Alejandro Torres Rivera

1 de junio de 2026

En las elecciones presidenciales efectuadas el 31 de mayo de 2026 en Colombia, sin haber concluido el escrutinio de todos los votos, el mayor número fue para el ultraderechista Abelardo de la Espriella del Partido Defensores de la Democracia. Los datos preliminares reflejan haber obtenido el 43.62% de los votos (10,361,499). En segundo lugar llegó el candidato de izquierda, Iván Cepeda, del Partido Pacto Histórico, con 41.13% de los votos (9,688,361). Entre estos candidatos, hay un diferencia de 673,188 votos. La candidata, también de derecha, la uribista Paloma Valencia, quedó en tercer lugar obteniendo 1,639,685 votos para un 6.86%, quedando fuera de las candidaturas que enfrentarán una segunda vuelta.

Encuestas hechas previo a las elecciones, sin embargo, daban como candidato ganador en esta primera vuelta al candidato del Partido Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El resultado del conteo de votos ha sido cuestionado por Gustavo Petro y por el propio candidato Iván Cepeda, señalando que no reconocerán el resultado hasta que la Comisión que lleva a cabo el escrutinio de los votos rinda su resultado oficial. En Colombia, por ejemplo, los votos a contar de los colombianos en el extranjero superan el millón de votos.

Cepeda ha indicado, entre otras irregularidades, “un desfase de 885,000 personas en el censo electoral” y “votaciones atípicas en un número indeterminado de mesas de votación”; el “cambio imprevisto de miles de puestos de votación horas antes de los comicios”; y la “intromisión de gobiernos extranjeros” subordinados a Estados Unidos.

Cepeda es un candidato que supone, de lograr la victoria en la segunda vuelta, una continuación de las políticas fundamentales del gobierno de Gustavo Petro. Espriella por su parte, representa un sector de la derecha ultraconservadora que llama a la mano dura, a la implantación de un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador; a la adopción de las mismas políticas neoliberales de Javier Milei en Argentina; y a una agenda autoritaria como la de Donald Trump en Estados Unidos.

Iván Cepeda viene de una familia de izquierda. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue un dirigente comunista de la Unión Patriótica (UP), asesinado el 9 de agosto 1994 por los militares y agentes de la seguridad del Estado. Vivió parte de su vida en el exilio incluyendo Cuba y la entonces Checoslovaquia. Estudió filosofía en la Universidad de San Clemente de Ohrid en Sofia, capital de Bulgaria durante la década de 1980. En el año 2000 se exilió en Francia. Allí cursó una maestría en Derecho Internacional Humanitario. Su visión del socialismo se aparta en alguna medida de la llamada ortodoxia que experimentó estando como estudiante en un país del entonces llamado Campo Socialista.

Como congresista, ha estado vinculado con los esfuerzos llevados a cabo para negociar con las organizaciones político militares en Colombia. Fue uno de los facilitadores en los diálogos de paz entre los años 2012 y 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Su compañera de fórmula es la senadora Aida Quilcué Vivas, defensora de los derechos humanos en Colombia. Su esposo fue asesinado en 2008 por el Ejército Nacional. Proviene de uno de los pueblos originarios en Colombia, el pueblo nasa, en la región del Cauca. No cuenta con estudios universitarios formales. Fue reconocida, sin embargo, con el Premio Nacional de los Derechos Humanos en Colombia en 2021.

Espriella, por su parte, es abogado y empresario. Se le vincula con casos donde, entre sus defendidos se encuentran paramilitares, narcotraficantes, funcionarios corruptos, víctimas de violencia de género y celebridades. Su propuesta conservadora incluye los temas de seguridad, lucha contra la corrupción y la defensa de la libre empresa, Dios y la familia. Parte de sus comparecencias públicas, al igual que hizo al anunciar el resultado preliminar de la primera vuelta, fue comparecer en actividades públicas dentro de una especie de caja de cristal blindado, proyectando así la imagen de inseguridad ante la eventualidad de un atentado contra su persona.

