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Comisión de Comunicación Social y Propaganda,  MINH

Monitoreo de prensa Núm. dos

martes, 16 de febrero de 2010

Por Elaine Mulet Hocking y Natalia Rivera Nieves

Ambiente

Federación se une como "amigo de la corte" a pleito de Ciudadanos del Karso para que se deje sin efecto estudio

Inter News Service – Primera Hora

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico presentó un recurso para unirse como "amigo de la corte" en el Tribunal Supremo, en la demanda sometida por la organización Ciudadanos del Karso (CDK), para que se haga cumplir la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico de 1999 (Ley del Karso).

La Federación pretende impugnar la vigencia del Estudio del Karso realizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y ordenado por esa ley, en que se recomienda asignarle prioridad a la conservación de un 35 por ciento de la totalidad de la zona del karso en la Isla para garantizar en un mínimo sus servicios ecológicos.

"Es inconcebible que la Federación busque dejar sin efecto el Estudio del Karso, atentando así contra el suministro de agua potable del que depende una cuarta parte de la población y una parte importante de la actividad económica de la Isla. Lo que es peor, que se continúe permitiendo como resultado la ubicación o construcción de canteras y proyectos residenciales nuevos en el 35 por ciento identificado en el estudio, poniendo en peligro la vida, propiedad, el agua y los empleos de miles de ciudadanos. Tal parece que no han aprendido de la experiencia del terremoto de Haití", denunció Abel Vale Nieves, presidente de CDK.

Vale Nieves recordó los múltiples casos ocurridos en años recientes relacionados a comunidades afectadas por deslizamientos de terreno, caídas de rocas, y colapsos de sumideros en el karso y que los gobiernos municipales tuvieron que socorrer, asumiendo gran parte de los costos de realojo o asistencia en esas emergencias.

Entre éstos destacó los de la Urbanización Valle de Aramaná y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Corozal, las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí, el complejo residencial Estancias de la Fuente en Toa Alta, la comunidad del barrio Unibón en Morovis, la urbanización Cerca del Cielo en Ponce, la comunidad de Alturas de Bélgica en Guánica, el sector Los Molinas en Lares, y recientemente el sector Pringamosa en Vega Alta, y el Barrio Pajuil en Hatillo, este último afectado por inundaciones luego de que se rellenaran varios sumideros para la construcción de un proyecto de urbanización cercano.

Vale Nieves, que también ha sido presidente de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe, señaló que la moción presentada por los alcaldes novoprogresistas es contraria a las gestiones hechas por el ex gobernador Carlos Romero Barceló y el gobernador Luis Fortuño, cuando ambos eran comisionados residente en Washington.

Ambos funcionarios presentaron en ese entonces dos proyectos de ley en el Congreso para establecer como política pública federal la protección del karso.

El presidente de CDK indicó que le preocupa la posición asumida por el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), y las farmacéuticas Abbott Laboratories, Pfizer y Merck Sharp & Dohme, ya que estas forman parte, junto a varios municipios del norte, del consorcio público privado Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR), el cual ha solicitado desde un inicio la derogación del Estudio del Karso.

"Nos sorprende de sobremanera la participación del SUAGM en este pleito, ya que son inconsistentes con estudios que han publicado en el ámbito ambiental recientemente y en los cuales se desprende la necesidad de conservar el karso como medida indispensable para lograr el desarrollo sostenible de Puerto Rico," expresó Vale Nieves.

Denuncian ‘atentado’

De alcaldes penepés contra Ley del Karso

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Ciudadanos del Karso (CDK) denunció ayer que la Federación de Alcaldes pretende impugnar la vigencia de un estudio que recomienda conservar el 35% del total de esa área geográfica.

Abel Vale, presidente de CDK, indicó que la Federación presentó una solicitud para ser considerada como “amigo de la corte” en el Tribunal Supremo, en una demanda incoada por el grupo para hacer cumplir la Ley del Karso (1999). El estudio en disputa lo hizo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por disposición de ley.

Vale sostuvo que la Federación está “atentando contra el suministro de agua del que depende una cuarta parte de la población y una parte importante de la actividad económica de la Isla”.

"Reviven proyecto de planta nuclear"

Escrito por Beatriz de la Torre, EL VOCERO

Con la esperanza implícita de que a la cuarta si no a la tercera va la vencida, la administración Fortuño comenzó a revisar la existente política pública energética sin el insumo de científicos y planificadores, a la vez que aparentemente explora la construcción de una planta nuclear – una opción descartada por peligrosa hace más de 15 años.

El Gobierno resucitó la opción de una planta nuclear por segunda ocasión la semana pasada en el testimonio de los funcionarios de la Administración Asuntos Energéticos (AAE) ante la Comisión de Desarrollo Económico y Planificación del Senado donde se presentó, aunque con un signo de interrogación, como una de las tres alternativas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para diversificar las fuentes de energía. Las otras dos fuentes alternas mencionadas fueron el uso de gas natural y el llamado “waste to energy”, es decir, la conversión de desperdicios sólidos en energía.

La AAE también dijo que se debía considerar fuentes renovables como la solar ya sea termal o fotovoltaica, energía eólica y la biomasa.

Previamente, Miguel Cordero, director ejecutivo de la AEE, ya había mencionado públicamente que en el futuro se debería revivir la alternativa nuclear en Puerto Rico. "Tiene que hacerse un proceso de educación a la gente porque las plantas nucleares para generar energía eléctrica son cada vez más seguras, más compactas y producen energía barata. El país tendrá que evaluar esa posibilidad en los próximos 20 años", dijo el ingeniero Cordero en una reciente entrevista periodística.

Cordero, es uno de cinco funcionarios nombrados por el gobernador Luis Fortuño para formar el “comité de política pública energética”, cuyos otros miembros son todos parte de su Gabinete. Según la orden ejecutiva OE-2009-23 de julio del año pasado, este comité está presidido por el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, y además de Cordero incluye ex oficio al Director de la AAE, al presidente del Banco Gubernamental de Fomento y a un representante de la Oficina del Gobernador.

Hasta ahora dicho comité gubernatorial ha trabajado en tal penumbra que su existencia sorprendió tanto a la senadora Norma Burgos, quien ahora preside la comisión senatorial que evalúa un proyecto de ley, el P. del S. Número 679, para “combatir el calentamiento global”, como al geólogo Pedro Gelabert, quien bajo la administración Rosselló copresidió con la legisladora el panel que estableció la política energética.

