por perjurio y 21 por violar la Ley Electoral. Hay, además, cargos por extorsión, recibo ilegal de contribuciones, radicación de informes falsos y dejar de recibir informes, entre otras.

La 'caja de pandora' se abrió cuando De Castro Font fue investigado y acusado a nivel federal. De ahí surgieron los nombres de Díaz y el entonces presidente del Senado, Kenneth McClintock. A finales de agosto del pasado año, EL VOCERO informó en primicia que Díaz era investigado por alegadamente aceptar dinero por parte de empresarios por sus gestiones legislativas. La pesquisa contra Díaz se inició a consecuencia de la cooperación del convicto ex senador de Castro Font, quien coopera con el gobierno federal en varias investigaciones de corrupción pública.

Según las fuentes de EL VOCERO, Díaz presuntamente recibió dinero a cambio de interferir con la aprobación del proyecto de ley para establecer el Corredor Ecológico del Noreste. Díaz, junto a De Castro Font y al actual secretario del Departamento de Estado, Kenneth McClintock, objetaron férreamente la aprobación del referido proyecto de ley. La medida tenía el propósito de designar el lugar como una reserva natural.

En septiembre del 2009, el ex secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Javier Vélez Arocho, confirmó a EL VOCERO que fue entrevistado en tres ocasiones por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), sobre los constantes acercamientos que le hizo Díaz, los desarrolladores Joel Katz, Cleofe, Alex y Alberto Rubí sobre la evaluación de varios proyectos.

Dalmau pide la destitución del director del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos

Antonio R. Gómez / Primera Hora

El portavoz popular en el Senado, José Luis Dalmau, denunció hoy que el director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH), Aurelio González Cubero, enfrenta serios señalamientos de la Oficina del Contralor por mal uso de fondos federales y solicitó al gobernador Luis Fortuño su remoción y la intervención del Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

Los informes a los que hizo referencia Dalmau corresponden a los años entre el 1999 y 2006, cuando este funcionario era director ejecutivo del Consorcio del Noroeste.

Los informes, que ofreció hoy a la prensa, indican que González Cubero adjudicó millones de dólares para compras de equipos y servicios, sin realizar subastas y sin tomar las precauciones administrativas para evitar cotizaciones falsas. Se fija en $4.0 millones la cifra en compras otorgadas de manera ilegal, según los informes de auditoria.

"Es inaceptable que a un funcionario público que se le hacen señalamientos tan serios, en lugar de responsabilizarlo por su incompetencia en el manejo de fondos públicos, se le premie nombrándolo director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional a cargo de administrar $190 millones de los cuales $144 millones corresponden al programa federal WIA", dijo el senador popular. "Ante los serios señalamientos del Contralor, González Cubero debe ser destituido de inmediato. El pueblo de Puerto Rico necesita funcionarios serios que no le falten a su confianza", indicó.

Al detallar los hallazgos contenidos en los cuatro informes de la Oficina del Contralor señaló que de abril de 1999 a julio de 2001, el Consorcio adjudicó y pagó 19 compras de bienes y servicios por $99,752 a un proveedor y que en la adjudicación del contrato se consideraron 38 cotizaciones falsas.

Durante el mismo periodo se señaló además que el Consorcio efectuó reembolsos ilegales por la suma de $18,682 a un proveedor de servicios por el suministro de materiales de adiestramiento donde hubo conflicto de intereses y se determinó que hubo también nepotismo en la contratación de un funcionario al que se le pagaron $45,000, sin obtener las dispensas requeridas por ley.

La auditoría del Contralor determinó igualmente que se adquirió equipo, se hicieron compras y se contrataron servicios sin la celebración de subastas o sin obtener las cotizaciones requeridas. Los señalamientos incluyen la compra de equipo electrónico por $218,923, otras compras por $282,107 y servicios profesionales por $515,840. Además, hubo gastos innecesarios y extravagantes por la suma de $101,859 que no cumplieron con los fines para los cuales fue creado el Consorcio, incluyendo compra de artículos recordatorios (o promocionales), anuncios para regatas y equipos deportivos, entre otros.

Enfatizó Dalmau que el Contralor concluyó que el Director Ejecutivo no administró eficientemente los recursos del Consorcio y no cumplió con lo establecido en la Ley WIA.