Ciertamente, a pesar de que en el pasado los procesos electorales en Colombia han estado plagados de actos de violencia contra candidatos, principalmente candidatos de la izquierda, también ha habido atentados contra candidatos de la derecha como el ocurrido en 2025 contra el precandidato de la derecha, Miguel Uribe Turbay.

En las elecciones presidenciales en Colombia se escoge no sólo al presidente, sino también al vicepresidente/a. Previo a los comisiones presidenciales, se realizan las llamadas elecciones parlamentarias donde los colombianos/as eligen como diputados o “curules” a 102 ciudadanos para el Senado y 166 para la Cámara de Representantes.

De acuerdo con la Constitución de Colombia, en su artículo 190, el candidato a la presidencia, para de resultar electo en la primera vuelta, debe obtener la mitad más uno de los votos emitidos. Si se diera una situación donde la mayoría de los votos hubieran sido votos en blanco, tal resultado obligaría también a una segunda vuelta. Si en la segunda vuelta se repitiera el resultado mayoritario de votos en blanco, ganaría las elecciones el candidato/a que obtuvo el mayor número de votos. La segunda vuelta, sin embargo, salvo la situación antes mencionada, se da entre los dos candidatos/as que mayor número de votos hubiera obtenido en la primera vuelta.

En Colombia tiene derecho a votar toda persona mayor de 18 años, que no forme parte de la fuerza pública y que no esté encarcelado o condenado. Las elecciones, por disposición constitucional, se celebran cada cuatro años el último domingo del mes de mayo.

Las elecciones parlamentarias en Colombia se efectuaron el 8 de marzo de 2026. Para ellas estuvieron habilitados para votar 20,900,614 electores. Con una participación de 50.62% de dichos electores, el Partido Pacto Histórico obtuvo el 55.2% de los votos, eligiendo 25 Senadores y 42 Congresistas; el Partido Centro Democrático obtuvo 17 Senadores y 30 Congresistas; el Partido Liberal Colombiano obtuvo 13 Senadores y 26 Congresistas; la Coalición Alianza por Colombia 10 Senadores y 14 Congresistas; el Partido Conservador, 10 Senadores y 19 Congresistas; el Partido Unión por la Gente, 9 Senadores y 12 Congresistas; el Partido Coalición Cambio Radical y ALMA, 7 Senadores y 12 Congresistas; Partido Coalición Ahora Colombia, 5 Senadores y 1 Congresista; Partido Movimiento de Salvación Nacional, 4 Senadores y 1 Congresista; Partido Coalición Frente Amplio Unitario, 2 Congresistas; Partido Movimiento Creemos, 2 Congresistas; y los partidos Coalición Fuerza Ciudadana, Con Toda por Colombia, Partido Oxígeno, y Partido Movimiento Patriotas, ningún Senador o Congresista.

Esta diversidad de partidos deja ver claro el por qué, en la segunda vuelta, será determinante las alianzas que los dos principales contendientes logren articular de estas otras fuerzas electorales para obtener el triunfo en esta próxima segunda vuelta.

Como indicamos, al igual que ocurrió en las elecciones de 2022, la presidencia de Colombia se decidirá en una segunda vuelta electoral la cual se efectuará el próximo 21 de junio. En aquellas elecciones, tras dos siglos y un poco más de años en los cuales dos corrientes oligárquicas principales se estuvieron intercambiando el control del poder político en Colombia, el triunfo de Gustavo Petro abrió un nuevo horizonte. Su propuesta de gobierno predicado en la justicia social, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, la seguridad social y la lucha contra la corrupción, marcaron la diferencia en una nueva propuesta de gobernanza para Colombia.

Afirmando la necesidad de alcanzar la paz y haciendo un llamado al desarme, fin de la violencia y del conflicto armado que había azotado al Estado colombiano por espacio de más de seis décadas, en su discurso de toma de posesión, Petro afirmó:

“ Los colombianos y colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad.”