Los autores del actual proyecto son el presidente del Senado, Tomás Rivera Shatz, y su colega popular Alejandro García Padilla.

De ser aprobada, esta nueva ley tendría un impacto directo sobre la política energética de Puerto Rico tanto en términos económicos como ambientales por lo cual no está claro su impacto sobre el panel del Gobernador.

Aunque ni Cordero ni los funcionarios de la AAE lo han mencionado, en 1993 fue justamente la senadora Burgos, quien presidió el panel que escribió la política energética vigente y se opuso a los intentos de la AEE de tratar por tercera vez el construir una planta nuclear en Puerto Rico.

“Prohibimos el desarrollo de una planta nuclear porque un accidente afectaría a dos terceras partes de Puerto Rico y además ¿que íbamos hacer con el desperdicio? Nunca se consiguió un sitio donde disponer el desperdicio,” dijo Gelabert, quien en aquel momento dirigía el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“También prohibimos la (planta) de carbón por las emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero ahí se metió la Autoridad (de Energía Eléctrica) e hicieron que elimináramos eso y solo se dejó fuera la planta nuclear”, puntualizó el funcionario federal.

Burgos, quien al igual que Gelabert, dijo estar a oscuras sobre la existencia del comité de Fortaleza, señaló que no tiene objeciones a que ahora se revise la política energética existente, pero confirmó que la oposición a la propuesta nuclear de la AEE en 1993 fue tan intensa que se estableció que los funcionarios de gobierno “ni siquiera pueden discutir la posibilidad de traer una planta nuclear”.

"Más peligrosa que nunca planta nuclear para PR"

Escrito por Beatriz de la Torre, EL VOCERO

El construir una planta nuclear en Puerto Rico hoy en día sería más peligroso que nunca, de acuerdo con el geólogo Pedro Gelabert, quien en más de una ocasión se ha confrontado con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para oponerse a los costosos sueños de energía nuclear de esta agencia.

Gelabert, quien ha dirigido la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés), advirtió en una entrevista exclusiva con EL VOCERO que el cuadro sísmico de Puerto Rico obliga a que se descarte una planta nuclear en cualquier punto de la Isla.

“Obviamente la placa del Caribe se está moviendo. Este no es el mejor momento para hacer una planta nuclear en Puerto Rico por la actividad sísmica, se están registrando movimientos sísmicos todos los días,” dijo Gelabert.

“¿A dónde nos movemos si hay un accidente?,” preguntó Gelabert, al explicar que cuando el difunto gobernador Luis A. Ferré paralizó los planes de la Autoridad de Energía Eléctrica de convertir a nuclear la termoeléctrica de Aguirre fue después que los estudios sísmicos encontraron que un accidente nuclear afectaría dos terceras partes de Puerto Rico. “Lo único que se salvaba era la parte de arriba de Aguadilla”, subrayó.

Los temores sísmicos de Gelabert coinciden con las advertencias que han hecho mucho otros geólogos en Estados Unidos a raíz de la tragedia de Haití. Estos científicos advierten que aunque en años recientes los grandes terremotos habían sido relativamente escasos en el Caribe, la región tiene una serie de fallas, que la hace cada año más susceptible a posibles desastres. De hecho, los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos llevan años estudiando la posibilidad que el desplazamiento de la placa del Caribe pueda precipitar un movimiento sísmico severo en la llamada Trinchera de Puerto Rico, ubicado en las aguas al norte de San Juan, eventualmente causando un tsunami similar al que devastó la isla de Sumatra en el 2004.

Pero esta batalla no es nueva. Según el recuento de Gelabert, años después que la AEE tuviese que descartar el proyecto de Aguirre en el cual ya había invertido más de $80 millones en construir las fundaciones del edificio donde se ubicaría el reactor nuclear, Cordero quien estaba dirigiendo la utilidad propuso de nuevo el que se reconsiderase la alternativa nuclear, pero se confrontó con la oposición del comité nombrado por el entonces gobernador Pedro Rosselló para sentar la política pública energética. Dicha política está aún en vigor hoy en día, pero está siendo revisada por un nuevo comité nombrado por el gobernador Luis Fortuño al cual pertenece Cordero y otros cuatro altos funcionarios públicos. La AEE también tuvo que mantener almacenado en Francia durante años el equipo que había comprado para la planta nuclear de Aguirre antes de poderlo vender a un costo que no se pudo determinar por este diario.

A un costo indeterminado pero indudablemente de decenas de millones de dólares la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado envuelta en el último medio siglo en varios fallidos y controvertibles esfuerzos de añadir una planta nuclear a sus termoeléctricas:

PRIMER INTENTO: RINCON

AEE une fuerzas con la Comisión de Energía Atómica (CEA) de Estados Unidos en 1960 y construye una planta nuclear experimental denominada BONUS, un acrónimo para Boiling Nuclear Superheater Power Station, para tratar de determinar la viabilidad de un reactor que usase una nueva tecnología termal.

Desde el primer día el proyecto tuvo problemas técnicos y múltiples accidentes, según los récords de la CEA, que muestran que la planta cesó operaciones en julio de 1967 luego de varios años luchando contra escapes de radiación a la atmósfera, accidentes laborales y fallas en el equipo. Un año luego del cese la comisión federal dio por terminado el contrato con la AEE citando “razones económicas”.

Pero no fue hasta 1996 que el gobierno federal dice que dio por terminada la limpieza de la planta luego de remover y enviar al laboratorio atómico de Oak Ridge en Tennessee todos los tanques soterrados y el resto del material posiblemente radioactivo. BONUS, que también se conoce como Domo por el aspecto de su estructura, pasó entonces a manos de la AEE que dijo iba a construir un museo abierto al público.

El gobierno federal ha dicho que continuará inspeccionando y monitoreando el área hasta el 2136 en busca de escapes radioactivos.

SEGUNDO INTENTO: AGUIRRE

Todavía no se había acabado de desmantelar BONUS cuando la AEE firmó un contrato para construir una planta nuclear en Aguirre, en el extremo opuesto de la isla. Esta planta, cuya construcción fue paralizada por el entonces gobernador Luis A. Ferré, tras recibir advertencias del peligro que un incidente sísmico podría causar, estaba destinada a generar 614 megavatios de electricidad.

Aunque nunca produjo ni un kilovatio la AEE presuntamente invirtió más de $100 millones en el proyecto, incluyendo $80 millones en las fundaciones, según el ex secretario de Recursos Naturales Pedro Gelabert. El gobierno también tuvo que pagar por largos años por el almacenaje del reactor nuclear adquirido en Francia, el cual eventualmente se vendió por un precio indeterminado.

