Comisión de Comunicación Social y Propaganda,  MINH

Monitoreo de prensa

lunes, 8 de febrero de 2010

Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves

Mayagüez 2010-

Reclaman presencia de Cuba en Mayagüez en carta al Presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico

En la ceremonia de entrega de carta al Comité Olímpico, desde la izquierda,  David Bernier Presidente del Comité Olímpico, Milagros Rivera, Presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, José Morales, Expresidente de la Federación Puertorriqueña de Natación y Tuto Marchand, líder puertorriqueño e internacional del baloncesto. Foto de Víctor Birriel

A continuación, la carta que se entregó  al Comité Olímpìco de Puerto Rico, publicada por Cubadebate

Cubadebate  6 de febrero 2010

Dr. David Bernier

Presidente

Comité Olímpico Puertorriqueño

San Juan, Puerto Rico

Estimado señor Bernier:

En mayo de 2004 se le otorgó a la ciudad de Mayagüez la sede de los vigésimo primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. A partir de esa fecha nuestro Comité Olímpico Nacional comenzó los preparativos para recibir en nuestra patria en el verano del 2010 la representación deportiva de las 32 naciones que conforman la comunidad centroamericana y caribeña.

La ciudad sede, las federaciones, los entrenadores, los atletas y el pueblo deportista en general se han sumado con entusiasmo a la organización y respaldo a los Juegos demostrando una vez más la importancia de nuestra realidad caribeña y latinoamericana y el entusiasta apoyo a nuestra soberanía deportiva.

En ocasiones esa autonomía deportiva se ha visto limitada. Mayagüez 2010 no ha sido la excepción. En esta ocasión el éxito de la celebración de los Juegos se ve amenazado por la incertidumbre sobre la participación de Cuba, producto de la política hostil y de bloqueo contra ese hermano país, del gobierno de Estados Unidos desde 1962. Cuba reclama trato igual y digno para sus atletas y personal de apoyo. Esta es una petición justa y razonable. Más bien es un reclamo unánime de todas las delegaciones deportivas en cualquier evento. Sabemos que el Comité Olímpico bajo su dirección ha hecho múltiples gestiones para viabilizar la participación de Cuba.

El pasado 28 de enero un grupo de organizaciones y personas dimos a conocer públicamente la Red de Apoyo a Cuba para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010. Entre los objetivos principales de la Red están apoyar las gestiones del Comité Olímpico para lograr que Cuba participe en los Juegos y que a su delegación no se le someta a presiones indebidas ni a humillaciones que atenten contra la dignidad de cualquier ser humano, fortalecer la comunicación directa entre Cuba y Puerto Rico y dar apoyo a la delegación cubana en Mayagüez 2010.

Hoy llegamos aquí, a la Casa Olímpica del Pueblo de Puerto Rico, a demostrar nuestra solidaridad con el Comité Olímpico PR. Nos ponemos a su disposición para el éxito de los Juegos. Somos de diferentes organizaciones y preferencias políticas pero entendemos que el primer triunfo de nuestro pueblo en esta jornada será lograr la digna participación de Cuba.

Por años hemos mantenido en alto la bandera de la dignidad, hospitalidad y la soberanía deportiva y Mayagüez 2010 no será la excepción. Reclamamos que Cuba y el resto de los países de la Región participen de esta gran fiesta deportiva en igualdad de condiciones. Nos preparamos para darles la bienvenida a todos los atletas y visitantes de Centroamérica y el Caribe.

Solicitamos al gobierno de Puerto Rico que se una a las gestiones del Comité Olímpico y exija respeto para Puerto Rico y todas las delegaciones que asistirán a los juegos. Es momento de demostrarle al pueblo, y en particular a los atletas, tanto puertorriqueños como del resto de la Región, que Puerto Rico se merecía la sede de este evento, así como cualquier otra en el futuro.

Reconocemos y respaldamos todas las gestiones que en apoyo a la participación de Cuba ha hecho nuestro Comité Olímpico Nacional. No esperamos menos. Así históricamente se han comportado los genuinos deportistas que en momentos como estos han sabido poner por delante nuestro interés por el deporte sobre cualquier otro interés particular.

• • • • • Respetuosamente,

• • • • • José Morales Ríos,

• • • • • Milagros Rivera,

Portavoces de la Red

José  A. Morales, Expresidente de la Federación Puertorriqueña de Natación

Milagros Rivera, Presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico

Organizaciones y sectores en Apoyo a la Red hasta el presente:

Artistas, intelectuales y deportistas

Brigada Juan Rius Rivera

Casa Las Américas – Capítulo de Puerto Rico

Colectivo de Resistencia

Comité Amigos de Cuba del Oeste

Comité  Ciudadano en Defensa de los Juegos Mayagüez 2010

Comité  de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico

Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico

Frente Socialista

FUPI

Juventud 23 de septiembre

La Nueva Escuela

Movimiento al Socialismo (MAS)

Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH)

Partido Nacionalista de Puerto Rico

Refundación Comunista).

COPUR y organizadores de Mayagüez 2010 ofrecen costear la transportación de Cuba

Anne-Marie García / Prensa Asociada

La Habana.- El Comité Olímpico de Puerto Rico y los organizadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe le ofrecieron a Cuba transportar a la delegación de ese país en un avión especial hasta Mayagüez para resolver uno de los puntos difíciles para la participación de la isla a la cita regional.

"Le hemos sugerido a Cuba la alternativa que usó cuando el primer Clásico Mundial de Béisbol (2006), que es contratar aviones de otro país para llegar a Puerto Rico y como en el Clásico los organizadores asumen los gastos", afirmó Israel Roldán, vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico.

Los juegos regionales se realizarán entre el 17 de julio al 1 de agosto en la ciudad puertorriqueña de Mayagüez, pero Cuba todavía no confirmó su asistencia.

"Nosotros estamos buscando que todos los países tengan los mismos procedimientos y gastos, no es justo que Cuba teniendo sus aviones tenga que contratar otros", explicó Roldán a la AP hoy, domingo, en el aeropuerto de La Habana poco antes de regresar a su país.

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado de Estados Unidos y las autoridades estadounidenses son las que controlan las aduanas y conceden visados para entrar a suelo boricua. Además, el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba desde la década de 1960, endurecido por la ley Helms-Burton firmada en 1996, prohibe los negocios con la isla y dificulta el traslado aéreo directo desde la mayor de las Antillas hasta Puerto Rico.

Para participar en los Juegos, Cuba pidió recibir "un tratamiento igual" al de los demás países, como visas para todos sin exclusiones, seguridad durante la estadía y no someter a la delegación cubana a controles adicionales de seguridad después que Washington consideró a Cuba como una de las naciones patrocinadoras del terrorismo.

Durante su estancia de tres días en La Habana, Roldán se reunió con José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico cubano, y con Joaquín Monserrate, jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

"Las autoridades estadounidenses mostraron su deseo de viabilizar de que Cuba participe en los Juegos y los cubanos mostraron deseo de competir en Puerto Rico", aseguró Roldán.

Cuba participó en Puerto Rico a los Centroamericanos de 1966 y 1993, al igual que en el Clásico Mundial de Béisbol de 2006. Por motivos de seguridad, Cuba no asistió a los Centroamericanos de San Salvador en el 2002

Noticias Nacionales________________

Salud

Dalmau: perjudicial forma improvisada en que se maneja sistema salud

Por CyberNews  - El Vocero

SAN JUAN- El Portavoz de la Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, José L. Dalmau, catalogó el domingo como perjudicial para el bienestar del pueblo la forma improvisada con la cual el gobierno de Luis Fortuño atiende los asuntos relacionados con la salud.

“En días recientes hemos visto a un Secretario de Salud que defiende la sindicatura en a cuál se ha puesto la agencia que dirige debido a la insuficiencia de fondos para cubrir sus gastos de funcionamiento, incluyendo el pago de nómina. Esta situación surge claramente de la forma improvisada en que se trabajó el presupuesto del gobierno para el año fiscal vigente, en el cuál la mayoría de las agencias fueron objeto de recortes significativos en sus asignaciones operacionales.

En el caso del Departamento de Salud hubo una reducción presupuestaria de $35.4 millones comparada con el año anterior y, peor aún, un 24 % de sus gastos operacionales, o sea $205 millones, se están sufragando con recursos no recurrentes de la Ley Federal de Estímulos Económicos y de préstamos del Fondo de Estabilización”, precisó el legislador popular, en un comunicado de prensa.

Dalmau recordó que la Delegación del PPD en el Senado había alertado a la mayoría parlamentaria sobre las reducciones en los presupuestos de las agencias y de las consecuencias adversas que esto iba a causar en las operaciones gubernamentales. “Hemos visto las consecuencias de esta improvisación presupuestaria en las serias deficiencias que actualmente padece el sistema de educación pública, en la reducción de personal que ha impedido a la Policía a desempeñar eficazmente con su responsabilidad de proveer seguridad al pueblo y ahora lo vemos con un sistema de salud que está al borde del colapso”, puntualizó.

El portavoz popular enfatizó que resulta lamentable que la minoría parlamentaria le haya dado alternativas a la administración gubernamental para atender de forma eficaz múltiples asuntos en bienestar de los puertorriqueños, que sean ignoradas, como lo es el Plan Integral de Salud que proponemos mediante el Proyecto del Senado 404. Añadió que “al amparo de esta visión integrada se atienden muchos de los problemas que actualmente afectan a nuestro sistema de salud pública ya que elimina el racionamiento en el servicio, facilita la medicina de prevención, promueve la rehabilitación y construcción de nuevas instalaciones medico-hospitalarias, provee nuevas alternativas para el ofrecimiento de residencias médicas tan necesarias para el fortalecimiento profesional de nuestros médicos, así como elimina la constante necesidad de aportaciones millonarias de fondos para sufragar la operación de la Tarjeta de Salud ya que el sistema propuesto es uno de naturaleza autofinanciable”.

“La meta de este Plan Integral de Salud es abolir las barreras que impiden que el dinero se dirija eficazmente a cubrir las necesidades de salud y facilitar la prestación de servicios que atienda a pobres, a personas de recursos moderados y a ricos por igual. Es inaceptable que la salud se ponga en sindicatura, que se pueda utilizar esta situación como excusa para promover mayores despidos o realizar privatizaciones que afecte la prestación de estos servicios esenciales para el pueblo. Exhortamos al Secretario de Salud a que evalúe con seriedad y detenimiento nuestra propuesta innovadora que ciertamente le servirá para aliviar los problemas presupuestarios que afectan al sistema de salud, a la vez que asegura mejores servicios a la ciudadanía puertorriqueña”, acotó.

