Monitoreo de prensa

martes, 9 de febrero de 2010

Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves

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Urge proteger embalses de rampas ilegales

Antonio R. Gómez / Primera Hora

Es urgente para Puerto Rico desarrollar una política publica para la protección de sus embalses y cuerpos de agua de la amenaza que representa la proliferación de rampas ilegales para botes, concluyó la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado.

Un informe presentado ayer y acogido por el cuerpo denuncia que en Puerto Rico existen 36 embalses y alrededor de 70 rampas ilegales muchas, de las cuales cobran cuota por permitir tirar los botes al embalse o por usar los terrenos aledaños a las mismas. El cobro, se indicó, es entre $5 diarios hasta los $150 anuales.

Además de operar ilegalmente, en estas rampas “tiran embarcaciones que no cumplen con los requisitos establecidos por el Departamento de Recursos Naturales” y muchos de los que lo hacen “no cuentan con los requisitos establecidos por ley para operar embarcaciones de motor”.

El informe concluye que “es prioritario proteger la integridad y la seguridad de los embalses” ya que la mayoría del agua potable proviene de éstos, al igual que la utilizada en la agricultura y en la generación de electricidad.

Entre las violaciones que evidenció la Comisión, destacó la deforestación, gran número de desperdicios sólidos flotando en las aguas, pesca ilegal y construcciones con mal manejo de aguas usadas y pozo sépticos en pleno embalse.

Mientras tanto la Cámara de Representantes aprobó un proyecto senatorial para aliviar el impacto de la Ley 7 sobre las cooperativas, a las que se le impuso una contribución especial de cinco por ciento. La medida flexibiliza los requisitos y uso de las reservas de las cooperativas de ahorro y crédito, mientras dure dicho impuesto.

Seguridad, justicia, tribunales

Movilizan ‘fuerza de choque’ al Capitolio

Por Maricarmen Rivera Sánchez - EL VOCERO

Luego de recibir una “confidencia”, la Policía movilizó al Capitolio un contingente de la Unidad de Operaciones Tácticas o fuerza de choque, cuyos miembros estuvieron todo el día de ayer acuartelados en un salón frente a la cafetería en el sótano del edificio.

El superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha no precisó por qué se movilizaron estos agentes, sin embargo varias fuentes confirmaron a EL VOCERO que hubo amenazas de que grupos sindicales supuestamente intentarían irrumpir en el Capitolio. Al cierre de esta edición, no se reportó ningún incidente. Para hoy hay en agenda una manifestación en contra del proyecto para consolidar las procuradurías.

“Fue una confidencia que recibimos y no voy a entrar en detalles. Yo tomo las medidas de seguridad que entienda necesarias”, precisó Figueroa Sancha luego de decir que eran “uno que otro más” de lo que usualmente hay. Además de los miembros de la fuerza de choque aguardando dentro del Capitolio, se aumentó la presencia policiaca a las afueras del edificio.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo permanecerían los policías en el Capitolio dijo que “el tiempo que sea necesario”.

Figueroa Sancha llegó ayer al Capitolio para reunirse con el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) para explicarles el plan anticrimen, específicamente los planes de activar la Guardia Nacional.

“Queríamos que estuvieran claros en lo que implica la movilización de la Guardia Nacional. Pidieron que les explicara y les repetí lo que hemos estado diciendo desde la semana pasada”, dijo Figueroa Sancha. “Explicamos que el lunes y martes le toca el adiestramiento a la policía y que no necesariamente van a estar los 1,000 efectivos a la vez porque son cuatro regiones”.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, dijo estar complacida con la explicación del Superintendente.

“En la descripción que él hizo me pareció una buena idea pero hay que verlo en la práctica”, dijo Padilla. “La preocupación más bien era cómo se iban a atender los casos en cada municipio y la explicación que nos dio nos satisface”.

En la reunión, dijo Padilla, el Superintendente informó que los efectivos de la Guardia Nacional también trabajarán evaluando los videos de seguridad de los residenciales públicos.

En la oficina del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz también esperaba el alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill. El Superintendente aseguró que O’Neill no estuvo en la reunión y que no se discutieron los planes de municipalizar la Policía.
Por su parte, el senador Héctor Martínez dijo que aprovechó la visita de Figueroa Sancha para dejarle saber que visitará las regiones policíacas en aras de desarrollar un nuevo proyecto de municipalización.