Uno de los impactos positivos de este proyecto fue la creación de la Red Sísmica de Puerto Rico por el Servicio Geológico de Estados Unidos al cual se le había encomendado el examinar la incidencia de terremotos en la región y su severidad con vista de la seguridad de la propuesta planta. Con los años esta entidad que ahora forma parte de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez se ha convertido en una de las fuentes más confiables de actividad sísmica en el Caribe.

TERCER INTENTO: CO-GENERADORAS A CAMBIO DE NUCLEAR

Buscando capacidad generatriz adicional la AEE regresó a la opción nuclear a principios de la década del 90 cuando el gobierno estaba buscando el construir plantas de energía alterna.

Aunque el entonces director Miguel Cordero, quien ahora está de regreso al frente de la AEE, primero alegadamente propuso que se reconsiderara la opción de una planta nuclear como remedio para las necesidades energéticas de la Isla esta propuesta se hizo sal y agua ante la franca oposición de los otros miembros de un comité especial nombrado por el entonces gobernador Pedro Rosselló para definir las necesidades energéticas del país, quienes apuntaron con éxito a los estudios previos sobre los riesgos sísmicos del Caribe.

Finalmente se llegó a un acuerdo en el cual La Fortaleza le dio su aprobación a la propuesta de Cordero de introducir carbón y gas natural en las operaciones de la AEE pero al mismo tiempo se prohibió terminantemente cualquier posibilidad de usar energía nuclear en el futuro.

¿CUARTO INTENTO?

Por primera vez en casi dos décadas, par de altos funcionarios de gobierno -- Cordero y el Lcdo. Luis Bernal, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos, una dependencia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio--, mencionan públicamente este mes la posibilidad de que se considere la energía nuclear como una futura alternativa para las necesidades de Puerto Rico.

Esta mera mención está fuera de lugar y es contraria a los parámetros permitidos a estos funcionarios por la política pública energética de 1993 que aún está vigente, según dice uno de sus autores intelectuales, la senadora novoprogresista Norma Burgos, quien advierte que un accidente en una planta nuclear boricua “sería devastador”.

‘Jugosa’ denuncia ambiental

Residentes de Vega Baja hacen varios señalamientos sobre irregularidades en el vertedero.

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

VEGA BAJA - Vecinos de este pueblo calificaron ayer como un “delito ambiental grave”, el que el operador del vertedero municipal esté descargando lixiviados (jugos de la basura) directamente al río Cibuco.

En consecuencia y tras su alegación, añadieron -aunque no presentaron pruebas científicas- que los contaminantes están llegando al balneario de Vega Baja y playas aledañas, afectando el ecosistema marino y poniendo en riesgo la salud de cientos de bañistas.

Por tratarse de un feriado federal, fue imposible obtener ayer una reacción de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), dijo su portavoz en la Isla, Brenda Reyes.

Asimismo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) no atendió las llamadas de este diario.

Mientras, Néstor Hernández, quien reside aquí hace 40 años, denunció que la compañía que opera el vertedero (AR Waste) supuestamente erigió un sistema de canales y charcas de retención de lixiviados sin controles adecuados.

“No hay ‘liners’ (cubiertas) para evitar la percolación. Por ley, los lixiviados tienen que ser retenidos y aislados del subsuelo y el agua. No hacerlo constituye un delito grave a nivel estatal y muy grave a nivel federal. Además, atenta contra la seguridad pública y el ambiente”, sostuvo.

Por su parte, la líder ambientalista Ivis Pagán expresó que los lixiviados impactan negativamente los arrecifes de coral en el litoral vegabajeño.

“Lo más que me agobia es el agua. La población de corales está en peligro. La gente en la playa también está en peligro. No sabes si esa agua está llena de todas las toxinas que bajan desde el vertedero”, dijo.

Hernández añadió que supo de las alegadas descargas al río Cibuco porque un pescador se lo informó. Contó además que desde entonces se abstiene de llevar a sus tres hijos a las playas del municipio.

“Sería una irresponsabilidad. Esto es un asunto de avaricia, ignorancia y dejadez”. Dejó entrever que las agencias ambientales estatales y federales supuestamente le han dado largas a sus denuncias.

Durante una visita al área, El Nuevo Día constató la existencia de canales y charcas de retención de lixiviados, así como la presencia muy cercana del mencionado cuerpo de agua. De hecho, lo único que impedía el acceso de los jugos de la basura al río Cibuco era un pequeño montículo de tierra.

Pero ese cúmulo no siempre está ahí, apuntó Hernández, quien sostuvo que en días de lluvia las descargas no tienen control alguno.

Más impactos

Durante las casi tres horas que duró la visita la basura en el vertedero estuvo en fuego, lo que requirió la presencia del Cuerpo de Bomberos. Según Pagán, este es otro indicativo de que el vertedero no está siendo bien operado y crea un problema de salud.

“Esto es una montaña de plásticos en llamas. Todo ese humo llega al pueblo y la gente lo respira”, sentenció al recordar que -por disposición de la EPA este vertedero debió dejar de recibir basura el pasado 31 de enero.

El vertedero de Vega Baja, al igual que otros cuatro en varios puntos de la Isla, tienen orden de cierre de la EPA por incumplimiento ambiental.

No obstante, AR Waste sigue recibiendo basura porque está en un proceso de mediación con la EPA (“resolución de disputa”) para construir una nueva celda en la misma instalación.

Dicha celda, argumentó Hernández, estaría aún más cerca del río Cibuco que la actual (25 metros lineales).

Tanto Hernández como Pagán exigieron que se bloquee el flujo de lixiviados al río y que se cumpla con lo que estipula la Ley federal de Agua Limpia.

La otra versión

El licenciado Francis Torres, representante legal de AR Waste, reconoció la presencia de canales y charcas de retención de lixiviados en el vertedero de Vega Baja, pero rechazó que dichos jugos estén llegando al río Cibuco.

Empero, admitió que los canales y charcas de retención no tienen “liners”, por lo que “hay que asumir” que el suelo absorbe los lixiviados.

“El operador ha establecido unos controles que se ven, que están allí, para evitar que (los lixiviados) fluyan libremente. Eso no tiene ‘liners’, pero evita que fluyan directamente. Lamento que no sea la mejor manera de manejarlo”, dijo Torres al indicar que la nueva celda tendría una tecnología diferente.

Dicha tecnología, explicó, se conoce como “biorreactor” porque mantiene un ambiente biológicamente activo.