 

Educación

Ambiente

Conversión de basura en energía es necesaria

Sara M. Justicia Doll / Primera Hora

La directora de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca Nieves, aseguró ayer que la visión de la administración de la Isla y la de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) sobre las plantas de conversión de basura en energía es la misma.

Así  lo confirmó luego que el jueves pasado, en una reunión con líderes ambientalistas, la administradora regional de la EPA estableciera que el conocido waste to energy no debe ser la primera opción.

“La conversión de basura en energía es una opción que es legal y está contemplada dentro de nuestros planes. En Puerto Rico se genera demasiada basura y no hay espacio para ponerla, así que sí continúa siendo una de nuestras opciones. Nuestras prioridades son las mismas que las de la EPA en cuanto a promover el reciclaje y el reúso, incluyendo el waste to energy”, dijo Nieves. Ayer, Primera Hora solicitó nuevamente la posición de la administradora regional Judith Enck sobre estas tecnologías y la oficial de prensa, Bonnnie Bellow, informó que en la reunión “Enck impulsó que se aumentara el reciclaje y la reducción de basura y que se composte. Respecto al waste to energy explicó que la EPA revisará todos las solicitudes de permisos presentadas ante la agencia. Se esperará que cumplan con todos los requisitos de emisiones de aire y manejo de cenizas”.

Mientras tanto, los vertederos de Florida y Vega Baja, que no debían recibir más basura después de diciembre pasado, lo continúan haciendo, según trascendió.

 

Muy baja la tasa de reciclaje en la Isla

En P. R. se generan 4 millones de toneladas de basura al año

Por Ileana Delgado Castro / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Han pasado 18 años desde que se estableció, en 1992, la meta de reciclar el 35% de la basura del País, pero la realidad actual apenas alcanza un 10%.

Esto conforma un panorama bastante crítico, según la directora ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca Nieves, si se toma en cuenta que en Puerto Rico se generan cuatro millones de toneladas de desperdicios sólidos anualmente.

“Por eso, lo que queremos es diversificar nuestras fuentes de disposición que ahora solamente son los vertederos”, indicó Nieves tras señalar que las plantas “Waste to Energy” son una alternativa más “para el problema que tenemos aquí con el manejo de desperdicios sólidos y el cierre de vertederos”.

La funcionaria destacó  que la prioridad de su agencia es clara: “reusar, reciclar y compactar”. Lo que pasa, admitió Nieves, es que cada municipio tiene su programa de reciclaje “y hemos estado hablando con ellos para que implementen un plan de reciclaje efectivo”.

Sin embargo, a juicio de Juan Rosario, de Misión Industrial, la realidad es que al Gobierno no le interesa reciclar. “Desde 1975 varias agencias del Gobierno han implementado proyectos pilotos de reciclaje, pero se quedaron en el camino. No funcionaron porque no hay interés de que este tipo de proyecto funcione”, afirmó Rosario.

Uno de los problemas, señaló el ambientalista, es que el Gobierno ha establecido una política pública pero no ha creado incentivos para implementarla.

“La ley 70, de 1992, es la que dice, en término de manejo de desperdicios, que se debe reducir la fuente de desperdicios y aumentar el reciclaje en un 35%. Pero un año antes (el Gobierno) creó la Ley de Municipios Autónomos y les dijo, 'la basura de tu municipio es un problema tuyo y haz con ella lo que tú quieras'. Ahora hay 78 políticas públicas de manejo de basura y no hay una política uniforme. A eso se suman los intereses de los negocios de basura”, argumentó Rosario, quien opina que las plantas “Waste to Energy” son una solución absurda.

“Implica que sigo haciendo lo mismo, produciendo más basura y todo lo que se produzca lo quemo. No hay un cambio de paradigma. Antes se enterraba la basura, ahora la tiro al aire y convierto los pulmones de la gente en basureros. Además de que es la energía más cara, es un mal negocio”, explicó Rosario.

Sin embargo, según Nieves, en Estados Unidos la práctica es que las cenizas que se producen se llevan a los vertederos. “Si nosotros llevamos las cenizas a los pocos vertederos que nos quedan, el volumen de ceniza que estaríamos depositando es mucho menor que el volumen de desperdicios que normalmente depositamos”, sostuvo Nieves.

Durante el cuatrienio pasado, la ADS preparó su “Itinerario de Proyectos de Infraestructura”, que contempló la creación de dos plantas “Waste to Energy” en el norte de Puerto Rico, una entre Aguadilla y Arecibo y la otra entre Toa Baja y Fajardo. El costo de cada una se estimó en $400 millones y tendrían capacidad para procesar unas 1,500 toneladas de basura al día.

A nivel mundial se enfatiza en la reducción de la generación de la basura, el reúso y la minimización de todo proceso que produzca emisiones al aire de los gases de invernadero que contribuyen al calentamiento global.

IMPRESIÓN EQUIVOCADA

Según la directora ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), Rebeca Nieves, existe la impresión equivocada de que el Gobierno va manejar todos los desperdicios sólidos con las plantas “Waste to Energy”.

“Y no es así. Lo vemos como un sistema integrado donde promovemos primero la reducción de desperdicios, el reciclaje y el reúso, la composta y las plantas 'Waste to Energy'”, sostuvo Nieves.

Además, implementan iniciativas como un consorcio con el Departamento de Corrección y Rehabilitación para el reciclaje de gomas y con el Departamento de Educación para incluir el reciclaje en los currículos escolares.

 

Seguridad, justicia, tribunales

El cazador que podría ser cazado

Por Milly Méndez / EL VOCERO

Las autoridades federales comenzaron a indagar oficialmente los supuestos vínculos entre Cabán Santiago y De Castro Font.

Mientras los federales investigan un posible conflicto ético, EL VOCERO tiene conocimiento de que existe una moción sellada solicitando una pesquisa.

EL VOCERO tiene en su poder varias fotografías que evidencian que el licenciado acudió a otro evento de recaudación de fondos que tuvo lugar en el restaurante el Chotis en Hato Rey el pasado 28 de febrero de 2007.

Cabán Santiago, sostuvo una fuente, “no solamente asistió al evento celebrado en el restaurante Antonios en el Condado, el 12 de junio de 2008, sino que también hizo acto de presencia en un ‘fundraiser’ que organizó De Castro Font para levantar fondos a su campaña a la reelección primarista”. Este evento, según otra persona que asistió a la actividad celebrada en el Chotis, una taberna española, fue cerrado al público en general, por lo que “no fue una casualidad que Cabán estuviese allí”, reiteró la fuente.

Además, otra persona que conoció al licenciado Cabán Santiago en el Capitolio, explicó a EL VOCERO que “Ernie no era ajeno a De Castro Font. Me sorprendió que estuviese a cargo del caso. Lamento muchísimo que no se haya inhibido… su aspiración por ser Secretario de Justicia lo nubló”, subrayó. Se supo también que Cabán Santiago, quien laboró como asesor legal del ex representante Augusto Sánchez, aspira a convertirse en juez del Tribunal Apelativo.

Ante el hallazgo de estas fotografías, que EL VOCERO tiene en exclusiva, la defensa de De Castro Font va a someter una moción para presentarlas como evidencia. Precisamente, el pasado 5 de febrero, este diario publicó  que la licenciada Lydia Lizarríbar envió a la mano misivas dirigidas al fiscal federal Timothy Henwood, a la presidenta del FEI Berta Mainardi, y al secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza una solicitud formal para pedir que se “investiguen las actuaciones de los fiscales designados” Cabán Santiago, y Guillermo Garau Díaz por posibles violaciones de derechos de testigos de los cargos estatales.

EL VOCERO contactó a la licenciada Lizarríbar quien dijo que “hasta el día de hoy (ayer) ninguno de los tres (Justicia, FEI, y Fiscalía Federal) han contestado” las cartas que envió el pasado viernes.

Junto con las cartas se incluyó copia de la declaración jurada que firmó Aileen Mudafort el 4 de febrero. El documento legal en poder de este diario desde el pasado jueves, detalla que “ni el Fiscal Cabán, ni el Fiscal Garau me indicaron en momento alguno que yo podía ser tarjeta de investigación o que cualquier testimonio de mi parte podía ser utilizado en mi contra o que debería buscar asesoramiento legal antes de contestar sus preguntas”, sostuvo Mudafort.

Tal como lo adelantó EL VOCERO, el fiscal Cabán Santiago, presuntamente reiteró en presencia de varios testigos que la pesquisa estatal era una perdida de dinero y tiempo.

“El señor Cabán aseguró que estaba conduciendo la pesquisa en contra de Jorge De Castro Font por órdenes y tenía que mantener su trabajo para poderle dar a comer a sus hijos, pero que este creía que la investigación parecía demasiado para los hechos ocurridos... que el fue asignado para este trabajo y eran las habichuelas de sus hijos”, puntualizó.

‘Inner circle’

Fuentes de EL VOCERO aseguran que el pasado Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado tenía un ‘inner circle’ que formó parte del Comité de Jorge De Castro Font para la Presidencia del Senado. Estas cinco personas eran parte del núcleo cercano del ex legislador que lo ayudaron a organizar eventos de recaudación de fondos para lograr la silla presidencial en la Cámara Alta. El llamado “inner circle” presuntamente estaba compuesto por Rolando ‘Rolo’ Silva, Alvaro Cifuentes, Carlos López Nieves, Héctor Ramos y Virgilio Ramos.

Tal como publicara EL VOCERO, la alegada relación de Cabán Santiago con De Castro Font surge a través del entonces ayudante del ex senador, Eduardo ‘Tito’ Laureano. Se desprende que Laureano, quien tiene un contrato en la Oficina de Asuntos Gubernamentales en el Senado, presuntamente llamaba al fiscal Cabán Santiago para hacer un escrutinio político de los nombramientos judiciales que recomendaba el pasado gobernador Aníbal Acevedo Vilá y así informarle a De Castro Font si eran o no partidarios del PNP. “Él hacía un clearance”, reiteró la fuente.

Agregó, que para el año 2007, De Castro Font confirmó varios jueces y fiscales durante la penúltima sesión legislativa quienes supuestamente fueron llevados por el propio fiscal Cabán Santiago a la oficina del ex senador.

Informe pesquisa al FEI estaría listo el jueves

Por Carmen Arroyo Colón  - El Vocero

La investigadora Josefina Cruz Meléndez está en suelo puertorriqueño para iniciar la pesquisa sobre los supuestos vínculos del fiscal especial independiente, Ernie Cabán con el ex senador Jorge de Castro Font. El informe de la investigación deberá ser entregado el jueves.