Para ello, Petro convocó a un diálogo social, a hacer cumplir los acuerdos de paz, a encontrar caminos comunes de convivencia entre los colombianos y a atacar el tema de la desigualdad en el país. En su agenda, además, estuvo presente los esfuerzos por la normalización de las relaciones entre Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En una primera vuelta, los electores suelen votar por las instancias políticas a la cuales se sienten afiliados; en la segunda vuelta, sin embargo, los electores se mueven más a votar por aquella opción participante que limite o impida que el sector que representa una organización con posibilidad de prevalecer llegue a constituir gobierno. De ahí que de cara a la segunda vuelta en Colombia, es de esperar que las organizaciones que promueven un gobierno de izquierda, se unan entre sí para el rechazo a un gobierno de derecha; de la misma manera que aquellas que se encuentran en mayor sintonía con un programa de derecha, se unan para derrotar la opción de la izquierda.

Previo al triunfo de Petro en las elecciones de 2022 y bajo las presidencias de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, Colombia fue uno de los países más militarizados de América Latina, si no el que más.

En dicho país Estados Unidos desplegó, bajo el llamado “Plan Colombia” y con la participación de militares a título de “asesores”, incluyendo a agencias de seguridad e interdicción que incluyen la Agencia Central de Inteligencia y la DEA, cientos de efectivos. Desde el uso que le ha facilitado Colombia a los Estados Unidos con sus instalaciones militares, se fue configurando en dicho país una potente fuerza militar cuya capacidad excedía propósitos estrictamente defensivos.

En efecto, las Fuerzas Armadas colombianas alcanzaron, al menos teóricamente, como fuerzas de tierra, aire y mar, junto con unidades de infantería de marina, la capacidad militar para incluso agredir países vecinos. En su confección, preparación y desarrollo, Estados Unidos invertió miles de millones de dólares como parte del Plan Colombia. Al presente, permanecen en Colombia varias instalaciones militares de Estados Unidos.

La versión original de este Plan surgió en 1998, precisamente bajo la presidencia de Andrés Pastrana, el mismo presidente con el cual se desarrollaron conversaciones de paz con las organizaciones guerrilleras. Se indica que este Plan militar aspiraba a ser una especie de “Plan Marshall” para Colombia, que permitiera desarrollar grandes inversiones sociales en un país crucificado por un conflicto armado que ya entonces llevaba cerca de seis décadas. Uno de los componentes del Plan era ofrecer al campesinado una opción económica alternativa viable y no ilegal a la producción de la hoja de la coca; el fortalecimiento militar entre Colombia y Estados Unidos; y atender el problema de la viabilidad del Estado colombiano, fragmentado básicamente entre los narcotraficantes, el gobierno central, las FARC-EP, el ELN y las organizaciones paramilitares.

El Plan Colombia, además, se ideó también como un contra balance a los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Pastrana entre 1999 y 2000 por llegar a acuerdos de paz que impidieran una salida irreversible al conflicto político en Colombia donde las fuerzas populares rompieran el impasse entre las partes en conflicto con el desarrollo de un proyecto social popular que desbancara los privilegios de los sectores oligárquicos. En su desarrollo más adelante, particularmente bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, el Plan Colombia representó el fortalecimiento de la estructura militar de dicho país como contrapeso al desarrollo de la Revolución Bolivariana en Venezuela y la Revolución Cívico–Ciudadana en Ecuador.

En los pasados meses, el gobierno de Estados Unidos ha estado creando una situación de tensión con el gobierno colombiano, esto dentro de la agresividad de Donald Trump hacia Venezuela, su nueva Estrategia de Seguridad de 2025 y los ataques contra embarcaciones que tanto desde Venezuela como de Colombia salen bajo la premisa de ser naves para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Al presente se calcula en 60 el número de embarcaciones destruidas y en cerca de 200 personas el número de muertes extrajudiciales llevadas a cabo por efectivos del Comando Sur contra dichas embarcaciones.

La Administración Trump también ha amenazado, como parte del corolario Trump de la Doctrina Monroe, con operaciones militares contra Colombia. No podemos dejar de recordar la operación llevada a cabo contra Venezuela el 3 de enero de 2026 que culmina con el secuestro de su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores.

En el caso de Colombia, cualquiera sea el resultado de esta segunda vuelta, redundará en un país claramente dividido entre derecha e izquierda lo que augura cuatro años siguientes de confrontaciones donde uno de los principales escenarios será la correlación de poder en la Rama Legislativa.