Aseguró que los lixiviados que se continúen generando en la celda próxima a cerrar, llegarán a la nueva con las cubiertas adecuadas y se recirculan.

Sobre la construcción de la nueva celda, el licenciado informó que están esperando a que la Agencia federal de Administración de Desastres (FEMA) apruebe el estudio hidráulico-hidrológico que viabilizaría los trabajos.

Torres explicó que el vertedero de Vega Baja tiene una extensión territorial de 50 cuerdas y que hasta ahora sólo se le ha dado uso a la mitad de éstas.

“Ya se obtuvo el endoso de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y de la ADS. Ambos endosos están condicionados a la aprobación de FEMA de una enmienda al mapa de inundaciones”, dijo.

Este vertedero ubica en la planicie de inundación del río Cibuco.

Desmiente la JCA

Sin embargo, el presidente de la JCA, Pedro Nieves, insistió en que la agencia no ha aprobado la solicitud de construcción de la nueva celda.

Agregó que han realizado inspecciones en el vertedero que han arrojado deficiencias. Dijo que desconocía sobre las supuestas descargas de lixiviados, pero que de confirmarse, iniciaría un proceso de corrección inmediata.

Un caldo caro a los ecosistemas

Lixiviados combinan sustancias orgánicas y metales pesados

Por Gerardo E. Alvarado León / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

VEGA BAJA - Contrario a lo que la mayoría de las personas podrían pensar, los lixiviados (jugos de la basura) en los vertederos domésticos son más variados y concentran más sustancias peligrosas que en los industriales.

En opinión de Juan Rosario, líder del grupo ambientalista Misión Industrial, lo anterior responde a que en los vertederos domésticos se combinan “en condiciones dramáticas” todos los materiales que usa la sociedad.

Y como resultado, sobre todo de la descomposición de la materia orgánica, se producen ciertos ácidos que disuelven contaminantes que pueden ganar acceso al agua y subsuelo.

“Una cucharada de lixiviados puede dañar hasta mil galones de agua potable”, dramatizó ayer Rosario.

“En un vertedero tan grande como éste (Vega Baja), uno de los peligros es que los lixiviados ganen acceso a la playa y la hagan inservible”, dijo.

Las declaraciones del líder ambientalista se dan luego de que vecinos de este municipio denunciaran que el operador del vertedero supuestamente está descargando lixiviados en el río Cibuco. Empero, no presentaron evidencia científica para sustentarse.

Rosario precisó que en los lixiviados hay sustancias orgánicas peligrosas y metales pesados, como arsénico, plomo y fluoruro. Aclaró, no obstante, que el 90% de los compuestos de los jugos de la basura se desconoce.

“Si alguno de estos metales pesados llega al agua es difícil sacarlos. Hay que esperar a que se disuelvan”, dijo.

Sobre los fuegos en los vertederos, sostuvo que implican un mal manejo de parte del operador al no cubrir constantemente los desperdicios.

Seguridad, justicia, tribunales

Asesinatos

Unos 117 asesinatos se han registrado en lo que va de 2010, tras reportarse esta madrugada la muerte de un hombre aún por identificar, que eleva la cifra de muertes a 117 en lo que va del año

Tomado de El Nuevo Día: Asesinan hombre frente a funeraria en Hato Rey , por Frances Rosario

Urge abolir esclavitud moderna

El Vocero

El ‘mega-star’ boricua Ricky Martin instó a un enérgico llamamiento ayer, desde el Anfiteatro de la Facultad de Leyes de la Universidad de Puerto Rico (UPR,) para eliminar de una vez por todas, la nueva abolición de la esclavitud del Siglo XXI, que quedó formulada en la presentación de la investigación titulada, ‘La Trata de Personas en Puerto Rico: Un Reto a la Invisibilidad’.

El revelador documento, escrito por el ex secretario de Educación, César Rey, y la coinvestigadora, Luisa Hernández Angueira, retrata un desolador cuadro de la trata en Puerto Rico, con espeluznantes testimonios de personas que han sido explotadas sexualmente desde su niñez, de niños y jóvenes explotados en los puntos de drogas incurriendo toda clase de delincuencia, detalles de la explotación sexual comercial, el incesto, la explotación de trabajadores extranjeros, el matrimonio comprado, la prostitución generalizada, la pornografía infantil y otros crímenes contra la humanidad que se cometen en la Isla.

“El estudio que veremos arrojará luz sobre la trata de personas en Puerto Rico, niños y niñas, que se les niega la posibilidad de ir a la escuela, jóvenes sometidos a la explotación sexual, hasta mujeres que las obligan a incurrir en conducta delictiva y hombres que deambulan por las calles marginados y abandonados. (Es) Una verdad que no queremos ver, que no queremos aceptar. Con la culminación de este estudio comienza nuestra lucha, en el que todos tenemos responsabilidad compartida: el gobierno, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos. No podemos voltearles la espalda a las víctimas”, declaró de entrada el cantante internacional.

Este trabajo que ha sido realizado por la Fundación Ricky Martin en coordinación con el Recinto de Río Piedras de la UPR y el ‘Protection Project’ en la Escuela Avanzada de Estudios Internacionales de la Universidad de John Hopkins, que dirige el Dr. Mattar, recibieron en la sesión, un espaldarazo del Embajador de Estados Unidos, Luis de Vaca, nombrado por el presidente Barack Obama para atender este problema global. Éstos, a su vez, agradecieron el liderato de Martin en este gran esfuerzo.

Ha sido pertinente, para beneficio del análisis de todos estos delitos contra la dignidad de las personas, el poder trabajar con una definición amplia de la “trata”, para proponer recomendaciones, conclusiones, promover enmiendas a la legislación vigente; y para proteger, prevenir y rehabilitar potenciales víctimas.

La investigación asume la definición del ‘Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (Protocolo de Palermo), especialmente Mujeres y Niños’, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Para proceder con una legislación y política coherente anti trata es necesario que empecemos a clarificar conceptualmente el fenómeno. Este Protocolo define la trata humana como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, describió Rey.

Esa explotación, según expuesta, incluye la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Para dramatizar uno de estos ángulos, Rey explicó que en Dorado se mantuvo a un cuerpo de trabajadores extranjeros detenidos, haciendo trabajo forzado por mucho tiempo.

El estudio recomienda definir los términos de la trata de manera estandarizada, establecer un protocolo de archivo de datos, y desarrollar una política de educación definida ligada a la defensa de los derechos humanos. Se llama por crear un organismo de supervisión, información y estadísticas; para finalmente, investigar este fenómeno dentro del contexto del Caribe, y sus vínculos con la economía subterránea, la migración como colateral de la trata y los vínculos con las mafias de drogas y ventas de armas.