Cruz Meléndez firmó un contrato con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) por $14,500 para hacer la investigación. La mujer lleva 10 años residiendo en Tampa. Según informaron fuentes de EL VOCERO la mujer posee un bachillerato de la Universidad de Trinity en Tampa, un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en derecho de la Universidad de Harvard.

Ha ejercido como abogada por 20 años, 14 de ellos en la práctica privada. También ha fungido como profesora de derecho de la Universidad de Puerto Rico. En su trayectoria profesional Cruz Meléndez se ha dedicado a hacer investigaciones especiales para empresas privadas y gubernamentales.

“Ella ha trabajado en varios sitios con investigaciones de este tipo”, dijo la fuente. Del registro de contratos de la Oficina del Contralor se desprende que la investigadora tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio con la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por $45 mil. Este contrato fue otorgado en agosto del año pasado. Según el registro Cruz Meléndez, ha tenido ocho contratos con OEG desde el 2005 por un total de $202,425, incluyendo el que vence este año.

La investigación que llevará a cabo Cruz Meléndez surgió  tras conocerse que Cabán asistió a una actividad de recaudación de fondos del ex senador a quien investiga por acciones ilegales mientras era miembro del Senado de Puerto Rico.

Cuando se le preguntó al director ejecutivo del FEI, Luis Marín por la investigación dijo que el “panel ha canalizado este asunto a través de su investigadora especial, Cruz Meléndez y tenemos plena confianza en la independencia de su investigación”.

 

Un país armado hasta los dientes

Impotentes las autoridades para detener el tráfico de potentes armas que entran a la Isla.

Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Varios hombres  se reúnen en una residencia de Toa Baja para planificar el asesinato de un enemigo en la lucha por el control del narcotráfico en la zona y al encuentro se presenta un sujeto con más de 20 rifles de alto poder, los cuales pone a disposición de los sicarios.

Horas más tarde, la mayoría de esas armas son vaciadas en el vehículo en el que viajan el presunto blanco de los asesinos, Alexis “El Loco” Olivo. Mueren Olivo, su hija de  dos años, y Ángel Vargas, de 16 años. El hecho se conoce como la 'Masacre de Pájaros' y el relato recién expuesto lo hizo en corte Billy Vargas, testigo de la Fiscalía.

En San Lorenzo, a principios de enero, Manuel Hernández Gómez decide darle un final abrupto a los problemas que tenía con su sobrino, Manuel Claudio Hernández. A Hernández Gómez, según el fiscal que investigó el caso, no se le conoció nunca ningún vínculo con criminales, mafiosos ni personas de dudosa reputación.

Sin embargo, cuando tomó la decisión de acabar con la vida de su sobrino, consiguió fácilmente un arma con la que mató no sólo a éste, sino también  a  otro sobrino, Pedro Juan y a su propia hermana, Juana Hernández. Acto seguido, se internó en un monte, apuntó el arma hacia sí mismo y se quitó la vida.

Estos dos incidentes ilustran, con inusual crudeza, uno de los mayores dolores de cabeza de las autoridades y con el cual no han podido lidiar por años: la amplia disponibilidad de armas en las calles de Puerto Rico y el flujo imparable de estos mortíferos artefactos hacia la Isla, principalmente, según entrevistados, a través de los puertos, del correo federal, de los correos privados y de las compañías de entrega de paquetes.

Aunque varios consultados coinciden en que obtener un arma en el bajo mundo sigue siendo más difícil que adquirir droga, no deja de ser una misión bastante sencilla. El año pasado, por ejemplo, el 92% de los asesinatos se cometieron con armas de fuego en un país donde no se fabrican armas.

“Desde el punto de vista de los criminales se les está haciendo fácil. Yo que trabajo con el Grupo de los 100 (Grupo de varias divisiones de la Policía), arrestamos a los individuos con las armas en las manos”, indicó el coronel Reinaldo Bermúdez, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales.

“Hay muchos factores para que se les haga fácil obtenerlas. En Puerto Rico hay mucho escalamiento en que se llevan armas. Cuando dirigía Bayamón hubo robos de 10 y 12 armas de tiro al blanco. También entran por correo, los muelles. Llegan en piezas y las montan acá”, agregó.

“El tráfico es continuo”, precisó.

Notable aumento

El año pasado, la Policía ocupó 4,852 armas -un aumento de 927 en comparación con el 2008- y de este total con 2,466 de estas se cometió algún tipo de delito.

“Están llegando con mucha frecuencia y es una gran preocupación”, dijo José O. Figueroa, director de la División de Investigaciones de Crimen Organizado en el Departamento de Justicia.

“Esto es un problema sumamente serio y por eso hay que unir esfuerzos, no sólo de las agencias federales y estatales, sino también los correos privados, implementando métodos para la inspección de los paquetes. Es imposible que inspeccionen cada uno de los paquetes, pero si los inspeccionan vas a minimizar la entrada”, dijo.

Aunque nadie se aventuró a calcular cuantas armas ilegales hay en la calle, Figueroa mencionó un dato que pone en perspectiva la magnitud del problema. “Si tuviera muchos más agentes (encubiertos) estaría comprando armas a todo lo que da”.

“Hay mucha oferta en la calle”, dijo al mencionar los municipios de San Juan, Bayamón y Ponce como los lugares donde se venden más armas, un resultado directo del narcotráfico, donde estos municipios llevan la delantera.

En el bajo mundo, el rifle de alto poder AK-47 y las pistolas calibre .40 son las más populares, indicó el teniente Félix Bauzó, de la división de Drogas, Armas Ilegales y Control del Vicio de la región de San Juan.

Una AK-47 puede venderse entre $2,200 a $2,500 y una calibre .40 se vende entre $1,000 a $1,600 por individuos u organizaciones que en ocasiones sólo se dedican al negocio del tráfico de armas.

“La AK es básicamente un símbolo que utilizan los individuos. Es un arma de poder, te da pertenencia. Dice que tengo un arma más potente y eso les da standing en el bajo mundo”, dijo Bauzó, al recalcar que nadie querrá acercarse a un arma utilizada en un asesinato de un caso de alto interés público o que haya sido robada a un agente de la Policía o un agente federal.

Modelo para armar

La AK-47 es particularmente fácil para contrabandear porque puede ser dividida en piezas, dijo Bauzó.

“Las armas entran por todos lados. Es como la droga. Si no entra por un correo privado, es por barco o por donde sea”, dijo.

“Estas transacciones casi siempre se dan en los puntos, en lugares de alta incidencia criminal. Estos tipos se sienten seguros en sus áreas”, agregó.

Según Marcial Orlando Félix, director en la Isla de la Agencia Federal de Drogas, Alcohol y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), la “vida útil” de un arma de fuego en el bajo mundo es de unos tres a seis meses desde el momento en que se utiliza para cometer un crimen hasta el momento en que desaparece, ya sea porque su dueño se deshace de ella, es ejecutado o arrestado.

Poco a poco, indicó Félix, Estados Unidos ha aumentado como el punto de procedencia de estas armas ilegales, de 33% en el 2007 a 48% en el 2008.  Florida, Georgia y Ohio son los lugares de procedencia más populares.

Curiosamente, este aumento se da mientras aumenta la seguridad en los aeropuertos del país a raíz de los atentados terroristas en Estados Unidos del 2001.

¿A qué se debe el aumento?

“Este negocio funciona dependiendo de dónde se consiguen más fácil y más rápido. Si vas a Estados Unidos y las traes de diferentes formas a Puerto Rico es mucho más fácil que meterte a una casa a robarte un arma. Por eso quiero ver las cifras del 2009. Le hemos dado duro a los “gun shows” en Estados Unidos y otras formas de conseguir armas allá y quiero ver si la cifra se quedó igual o cambió”, respondió Félix.

Echan la culpa a todos los correos

Policía y federales los señalan como el punto principal de entrada de armas

Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Funcionarios federales y estatales apuntan a la industria del correo, particularmente los privados, como una vía por donde cada vez más armas llegan de manera ilegal a Puerto Rico. “Tenemos un problema gravísimo con los correos privados”, dijo Reinaldo Bermúdez, jefe de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales.

“La Policía se ha reforzado en los aeropuertos y está supervisando compañías como UPS y FedEx. Hay una coordinación excelente y unos task forces que trabajan con ATF (Agencia Federal de Drogas, Alcohol y Armas de Fuego) y otros grupos federales. Estas compañías son bien cooperadoras”.

El director de la ATF en Puerto Rico, Marcial Orlando Félix, también apunta hacia los correos. “La mayoría de las armas ilegales llegan a través del correo”, indicó.

Eliecer Julián, inspector a cargo del Servicio de Investigación Postal en Puerto Rico, discrepa, aunque aclara que sólo puede hablar por el correo federal, no las compañías privadas. “Es fácil ver la paja en el ojo ajeno. Me molesta de sobremanera que les preocupe el correo, que mueve más de 1.2 millones de piezas de correspondencia al año. La cifra de lo que se ha podido incautar es muy baja, unas 100 anualmente. Dime entonces si es un problema. La mayoría de las armas ilegales entran de otras maneras”, dijo.

Julián reconoce que sería un “pandemónium” que el 100% de los paquetes que llegaran a la Isla fueran inspeccionados por máquinas rayos X.

Sin embargo Iván Ortiz, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) coincide con la posición de la Policía y de la ATF. “Siempre ha sido así. Incluso la mayor parte de la marihuana que llega a Puerto Rico llega a través de compañías como UPS, FedEx y DHL. Es un problema y si Orlando Félix lo dice entonces tiene que ser así porque ellos son los expertos”, dijo Ortiz.

En lo que vaya de año, la división de drogas del Aeropuerto Luis Muñoz Marín ha ocupado seis armas de fuego: tres por correos privados y tres por equipaje. El año pasado fueron interceptadas 30 armas por correo y otras 126 por equipaje.

Felipe Rodríguez, agente de drogas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, indicó que estas 126 pertenecen usualmente a individuos que pretendían entrar a la Isla con armas sin ser inscritas. Estas son enviadas al depósito de armas de la Policía en lo que sus dueños las inscriben en las armerías locales.

 

Al rescate de las calles

Fortuño pidió apoyo para la Policía en esa ‘misión’.

Por Sandra Caquías Cruz / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

SALINAS – Salir de la mano con la Policía para “retomar” las calles. Ese fue el mensaje que el gobernador Luis Fortuño ofreció ayer al millar de guardias nacionales en entrenamiento para unirse a la Policía en la lucha contra la criminalidad.

La primera de las academias gradúa este 12 de febrero unos 136 policías.

“En esta ocasión estamos fomentando a que lo hagamos en los vecindarios en donde vivimos, en donde viven nuestros padres y nuestros hijos, que le demos la mano a la Policía en esta lucha que tenemos que dar para retomar nuestras calles”, expresó Fortuño durante un recorrido por los salones donde los militares recibían adiestramiento sobre arrestos y procedimiento criminal.