“Lo que hablé con él fue de unas vistas públicas que vamos a hacer de la municipalización y le estaba informando de vistas en las comandancias y en las sedes de la Policía”, dijo Martínez. “Vamos a evaluar las alternativas que tienen los gremios para un proyecto sustitutivo”.

Piden protección para Aileen Mudafort en el caso estatal contra Jorge de Castro Font

Rosita Marrero / Primera Hora

El estado de situación es candente.

Una moción en la que se solicita una orden de protección a favor de la testigo Aileen Mudafort en el caso estatal que se sigue contra el ex senador Jorge de Castro Font fue radicada ayer en el tribunal por su abogada para que no se le permita al Estado usar sus declaraciones ni testificar en el proceso.

A sólo horas para la celebración de una vista de estatus pautada para hoy en la sala de la jueza Laura Liz López Roche, la abogada Laura Maldonado sometió una moción de intervención para que se emita una orden de protección a favor de Mudafort.

En la moción, Maldonado expone que su representada fue entrevistada en dos ocasiones por el fiscal especial independiente (FEI) Ernie Cabán, a finales de 2009.

Mudafort señaló en la declaración jurada que da base a esa moción que, además de Cabán, en las entrevistas estuvo presente el fiscal Guillermo Garau.

En ningún momento, se indica en la moción radicada por Maldonado, “se le dijo a Mudafort que iba a ser testigo, como en ningún momento se le dijo que iba a aparecer como coconspiradora en tres de las denuncias” que se le sometieron al ex senador.

“Sin embargo, en tres denuncias se dice que De Castro cometió delitos en concierto y común acuerdo con Mudafort”, se señala.

“No le advirtieron los derechos. No le dijeron que tenía derecho a mantenerse callada y a tener un abogado”, se acota.

Se dramatiza en la moción que “una vez más se pretende que Mudafort se siente a declarar, cuando está siendo mencionada como coautora y ella puede ser referida al Departamento de Justicia”.

De hecho, en su declaración jurada Mudafort expone que el FEI hizo cuatro referidos y desconoce si uno es de ella.

“El Tribunal Supremo ha establecido que no sólo se coacciona a una persona bajo amenaza, sino que también se coacciona por engaño, y ella está juramentando que fue engañada y manipulada”, sostiene la letrada.

Primera Hora supo que Maldonado argumentará su moción en la vista de hoy para plantear por qué no se debe permitir al Estado utilizar las declaraciones que, según se alega, obtuvieron bajo engaño. Pedirá que no se obligue a testificar a su cliente.

De igual modo, se espera que el propio Cabán, que aún tiene el caso a su cargo, refute los argumentos.

Se supone que ayer tarde Cabán fuera entrevistado por la investigadora designada por el Panel del FEI, Josefina Cruz, para evaluar las denuncias de conflicto de interés y el no revelar que conocía a De Castro y que participó en dos actividades de recaudación de fondos.

Destitución del fiscal y desestimación

Es de esperarse también que la abogada de De Castro, Lydia Lizarríbar, como adelantó a Primera Hora el viernes, impugne al fiscal y pida la desestimación de los 182 cargos que pesan contra el ex senador por la investigación “estar viciada”. “Si fuera cierto que se obligó a un testigo a declarar de forma engañosa bajo manipulación para radicar los cargos, la investigación está viciada y los cargos deben ser desestimados por conducta impropia de los fiscales”, dijo Lizarríbar. Reiteró que está viciada por la forma en que se llevó a cabo y que se debe destituir a los fiscales y desestimarse los cargos.

Lizarríbar hizo llegar unas fotos, junto con una carta, en la que pide que se investiguen las imputaciones que se le hacen al fiscal, al Panel del FEI, al secretario de Justicia y al fiscal federal Timothy Henwood, que comprometen y desmienten lo dicho por Cabán, que no tenía ninguna relación con De Castro ni asistió a actividades de recaudación de fondos.

“[...]Cuando se niega un hecho verídico que se puede constatar, ese hecho es el que arroja dudas y sospechas de la relación”, mantuvo.

Primera Hora preguntó a la jefa de los fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, si atenderían directamente la petición de que se investigue al fiscal por la alegada violación de derechos civiles de una testigo o lo referirían a la División de Integridad en Washington.

“Yo personalmente contestaré la carta”, dijo Rodríguez por medio de su portavoz, Lymarie Llovet.

Mudafort

En tanto , Mudafort expresó en una entrevista por WKAQ que había visto participar a Cabán de forma amigable en actividades de recaudación.

“Yo se lo dije, que qué hacía entrevistándome a mí si yo era una amiga personal de él (de De Castro)”, dijo.