“Hagamos alianzas que conduzcan al rescate y la recuperación de las víctimas de trata. Nuestra Fundación ha dado un paso adelante para abolir la esclavitud moderna. Pero necesitamos, nos acompañen el resto del camino”, dijo Martin quien convocó a los presentes a transformarse en “guerreros de luz”, metáfora que utiliza el escritor brasileño Paulo Coehlo para calificar la autorrealización del protagonista de su novela “El Alquimista”.

Urge revisar Ley de menores

De acuerdo al doctor César Rey, el Gobierno debe revisar la Ley de Menores para garantizar una supervisión adecuada de los hogares sustitutos. El investigador apuntó que un 70% de las trabajadoras del sexo y adictas han pasado por la experiencia de residir en al menos 15 hogares sustitutos durante su etapa de crecimiento y desarrollo.

“No se puede generalizar, pero no podemos subestimar el impacto. Nosotros entrevistamos a un niño que a sus 15 años ya había pasado por 52 hogares sustitutos, pueden imaginarse el estado emocional de ese joven”, destacó el también profesor universitario.

De otra parte, Rey instó al Gobierno a entablar una relación más uniforme con las autoridades federales como la Agencia de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para llevar un récord de la data de casos de trata humana en la Isla. No obstante, el profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR) enfatizó en que la trata humana esta vinculada con el fenómeno migratorio pero no está atado solamente a éste.

“Hay otras maneras de trata humana. En el centro de la Isla hay una alta incidencia de incesto y eso no tiene que ver con procesos migratorios”, concluyó Rey en un aparte con EL VOCERO

Colaboró con esta historia Jennifer Álvarez

Impera la ignorancia

Estudio revela falta de política coordinada sobre trata humana.

Por Rebecca Banuchi / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Aunque en la Isla se reportan casos característicos de trata humana, el Gobierno los maneja con frecuencia como incidentes aislados, y ni siquiera existe en las agencias un protocolo común para atender el problema.

Niños explotados sexualmente por sus propios padres o abusados en hogares sustitutos, menores forzados a incursionar en el violento mundo del narcotráfico o la pornografía infantil, o los llamados matrimonios “comprados”, son sólo algunas de las múltiples formas que puede cobrar la trata humana.

Luego de tres años de trabajo, la Fundación Ricky Martin divulgó ayer los hallazgos del estudio “La trata de personas en Puerto Rico: un reto a la invisibilidad”, que resalta la falta de información existente sobre el tema en la Isla, así como la ausencia de un manejo organizado y coordinado entre el gobierno estatal, las autoridades federales y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a atender este problema social.

“Con la culminación de este estudio, comienza nuestra lucha. Todos tenemos una responsabilidad compartida: el gobierno, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro, los ciudadanos... Necesitamos educar al mundo, necesitamos crear guerreros, guerreros de luz, por eso estamos aquí”, expresó el cantante Ricky Martin durante su mensaje previo a la presentación del estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

César Rey, director de la Fundación y principal investigador, resaltó que uno de los mayores problemas, al presente, es la ausencia de datos específicos que arrojen luz sobre la magnitud del tráfico o trata humana en el País.

“El reto más grande que tiene la política pública en este país es la falta de información. Aquí hay una ignorancia dramática sobre información. Éste es un país que se está gobernando probablemente sobre unas bases endebles informativas”, sostuvo Rey.

El ex secretario de Educación expresó que el problema ha sido manejado con laxitud por parte del Gobierno y que, como parte de la investigación, fueron analizadas cerca de una veintena de leyes sobre prácticas que podrían incidir en trata humana, e identificaron un “desfase dramático” entre sus disposiciones.

Además, las agencias gubernamentales no utilizan unos conceptos en común para referirse a estos delitos, lo que propicia que, en ocasiones, sean manejados de manera fragmentada e incongruente.

A eso se suma el que aparentemente no existe una coordinación efectiva con el trabajo que realizan agencias federales como el Negociado de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entidad que maneja los casos de trata humana cuando presentan elementos migratorios.

De igual forma, según Rey, muchos funcionarios locales no tienen una idea clara acerca de los límites de la jurisdicción local y dónde comienza la intervención de las agencias del gobierno estadounidense.

“Es una radiografía dolorosa, pero es nuestra realidad, y tenemos que atenderla con premura y responsabilidad”, dijo la funcionaria, quien asistió a la actividad en representación del gobernador Luis Fortuño.

Entre las medidas que ha tomado la presente administración, mencionó la reforma del sistema de hogares sustitutos para aumentar la supervisión y prevenir prácticas ilícitas, así como la discusión de posibles enmiendas a la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, con el fin de precisar sus definiciones de manera que el Gobierno pueda emplear la misma nomenclatura y comenzar a estructurar un protocolo uniforme.(editada)

Unen voces por la medicación de las drogas

Rosita Marrero / Primera Hora

Fueron muchas las voces que predicaron en el desierto la necesidad de evaluar la alternativa de la medicación de la droga.

La rampante ola criminal, la inefectividad de la mano dura, el aumento en la oferta y la demanda por la droga han llevado a muchos a replantearse el considerar un enfoque integral de medicación a los adictos, con tratamiento psicosocial, seguimiento, rehabilitación, una oferta de trabajo y un presupuesto saludable para atender el grave problema que agobia a los puertorriqueños.

Se espera que la situación empeore. El Centro de Inteligencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos anticipó que el narcotráfico en la Isla se intensificará durante este año.

Toledo lo considera

“Si alguien se ha opuesto a la medicación de la droga he sido yo. Pero, viendo a nuestra juventud cayendo en el vicio de la droga, lo he analizado”, dijo el ex superintendente de la Policía Pedro Toledo en el programa Por debajo de la mesa de Radio Isla.

Toledo, quien fue un fuerte defensor de la mano dura durante la administración del ex gobernador Pedro Rosselló, reveló que la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, nombró un comité para estudiar la alternativa.

“Entiendo que es hora de que se empiece a considerar una solución a través de la medicación. En Puerto Rico hay medicación de metadona para adictos a la heroína. Pero tenemos dos renglones que no se está bregando con ese problema, para la cocaína y la marihuana”, dijo.

Agregó que “en 17 estados de la nación” ya se ha descriminalizado la marihuana.