La soldado Sofía T. Lebrón, de 24 años de edad, dijo que le preocupa toparse con una situación en la que tenga que utilizar el rifle “porque es muy diferente al arma que utiliza la Policía, que son armas pequeñas. Si lo tengo que usar, eso va a ser bien intenso”, dijo.

Derechos civiles en la mira

La tarea que más preocupa a los abogados es el patrullaje preventivo en las calles del país. Tres abogados entrevistados por El Nuevo Día levantaron bandera roja ante una posible violación de derechos civiles.

“Nosotros en la Comisión (de Derechos Civiles) sí estamos preocupados, no sólo en las repercusiones en la población civil con posibles violaciones de derechos civiles, tenemos que estar preocupados por la seguridad de los mismos miembros de la Guardia Nacional, que después de todo no están preparados.”, dijo Vance Thomas, presidente de la referida Comisión.

Thomas puso en duda si con un fin de semana en entrenamiento podrán “subsanar unas lagunas tan grandes en la capacitación, en el entrenamiento, en la sensibilidad que se requiere para intervenir con ciudadanos, que es muy distinto a las intervenciones en un escenario de guerra”.

Empero, los soldados aseguran que están listos. “Nosotros estamos ‘ready’ para esto. Cuando juramentamos aceptamos este tipo de responsabilidad. Estamos entrenados”, dijo el soldado Miguel A. Coss.

Arturo L. Hernández, presidente del Colegio de Abogados, destacó que los guardias nacionales sólo tienen autoridad para hacer un arresto civil como cualquier individuo.

“Realmente, quienes están autorizados en ley para intervenir con los ciudadanos, detenerlos, registrarlos y arrestarlos es la Policía”, advirtió. “En la medida en que estos guardias nacionales se excedan de la prerrogativas que por ley tengan para intervenir con ciudadanos, pudieran estar violando derechos civiles”, dijo.

El fin detrás de esta activación, según dijo, es un impacto emocional cuando el pueblo vea militares uniformados y con armas en las calles.

Víctor J. Torres, ayudante general auxiliar de la Guardia Nacional, refirió la pregunta sobre los arrestos civiles, al secretario de Justicia. “Esa parte técnica no te la puedo contestar con certeza”, dijo.

Mientras, el profesor de derecho, Pedro Malavet Vega, dijo que con esta activación la Policía “admite” que no puede atender el problema de la criminalidad.

Malavet criticó  el que se utilicen fiscales y policías para adiestrar a estos soldados. “Ni a los fiscales ni a la Policía los entrenan para el respeto de los derechos civiles, sino para cómo evadir el cumplir con los derechos civiles”, dijo.

Explicó que los fiscales están adiestrados para conseguir que se admita en evidencia una prueba que fue ilegalmente obtenida porque se violaron los derechos civiles. “Si llevan a los mismos, de la Policía o fiscales, les están enseñando a como evadir esa responsabilidad. Ese es el peligro de esta situación”, advirtió.

El primer grupo de soldados se integra a la Policía este miércoles. Se reportarán a Aguadilla para labores de reparar vehículos de la Policía, informó  el superintendente José Figueroa Sancha. La Policía destinó $1.2 millones para la adquisición de piezas de autos. El impacto económico que tendrá la activación de este cuerpo castrense es desconocido porque la misma será por etapas y según se requieran militares.

En vela la seguridad del aeropuerto

Bárbara J. Figueroa Rosa / Primera Hora

El funcionamiento de los planes de evacuación y de las salidas de acceso en caso de una emergencia en el aeropuerto Luis Muñoz Marín podrían tener serias fallas de logística a juzgar por los resultados de una vista ocular que se efectuó ayer en el aeropuerto.

La inspección -capitaneada por el representante y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Héctor Torres Calderón-, surgió tras una serie de quejas que se han suscitado por parte de varios pasajeros que denunciaron faltas en las salidas establecidas en las diversas terminales, en especial en horas de la noche.

“Viajeros que arriban al aeropuerto, después de ciertas horas de la noche, se encuentran con que las salidas del terminal están cerradas, a excepción de una”, explicó el representante Ángel Pérez, autor de la resolución 291 de la Cámara.

Esta información no fue afirmada ni negada por el director de seguridad del aeropuerto, Elmer Emeric, quien despachó el asunto diciendo que les explicaría el protocolo a los legisladores en confidencia y no frente de la prensa, pues “se trata de información sensitiva”.

Asimismo, tampoco pudo ofrecer detalles de cuántos puntos de cotejo hay en el lugar, a cuánto asciende el número de oficiales de seguridad, cuál es el flujo aproximado diario de pasajeros o qué hallazgos dejó el informe de la antigua compañía privada de seguridad que monitoreaba las salidas de emergencia del aeropuerto.

Lo que sí quedó en evidencia ante los medios de comunicación es que hay problemas con algunas de las puertas de acceso en caso de alguna emergencia.

“Me quemo, me quemo”, dijo en tono de broma Torres Calderón tras intentar abrir una de las salidas ubicadas en la terminal C de American Airlines. Finalmente, la puerta abrió, ante la mirada atónita de Emeric, quien minimizó el asunto al decir: “Es que la estaba abriendo mal”.

Cogen fuera de base a la seguridad del aeropuerto

Revelan puntos deficientes durante una inspección

Por María Ivette Vega Calles / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Una puerta de escape difícil de abrir, una salida hacia la pista llena de colillas de cigarrillos y el desconocimiento de detalles de logística del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín fueron, a grandes rasgos, algunos de los hallazgos que encontraron los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes en una inspección ocular que realizó ayer.

Los representantes Ángel Pérez, Héctor Torres, Ángel Bulerín y José “Conny” Varela se reunieron con el director de seguridad de la Autoridad de los Puertos, Elmer Emeric, para hacer un recorrido por algunas de las áreas de los terminales de salida del aeropuerto.

El grupo conoció  algunos de los puntos de control y observó la cantidad de cámaras que monitorean las distintas áreas. Sin embargo, se sorprendió al comprobar que una puerta de escape no abre con facilidad, debido a que hay que esperar 15 segundos para que la alarma se desactive.

“A través la resolución 291 de la Cámara de Representantes, Ángel Pérez, nos presentó una serie de preocupaciones con relación a la seguridad del aeropuerto. El director nos explicó que su complejidad está dividida en diferentes fases. Hay unas que están controladas por áreas federales, otras por seguridad privada, Policía de Puerto y Autoridad de Puertos”, señaló Torres.

Desde el principio del recorrido Emeric no pudo dar algunos detalles relevantes con precisión, debido a lo que llamó “información sensitiva”, que prefirió proveerla posteriormente.

“Creo que tenemos que indagar más lo que es la seguridad y el acceso al aeropuerto. Para mí es inconcebible el que la seguridad no sepa cuántos empleados hay en las diferentes líneas aéreas, que no haya un sistema integrado con el cual se pueda saber cuántas personas hay en un momento dado en el aeropuerto”, indicó Pérez.

Los representantes consideraron que la cantidad de organismos que manejan el aeródromo puede dificultar su funcionamiento.

“Aquí hay muchas jurisdicciones. Sé que hay unas federales, que no podemos entrar allí, pero lo que es de jurisdicción estatal, ahora está dividida entre la Policía de Puerto Rico, la seguridad de los Puertos y una compañía privada. Tenemos que revisarlo y ver de que forma podemos brindarle mayor jurisdicción a la Autoridad de los Puertos”, afirmó Pérez.

El grupo también fue testigo del descuido de un área que da hacia la pista, en la cual se encontraron pedazos de plafones acústicos en el suelo y cientos de colillas de cigarrillos.

“El director nos explicó que hay unas áreas que algunas líneas aéreas las tienen alquiladas. En este caso American (Airlines). Al alquilarlas, ellas responden por esos espacios. Creo que hay que revisar cuál es la supervisión que se le da por parte del gobierno en asuntos de seguridad, de limpieza y mantenimiento”, añadió Pérez.

Como resultado de la inspección el grupo de representantes le solicitó a Emeric que pronto se haga una reunión, junto al gerente del aeropuerto, Arnaldo Deleo, quien está a cargo de la parte administrativa.

El aeropuerto Luis Muñoz Marín es una de las entidades gubernamentales para la cual ya hay autorización para desarrollarla en una alianza público privada. De modo que Pérez destacó que la intención de la resolución es también garantizar la seguridad de los viajeros y que el turismo del País no se vea afectado en ese proceso.

Por su parte Emeric, quedó complacido con la inspección.

“Estoy contento con la visita de los representantes porque ellos están para darme las herramientas para seguir dándole seguridad a todos los visitantes del aeropuerto. No soy dueño de muchos de los procesos que me pidieron información, pero voy a pedirlos y se los voy a dar”, dijo el director, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2009.

Estados Unidos enfrenta amenazas cibernéticas

Por AP – El Vocero

WASHINGTON- El asesor antiterrorista del presidente Barack Obama dijo el domingo que Estados Unidos enfrenta ciberamenazas "serias y significativas" que podrían amenazar la seguridad nacional.

John Brennan afirmó que el gobierno está tomando medidas para mejorar la seguridad cibernética y estudiando la cuestión desde el punto de vista del espionaje y el terrorismo. Agregó que la seguridad nacional está en riesgo.

Brennan no mencionó ningún país ni individuo responsable de los ciberataques.

El funcionario habló en una entrevista con el programa "Meet the Press", de la cadena NBC, en el que le preguntaron sobre la posibilidad de que ciberintrusos en China hubiesen infiltrado redes de computadoras.

Gobierno y política

El Gobernador visita soldados que combatirán el crimen junto a la Policía

Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora

Salinas.- El gobernador Luis Fortuño hizo hoy una visita relámpago a los mil soldados de la Guardia Nacional que se encuentran en el Campamento Santiago recibiendo un adiestramiento para ofrecer apoyo a la Policía de Puerto Rico en la lucha contra la rampante ola criminal.

"Agradecemos su compromiso con nuestro país y reconocemos el sacrificio que hacen para proteger a la ciudadanía", les dijo el Gobernador a los militares que estarán en el adiestramiento por cuatro días.

El Primer Ejecutivo, quien estuvo acompañado por el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, y el secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza, comentó que los soldados reciben clases ofrecidas por fiscales de todas las regiones judiciales de la Isla sobre los procedimientos jurídicos, arrestos e intervenciones en conjunto con los oficiales de la policía estatal.

"Sabemos que siempre que Puerto Rico tiene una emergencia, ustedes han estado ahí para ayudar", sostuvo Fortuño.