"Estos hallazgos plantean preocupantes señalamientos, que ponen en entredicho la capacidad y competencia administrativa del Sr. González Cubero. Nos cuestionamos la efectividad de este funcionario como Director del Consejo, a la luz de sus desaciertos administrativos señalados por el Contralor, más aún, cuando las cifras de empleo reflejan una seria reducción de 85,600 entre noviembre 2008 y noviembre de 2009, en las personas que están trabajando. Todo parece indicar que los esfuerzos de este funcionario para proveer nuevas estrategias para el fortalecimiento de nuestra fuerza trabajadora han fracasado," enfatizó el Senador.

"Además, ahora podemos entender la concesión por parte del Consejo, de lucrativos contratos a allegados del partido de gobierno, como es el caso del ex-representante y ex-comisionado electoral del PNP, Pedro Figueroa Costa, que cuenta con un jugoso contrato de sobre $10 millones con esta entidad a través de una firma de su propiedad denominada Platinum Advisors. Nos preguntamos cuántos otros allegados del PNP están beneficiándose de lucrativos contratos que les otorga González Cubero.

Se defiende de auditoría el director del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos

Primera Hora -

El director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos, Aurelio González Cubero, restó importancia a las expresiones hechas hoy por el portavoz de la minoría, José Luis Dalmau, e indicó que los hallazgos del Contralor a los que se refiere fueron todos referidos a las autoridades pertinentes para que fueran investigados.

González Cubero enfatizó, en un comunicado de prensa, que los hallazgos realizados por la Oficina del Contralor nunca fueron dirigidos a su persona y que los mismos datan de una década atrás.

"Todos los hallazgos que hace referencia el legislador son hallazgos de hace 10 años y ninguno, repito ninguno, fue en mi contra sino de funcionarios del consorcio el cual dirigí por más de 14 años de forma honrada y exitosa. Todos y cada uno de esos hallazgos fueron contestados e incluso referido a las autoridades para que investiguen a quienes incumplieron con la ley hasta las últimas consecuencias", aseguró González Cubero.

Opinión __________________________

Editoriales

El Nuevo Día

Vía suprema a un plan corruptor

Impedir que se posicionen sobre nuestro sistema electoral los efectos perniciosos de la decisión del Tribunal Supremo federal que ha traído de vuelta la vigencia del Estado electoral corporativo a la política estadounidense, es obligación legal y moral de todos en Puerto Rico.

En la Isla, la reciente decisión del Supremo federal no puede responderse simplemente como algo que es ya “un campo ocupado”, dejándole campo libre al abuso de poder. Nada más recordar el oscurantismo electoral de las décadas de los 1930 y los 1940, cuando aquí el poder económico, agarrotando el político a través del dinero de las grandes corporaciones, decidía de antemano el resultado de cada evento electoral y, en consecuencia, el Gobierno a establecerse.

Recordar esos tiempos tiene que producir un aldabonazo en la conciencia colectiva para evitar el regreso a aquellos años de secuestro de la voluntad del electorado.

Aquella era de abuso de la ignorancia del pueblo, que parecía haber quedado atrás, ha sacado su fea cabeza y ha exhibido sus verrugas más grotescas en los últimos escándalos electorales, algunos de ellos llegando hasta los tribunales, con la revelación del uso de dinero de los grandes inversores políticos a ambos partidos por igual, para influenciar tanto el resultado de las votaciones como las políticas públicas del Gobierno en el que han invertido. Así anulan el propósito supremo de que el Gobierno sea “del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”.

De ahí que en el curso de los pasados meses haya revivido en el País el debate sobre la urgente necesidad de que se revise nuestro estatuto electoral, especialmente en lo relacionado con la financiación de las campañas políticas.

El planteamiento alrededor de la decisión 5 a 4 del Tribunal Supremo federal, dándole carácter de libertad de expresión al uso desmedido e ilimitado del dinero de las corporaciones y otros grupos de poder económico -como la banca- para favorecer candidatos y partidos en los eventos electorales, no descansa en que tales corporaciones sean buenas o malas. Pueden ser, y no estamos valorizándolo en este espacio, todo lo buenas que quiera adjudicárseles.

El asunto es que dentro de su bondad no puede caber el papel de destructor de la democracia mediante la imposición a fuerza de dinero de candidatos a cargos electivos o el amedrentamiento de funcionarios públicos que puedan parecer adversarios de sus intereses particulares.

Oportunamente, la tan trillada frase puertorriqueña “no hay mal que por bien no venga” tiene certera cabida en la coyuntura actual, en que se discuten en la Comisión Estatal de Elecciones, en el seno de los partidos y eventualmente en la Legislatura los cambios sustanciales que requiere nuestra Ley Electoral.

A la cabeza de ese debate debe estar el propósito de fortalecer el principio de una persona, “un voto”, para hacerlo así inexpugnable ante el poder económico.