“No estoy diciendo que se haga lo mismo en Puerto Rico, pero podemos tratar de medicar la marihuana. Se está usando para enfermedades con la receta de un médico”, apuntó.

Dio como ejemplo el joven que dejó a su hija en un punto.

“¿Tú crees que ese joven estaba en control de sus emociones? Está enfermo. Fue a la cárcel. Va a salir de allí peor de lo que entró”, sentenció.

El ex Súper propone la creación de un plan piloto para algún tipo de medicación, estableciendo controles de seguimiento, porque aun con la metadona, el seguimiento no es lo suficiente.

“Mayita” une su voz

Según la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, se podría establecer un plan piloto en la Ciudad Señorial.

Pero, la Alcaldesa prefiere que no se le ponga la etiqueta de medicación.

“Yo no puedo etiquetar el asunto de la droga con la medicación. El problema de la criminalidad involucra muchas facetas como la pérdida de valores en la familia. No debe ser sólo intervención policiaca, sino que hay que buscar soluciones multisectoriales”, mantuvo.

“Podrían tocar la comunidad, la Iglesia, la fiscalía, los tribunales. La Policía tiene que esclarecer todos los asesinatos...”, apuntó.

La primera ejecutiva ponceña considera que no es la medicación aislada, sino que tiene que implantarse un programa extenso de rehabilitar al confinado, fomentar valores, programas de prevención con un enfoque comunitario integral y de espacio recreativo.

“ Vamos a hacer un plan piloto, un enfoque salubrista o tratamiento integral, psicoemocional, partiendo de que es una enfermedad”, acotó.

Insiste en que aplica Artículo 3.2 a Jorge de Castro Font

Rosita Marrero / Primera Hora

El cuestionamiento de si le aplican al ex senador Jorge de Castro Font los 60 cargos de violación a la Ley de Ética Gubernamental que le imputan no se considerará, de acuerdo con el fiscal especial independiente (FEI), Ernie Cabán, hasta que se llegue a la etapa de lectura de acusaciones.

Cabán rechazó lo planteado por el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Guillermo Figueroa, de que el Capítulo 3 de la Ley de Ética Gubernamental no les aplica a los legisladores, razón por la cual habría que desestimársele esos cargos al convicto ex senador penepé.

El profesor de Ética señaló a Primera Hora que el Artículo 3.2 (e) sólo aplica a ex funcionarios, por lo que se podrían someter a De Castro, sólo si los actos que se imputan fueron cometidos cuando ya era ex legislador.

Cabán señaló que el equipo del FEI hizo un estudio exhaustivo y que está seguro de que podrá probar su aplicabilidad.

“El equipo del FEI realizó un estudio jurídico y un análisis constitucional sobre la aplicación del Artículo 3.2 en la Rama Legislativa”, dijo.

¿Quiénes?

Los dos fiscales y un técnico.

Agregó que luego del análisis concluyeron que es aplicable.

“Las prohibiciones generales son de aplicación a la Rama Ejecutiva y a la Legislativa. Nosotros estamos preparados para demostrar la aplicación del Artículo 3.2, y el análisis es objetivo y de estricto derecho, libre de cualquier parcialidad o animosidad”, mantuvo.

El FEI, quien en este momento es objeto de una investigación para determinar la relación que tenía con De Castro Font, aclaró que el momento para presentar una moción de desestimación de esos 60 cargos por parte de la defensa sería después de la lectura de acusaciones.

“No es en la vista preliminar y estamos preparados para defender la aplicación de la ley si se presentara en ese momento”, sostuvo.

“Las leyes tienen que aplicar a todos por igual. No puede ser a unos sí y a otros no, porque de lo contrario resultaría inconstitucional. Si un acto es un delito sólo para el Ejecutivo sería inconstitucional. Esto puede desembocar en un issue de inconstitucionalidad”, afirmó.

Reservas de Policía a ceder poderes a los municipios

Sara M. Justicia Doll / Primera Hora

No cree que los municipios estén preparados.

El director de la región policíaca de Carolina, el coronel José Caldero López, urgió ayer a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes y a su presidente, Héctor Torres Calderón, a hacer un estudio exhaustivo antes de aprobar la medida que crearía una nueva ley para la Policía Municipal.

La medida fue discutida ayer en una vista pública en la comandancia de Carolina a la que comparecieron decenas de policías de dicha región y de Fajardo que evidentemente se mostraron preocupados por la misma.

“Entendemos que debemos ser cuidadosos al pasar responsabilidades y poderes de la Policía estatal a la Policía Municipal. Nos tenemos que preguntar si verdaderamente los municipios están preparados para asumir estas nuevas responsabilidades”, advirtió de entrada el coronel Caldero.

El veterano oficial se mostró preocupado de que con esta nueva ley se dividan las funciones de la Policía estatal, por ejemplo, delegar la prevención del crimen a los efectivos municipales y la investigación criminal a los estatales.

“Ambas funciones deben estar en una sola Policía toda vez que para coordinar trabajos y desarrollar planes operacionales es vital que ambas funciones estén bajo una sola policía”, agregó Caldero.

Éste se mostró preocupado, ya que en la Policía Municipal el rango más alto es el de inspector y en caso de que miembros de la Uniformada estatal quieran pasar a ser municipales, no queda claro qué pasaría con los tenientes coroneles y coroneles, lo que pudiera trastocar los beneficios adquiridos por antigüedad.

Por su parte, el director regional interino de Fajardo, el comandante Nicomedes Morales Morales, recomendó que se establezcan planes pilotos que adopten la intención de la medida para evaluar si son efectivos y entonces contemplarlos para toda la Isla.

Morales Morales planteó, además, que hay municipios en los que por su geografía o por su población se hace muy difícil el reclutamiento de policías. Mencionó como ejemplo Vieques y Culebra.

Según la medida, cuando se trate de municipios con pocos recursos, se crearán consorcios para funcionar como una policía municipal.

“¿Qué sucedería si uno de los municipios no quisiera permanecer en el consorcio por falta de solvencia económica o por otra razón? ¿Quién asumiría las funciones?”, cuestionó el director regional de Fajardo.

El representante Torres Calderón dijo que de las preocupaciones manifestadas surgirán otros proyectos de ley. Éste habló extensamente de su experiencia como policía.

Jefa de la Fiscalía Federal anticipa acusaciones

Escrito por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Las autoridades federales se han dedicado en estos últimos meses a continuar múltiples investigaciones de todo tipo de casos, es por ello que desde la acusación por el caso de fraude bancario en el que fue involucrado el cantante Aldo Matta y el desarrollador Joseph McCloskey no han surgido otros pliegos acusatorios de impacto público.

La jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, indicó a EL VOCERO que la dependencia que dirige trabaja en diferentes casos y anticipó que en las próximas semanas se empezarán a ver los mismos.

“Estamos trabajando casos diferentes como de crímenes violentos. Te acordarás que firmamos un acuerdo con el gobierno estatal para entre otros, los casos de carjacking para llevarlo al ámbito federal para unas sentencias más altas por los delitos que cometen. Estamos haciendo el trabajo que hemos hecho, corrupción, ‘white collar’ (cuello blanco). Están en curso las investigaciones de envergadura, pero nosotros sacamos los casos cuando estén listos y la evidencia esté completa. En las próximas semanas se empezarán a ver los casos”, afirmó Rodríguez.

Añadió que “el proceso de Gran Jurado toma tiempo. Ahora mismo la prioridad después de la seguridad nacional son los crímenes económicos. Hemos estado viendo juicios y eso en parte atrasa el resto del trabajo. Todo lo que ayuda a atajar el crimen debe ser bien visto”.

A principios de diciembre pasado el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli, indicó a EL VOCERO que la agencia que dirige tiene cerca de mil investigaciones activas en todas las áreas donde se registran actos delictivos.

Un veterano letrado que litiga en el Tribunal Federal, quien pidió que su nombre no fuera revelado, opinó que la Fiscalía Federal procesa una gran cantidad de casos de narcóticos y que han mermado los casos de corrupción.

“En estos últimos meses los casos que se están procesando son de pandillas de narcotraficantes en acusaciones de hasta 100 acusados en un mismo pliego acusatorio. Ha habido uno que otro caso de cuello blanco, pero las personas no son muy conocidas. No hemos visto mucho movimiento en casos de corrupción pública. Creo que la Fiscalía, tras perder el caso de (Aníbal) Acevedo Vilá está más cautelosa. Por ejemplo, De Castro Font coopera en otras investigaciones. Entiendo que la Fiscalía no va a descansar sólo en el testimonio de De Castro Font y que va a cotejar con otros testigos y con evidencia documental lo que él haya dicho y eso toma tiempo”, indicó el letrado.

Entre las acusaciones relevantes recientes se destacan el de fraude bancario contra el cantante Aldo Matta y el desarrollador Joseph McCloskey y otras cinco personas que fueron arrestadas el 3 de noviembre por alegadamente participar en un esquema de fraude estimado en $14 millones y en el que se vendieron 12 residencias en el complejo de Palmas del Mar en Humacao.

En cuanto a casos de droga, uno de los casos que acaparó la opinión pública fue el 18 de septiembre, cuando las autoridades federales arrestaron al presunto narcotraficante Ángel Ayala Vázquez, conocido como ‘Angelo Millones’ y ‘El Buster’.

Dos semanas más tarde, unos 500 agentes federales y estatales desarticularon su organización criminal, la más grande en Puerto Rico y que obtuvo sobre $100 millones durante los 14 años que operó.

‘Buster’ se encuentra recluido en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) en espera del proceso judicial.

Mientras que el más reciente y relevante caso de fraude al Medicare fue el 11 de diciembre cuando un Gran Jurado acusó a 103 personas, entre las que figuran un pediatra, un médico generalista de Quebradillas y 40 matrimonios. Éstos alegadamente defraudaron a la compañía aseguradora American Family Insurance Company (AFLAC), en unos $877,925 al reclamar fraudulentamente pagos por lesiones que no tenían para no trabajar. Durante la rueda de prensa sobre este caso, Fraticelli había indicado que la investigación continuaba y que esa era la primera ronda “de varias rondas que vamos a hacer”.

En cuanto a casos de corrupción pública, el último caso de alto vuelo fue contra el ex senador novoprogresista Jorge De Castro Font, quien el 21 de enero del 2009 se declaró culpable de fraude electrónico, de privar al pueblo de servicios honestos y de conspiración para cometer extorsión. El ex político también enfrenta acusaciones en el foro estatal.

Este diario ha informado que las autoridades investigan a varios políticos. Entre estos, el ex senador Carlos Díaz y el senador Héctor Martínez por alegadamente recibir dinero a cambio de asistir en la aprobación o paralización de proyectos de ley.

Exitosa la llegada de los soldados

Se registra un asesinato en las zonas impactadas

Por Javier Colón Dávila / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Con un asesinato en las regiones policiales impactadas , el superintendente Auxiliar de Operaciones de Campo de la Policía, coronel Leovigildo Vázquez, celebró la entrada en la llamada “lucha contra el crimen” de unos 200 soldados de la Guardia Nacional.

Estos soldados ofrecieron apoyo a la Policía en las regiones de San Juan y Ponce. Entre el viernes y el domingo por la noche se registró un asesinato en estas zonas, específicamente en el área de Puerto Nuevo.

Esta muerte ocurrió a las 11:00 a.m. del sábado, precisamente en el turno en que no había soldados en la calle.

En total, la cifra de asesinatos oficial de la Policía se ubica en 116, 21 más que en el 2009 para la misma fecha.

En la región de Ponce se hizo énfasis en los municipios de Ponce, Santa Isabel y Juana Díaz.

En lo que va de año se han registrado tres asesinatos en Santa Isabel en comparación con dos para todo el 2009 y en Ponce, han matado a 15, seis más que el año pasado para la misma fecha.

“El viernes y el sábado estuvimos en la Zona Metropolitana. Vemos entusiasmo de parte de los (guardias) nacionales. Ayer (el domingo) estuve en la región de Ponce y vi lo mismo. Este recurso adicional nos está permitiendo mejorar el patrullaje”, dijo Vázquez.

Asimismo, indicó que tendría un cuadro más claro de la efectividad de la entrada en escena de los soldados cuando tenga en sus manos el informe de delitos Tipo I, que incluyen delitos contra la persona y delitos contra la propiedad.

Chofer no tenía la licencia requerida

Escrito por Jackeline Del Toro Cordero, EL VOCERO

Luego de realizar una investigación sobre el accidente ocurrido con una guagua escolar en Coamo la semana pasada, la Comisión de Servicio Público (CSP) informó ayer que el chofer no posee la licencia que exige la agencia.

La presidenta de la CSP, licenciada María Fullana Hernández, lamentó que la vida de los menores y la del chofer hayan estado en riesgo aún a sabiendas de que el chofer aparentemente no cumple con los requisitos de la agencia para operar ese tipo de vehículo de transporte escolar, dijo a través de un comunicado de prensa.