Por su parte, Paul Dahlen, encargado de los Asuntos Públicos de la Guardia Nacional, explicó que del millar de efectivos, se estima que un 15 por ciento son mujeres, que todos fueron voluntarios y que uno de los requisitos para integrar la tropa era que no fueran policías ni bomberos. De este grupo, unos estarán a cargo de la reparación de los vehículos de la Uniformada y los demás trabajarán en el plan anticrimen de la Policía en las zonas de mayor incidencia criminal.

“Siempre va haber gente que abusa”

Fortuño dice medidas de control salarial en su administración

Por Sandra Caquías Cruz / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

SALINAS - El gobernador Luis Fortuño le reconoció a ayer un soldado de la Guardia Nacional que en su gobierno siempre va haber gente que “abusa” y no cumple la directriz de austeridad.

¿Por qué si en Puerto Rico no hay dinero para dar aumento, no hay dinero para dar trabajo, hay dinero para aumentar sueldos a ciertas personas, empleados del Gobierno, y hay dinero para aprobar ciertos bonos? ¿Tiene usted o no tiene control de esos aumentos?

Esa fue la pregunta que el sargento Juan Elías, empleado del Departamento de Educación, le hizo a Fortuño en el Campamento Santiago.

“Lo primero es que hay algunos (aumentos) que son negociados, no te puedo decir en cuanto a ellos. Lo que te puedo decir es que todos los jefes de agencia, y yo, el año pasado nos rebajamos el salario, durante todo el año”, dijo Fortuño quien aclaró que sólo podía responder por la Rama Ejecutiva.

“Siempre va haber gente que abusa, siempre va a haber gente que se esconde, desgraciadamente, y tenemos que buscarlos y encontrarlos, pero te puedo decir que hemos estado apretando en todos lados, empezando por mí, porque uno tiene que dar el ejemplo”, subrayó el Mandatario.

Vuelan los donativos a Washington

Contribuyentes boricuas enviaron $116,425 a políticos estadounidenses en 2009

Por José A. Delgado / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

WASHINGTON - Ningún congresista recibió más donativos políticos de residentes de Puerto Rico durante el año 2009, para su campaña hacia las elecciones legislativas de noviembre, que el demócrata de Nueva York Charles Rangel.

Ni siquiera el querendón de los estadistas, el republicano de Alaska Don Young.

Sin embargo, según los datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC) no hubo un evento en que más fondos se recaudaron que la actividad a favor del comité electoral de los demócratas del Senado estadounidense, encabezada por los demócratas Robert Menéndez (Nueva Jersey), quien preside ese grupo, y Sherrod Brown (Ohio).

No obstante, a título personal Rangel pudo ser el más beneficiado. Sólo restaba por computar, entre los miembros del Congreso o candidatos al legislativo, un evento que tuvo en diciembre la congresista demócrata Nydia Velázquez, quien preside el Caucus Hispano del Congreso.

Los boricuas asociados a estos eventos de recaudaciones electorales coinciden en que las aportaciones han sido menos recientemente debido a la crisis económica.

Young - quien tenía previsto otro evento de recaudación de fondos durante el fin de semana en Puerto Rico - ha sido por más de una década el hombre de confianza de los estadistas en el caucus republicano de la Cámara baja federal, sobre todo a la hora de ayudar a mover proyectos como el status político de la Isla.

Con poder de convocatoria

Como presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja federal, no sólo se sabía que Rangel iba a tener peso en el tema de la reforma de salud, sino que tendría jurisdicción también en la “guerra” sobre el control de la industria del ron y, como siempre, en los debates sobre incentivos tributarios, desde los relacionados a los proyectos de estímulo económico hasta cualquier intento de modificar los beneficios de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC).

A pesar de esto, los boricuas residentes en la Isla no consiguieron superar a las Islas Vírgenes en la recaudación de fondos de 2009 para Rangel.

Mientras en Puerto Rico se reunieron para Rangel $39,600 -sobre todo por medio de un evento el verano pasado en la residencia del ex director de campaña y cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard-, en las Islas Vírgenes se recogieron $46,700 para su causa.

Rangel -quien ha estado bajo fuego por denuncias éticas y sobre sus asuntos contributivos personales- ha indicado que no toma en cuenta esos donativos a la hora de establecer política pública. Pero, hasta el momento le ha dado a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes algo que celebrar.

Por un lado, fue importante en las negociaciones para proponer un aumento significativo en los fondos de Medicaid para Puerto Rico, como parte de la reforma de salud que ahora está estancada en el Congreso.

Y por el otro ha sido condescendiente con las Islas Vírgenes al evitar vincular por el momento su comité con los esfuerzo del comisionado Pierluisi para reducir el porcentaje del reembolso en el arbitrio al ron, un mecanismo que ha utilizado las Islas Vírgenes para llevarse a Santa Cruz la producción del ron Captain Morgan.

“Los temas que ha trabajado para Puerto Rico son temas en que los dos partidos de mayoría coinciden, asuntos en los que todo el mundo en Puerto Rico ha estado remando en la misma dirección”, indicó el republicano José Fuentes Agostini, quien ha representado en Washington municipios del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Para Miguel Lausell, reconocido recaudador demócrata y en este momento presidente de la Junta de Directores de la Coalición Nacional Puertorriqueña (NPRC), Rangel, sin embargo, se ha convertido en un problema para Puerto Rico, al rehusarse a considerar la legislación de Pierluisi, que busca evitar que las Islas Vírgenes le entregue la mitad del dinero que recibe por medio de ese programa a la empresa Diageo y que “se ponga en peligro” un reembolso por el cual la Isla recibe cerca de $400 millones anuales.

“El supuesto gran paladín de Puerto Rico se ha convertido en una amenaza para el país”, indicó Lausell.

Florida y Nueva York

Los estados con mayor población puertorriqueña son Nueva York y Florida, respectivamente.

Pero, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, pocos residentes de Puerto Rico, hasta el momento, se han vinculado con las primarias que pueden darse en esos estados por candidaturas al Senado federal. “Es temprano en el período electoral”, indicó Fuentes Agostini, quien considera que los donativos y las actividades han sido menos en comparación con otros años debido a la crisis económica.

La demócrata Kirsten Gillibrand, quien busca ser electa en noviembre al escaño que ocupa por designación del Gobernador de Nueva York, en sustitución de la ahora secretaria de Estado, Hillary Clinton, es la que más interés ha generado entre las contiendas referentes al Senado.

Ni el senador demócrata Charles Schumer en Nueva York, ni los contendientes republicanos y demócratas que buscan en Florida el escaño que ocupó el ex senador republicano Mel Martínez -con la excepción de Maurice Ferré- han llamado la atención de los contribuyentes de Puerto Rico.

Ferré, un ex alcalde de Miami, indicó que recaudó unos $5,000 en Puerto Rico durante 2009, como parte de su aspiración a la candidatura demócrata al Senado federal, en una contienda que le enfrentaría al congresista Kendrick Meek.

El boricua Ferré  resaltó los resultados de una encuesta reciente en la que consigue mejores resultados que Meek entre los electores independientes, aunque ambos están por debajo de los aspirantes republicanos, Charlie Crist (gobernador de Florida) y Marcos Rubio.

 

Presentan proyecto que multaría a los medios de comunicación por divulgar anuncios de concursos no avalados por DACO

Inter News Service - Primera Hora

Las emisoras de radio y televisión, así como otros medios de comunicación electrónicos y los periódicos, serían multados si divulgan anuncios de concursos que no cuenten con el aval del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), si prospera un proyecto impulsado por la senadora Lornna Soto, trascendió hoy.

Soto, presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado, explicó que la idea de la medida legislativa es que antes de su emisión por los medios de comunicación, DACO garantice la confiabilidad del concurso.

"Los medios de comunicación que transmitan el concurso sin la certificación de DACO serán responsables en última instancia de otorgar el premio anunciado y también podrían ser multados por DACO por la cantidad de $10,000 por cada pauta publicada", detalló la senadora del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

La senadora no explicó las razones para que la sanción vaya dirigida principalmente a la empresa que promueve el concurso.

"Le daremos en esta misma ley, el poder a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, para hacer lo mismo en los concursos que se envían a través de los celulares por mensajería de texto y Cable TV, entre otros medios que tengan dentro de su sistema", estableció.

La senadora Soto argumentó que si el medio es recurrente en esta práctica se le podría suspender su licencia de transmisión.

Esto posiblemente choque con las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que es la que regula en el país las transmisiones de radio y televisión.

"Mi guerra es contra los promotores de concursos engañosos que son muy ingeniosos y se les escabullen a las autoridades muy fácilmente. Pero si ahora hacemos responsables a un tercero, tendremos más control, menos querellas y les aseguro que los premios aparecerán", manifestó la senadora del Distrito de Carolina.

Dijo que DACO y la JRT proveerán un espacio en su sitio en Internet para que el ciudadano pueda ver los concursos certificados o autorizados.

"Mi intención legislativa es darle más protección a los consumidores y evitar los miles de engaños que se reportan anualmente y evitar que se burlen las leyes y reglamentos", dijo la senadora de la mayoría del PNP.

El actual reglamento de concursos de DACO, que establece las pautas, directrices y reconoce derechos y obligaciones con respecto a la promoción, tiene el objetivo de que todo participante reciba la información necesaria en torno al procedimiento, condiciones y términos del certamen y la adecuada adjudicación de los premios.

Someten medida que beneficiaría a la población anciana

Inter News Service - Primera Hora

Los representantes a la Cámara Jaime Perelló Borrás, del Partido Popular Democrático (PPD), y Elizabeth Casado Irizarry, del Partido Nuevo Progresista (PNP), presentaron hoy una medida bipartita que pretende hacerle justicia a la población de edad avanzada en el país.

A través del Proyecto de la Cámara 2371 se establecería como condición para otorgar contratos o efectuar nombramientos en las tres ramas del Gobierno la certificación de que el prospecto no posee deuda por concepto de alimentos, según la "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada".

Perelló  dijo que la medida provee para que todo contrato o nombramiento en la Rama Ejecutiva, Legislativa o Judicial cuente con una certificación de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), por tener ya un sistema establecido de certificaciones de pensiones, en virtud de lo establecido por la Ley 168 que creó el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada.

"Lo que antes se presentaba como un reto para ser atendido en un futuro inmediato, hoy día se ha convertido en una necesidad que ya no se puede postergar", expresó la representante Casado Irizarry.

Estudios realizados por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada establecen que el 43.6 por ciento de las personas de 65 años o más se encontraban bajo los niveles de pobreza en el año 2006.