A esos efectos, debe seguirse la sabia tradición del Tribunal Supremo federal de no intervenir en asuntos electorales de índole puramente local.

La consigna colectiva debe ser una: la compraventa de votos tiene que quedar donde se ubicó en la Isla a mediados del siglo 20, en el bochornoso pasado de nuestra historia electoral.

El Vocero

Fe de errata enhorabuena

Casi una semana después del anuncio gubernamental sobre el establecimiento de un sistema de tarifas fijas para los servicios de agua y electricidad en las unidades de vivienda pública, la administración Fortuño recogió vela para enmendar la polémica política tarifaria.

Tal y como recomendamos desde este espacio editorial, el gobierno de Puerto Rico, a través de las corporaciones públicas pertinentes, anunció reglamentación para evitar el mal uso o abuso del agua y la luz en los residenciales públicos. Ambas corporaciones medirán el consumo en las unidades de vivienda pública para identificar a los clientes que abusen de las tarifas fijas que tienen como tope el pago de $50 mensuales por electricidad y $30 por agua. Así mismo, se informó que habrá una campaña de orientación sobre la importancia de conservar la energía y el agua, cuya meta es evitar que las personas beneficiadas por la Ley 69 utilicen indiscriminadamente ambos servicios, lo que significaría que el resto de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados subsidiemos a las casi 70 mil familias en residenciales públicos.

Desde su anuncio, la llamada Ley Especial de Justicia Tarifaria provocó un intenso debate público por quienes consideraban que la medida sería injusta para el resto de los clientes de ambas corporaciones públicas. El gobierno defendió la medida aduciendo a que se trataba de una iniciativa de justicia social, que en el pasado a las personas de los residenciales públicos se les eliminó el subsidio que recibían para el pago de los servicios básicos, y que con ésta podrían ingresar fondos a las arcas de las corporaciones públicas que estaban imposibilitadas de cobrar por los servicios en estas comunidades.

Desde el momento en que surgió la controversia, reconocimos las buenas intenciones de la medida, pero cuestionamos que no se estableciera ningún tope para ese consumo bajo tarifa fija. Con las nuevas directrices, entendemos que se enmienda el error del anuncio inicial, al tiempo que se promueve la preservación de los recursos que no son ilimitados en nuestra isla. Confiemos en que con estas nuevas salvaguardas se pueda recobrar parte del costo de los servicios brindados a las comunidades de escasos recursos, al tiempo que se continúan los esfuerzos para brindar alivios en ambos renglones al resto de la sociedad puertorriqueña.

Noticias Internacionales_____________________

Fracasa la mayor operación inmobiliaria de la historia de EE UU

Dos firmas ceden a los acreedores 11.227 viviendas en Manhattan al no poder hacer frente a los créditos que pidieron para pagarlas

EL PAÍS / EFE - Madrid

Las firmas dueñas de dos grandes complejos de viviendas en Nueva York han decidido ceder su control a los acreedores y poner así fin a la mayor operación inmobiliaria de Estados Unidos (además de una de las más arriesgadas e impopulares). Según informa la prensa local, Tishman Speyer -propietario también del rascacielos Chrysler y del Rockefeller Center de Nueva York- compró en 2006 junto a BlackRock los complejos residenciales Peter Cooper Village y Stuyvesant Town -icónicas viviendas de clase media-baja en East River- por 5.400 millones de dólares (casi 3.800 millones de euros), hasta entonces propiedad de la aseguradora MetLife.

Aquella operación inmobiliaria fue la más elevada realizada hasta entonces en Estados Unidos, pero con el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria los compradores se han visto incapaces de hacer frente a la devolución del crédito que pidieron para financiarla. Los dos complejos residenciales, que ocupan unas 32 hectáreas de superficie al este de la Primera Avenida de Manhattan (entre las calles 14 y 23), forman el mayor conjunto de apartamentos de la isla, con 11.227 viviendas repartidas en 110 edificios. Sus 20.000 residentes se quedan ahora en el limbo.

De la II Guerra Mundial

Los bloques de ladrillo visto fueron construidos en 1947 para albergar a los veteranos de la II Guerra Mundial y desde entonces han estado habitados en su mayor parte por familias de clase media y trabajadora, aunque las compañías compradoras querían reformar parte de las viviendas para que fueran ocupadas por inquilinos de clase alta. Las empresas compradoras tomaron la decisión de ceder su propiedad a los acreedores después de admitir que no pueden hacer frente a la deuda de 4.400 millones de dólares que contrajeron para financiar la adquisición, explica este lunes en su portada el diario The Wall Street Journal.