El autobús donde viajaban estudiantes se precipitó por un risco, por lo que hubo varios heridos. La CSP se movilizó el mismo día del accidente a Coamo para realizar las observaciones de rigor.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, José Chico, había solicitado a la Comisión que investigara el accidente en el que cuatro niños que viajaban en la guagua tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Éste enfatizó la necesidad del uso de cinturones de seguridad en el sistema de transporte de escolares. “Estoy bien preocupado con todo esto porque en una de las vistas públicas donde se evaluaba el Proyecto 2256, de mi autoría y de la Presidenta de la Cámara, la Comisión de Servicio Público dijo que no hacían falta los cinturones de seguridad en las guaguas que transportan estudiantes. Ahora le pido que nos aclare esto y que nos informe de una vez si todas las guaguas que reciben el permiso de su Comisión para transportar estudiantes fueron fabricadas para ese propósito”, cuestionó Chico.

El representante manifestó preocupación ante la posibilidad de que ocurran más accidentes de guaguas escolares donde menores que no llevan cinturón de seguridad, poniendo en riesgo su vida, como en el perdió la vida la pequeña Paola Guzmán, el 18 de noviembre del año pasado.

“La responsabilidad es de todos, por eso le estoy solicitando que haga su parte para luego nosotros hacer la nuestra. La vida de un niño no es cosa de juego y por falta de atención no podemos permitir que se ponga en riesgo ni uno más. En este accidente (de Coamo), gracias a Dios no hay una pérdida que tengamos que lamentar, pero eso no debe ser un factor para que seamos tibios en asuntos tan importantes”, concluyó Chico.

Acusado 131 cargos por fraude a Medicare

Escrito por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

Un Gran Jurado federal acusó a Antonio Del Pino Castillo, propietario de la compañía Marla’s Medical Equipment (MME) de 131 cargos de fraude al Medicare en casi un millón de dólares en sólo dos meses -entre el 23 de junio al 26 de agosto del 2009- en prótesis de piernas a personas que no las necesitan porque no han tenido amputaciones.

El imputado se encuentra ingresado en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) desde su arresto el 27 de octubre del pasado año en Miami, Florida.

De los $934,406 en reclamaciones falsas, Medicare pagó $531,485.

Del Pino Castillo enfrenta 132 cargos de fraude el Medicare, declaraciones falsas, robo agravado, robo de identidad y un cargo de confiscación de $531,485.

La declaración jurada de un agente federal, incluida en el expediente electrónico del caso indica que Del Pino Castillo adquirió MME el julio del 2009. La compañía tiene sus oficinas en Camuy.

Asimismo, el escrito señala que como parte de la pesquisa la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal fue alertada ante el significativo incremento en reclamos al Medicare por prótesis en junio del 2009 a julio de ese año. Según el documento, en junio de 2009 MME sometió reclamos de $20,743.00 (con el propietario anterior). Mientras que en el mes de julio, los reclamos fueron de $327,881.

Los reclamos al Medicare fueron depositados electrónicamente a una cuenta bancaria de Del Pino Castillo.

De acuerdo a la declaración jurada, durante la investigación se entrevistaron a cuatro médicos que afirmaron que no conocían a los pacientes a los que se les ordenó las prótesis, tampoco conocían a Del Pino Castillo y no autorizaron los referidos. El acusado obtuvo los números de proveedores de los médicos para facturarle al Medicare.

Algunos de los médicos sólo hacen reemplazos de caderas y rodillas.

De igual forma, los agentes entrevistaron a los supuestos pacientes, quienes no necesitaban prótesis de piernas porque, en efecto, tenían sus piernas. Tampoco los beneficiarios conocían a los médicos que aparecían en las reclamaciones falsas.

Una minuta contenida en el expediente electrónico del caso menciona que el abogado del acusado, Alejandro de Varona, pidió al juez Juan Pérez Giménez que su cliente sea transferido a Miami para tener acceso a su cliente y revisar junto a este la voluminosa prueba. De Varona reside en Miami.

La minuta indica que el Gobierno y el letrado se reunirán próximamente para explorar la posibilidad de una alegación de culpabilidad.

Análisis salud federal refleja individuos huyen del País

La declaración jurada señala que el Departamento de Salud Federal está efectuando análisis proactivos sobre reclamos en el Medicare sobre suplidores de equipo médico en Puerto Rico que facturan por artículos de prótesis a beneficiarios. “Este análisis de data por los reclamos ha sido el resultado de investigaciones recientes de fraude en la salud en la cual la evidencia ha revelado esquemas en los cuales individuos compran negocios legítimos, facturan unas grandes cantidades de prótesis de piernas médicamente innecesarias y luego viajan fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Uno de los suplidores que más ha facturado por estos aparatos es (MME).

¿Corrupción?

Abre el Paseo presidencial

La instalación costó $987,000 de fondos públicos

Por Cynthia López Cabán / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra robots de spam. Necesita activar JavaScript para poder verla

Llegaron por primera vez a la Isla en viajes cortos, pero ahora la estadía de estos visitantes se extenderá indefinidamente.

Ayer el Senado y la Cámara de Representantes develaron una instalación de siete esculturas de bronce de ex presidentes de Estados Unidos que plantaron pie aquí durante su presidencia.

Conocida como el Paseo de los Presidentes, esta galería de hombres de estado “honra” a los presidentes que “tuvieron a bien visitar nuestra tierra y a su gente”, sostiene una pirámide de mármol que ofrece información sobre esta obra pública, localizada en la Avenida Constitución.

A un costo de $987,000, el “Walkway of the Presidents” presenta las figuras de Gerald R. Ford cargando en su mano una pipa; John F. Kennedy, con el gabán abierto; Dwight D. Eisenhower saludando; Harry S. Truman, con la mano en el bolsillo; Franklin D. Roosevelt, en su silla de ruedas y acompañado de un perro; Herbert Hoover, con un sombrero en la mano; y Theodore Roosevelt con una mano apoyada en su costado derecho.

El superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, explicó que $555,000 provenientes de una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento se utilizaron para el diseño y la confección de las estatuas.

Otros $432,000 del Estímulo Criollo, se utilizaron para la construcción del paseo y mejoras adicionales en el área.

Las estatuas del escultor Salvador Rivera Cardona son de tamaño natural. Todas miran a la parte posterior del Capitolio.

Además, la información en todas las tarjas y en una pirámide de mármol, que ofrece datos sobre la instalación, se encuentra en español y en inglés. (editada)