Sila a la carga por las comunidades

Aseguró  que sería “devastador” eliminar la Ley 1

Inter News Service  - El Nuevo Día

La ex gobernadora Sila M. Calderón volvió ayer a la carga contra el mandatario Luis G. Fortuño al que acusó de partir de premisas incorrectas para la propuesta derogación de la Ley 1 de Comunidades Especiales.

Calderón dijo que las razones ofrecidas por Fortuño para derogar la ley “no es cierta” pues al concluir su administración, en 2004, había mil millones de dólares en el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales “para absolutamente todos los proyectos”.

“Todos los fondos estaban consignados y la gran mayoría de los proyectos, encaminados. Desconozco las razones por las cuales algunos de ellos se cancelaron o no se llevaron a cabo correctamente después de finalizado mi término como Gobernadora”, dijo la ex gobernante en declaraciones escritas.

Añadió que sería devastador que por consideraciones de naturaleza política se elimine lo que ha sido un logro histórico para cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en las comunidades más necesitadas.

Argumentó  que la obra pública realizada a través de todo Puerto Rico “es contundente”, a la vez que estableció que “es totalmente falso que se levantaran esperanzas de obra pública sin que hubiera fondos para llevarla a cabo”.

El gobernador Fortuño afirmó el sábado que aunque coincide con Calderón en la importancia del apoderamiento de las comunidades especiales, se prometieron obras que no contaban con los recursos económicos para realizarse.

Según Calderón, la derogación de esta ley tendría implicaciones legales serias, pues se estarían afectando más de 10 estatutos que benefician a los ciudadanos marginados. Dijo que la propuesta derogación de la Ley número 1 de 2001 que crea el Proyecto de Comunidades Especiales afecta casi la mitad de nuestra población.

Sila defiende las Comunidades Especiales ante posible derogación de ley del gobierno de Fortuño

Primera Hora

La ex gobernadora Sila M. Calderón reaccionó indignada a la propuesta del gobernador Luis Fortuño de derogar la ley que creó el Proyecto de Comunidades Especiales.

Así  lo dio a conocer en un comunicado de prensa en el que reproducimos a continuación:

"Las razones que ha dado el gobernador Luis Fortuño para la propuesta derogación Ley Número 1 que crea el Proyecto de Comunidades Especiales están basadas en premisas que no son correctas. Además de no ser ciertas, no justifican la derogación del Proyecto de Comunidades Especiales.

Al concluir mi administración en el 2004, había fondos en el Fideicomiso Perpetuo de Mil Millones para absolutamente todos los proyectos. Todos los fondos estaban consignados y la gran mayoría de los proyectos, encaminados. Desconozco las razones por las cuales algunos de ellos se cancelaron o no se llevaron a cabo correctamente después de finalizado mi término como Gobernadora. Sin embargo, la obra pública realizada es contundente y a través de todo Puerto Rico. En lo que a mí concierne, es totalmente falso que se levantaran esperanzas de obra pública sin que hubiera fondos para llevarla a cabo.

Además, deseo significar que la derogación de esta ley tendría implicaciones legales serias. Se estarían, de hecho, afectando más de 10 estatutos que benefician a nuestros ciudadanos marginados: Ley del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (Ley Núm. 271 del 21 de noviembre de 2002); Ley para enmendar la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001 y el art. 9.003 de la Ley de Municipios Autónomos de 1991 en caso de expropiaciones en las Comunidades Especiales (Ley Núm. 232 de 27 de agosto de 2004); Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña (Ley 489 de 24 de septiembre de 2004); Ley para reducir la brecha digital en las Comunidades Especiales (Ley Núm. 219 de 20 de agosto de 2004); Ley del Procedimiento Especial para la Obtención de los Servicios de Agua y Electricidad en las Facilidades Comunitarias de las Comunidades Especiales (Ley Núm. 424 de 22 de septiembre de 2004); Ley para el Desarrollo de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada en las Comunidades Especiales de Puerto Rico (Ley Núm. 475 de 23 de septiembre de 2004); Ley para crear el Programa Expres-Arte a Todo Rincón, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña (Ley Núm. 363 de 16 de septiembre de 2004); Ley del Fideicomiso para el Financiamiento de Empresas en Comunidades Especiales (Ley Núm. 457 de 23 de septiembre de 2004); Ley sobre Política Pública de Desarrollo Sostenible (Ley Núm. 267 de 10 de septiembre de 2004); Ley de Sociedades Cooperativas (Ley 239 de 1 de septiembre de 2004).

La propuesta derogación de la Ley Núm. 1 de 2001 que crea el Proyecto de Comunidades Especiales afecta casi la mitad de nuestra población. Deja sin efecto una ley de desarrollo integral concebida con mucho cuidado y luego de estudio profundo. Pretende sustituirla con el mecanismo de una procuradoría que resuelve desde el gobierno para el individuo, en lugar de proveer un marco para la acción colectiva. Los logros y resultados del Proyecto de Comunidades Especiales son contundentes y positivos y así han sido juzgados por entidades internacionales como la UNESCO.

Mi recomendación al señor Gobernador y a los señores legisladores es que se establezca un proceso de consulta ponderada e inclusiva y que se tome en cuenta el sentir de las personas más afectadas. Más importante aún examinar si la propuesta procuradoría realmente tendría la capacidad para llevar a cabo los trabajos educativos y de capacitación masiva que requiere el logro de la autogestión y el apoderamiento en nuestros residentes más humildes. Deben también analizarse las razones y causas para esta acción pública y asegurarse que no son de índole política. Sería devastador que por consideraciones de esta naturaleza se elimine lo que ha sido un logro histórico para cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en nuestras comunidades más necesitadas."

 

Héctor O'Neill arremete contra las Comunidades Especiales y la defensa de Sila

Primera Hora

El alcalde de Guaynabo, Héctor O´Neill, le salió el paso a la ex gobernadora Sila Calderón, quien tronó hoy, domingo, contra la legislación que busca reestructurar la oficina encargada de coordinar los trabajos de autogestión de más de 700 comunidades de la Isla, en sustitución del de las llamadas "comunidades especiales".

"Como ocurrió en muchos pueblos de la Isla lo que hizo el programa de las llamadas ´comunidades especiales´ fue obstruir el desarrollo de proyectos que necesitaban las comunidades, como fue también el caso de Guaynabo, en el que el programa se interpuso en obras de vivienda de interés social que queríamos desarrollar. "

El también presidente de la Federación de Alcaldes autorizó las siguientes declaraciones:

"El ejemplo de Guaynabo dramatiza el fiasco del programa de las llamadas comunidades especiales, municipio en el cual el gobierno de la señora Calderón colocó nueve rótulos a un costo de $5,000 cada uno en un número igual de comunidades, pero la inversión en obras fue cero dólares y cero centavos.

Contrario a aquella fanfarria de publicidad para propagar una fantasía que descapitalizó  el Banco Gubernamental de Fomento y de paso inició los problemas de liquidez de esa entidad, el gobierno municipal de Guaynabo invirtió $9 millones de sus propios fondos en las nueve comunidades rurales urbanas de la ciudad, casi durante el mismo período en que el gobierno central se entretenía colocando los rótulos.

Como ocurrió en muchos pueblos de la Isla lo que hizo el programa de las llamadas comunidades especiales fue obstruir el desarrollo de proyectos que necesitaban las comunidades, como fue también el caso de Guaynabo, en el que el programa se interpuso en obras de vivienda de interés social que queríamos desarrollar.

Con la reestructuración de la oficina para coordinar la autogestión de las comunidades se va a realizar una obra verdadera, sin fanfarria pero con efectividad para beneficio de todos sus residentes."

Sombras sobre Ley Seguro Obligatorio

Irene Garzón Fernández / Primera Hora

Inconstitucional.

Bajo la premisa de que la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos prohíben al Gobierno hacer regalos a personas privadas o crear monopolios para beneficio de empresas o individuos, un experto en seguros cuestionó la constitucionalidad de la Ley 201 del 29 de diciembre de 2009, que enmendó el estatuto que estableció el Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor.

Miguel Casellas, que preside una compañía de corredores de seguros, describió como “sólo un disfraz” el alza de $3,000 a $4,000 en los beneficios de la cubierta de la póliza del Seguro de Responsabilidad Obligatorio de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC).

La ASC ha defendido a brazo partido esta legislación, propulsada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y su correligionario senador Carmelo Ríos, y promocionado públicamente el alza de $3,000 a $4,000 como el gran logro del nuevo estatuto.

Cuando la Legislatura discutió el proyecto el año pasado, la ex comisionada de Seguros Dorelisse Juarbe, indicó que, durante un proceso de revisión de la prima anual de $99 efectuado en el 2008, surgió que el alza en los beneficios de $3,000 a $4,000 no era para el consumidor porque la reclamación promedio que paga la ASC no excede de los $1,000. Los casos que sobrepasan los $1,000 “son bien aislados y eso se desprendió de un análisis de los dos últimos años”, dijo.

En sus expresiones, el presidente de Casellas & Company, Insurance Brokers, advirtió que no hay que dejarse engañar por “el adorno de los $4,000”, y señaló una disposición del nuevo estatuto (Artículo 4) como su “principal propósito”, ya que convierte a la ASC de “un asegurador residual, a un asegurador primario, asegurador automático de todas las pólizas de Seguro Responsabilidad Obligatorio”.

Agregó  que “toda ley de seguro compulsorio en el mundo necesita un asegurador residual; un asegurador que cubra los riesgos malos rechazados por el mercado voluntario; un asegurador residual que mantenga al resto del universo de asegurados pagando primas menores que los riegos de alta peligrosidad; un asegurador residual que separe los riesgos malos de los buenos”.

La Ley 253 del 27 de diciembre de 1995 del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, indicó, creó el mercado residual típico y lo llamó Asociación de Suscripción Conjunta, pero la nueva Ley 201 de 2009 “cambia todos los principios y propósitos” de la ASC.

“Esta ley (201) no modifica la Ley 253. Esta ley (201) la cambia en su totalidad. Está llena de lagunas... es inconstitucional”, afirmó el experto en seguros que considera ha sido “un regalo del Gobierno a un monopolio”.

Mientras, el representante Luis Vega Ramos, portavoz del Partido Popular Democrático en la Comisión de Hacienda de la Cámara, también alertó sobre el aumento de cubierta $3,000 a $4,000 y dijo que en realidad constituye “una cortina de humo para lograr el propósito de que la ASC funcione como una entidad totalmente privada y aumente sus márgenes de ganancias”.

Acusan al Gobierno de dar más énfasis a la estadidad

Popular alega que la salud se relegó  a segundo plano

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Un supuesto desenfoque en las prioridades del Gobierno de Luis Fortuño para atender asuntos de interés en el Congreso salió a relucir ayer en medio de denuncias sobre el uso que se les da a los cabilderos.