“Yo creo que debe retirarse de la investigación, ya que se ha dañado demasiado. Se debe hacer una nueva o retirarla. Él debió haberse cohibido desde un principio”, agregó.

Mientras, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, al preguntársele en WKAQ si cree que Cabán debe seguir en el caso, contestó: “Él tiene que hacer una instrospección para decidir lo que es mejor para él, para el caso y para toda su familia”.

Primera Hora le preguntó a Cabán sobre las fotos y la declaración jurada, y declinó comentar por estar en proceso la investigación.

“Yo reclamé que el proceso fuera interno. Prefiero presentar mis argumentos en el foro. Estoy bien tranquilo, confiado y satisfecho de que se haya abierto un foro interno”, dijo.

Declinó contestar si va a renunciar. “[...] Lo malo es que el encubrimiento y las medias verdades es peor que la verdad”, comentó un abogado.

Fotos como evidencia

Por Milly Méndez - EL VOCERO

La defensa del ex senador Jorge de Castro Font pidió ayer a la Fiscalía Federal que asigne un perito para evaluar la autenticidad de las fotografías que fueron publicadas en exclusiva por EL VOCERO y que demuestran que el fiscal especial independiente, Ernie Cabán Santiago, asistió a un evento de recaudación de fondos que realizó De Castro Font el 28 de febrero de 2007 en el restaurante el Chotis, en Hato Rey.

La solicitud fue hecha por la licenciada Lydia Lizarríbar, mediante una carta. En la misiva, según explicó la abogada en entrevista con EL VOCERO, también presentó a las autoridades federales las fotografías como evidencia.

Especificó que pide una verificación con un experto para probar que las imágenes no son un fotomontaje. El fiscal Cabán Santiago, fue entrevistado por la emisora radial, NOTIUNO, y dijo que “no reconozco la foto…no la recuerdo”. Agregó, que no le extrañaría que las fotografías que lo ubican compartiendo en un ‘fundraising’ con De Castro -cerrado al público- fueran un fotomontaje.

Además, la licenciada Lizarríbar va a acudir hoy, martes, al Tribunal de San Juan a una vista de estatus para informarle a la jueza Laura López que la defensa ha solicitado unas investigaciones por la conducta de los fiscales especiales independientes asignados al caso estatal contra su cliente y por la forma en que se condujo la investigación del FEI. Lizarríbar, sostuvo que, va a entregar copia de las cartas que envió, a la mano, al fiscal federal Timothy Henwood, la presidenta del FEI, Berta Mainardi, y al secretario interino de Justicia, Guillermo Somoza, en las que solicitó investigar las actuaciones de los fiscales designados Cabán Santiago, y Guillermo Garau Díaz por posibles violaciones de derechos de testigos de los cargos estatales.

EL VOCERO supo que la licenciada Laura Maldonado, abogada de Aileen Mudafort, presentó ayer en la tarde una moción para el que Tribunal deje sin efecto la citación como testigo de cargo y que a su vez, emita una orden protectora. Mudafort es una de los testigos del FEI y presentó una declaración jurada donde detalla que nunca fue informada que podría ser tarjeta de investigación o que cualquier testimonio de su parte podía ser utilizado en su contra. Reitera en el documento que Cabán Santiago, presuntamente reiteró en presencia del fiscal Garau que la pesquisa estatal era una perdida de dinero y tiempo.

Por otro lado, Lizarríbar, adelantó que va a solicitar a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) que desestime los 182 cargos que se presentaron contra su cliente De Castro Font por los delitos de extorsión, soborno, violación a la Ley de Ética y a la Ley Electoral.

“En ningún momento se configuran los delitos. Su declaración de culpabilidad (en el foro federal) no quiere decir que cometió los delitos estatales… él se declaró culpable por servicios deshonestos no por soborno y extorsión”, aclaró Lizarríbar.

Según el pliego acusatorio federal, el otrora Presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, se declaró culpable de 21 cargos federales: 20 cargos que incluyen fraude electrónico (Título 18, sección 1343, U.S.C.A) y por privar al pueblo del derecho intangible de servicios honestos (Título 18, sección 1346, U.S.C.A), además de un cargo de conspiración para obstruir el comercio interestatal, lo que significa tentativa de cometer extorsión (Título 18, sección 1951 U.S.C.A).