El rotativo financiero agrega que Tishman y BlackRock han tratado sin éxito durante meses de reestructurar la deuda, en momentos en que la economía de Nueva York se ha debilitado y han mermado los precios de los alquileres y la demanda de apartamentos de alta calidad. Rob Speyer, uno de los socios de la compra, anunció el jueves a uno de los concejales del Ayuntamiento de Nueva York que no podrán hacer frente al pago de la cuota de 16 millones de dólares (11 millones de euros) de la hipoteca. La cuota vencía el viernes.

Los dueños de los conjuntos residenciales han indicado en un comunicado que recoge The New York Times que trataron de negociar "de buena fe" una reestructuración de la deuda, pero en los últimos días pareció evidente que "la única alternativa viable a la bancarrota sería transferir el control y la operación de la propiedad, de forma ordenada, a los prestatarios y sus representantes".

El problema radicó en que cuando compraron en 2006 las propiedades a MetLife, contaban con poder subir los alquileres tras un proceso de reformas y mejoras. Pero resultó imposible no sólo por la entrada de EE UU en recesión diciembre de 2007, sino porque los alquileres estaban en su mayor parte intervenidos ya que las residencias se levantaron con ayudas fiscales del Estado. A pesar de todo, intentaron subir las rentas, pero un tribunal los condenó a devolver 200 millones que habían cobrado de más a los inquilinos.

La crisis golpea al 'New York Times'

Los inversores reclaman un cambio de estrategia ante los números rojos

SANDRO POZZI – El Pais - Madrid

Kent Martin, un anticuario de Toronto, pagó 4.800 dólares en agosto en una subasta por la histórica mesa de caoba en la que el consejo de The New York Times se reunió durante décadas. La editora del periódico más prestigioso del mundo sacó a subasta otras reliquias del pasado a raíz de su mudanza. El Times se ha trasladado desde el polvoriento edificio de la calle 43 en el que había estado durante 94 años, a la moderna torre de la Octava Avenida diseñada por Renzo Piano y decorada con mobiliario vanguardista. Tras la junta celebrada esta semana, en la nueva mesa del consejo se sentarán representantes de accionistas disidentes que piden un cambio no sólo de mobiliario, sino también de estrategia.

Dos accionistas críticos han entrado en el consejo esta semana

La junta de accionistas de The New York Times Company nombró consejeros este martes a los representantes de dos hedge funds, Harbinger Capital y Firebrand, que se han convertido en los principales accionistas de la compañía, con un 20% del capital. Reclamaron sus puestos de forma hostil, pero, tras la oposición inicial, la empresa decidió allanarles el paso al ampliar de 13 a 15 el número de miembros del consejo en un intento por evitar la guerra abierta. Las familias Ochs-Sulzberger conservan el control gracias a que sus acciones privilegiadas les dan derecho a nombrar nueve consejeros, pero los malos resultados han incrementado la presión para que cambie la estrategia de la compañía.

Los fondos tienen las ideas claras: quieren que la empresa venda la editora del Boston Globe y su participación del 17% en la compañía propietaria de los míticos Medias Rojas de Boston, y que dedique ese dinero a comprar firmas de Internet.

Los gestores de la editora están de acuerdo en aumentar los ingresos online, pero no parecen dispuestos a vender el Globe, entre otras cosas, porque no sería fácil encontrar un comprador que pagase un buen precio en plena crisis de los medios escritos.

Los diarios de Estados Unidos sufrieron en 2007 una caída del 9,4% en los ingresos por publicidad impresa, el mayor retroceso desde que el sector empezara a elaborar sus estadísticas hace 57 años. La crisis económica refuerza los efectos del cambio secular en el negocio por la competencia de Internet.

The New York Times no ha escapado a esa crisis y está pasando por serios apuros para hacer cuadrar sus cuentas. Cerró el primer trimestre con pérdidas de 335.000 dólares (unos 210.000 euros) por una caída del 9,2% en la publicidad. Un año antes ganó 23,9 millones.

El Times está sometido a la misma presión que sienten otras dinastías de la industria periodística en EE UU, como el Grupo Tribune y Media General, que ven cómo la inversión en publicidad y los hábitos de los lectores se dirigen cada vez más hacia los medios electrónicos, especialmente en los anuncios clasificados. Este año, además, hay un parón en la publicidad inmobiliaria, del automóvil y las ofertas de empleo.