El representante Jorge Colberg Toro presentó documentos juramentados de las principales firmas cabilderas contratadas por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), DLA Piper y Bryan Cave LLP en los que se asignan mayores recursos humanos al tema del status que a la inclusión de la Isla en Reforma de Salud del presidente Barack Obama.

“El día de hoy estamos acusando al gobernador Luis Fortuño de haber realizado un trueque imperdonable al entregar la salud del pueblo de Puerto Rico a cambio de un voto por la estadidad”, dijo Colberg Toro.

Para sostener sus argumentos, mostró documentos juramentados por las firmas DLA Piper y Bryan Cave LLP en los que detallan que de julio a septiembre del pasado año asignaron siete cabilderos para trabajar el tema de status.

Para lo relacionado al tema de la salud y la reforma de Obama, sólo designaron tres personas, establecen los informes.

El legislador popular catalogó la diferencia en el esfuerzo humano que se hace para atender ambos temas como una “traición” al pueblo.

“Fortuño cambió la salud de sus compatriotas por la estadidad”, llegó a decir Colberg Toro.

Insistió  en que se deben dedicar más esfuerzos para lograr paridad en fondos destinados a la salud. El representante sacó a relucir las trabas que ya se han dado a conocer desde Senado federal para que Puerto Rico sea incluido en la Reforma federal.

“La pregunta es quién le dio instrucciones a esas agencias de dedicar más recursos, más cabilderos al proyecto de status que al tema de la salud. Esa pregunta la debe responder el gobernador Luis Fortuño”, afirmó el líder popular en conferencia de prensa.

Melinda le sale al paso

Intentos por conseguir una reacción de Fortaleza y de PRFAA sobre estas denuncias fueron infructuosas.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos Federales, Melinda Romero, negó que haya un disloque de prioridades en el Gobierno de Fortuño.

Sostuvo que desde diferentes agencias se le ha dado seguimiento prioritario a la inclusión de la Isla en la Reforma de Salud de Obama.

“De todas partes del Gobierno están cabildeando por la Salud. En todos los viajes ha sido la prioridad”, insistió.

Agregó  que “lo primero en agenda es la salud, la inclusión de Puerto Rico en la Reforma. Obviamente, hay que tocar el tema del RH2499 (proyecto de status), pero lo primero que se toca es lo relacionado a la salud”.

Señaló  que las denuncias de Colberg Toro pudieron surgir “por que no tiene más que decir y lo que necesitan es que le publiquen”.

Romero forma parte de un grupo legislativo que sale a Washington a finales de mes para cabildear por el status y el tema de la Reforma de Salud, según anunció la semana pasada el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

 

Colberg Toro imputa a Fortuño entregar la salud del pueblo a cambio de un voto por la anexión

Inter News Service - Primera Hora

El representante a la Cámara Jorge Colberg Toro imputó hoy al gobernador Luis G. Fortuño entregar la salud del pueblo a cambio de un voto por la anexión total de Puerto Rico, al invertir mayores esfuerzos a la consecución de que el Congreso de Estados Unidos apruebe el proyecto de estatus del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Según el legislador del Partido Popular Democrático (PPD), el mandatario puertorriqueño ha realizado un “trueque imperdonable” al invertir en el doble de recursos en cabilderos en el Congreso para impulsar la aprobación del proyecto de para celebrar una consulta de estatus en contraposición de lo destinado a gestionar la inclusión de la Isla en la proyectada reforma de salubridad del presidente Barack Obama.

“En los primeros seis meses de vigencia de los contratos de cabilderos se gastaron un total de 460.000 dólares, la mayoría para el proyecto de estatus,(por lo que) de seguir el mismo patrón de gastos de cabilderos, al cierre del año fiscal el gobierno habrá gastado un total de 1,177.000 dólares de fondos públicos (mayormente) para cabildear en favor del Proyecto Pierluisi en vez de utilizarlos para la inclusión de Puerto Rico en el programa de salud federal”, argumentó el legislador en una conferencia de prensa en la sede central del PPD.

Dijo que en el primer trimestre de los contratos, entre abril y junio de 2009, ambas firmas se destacaron siete cabilderos para el proyecto de estatus y solamente algunos de ellos trabajaron en otros temas de salud y los fondos ARRA.

Colberg Toro evidenció su denuncia con copias de los informes de facturación de las dos principales firmas de cabilderos del gobierno puertorriqueño en el Congreso de Estados Unidos, DLA Piper LLP y Bryan Cave LLP.

“El fanatismo ideológico del gobernador Luis Fortuño lo ha llevado a realizar un trueque imperdonable al dedicar la mayoría de los recursos y fondos de cabilderos para el proyecto de estatus en vez de la inclusión de Puerto Rico en el programa de salud federal”, dijo Colberg Toro al imputar al mandatario “traicionar al pueblo al entregar la salud de sus compatriotas a cambio de un voto pírrico en favor de la estadidad”.

Aseguró  que esto evidencia “una profunda irresponsabilidad y demuestra que (Fortuño) tiene sus prioridades evidentemente distorsionadas”.

Identificó  a los cabilderos de la firma DLA Piper asignados a hacer gestiones en favor del Proyecto Pierluisi, como Evan Migdail, el ex congresista republicano Richard Armey y la ex directora de la Oficina Legislativa de Armey, Jean Campbell.

Mientras, la firma de cabilderos Bryan Cave LLP tenía asignados otros cuatro cabilderos para hacer gestiones en favor de la medida del comisionado residente en Washington: Jeff Berman, Jenniffer Stewart, Tim Perrin y Matt Jessee.

En ese periodo, dijo, sólo Migdail aparece haciendo algunas gestiones sobre asuntos contributivos de los fondos ARRA y otros dos cabilderos aparecen redactando propuestas de salud.

En el caso de la firma Bryan Cave LLP, tres de los cabilderos aparecen realizando gestiones sobre Medicare y Medicaid.

Senador orienta sobre tarifa fija en residenciales

Por CyberNews  - El Vocero

MAYAGÜEZ– El presidente de la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado, Luis Daniel Muñiz, realiza junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) una serie de orientaciones a las familias en los residenciales de los pueblos del oeste para que los residentes se acojan al programa de justicia tarifaría uniforme establecido por el gobernador Luis Fortuño.

El senador visitó los residenciales Candelaria y Kennedy de Mayagüez como parte de este esfuerzo comunitario.

El plan de justicia tarifaria le brinda a los residentes el alivio y oportunidad de un pago fijo desde $30 a $50 dependiendo la cantidad de habitaciones por apartamentos en el caso de la autoridad de energía eléctrica y tendrán tarifa fija de 19.71 dólares con la autoridad de acueducto y alcantarillado. En adición, se le ofrecerá un plan de pago a personas que adeudan, esto serán de $10 mensuales en los servicios de agua, en caso de tener deuda por dichos servicios.

Muñiz apoyó públicamente la Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, la cual fue creada con el propósito de establecer una tarifa fija de los servicios de agua y

luz para los clientes de los residenciales públicos de Puerto Rico además de disponer para el establecimiento de un plan de pago fijo para todo cliente con balances vencidos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Vote a favor de esta iniciativa en el Senado y que el gobernador Luis Fortuño la convirtió en la “Ley # 69’ ya que hace justicia social y económica a nuestra gente humilde y más necesitados dentro de los residenciales públicos, ahora tendrán otra herramienta para proteger sus hogares y poder recibir los servicios básicos de agua y luz que son tan indispensables para vivir”, expresó Muñiz, en un comunicado de prensa.

Explicó  que no sólo se le ajustaría las tarifas sino que además la AAA y la AEE establecerán un plan de pago para todo cliente que tenga registrados balances vencidos, cuyo abono mensual será de $10, los

cuales serán sumados a la tarifa fija mensual en cada factura de la respectiva agencia hasta que el balance vencido sea saldado. Este plan de pago será otorgado, siempre sin importar el monto de la deuda y no se podrá solicitar un pago inicial como condición para otorgar el plan de pago.

El plan de pago será un contrato entre el cliente y la Autoridad el cual tendrá vigencia hasta que la deuda esté salda sin importar el tiempo que le tome al cliente saldar dicha deuda. Si el cliente incumple con lo establecido en el plan de pago, la Autoridad podrá cancelar inmediatamente el beneficio y proceder conforme a las normas y reglamentos que le apliquen. De igual manera, la Administración de Vivienda Pública iniciará inmediatamente el proceso de intención de cancelación de contrato.

“Comenzamos la orientación en el Residencial Candelaria de Mayagüez pero estaremos expandiendo este servicio de orientación ciudadana a través de todos los residenciales de la isla”, concluyó.

 

Economía, negocios

Detienen, por ahora, el cierre de colecturías

Alcaldes quieren estudiar los efectos

Por Frances Rosario / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

La Federación de Alcaldes logró detener el plan de cierre de colecturías del Departamento de Hacienda hasta tanto se realice un estudio sobre el impacto económico que esto representaría a sus pueblos, informó el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez.

Durante ese periodo evaluativo, el secretario de Hacienda, Juan Carlo Puig, tomará en consideración varias alternativas propuestas por los alcaldes. Entre estas se destaca el que los municipios se encarguen de dar el servicio, informó el propio titular.

La decisión se tomó el viernes pasado, luego de que los federados sostuvieran una reunión con Puig.

En ese mismo conclave se designó al alcalde de Vega Alta, Isabelo “Chabelo” Molina, a cargo del comité que se encargará de evaluar el efecto del cierre de colecturías para la actividad económica municipal.

“No solamente se puede pensar en las economías que pudiera generar al Departamento de Hacienda esta decisión... Está el movimiento de personas que van a las colecturías, que siempre de una forma u otra genera movimiento económico (en los municipios). Siempre compran algo en el pueblo o almuerzan”, afirmó el alcalde fajardeño.

En la mira 41 colecturías

Puig señaló  que el plan de cierre o consolidación de colecturías afectará entre 38 a 41 de las 98 colecturías que hay establecidas en la Isla. Dijo que esta determinación se dio tras el recorte de empleados públicos en la agencia.

Pero ayer no dio a conocer los municipios que se afectarían, porque desea informarle el plan a los alcaldes populares. Esa reunión se dará esta semana, dijo. Comentó que también los consultará a los populares sobre la probabilidad de que los municipios asuman las responsabilidades de la colecturía.

“Primero que nada tenemos que ver si el concepto es viable o no, en qué municipio se puede aplicar y qué municipio no. Cada municipio tiene particularidades y no todos tiene el mismo volumen”, comentó el Secretario.