Lizarríbar, explicó que los testigos que declararon ante el Gran Jurado federal no pudieron señalar, bajo juramento, que el ex legislador le había pedido dinero a cambio de favores. “Ninguno pudo acusar directamente a De Castro Font de soborno o extorsión”, detalló mientras al mismo tiempo, recalcó que estos testigos son los mismos que entrevistó el FEI. “Ante el hecho que no he visto las declaraciones estatales entiendo que pudo haber surgido manipulación por parte de los fiscales” dijo Lizarríbar.

Contrato en la cuerda floja

De otra parte, EL VOCERO, tiene información de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, está evaluando prescindir del contrato que tiene Eduardo ‘Tito’ Laureano, en la Oficina de Asuntos Gubernamentales en ese cuerpo legislativo. Laureano fue ayudante de De Castro Font en el pasado cuatrienio.

Niegan que esté fuera del País

Por Melissa Corea
EL VOCERO
08 de febrero de 2010 06:00 pm

La abogada del ex senador Jorge De Castro Font, Lydia Lizarríbar, negó a EL VOCERO que su cliente haya sido ingresado a un programa de protección de testigos fuera del País.

"Acabo de hablar con él y está viendo televisión en su casa", expresó la letrada a su salida del Triunal Federal. "A esta hora , 3:56 p.m. ,no se me ha notificado de que vaya a entrar a un programa de protección de testigos,”, aseguró la abogada.

La información trascendió en medios radiales en momentos en que se discute en el foro estatal el posible conflicto ético del fiscal a cargo del caso contra De Castro Font.

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Familia ponceña lucha para no perder su hogar

Darisabel Texidor Guadalupe / Para Primera Hora

Ponce. Una familia, residente en el sector La Calzada, aseguró que luchará con uñas y dientes para defender el pedacito de terreno donde con mucho esfuerzo han construido su hogar y que el Municipio de Ponce clasificó como estorbo público.

Josefina Delgado, dueña del terreno, dijo a este diario que esa tierra ha pasado de generación en generación y que ahí varios miembros de su familia han establecido sus viviendas.

Ésta dijo que la vivienda estuvo ocupada anteriormente por su hijo Ramón Nazario, su esposa y sus nietos, pero luego que Nazario falleció su nuera se mudó solicitando la ayuda del Municipio. “En la alcaldía le exigieron una carta donde dijera que yo le cedía la casa para que le dieran un apartamento a cambio”, dijo Delgado.

Agregó que una abogada de la División Legal del Municipio le indicó a su nuera qué debía escribir en la carta, lo que hizo confiada sin imaginar que con lo que redactó estarían a punto de arrebatarle el hogar que luego regaló a su hija Elicelis Nazario y a su esposo Jorge Alvarado, quienes la remodelaron con mucho esfuerzo y donde viven junto con sus dos hijos.

Recordó que los pasados 26 de enero y 4 de febrero, personal de la Directoría de Infraestructura y Transportación municipal acudió a la residencia con maquinaria pesada porque tenían una orden para demoler la vivienda, lo que provocó que los vecinos se unieran y evitaran el derrumbe.

Éstos denunciaron que en el lugar existen otras viviendas que sí pueden ser catalogadas como estorbos públicos y que han solicitado la ayuda del Municipio para evitar que se conviertan en hospitalillos. Sin embargo, sus reclamos nunca han sido atendidos.

“Nos sentimos decepcionados y frustrados por la forma en que nos han tratado”, dijo por su parte Elicelis, quien comentó que también solicitó ayuda del Municipio para conseguir una vivienda pero la misma le fue negada.

La mujer mencionó que su esposo ha construido la casa poco a poco, con mucho sacrificio, y que no es justo que de la noche a la mañana, sin ninguna notificación previa, lleguen a quitarles todo.

Por su parte, Alejandro Salgado, abogado de la familia, presentó una demanda en contra del Municipio de Ponce para que el tribunal ordene la paralización de ese proceso. “Esa vivienda no puede declararse estorbo público porque no cumple con ninguno de los puntos de su descripción legal”, expresó el abogado, quien añadió que el Municipio está violando el derecho a la propiedad de esta familia.

De su parte, Edna Ortiz, directora de la Secretaría de Vivienda municipal, aclaró que el trato para la concesión de la vivienda a la ex nuera de doña Josefina fue que intercambiara su vieja vivienda por el apartamento nuevo que le daría el Municipio en el complejo Riberas del Bucaná III.

“Ellos están en el lugar de forma ilegal porque esa vivienda le pertenece al Municipio y lamentablemente se tienen que ir”, destacó Ortiz.

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