Esta combinación de factores provocó que los ingresos globales de la editora del Times cayeran un 4,8% entre enero y marzo, hasta los 747,9 millones de dólares (cerca de 470 millones de euros), con un desplome del 22,6% en los anuncios clasificados. "Es un momento complicado para la industria", explicó su presidenta ejecutiva, Janet Robinson. Lo único positivo es que los ingresos por circulación subieron un 1,9% por un aumento de las suscripciones y del precio en los quioscos. También puso su granito de arena el alquiler de cinco plantas de su nuevo rascacielos. El negocio electrónico representa un 11,1% de los ingresos del grupo, frente al 9,5% de hace un año.

Los analistas creen que será complicado que el dinero que fluye hacia Internet vuelva al papel cuando la economía repunte. Y recuerdan lo sucedido en la recesión de 2001. Los anuncios clasificados cayeron un tercio, desde los 5.700 millones un año antes. Nunca más recuperaron ese nivel y cayeron a 3.800 millones en 2007, según la Newspaper Association of America. Con la estructura actual, las divisiones electrónicas no serán capaces de compensar lo que se pierde en el papel por lo menos hasta 2012.

Mientras muchos medios rivales recurrían a las regulaciones masivas de empleo para reducir costes, el Times se distanció lo que pudo de esa senda. Hasta febrero, cuando comunicó a sus empleados un programa de bajas voluntarias para eliminar un centenar de puestos de los 1.332 que integran su redacción central y reestructurar los departamentos.

La propuesta no logró el objetivo, por lo que se verá forzada a proceder a un número limitado de despidos. En una comunicación interna, la dirección informó de que se han hecho todos los esfuerzos necesarios para evitar este extremo. "Los despidos se han convertido en algo muy común en nuestra industria", reza la misiva, en lo que dice que será la primera vez que la redacción tendrá que afrontar "la cruda realidad" para seguir haciendo un periódico de calidad.

Esta semana se llegó a ver al magnate neoyorquino Michael Bloomberg como la solución a todos los males. El alcalde de Nueva York, fundador de la agencia de noticias que lleva su nombre, sería un buen protector de la compañía frente al acoso de los nuevos inversores. Pero Bloomberg, que posee una fortuna de 11.600 millones de dólares, dejó claro que no tiene intención de invertir en medios impresos.

El martes, al tiempo que los nuevos inversores entraban en el consejo, Moody's rebajaba la calificación de la deuda de la empresa hasta dejarla sólo un peldaño por encima de los bonos basura. El grupo, que ganó 208 millones de dólares en 2007, ha perdido la mitad de su valor en Bolsa en poco más de tres años, hasta dejarlo en unos 2.900 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros).

El grupo editor de The New York Times, su cabecera de referencia, posee, además del Boston Globe, el International Herald Tribune, el Worcester Telegram y 15 diarios locales. También controla el portal About.com.

Si la estrategia de desprenderse de activos triunfa, el Times deberá tener más cuidado. Tishman Speyer Properties ganó 350 millones al comprar y revender la vieja sede del periódico. Y el anticuario de Toronto, tras un buen pulido y una capa de cera, ha multiplicado el precio de la vieja mesa de caoba.

El edificio Chrysler pasa a manos de un fondo de Emiratos Árabes

El Abu Dabi Investment lo compro por 511 millones de euros

ELPAÍS.com / FP

Uno de los rascacielos más célebres y reconocibles del sky-line de Nueva York, el edificio Chrysler, tiene nuevo dueño. Por 800 millones de dólares (511 millones de euros) lo ha adquirido un fondo de los Emiratos Árabes, el Abu Dhabi Investment Council, han informado fuentes próximas a la negociación.

Esta torre mide 319 metros y está en el lado este de Manhattan. El edificio, en cuya construcción, en 1929, no murió ningún obrero, era hasta hoy copropiedad de los fondos Real Estate y el fondo Tishman Speyer. El edificio, cuya característica más destacada es su aguja de acero, fue diseñado por William van Alen, el contratista William H. Reynolds y posteriormente se vendió a Walter P. Chrysler como sede para su compañía.

El Chrysler fue brevemente el edificio más alto del mundo, ya que apenas un año después de ser erigido perdió su rango en 1931 ante el Empire State. Su estilo es Art Deco y sus ornamentos imitan a los tapacubos que usaban entonces los automóviles Chrysler.

Esta transacción es la segunda operación inmobiliaria de importancia protagonizada en Nueva York en las últimas semanas por un fondo soberano árabe, después de que otro fondo de Dubai comprara junto a Goldman Sachs el edificio de General Motors.