Por otro lado, Puig informó que el próximo 17 de febrero se inaugurará la primera colecturía consolidada. Se trata de una fusión entre las oficinas de Barrio Obrero, el Tribunal de Hato Rey y Río Piedras. La oficina quedará en el edificio Capital Center Norte.

Comunidad

Estudiantes UPR acamparán en denuncia a administración universitaria

Por CyberNews  - El Vocero

SAN JUAN– El Comité de Acción de Humanidades (CAH) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) convocó el domingo a la comunidad estudiantil para que participe en un campamento de 48 horas con el propósito de abrir espacio al debate público y criticar las acciones de la administración universitaria.

El campamento se llevará a cabo desde mañana, lunes, desde las 9:00 de la mañana, hasta el miércoles, a la misma hora. “Acampados en papel, en tierra y en pared” contará con una pintada de un mural, música en vivo, performances, unas bici-brigadas, cine-foros y muchas otras actividades en los alrededores de la Glorieta Fabián en la Facultad de Humanidades, del recinto riopedrense.

Abner Dennis, un estudiante graduado con una concentración en Filosofía, explicó que entre las críticas que le dirigen al primer centro docente del país se encuentra haber colocado en moratoria algunos programas, ya que representa una seria limitación de la oferta académica. "Cuando preguntamos por qué ponen en moratoria programas como el bachillerato de francés o la maestría de Ecología Familiar nos dicen que el problema es que pocos estudiantes se matriculan", expresó.

Añadió  que uno de los errores que comete la UPR es que pretende que los programas de artes liberales (pintura, historia, literatura y lenguas extranjeras, entre otros) se abarroten de estudiantes como ocurre con los programas de Ciencias Naturales. El joven filósofo piensa que donde falla la administración es en que no pueden pretender llenar los programas de estudiantes sin hacer la promoción necesaria de éstos en las escuelas secundarias de nuestro país. "El problema es mayor a grandes rasgos, porque el resultado directo de fomentar las ciencias nada más es que menos estudiantes se interesan por otras disciplinas. Por lo tanto, la matrícula de programas de artes liberales es menor. Nosotras y nosotros sabemos que el problema es mucho más complejo, pero no se puede negar que la insistencia gubernamental por que se preparen científicos tiene efectos adversos para otros saberes", dijo.

Asimismo, otro de los asuntos que complicó el panorama en la Universidad lo fue la Ley 7 ya que ésta excluye a la institución de cualquier ahorro y/o aumento al fisco que sea el producto de las medidas impositivas de dicha ley. Fue ésta la que llevó a la Asamblea General de Estudiantes del semestre pasado a que se aprobara un voto de huelga y que se crearan los variados comités de acción por facultad.

Para este Comité, fomentar el debate y la protesta es imprescindible en la sociedad. Por eso sus miembros entienden que la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe Quiñones, y el recién nombrado presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, deberían asistir al campamento y participar de un debate abierto con todo el estudiantado. "Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero nunca cancelando nuestro derecho a protestar libre y creativamente", comentó.

"Invitamos a toda la comunidad universitaria a que participen de forma responsable y proactiva del campamento y sus actividades", concluyó el estudiante.

Cobro de deudas permitiría liquidez del Centro Médico, opina el presidente electo de la UGT

Inter News Service Primera Hora

El presidente electo de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, aseguró hoy que la Administración de Servicios Médicos (ASEM) tiene deudas por cobrar del Centro Médico de Puerto Rico, ascendentes a $110.4 millones, que posibilitarían su liquidez, por lo que catalogó de disparate la posibilidad de colocarlo bajo sindicatura.

El dirigente gremial salió de este modo al paso al secretario de Salud, Lorenzo González, quien ha anunciado que pondrá en sindicatura a aquellas agencias que operan bajo la sombrilla de ese departamento para subsanar un alegado déficit global acumulado que oscila entre $300 y $500 millones.

Tal proceder permitiría que funcionarios del Departamento de Hacienda, del Banco Gubernamental de Fomento y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto asuman la administración de los hospitales en control de ASEM.

Perfecto Torres enumeró entre las deudores de ASEM al Municipio de San Juan, con $26.6 millones; el Departamento de Salud, con $25.7 millones; la Escuela de Ciencias Médicas, con $11.5 millones; ACAA, con $9.4 millones; Salud Correccional, con $5.4 millones; el Hospital Oncológico, con $3.4 millones; Humana, con $9.4 millones; Triple S, con $5.9 y Medical Card System, con $4.8 millones.

"Lo que hace falta es voluntad para cobrar deudas acumuladas de la empresa privada y de los propios participantes del Centro Médico que ascienden a $110,427.943", subrayó el presidente electo de la UGT.

 

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Opinión __________________________

Editoriales

El Nuevo Día

Mano dura en bolsillo vacío

En momentos en que el Gobierno reitera su visión policiaco-militar en la lucha contra la ola criminal, aflora la creciente receptividad de la sociedad puertorriqueña hacia un enfoque salubrista como estrategia en la batalla contra el problema que más incide en la delincuencia: la drogadicción.

Mientras agencias y organismos del Gobierno –la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Policía y la Guardia Nacional– no aciertan a la identificación de los fondos por una cuantía de millones de dólares que se requieren para la movilización de 1,000 guardias nacionales en la lucha contra la criminalidad, se hace más patente y ostensible el respaldo del pueblo a la medicación de las drogas como alternativa al viejo y fracasado método policíaco, ahora endurecido por el componente militar.

Al contrario de los hallazgos de anteriores estudios, el sondeo de Lake Research Partners encontró que un amplio 85% de los entrevistados percibe la adicción a drogas como enfermedad que debe tratarse como una condición crónica a través de un tratamiento médico, más en concreto el de la farmacoterapia. Más aún, el 80% dijo estar dispuesto a aportar $2 adicionales en su respectivo plan médico para que el tratamiento de adicción a drogas y alcohol sea más accesible y con un costo razonable.

Ello se enmarca en el constante señalamiento de los oficiales de la Policía sobre que entre un 60% y un 70% de los asesinatos que ocurren a diario en la Isla tienen su origen en el trasiego y uso de las drogas ilícitas.

Un dato significativo que aporta la encuesta consiste en que Puerto Rico supera en esa postura liberal a otras ocho jurisdicciones de Estados Unidos incluidas en el estudio, en las que el 70% coincide en el enfoque salubrista para atender el problema contra un 80% aquí en la Isla.

No es necesario profundizar mucho para entender esa nueva actitud de los puertorriqueños: el convencimiento de la inutilidad del gasto de miles de millones de dólares invertidos por los gobiernos de los pasados 20 a 30 años en decenas de “planes anticrimen” centrados en el reclutamiento de más agentes y la adquisición de más equipos y más patrullas (por no hablar del reciente debate sobre los colores en que deben pintarse las mismas), y que han constituido un rotundo fracaso, dado que la delincuencia sigue ganando la batalla al Gobierno.

Como certeramente lo planteó la doctora Carmen Albizu, codirectora de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de la Adicción a Drogas, no debe el Gobierno seguir “echando dinero en un saco roto que no conduce a una mejoría de la sociedad”, como es el caso de la exclusiva visión policíaco-militar para enfrentar el mal que desangra al País.

Agréguese a lo anterior el dato cierto de las enormes cantidades de dinero invertidas en mantener cada preso convicto por un acto criminal ($40,000 el primer año) frente a los apenas $4,000 ó $5,000 que representa tratar médicamente a una persona adicta a las drogas.

El dato es más importante en estos días en los que todavía –una semana después del Mensaje del Gobernador– los oficiales correspondientes del Gobierno no encuentran los fondos necesarios para poner en ejecución la claramente no estructurada e improvisada aventura de insertar el elemento militar en la lucha policíaca contra la criminalidad.

A la luz de estas evidencias sociológicas, científicamente constatadas, la Administración Fortuño debe impulsar de forma decidida este concepto de que el drogadicto es un enfermo y que al Estado le corresponde el suministro controlado de su medicina, descartando la aparatosa visión de la militarización policiaca como única alternativa y reemplazándola por soluciones más constructivas, más creativas, más sensibles y, a la larga, como se ha comprobado en muchas otras sociedades, más eficaces.

El Vocero

Aviso importante a nuestros lectores

08 de febrero de 2010 05:00 am

Estimado (a) lector (a):

En los últimos días hemos confrontado algunos inconvenientes en el acceso a nuestra página web, debido al alto número de visitantes simultáneamente ingresando a VOCERO.COM

Estamos trabajando para solucionar este inconveniente a la mayor brevedad y muy pronto lanzaremos una nueva plataforma más ágil y dinámica, comprometidos como de costumbre, de mantenerlo (a) informado (a), brindándole los últimos acontecimientos noticiosos de manera sencilla, clara y objetiva.

Le exhortamos a que continúen enviando sus sugerencias y comentarios.

Agradeciendo de antemano su continuo patrocinio,

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Columnas y blogs

Sitiados

RAFAEL ACEVEDO – El Nuevo Día

Este simpático estado de sitio en el que nos encontramos ha dado lugar a expresiones relativas a los costos económicos. No está mal que uno se preocupe del destino de sus impuestos. Pero cuando el Gobierno declara que ha entregado sus fuerzas policiales a las agencias federales y que ha de lanzar a la Guardia Nacional a la calle para detener el crimen, la cosa va más allá del dinero.

Se reconoce la incapacidad de las instituciones del Estado para lograr cualquiera de los objetivos para los que fueron creadas.

Se ha instaurado un régimen jurídico excepcional en consideración a un estado de peligro para el orden público. El asunto principal parece ser el alza en los índices de la criminalidad, sobre todo la llamada ola de asesinatos.

A su vez, los voceros de tal plan de contingencia (así le llaman ahora al estado de sitio) hacen énfasis en el carácter imprevisible y contingente de tales crímenes. Se añade a este galimatías la conclusión de que la mayoría de las muertes violentas se originan en los vericuetos del narcotráfico.

El Superintendente de la Policía, agente del FBI, desea eliminar los puntos de droga. Según el propio gendarme hay cerca de seiscientos de ellos. A uno por semana necesitaría diez años y le restarían ochenta.

Esa puesta en práctica de la demagogia se llevó a cabo hace más de una década. El resultado fue un aumento en el número de asesinatos. Ahora, cuando hay puntos de drogas en toda la isla, debemos suponer que la Guardia Nacional estará en todo el territorio y que las masacres ocurrirán en toda la geografía. A nadie en la Administración actual se le ocurre una sola alternativa a esta situación altamente peligrosa, costosa y sospechosa.

El Gobierno de Puerto Rico es un estado de peligro para el orden público.